Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 25-nov-2019 | López y otros v. Argentina | Néstor López, Hugo Blanco, José Muñoz Zabala y Miguel Ángel González fueron condenados a penas privativas de la libertad por la justicia provincial de Neuquén. No obstante, cumplieron sus penas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal en razón de un convenio con la provincia de Neuquén. El acuerdo preveía que hasta que la provincia tuviera condiciones económicas para construir y habilitar sus propios establecimientos carcelarios, el servicio de guardia y custodia de los condenados y procesados sería prestado por el órgano federal. Una vez dentro del sistema penitenciario federal, los cuatro peticionarios fueron trasladados repetidas veces a centros de detención localizados entre 800 y 2000 kilómetros de distancia de su lugar de arraigo, familiares, abogados y los jueces respectivos de ejecución de la pena. Dichos traslados fueron determinados por el Servicio Penitenciario Federal y no fueron objeto de control judicial previo. Aunque los peticionarios presentaron acciones de habeas corpus y solicitudes para regresar a las unidades de detención cercanas a sus familiares, el problema subsistió. Cabe destacar que los traslados de personas privadas de libertad en el sistema penitenciario federal argentino están regulados por dos normas internas. Por un lado, el artículo 72 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24.660, que establece que el traslado del interno de un establecimiento a otro, con las razones que lo fundamenten, deberá ser comunicado de inmediato al juez de ejecución o juez competente. Por otra parte, el artículo 87 de la Ley Nº 24.660 contempla el traslado como una de las sanciones aplicables frente a infracciones disciplinarias. |
| 21-nov-2019 | Cimino (causa N° 15999) | En la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, una mujer fue detenida e imputada por el delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa. La mujer era madre de tres niñas. Conforme al informe social elaborado por la Dirección General de Políticas de Genero, la mujer era madre de tres niñas y se hacía cargo de manera exclusiva de su cuidado. En ese sentido, señaló la importancia de que las niñas convivieran con su madre e indicó que su traslado a un establecimiento penitenciario podía resultar perjudicial para ellas. Por último, refirió que la mujer tenía un domicilio en la ciudad de Buenos Aires en el que podía residir con sus hijas en caso de recuperar la libertad. La defensa solicitó la excarcelación de la mujer. La defensa consideró que el dictado de la prisión preventiva requería de una revisión permanente. Por tal razón, hizo referencia a los criterios establecidos en el art. 222 del Código Procesal Penal Federal (según ley N° 27.063) y sostuvo que en el caso no resultaba necesaria ni proporcional la detención de su asistida. Por último, requirió la morigeración de la medida cautelar o la imposición de mecanismos alternativos, conforme a las posibilidades que contempla el art. 210 del mismo código. La fiscalía se opuso a la solicitud. En tal sentido, consideró que en caso de recuperar su libertad la imputada podía entorpecer la investigación. Por tal razón, propuso que estuviera detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria. |
| 21-nov-2019 | CJYSLG (Causa Nº 11162) | Un hombre adeudaba la cuota alimentaria que le correspondía a sus hijos. Frente a esa situación, el juzgado interviniente le prohibió ingresar a las instalaciones de un club al que solía concurrir hasta que demostrara haber cumplido con su obligación. También le otorgó un plazo de cinco días para que abonara lo adeudado, bajo apercibimiento de aplicarle una multa diaria acumulativa. A su vez, dispuso el descuento directo del monto adeudado sobre los ingresos del demandado como empleado en una universidad privada. Contra lo resuelto, el hombre interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Entre sus argumentos, solicitó que se dejara sin efecto la multa impuesta, ya que se le dificultaba solventarlo. Además, manifestó que tres días a la semana estaba a cargo del cuidado de sus hijos y que los trasladaba a la escuela. Agregó que, a diferencia de la progenitora, aportaba a la educación universitaria de uno de sus hijos. Por su parte, la actora también apeló. En su presentación, expuso que el hombre contaba con medios suficientes, por lo que el incumplimiento de los alimentos era una manera de ejercer violencia de género. |
| 21-nov-2019 | Braña Scayola (Causa Nº 31619) | Un hombre de nacionalidad uruguaya obtuvo su radicación temporaria en territorio argentino en el año 2015. Posteriormente, el hombre fue procesado por el delito de abuso sexual simple. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) entendió que esta circunstancia encuadraba dentro de los impedimentos para ingresar o permanecer en el territorio nacional previstos por el art. 29 inc. c) de la ley 25.871 modificado por el decreto Nº 70/2017 y dictó su expulsión. Luego, el Tribunal interviniente suspendió el juicio a prueba por el término de tres años. Ante esta situación, la Comisión del Migrante interpuso un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio ante la DNM, que fueron rechazados. Luego, se interpuso un recurso judicial que tampoco prosperó. Contra esta decisión, la defensa presentó un recurso de apelación. En su presentación, alegó que la expulsión dictada vulneraba el principio de inocencia dado que el hombre no contaba con una condena firme. En este sentido, indicó que estaba cumpliendo las pautas de conducta establecidas en la suspensión de juicio a prueba y que por ende podría declararse eventualmente la extinción de la acción penal. Por su parte, el Fiscal General dictaminó en el mismo sentido. |
| 19-nov-2019 | Lewosik (causa Nº 1010) | La señora Lewosik fue diagnosticada con epilepsia refractaria; los antiepilépticos que tomaba para tratar su enfermedad no eran efectivos y le generaban efectos secundarios. En ese marco, en diciembre de 2018, su médico tratante le prescribió 10 frascos del Aceite de Cannabis de Laboratorio Tilray P Oral Solution CDB 100 mg/ml frasco gotero de 25 ml. Entonces, Lewosik solicitó la cobertura del aceite a su obra social (ObSBA). Sin embargo, el pedido fue rechazado, por lo que debió iniciar una acción de amparo con el objeto de obtener la cobertura total, íntegra y oportuna del aceite. |
| 14-nov-2019 | Almeida Colman (causa Nº71062) | Cuatro personas ingresaron a la casa de un vecino para reprocharle que le había robado dinero a una de ellas. Además lo golpearon e insultaron y le impidieron huir. Una de las personas se abalanzó sobre su cuerpo y el hombre tomó un cuchillo y le asestó dos puñaladas en el tórax. Por ese hecho fue imputado por el delito de homicidio en grado de tentativa. En la etapa de juicio la defensa planteó, entre otras cuestiones, que la sustracción del dinero no había sido acreditada y que la conducta de su asistido estaba justificada porque había obrado para defenderse ante la agresión. Por ese motivo, consideró que había actuado en legítima defensa y solicitó su absolución. De forma subsidiaria, requirió que el caso fuera encuadrado como un exceso en la legítima defensa y se impusiera a su asistido una pena cuyo cumplimiento fuera dejado en suspenso. |
| 14-nov-2019 | Artica Vega (Causa Nº 2563) | Una mujer trans de nacionalidad peruana vivía en el país junto a su pareja y había obtenido la residencia permanente. Con posterioridad, fue condenada a la pena de 4 años y 10 meses de prisión por haber sido coautora del delito de comercialización de sustancias estupefacientes. Por esa razón, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) declaró irregular su permanencia, dispuso su expulsión del territorio nacional y prohibió su reingreso al territorio nacional. Contra esa decisión, la mujer interpuso recursos administrativos que fueron rechazados. Luego, presentó un recurso judicial que también fue rechazado. Para decidir de esa manera, la jueza interpretó que en el caso correspondía aplicar una pena mayor a la prevista por el artículo 62 inciso b de la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871. Entonces, la actora apeló. Entre sus argumentos, sostuvo que la referida norma establecía un piso mínimo pero no hacía distinciones con respecto al tipo de delito cometido. Sobre esa cuestión, señaló que la interpretación había sido contraria al principio de legalidad. Asimismo, manifestó que no se había evaluado su arraigo familiar ni la discriminación que había sufrido en su país de origen por motivos de género. |
| 14-nov-2019 | VCV (Causa Nº 57714) | Una mujer demandó por alimentos al padre de su hija menor de edad. Sin embargo, el hombre no se presentó en el expediente, por lo que fue declarado rebelde. Luego, el juez dictó sentencia en la que estableció alimentos provisorios a favor de la niña. Tiempo después, la mujer denunció que el hombre no cumplía con el pago de la cuota. Por ese motivo, se le enviaron dos intimaciones. La primera bajo apercibimiento de ejecución y de comunicación al Registro de Deudores Morosos, y la segunda de arresto. Pese a ello, el demandado no regularizó su situación. En ese marco, se realizó un informe socioambiental. En esa oportunidad, se dejó constancia que el hombre trabajaba en el taller mecánico de un familiar y que vivía en el domicilio al que se habían dirigido todas las notificaciones. Asimismo, la AFIP hizo saber que el hombre no se desempeñaba en relación de dependencia registrada. En consecuencia, la actora pidió que se efectivizaran los apercibimientos. |
| 13-nov-2019 | Mamani (Causa Nº 8674) | Un hombre fue imputado por el delito de estafa en perjuicio de una mujer. Entonces, su defensa solicitó la realización de una audiencia de conciliación. En esa oportunidad, el imputado le pidió disculpas a la damnificada y le ofreció un resarcimiento de mil pesos. La damnificada aceptó las disculpas y prestó conformidad al resarcimiento económico. Entonces, el imputado entregó el dinero pactado a la víctima. Luego, la fiscalía planteó que de acuerdo con el precedente ‘Acosta’ correspondía declarar extinguida la acción penal en los términos del artículo 59 inciso 6 del CP. |
| 13-nov-2019 | NNV (Causa Nº 336) | Un hombre no cumplía con su obligación alimentaria con respecto a su hija adolescente. En ese contexto, la madre de la joven lo demandó por alimentos. En su presentación, manifestó que no le alcanzaba para cubrir las necesidades de su hija, que requería asistencia médica. Asimismo, sostuvo que desconocía los ingresos del demandado, ya que trabajaba en un negocio familiar pero no estaba registrado. En consecuencia, el juzgado intimó al hombre a proveerle cobertura de salud a la joven. Sin embargo, no fijó una cuota alimentaria provisoria. En ese sentido, consideró que la actora no había probado la situación económica del accionado ni había aportado datos sobre su empleo o recursos. Contra lo dispuesto, la mujer presentó un recurso de revocatoria, que fue admitido. En ese marco, se determinó una cuota provisoria. Luego, la mujer solicitó que se le descontara el 15% del monto fijado de la jubilación que cobraba el abuelo paterno de la joven. Con posterioridad, se presentó el abuelo. En esa ocasión, señaló que no podía hacerse cargo de lo dispuesto debido a su edad y estado de salud. Por su parte, el progenitor de la joven planteó que tampoco podía abonar una cuota alimentaria dado que no tenía bienes ni trabajo. Ante esa situación, el juzgado intimó al abuelo para que asumiera los costos de la cobertura de salud de su nieta. Frente al incumplimiento, se le impuso una multa. |