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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 16-ago-2019 | Patiño (causa N° 4315) | Un hombre fue imputado por hechos de administración fraudulenta cometidos entre febrero de 2009 y febrero de 2010. En mayo del 2011 fue citado a prestar indagatoria. En septiembre del 2015 fue citado nuevamente. En esa oportunidad se le imputaron nuevos hechos, además de los enunciados en la audiencia anterior. En julio del 2017 el juzgado dictó su procesamiento. La decisión fue impugnada. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal advirtió que la acción penal podía encontrarse prescripta y devolvió las actuaciones para que se expidiera sobre ese asunto. En noviembre de 2018 el juzgado declaró la extinción de la acción penal y sobreseyó al imputado. Contra esa resolución, la querella interpuso un recurso de apelación. La cámara confirmó de manera parcial la decisión. En ese sentido, indicó que los hechos imputados en la primera declaración indagatoria se hallaban prescriptos y revocó la extinción de la acción penal de los sucesos imputados en la ampliación de la indagatoria. Entonces, la querella interpuso un recurso de casación. En su presentación sostuvo que los hechos formaban parte de una única administracion y que, en consecuencia, constituirían una única maniobra infiel. En ese sentido, indicó que a los fines de evaluar la prescripción debía haberse computado la fecha del segundo llamado a prestar declaración indagatoria, cuando se abarcó la totalidad de los hechos imputados. |
| 15-ago-2019 | Diaz (causa Nº 14852) | Una mujer trans solicitó a su obra social la cobertura de una neo-vaginoplastia para adecuar su cuerpo a su expresión de género. Sin embargo, la entidad negó la prestación. En consecuencia, la actora inició una acción de amparo contra la obra social y requirió, como medida cautelar, la cobertura integral de la cirugía. El juzgado de primera instancia rechazó la medida cautelar porque consideró que la requirente no había acreditado el peligro en la demora que le ocasionaba no realizarse la cirugía. Contra esa resolución, la actora, con representación del Defensor Público Oficial, interpuso un recurso de apelación. |
| 14-ago-2019 | Fasoli (reg. N° 1066 y causa Nº 53543) | Un joven fue detenido e imputado por el delito de robo de mercadería cometido en poblado y en banda y mediante el uso de un arma de fuego, en concurso ideal con la figura de privación ilegítima de la libertad agravada por su comisión mediante violencia y amenazas. Al momento de la detención se identificó con su nombre y aportó los datos del domicilio en el que vivía ¬¬–y que, luego, fue constatado. Además, se corroboró que el joven no registraba antecedentes condenatorios. Sobre la base de dichas consideraciones, la defensa solicitó la excarcelación de su asistido en dos oportunidades. Los planteos fueron rechazados. Elevado el expediente a juicio oral, la defensa reiteró el requerimiento. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, consideró que el peligro de fuga continuaba vigente y valoró la entidad del hecho imputado. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 9-ago-2019 | Potrillo Cáceres y otros v. Paraguay | Un grupo de trabajadores rurales se dedicaba a la agricultura familiar con fines de autoconsumo y venta. El territorio sobre el que desarrollaban esta actividad, denominado Colonia Yerutí, había sido distribuido por el Estado en el marco de una reforma agraria. El lugar se encontraba ubicado en una de las zonas de mayor expansión del agro-negocio, rodeado por antiguas haciendas ganaderas que, desde 2005, se dedicaban al monocultivo extensivo y mecanizado de semillas de soja genéticamente modificadas. En ese contexto, se realizaban fumigaciones mediante lanzamiento de agro-tóxicos desde tractores y avionetas. Con el paso del tiempo, ese tipo de fumigaciones impactó sobre la salud de los trabajadores rurales de la Colonia. En particular, a partir de la contaminación de los recursos hídricos y acuíferos. Como consecuencia, durante la época de siembra de soja, comenzaron a sufrir malestares físicos como náuseas, dolor de cabeza, fiebre y lesiones en la piel. En 2011, un campesino de veintiséis años comenzó a sentir esos síntomas. Ante la falta de mejoría, fue llevado a un puesto de salud de la zona. Al encontrarse pálido y no poder mantenerse de pie, se decidió su traslado a un hospital regional. Durante el trayecto, falleció. En los meses posteriores, aproximadamente veinte personas de la comunidad fueron hospitalizados por síntomas similares. Por ese motivo, los miembros de la comunidad campesina realizaron una denuncia penal. Entre los motivos de la presentación, denunciaron la transgresión de las normas ambientales. Durante la investigación se comprobó que las empresas de cultivo de soja de la zona no habían respetado la normativa interna sobre barreras vivas de protección y franjas sin aplicación de plaguicidas (estipuladas en un mínimo de 50 metros de distancia con los caminos colindantes y de 100 metros con los ríos y arroyos). Siete personas fueron imputadas por estos hechos. Sin embargo, luego de una audiencia preliminar, el representante del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento por falta de pruebas. El juzgado hizo lugar a lo solicitado. Ante la interposición de una acción de amparo, un juzgado local ordenó a los órganos estatales encargados del control de la producción agrícola que adopten una serie de medidas sobre las empresas de cultivo de soja. Sin embargo, nunca se llevaron a cabo. |
| 8-ago-2019 | Patel v. Facebook | En 2010, Facebook presentó la herramienta “sugerencia de etiquetas” que utilizaba un sistema de reconocimiento facial para identificar personas en las fotografías que los usuarios cargaban a Facebook libremente. En 2015, un grupo de usuarios presentó una demanda colectiva en virtud de la Ley de Privacidad de la Información Biométrica de Illinois (“BIPA”, siglas en inglés) ante el Tribunal de Distrito para el Norte de California, con el objetivo de impugnar la recopilación de información facial biométrica sin consentimiento previo que utilizaba la red social “Facebook”. Los usuarios afectados alegaron que el sistema de sugerencias funcionaba mediante un proceso de reconocimiento facial de cuatro pasos. Primero, el sistema detectaba los rostros de las imágenes que se cargaban. Luego, la herramienta estandarizaba o “alineaba” los rostros según un conjunto de parámetros (distancia entre los ojos, la nariz y las orejas). En el tercer paso, el sistema calcula una “firma facial”, que es una cadena de números que representa ese rostro en particular. Luego, el sistema busca una coincidencia en una base de datos de “plantillas faciales” almacenadas en la red social. Las plantillas faciales almacenadas se calculaban en función de otras fotografías en las que se había etiquetado a un usuario. De esa manera se producía una coincidencia cuando la firma facial caía dentro de un umbral de similitud con una de las plantillas faciales almacenadas. Esto le permitía a “Facebook” sugerir etiquetar al usuario al que le pertenece la plantilla facial. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Norte de California hizo lugar a la demanda colectiva presentada por el grupo de usuarios. La defensa de “Facebook” apeló la medida ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en California. Alegó que los demandantes no habían acreditado ningún perjuicio concreto, y que solo almacenaba plantillas faciales y no firmas faciales. |
| 7-ago-2019 | Rodriguez Fernandez (causa Nº 25017) | Rodríguez Fernández, de nacionalidad española, vivía en Argentina con su cónyuge y los dos hijos de ella (todos de nacionalidad Argentina). En el año 2015, solicitó la radicación a la Dirección Nacional de Migraciones por ser cónyuge de una nacional argentina (cfr. art. 22 de la ley 25.871). En respuesta, la DNM acompañó un certificado de antecedentes penales emitido por España que daba cuenta de que el requirente había sido condenado en ese país como autor de diferentes delitos. En consecuencia, la Dirección Nacional de Migraciones denegó el pedido y ordenó su expulsión con prohibición de reingreso (cfr. inc. c) del art. 29 de la ley 25.871). Contra dicho acto administrativo, Rodríguez Fernández interpuso un recurso de reconsideración y un recurso jerárquico en subsidio. Ante su rechazo, planteó un recurso judicial de revisión. El Juzgado Federal de San Juan rechazó la impugnación e hizo lugar a la retención requerida. |
| 6-ago-2019 | WN (Causa Nº 17217) | WN nació en la República Popular de China y a los catorce años ingresó a nuestro país junto con su padre, su madre y su hermano. Al momento del ingreso, no se le requirió la presentación de sus pasaportes. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) entendió que la situación de WN encuadraba dentro de los impedimentos para ingresar o permanecer en el territorio nacional previstos por el artículo 29 inciso k) de la Ley Nº 25.871. En consecuencia, declaró irregular su permanencia en el territorio nacional y dispuso su expulsión del país con una prohibición de reingreso por el término de 5 años. Contra esa decisión, la adolescente interpuso diversos recursos administrativos y judiciales. En reiteradas oportunidades, expresó su deseo de permanecer en el país junto a su familia y amigos. En paralelo, la DNM inició procedimientos independientes de expulsión contra ambos progenitores de la adolescente. Así, la madre fue expulsada a China y el padre fue retenido a los fines de proceder a su expulsión. La defensa pública apeló la expulsión de la adolescente, mientras que el padre solicitó dejar sin efecto su retención. |
| 5-ago-2019 | Tercero (causa Nº 10818) | Dos hombres se encontraban en el puesto 28 de la frontera de Orán y uno de ellos cargaba un bulto grande envuelto en lona en su espalda. Personal de la Gendarmería Nacional requirió su control y convocó a dos testigos. En el interior del bulto se halló una caja de cigarrillos. La caja contenía trozos de telgopor y una mochila, donde se encontraron trece paquetes con cocaína. Por ese hecho fueron imputados por el delito de transporte de estupefacientes. Los imputados explicaron ante la Gendarmería que trabajaban haciendo changas y que habían sido contratados por una señora conocida para el traslado de cigarrillos. Además, relataron que por ese trabajo iban a recibir mil pesos, que era el monto usual que se abonaba por ese tipo de traslados. En el mismo sentido se expidieron en la declaración indagatoria. Durante la audiencia de debate, prestaron declaración testimonial los testigos del procedimiento y los agentes de la Gendarmería. Explicaron que el día del hecho los imputados se encontraban muy tranquilos y que habían manifestado de manera espontánea que trasladaban cigarrillos. Asimismo, los gendarmes relataron que en la zona del procedimiento era habitual el paso de “bagayeros”. Por su parte, la fiscalía alegó que los imputados posiblemente habían percibido que trasladaban cigarrillos, como en otras ocasiones habían hecho, y que el tráfico de la marca de cigarrillos encontrada se había incrementado en el último tiempo. En tal sentido, consideró que habían confiado en la señora que los había contratado y, en consecuencia, propuso su absolución por aplicación del principio in dubio pro reo. La defensa se pronunció en el mismo sentido y solicitó la absolución de sus asistidos. |
| 5-ago-2019 | Folgar (EXPEDIENTE Nº 16120 de 2018) | Los jóvenes BS y FAS –representados por la defensa pública– interpusieron una acción de amparo para que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional, a través de sus respectivos ministerios de salud, les proveyeran un “hogar terapéutico”. Dicha petición tenía por objeto que se les permitiera realizar un tratamiento interdisciplinario y particularizado a partir de sus necesidades psicosociales. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción. Contra esa resolución, las demandadas interpusieron un recurso de apelación. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó parcialmente la decisión y dejó sin efecto la condena contra el Estado Nacional. Contra esa decisión, el GCBA interpuso un recurso de apelación. Por su parte, los peticionarios interpusieron un recurso de inconstitucionalidad y plantearon, entre otras cuestiones, que el Ministerio de Salud de la Nación era la autoridad de aplicación de la Ley de Salud Mental Nº 26.657. |
| 5-ago-2019 | BJF (causa Nº 65.875) | A un niño con Síndrome de Down se le prescribió asistir a una escuela de poca población con gabinete psicológico y matrícula de apoyo a la integración escolar. Entonces, su madre y su padre solicitaron la prestación a su empresa de medicina prepaga e indicaron que podía hacerse efectiva en el establecimiento al que asistía su hijo. La prepaga rechazó el pedido y alegó que lo requerido podía cubrirse en establecimientos públicos que contaran con vacantes. La madre y el padre interpusieron una acción de amparo y requirieron la cobertura integral de lo peticionado en el establecimiento indicado. El juzgado hizo lugar de modo parcial a la acción y ordenó la cobertura hasta el pago del valor establecido por el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Contra dicha resolución, ambas partes interpusieron recursos de apelación. |