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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 8-abr-2020 | Diaz (causa n° 84971) | En marzo del 2020 un hombre fue condenado a la pena de seis meses de prisión por el delito de abuso sexual. En la sentencia se dispuso como fecha para el agotamiento de la pena el 13 de mayo de 2020. El imputado se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y manifestó que carecía de una alimentación diaria adecuada y que por ese motivo se había descompensado física y anímicamente. En particular, señaló que tenía molestias en su estómago y dolor en los pulmones. Ante la declaración de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. La fiscalía se opuso al pedido. |
| 8-abr-2020 | Curry (causa N° 76579) | En julio del 2019 un hombre fue detenido e imputado por el delito de uso de documento público falso en concurso ideal con estafa en grado de tentativa. El imputado se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marzo Paz, tenía 65 años, registraba un antecedente condenatorio y había sido declarado rebelde en el marco de esa causa. En diciembre de ese año su defensa solicitó su excarcelación, que fue denegada por el Tribunal Oral. En marzo del 2020, a raíz de la declaración de emergencia sanitaria, la defensa reiteró el pedido. En tal sentido, acompañó un listado del SPF que incluía al hombre entre la población de riesgo frente al contagio de Coronavirus y un informe que daba cuenta de las condiciones de hacinamiento de la unidad penitenciaria en la que se encontraba alojado. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo consideró que no habían variado las circunstancias oportunamente ponderadas, que la sola edad del imputado no resultaba suficiente para conceder la excarcelación y que el tiempo de detención que llevaba en prisión preventiva no resultaba desproporcionado. Además señaló que carecía de arraigo, que registraba una rebeldía en el expediente y que, en función de su antecedente condenatorio, la eventual pena sería de efectivo cumplimiento. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 7-abr-2020 | Tanquía (reg. N° 375 y causa N° 91578) | Una mujer había sido detenida e imputada por el delito de hurto. En el momento de su detención se identificó de manera correcta. La imputada registraba antecedentes condenatorios y en el Registro Nacional de Reincidencia se encontraba anotada bajo distintos nombres. La defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. En esa oportunidad aportó un domicilio en donde podía vivir con su madre y su hija de cuatro años. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera señaló que, en virtud de los antecedentes de la mujer, la eventual pena no podía ser de ejecución condicional. Además, consideró que haber dado diferentes nombres en detenciones anteriores configuraba un riesgo de fuga que impedía conceder una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 7-abr-2020 | Gonzalez (causa n°61635) | Un hombre fue condenado a la pena de seis años y nueve meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. La sentencia no se encontraba firme. El hombre tenía diabetes y se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. En su presentación planteó que su asistido se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. A su turno, la fiscalía se opuso por considerar que el CPF I cumplía con los resguardos necesarios para preservar su salud. Entonces, el tribunal le ordenó al complejo que dispusiera el aislamiento y distanciamiento obligatorio del imputado respecto del resto de la población penitenciaria. La unidad no respondió la orden judicial. |
| 7-abr-2020 | Diaz (causa N° 5420) | Una mujer se encontraba detenida en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal IV del SPF. La mujer era madre de una niña de 13 años y de un niño de 9 con diferentes progenitores y se ocupaba de modo exclusivo de su cuidado. Luego de su detención, los niños habían sido separados e incorporados a otros grupos familiares. Por otra parte, el padre de uno de ellos se encontraba imputado por haberle proferido amenazas a la mujer en un contexto de violencia de género. Su defensa solicitó la morigeración de su detención y requirió que se reemplazara su encierro en la unidad penitenciaria por el arresto en su domicilio. La presentación sostuvo que, si bien la edad de los hijos superaba el límite etario establecido por la norma, los niños debían ser asistidos por su madre, en atención al especial cuadro de vulnerabilidad en el que ambos se encontraban. En tal sentido, invocó las Reglas de Bangkok y el interés superior del niño. Por otra parte, aportó un informe confeccionado por el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales de la Defensoría General de la Nación en el que se dejó constancia del modo en que la detención de la mujer había impactado sobre los niños. En particular, señaló que dicha circunstancia había interrumpido la convivencia fraterna y motivado su desarraigo, puesto que ambos habían tenido que incorporarse a otros grupos familiares. A su turno, la fiscalía se expidió de manera favorable al planteo. |
| 7-abr-2020 | Passarelli (causa n°277) | Un hombre había sido condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes y se encontraba alojado en la Unidad N° 5 del Servicio Penitenciario Federal (General Roca, provincia de Río Negro). El imputado tenía 59 años, era portador de HIV y tenía, entre otras enfermedades, hepatitis C. El establecimiento penitenciario informó que recibía tratamiento para su cuadro. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario por considerar que se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. A su turno, la fiscalía dictaminó de forma favorable. |
| 7-abr-2020 | Rojas (Causa N°3005) | Un grupo de vecinos de la Villa 31 denunció al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por la falta del servicio de recolección de residuos y fumigaciones. En la presentación se requirió que se limpiaran las casas desocupadas, donde se acumulaban escombros y basura y contribuían a la proliferación del mosquito vector del dengue. Asimismo, se señaló que, en caso de contagio, las personas afectadas acudirían al hospital y estarían expuestas al contagio del coronavirus. El GCBA no respondió al reclamo. Por ese motivo, la defensoría local requirió el dictado de una medida cautelar autónoma de carácter colectivo contra el GCBA con el objeto de que garantizase el derecho a vivir en un ambiente sano y adecuado. Puntualmente, peticionó que realizasen las acciones tendientes para lalimpieza de escombros de demolición, desperdicios, reservorios de agua y cualquier otro tipo de basura que existiese, con foco en el sector “Bajo Autopista”. Además, solicitó que se fumigasen todos los domicilios de la zona contra el mosquito portador del dengue y desratizase la totalidad del barrio. |
| 7-abr-2020 | De Irazu (causa n°11732) | Una mujer había sido condenada a la pena única de cinco años de prisión y se encontraba alojada en Complejo Penitenciario Federal IV del Servicio Penitenciario Federal. La impu-tada vivía con HIV y madre de cinco hijos menores de edad. La defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria en dos oportunidades. El Tribunal Oral rechazó la solici-tud. En ambas ocasiones, la Cámara Federal de Casación Penal anuló lo resuelto y devolvió las actuaciones para que se dictase un nuevo pronunciamiento que valorase si la presencia materna en el hogar podía implicar una mejor situación para sus hijos, de acuerdo al inte-rés superior del niño. Finalmente, el tribunal rechazó el planteo sin ponderar los aspectos señalados por la CFCP. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, la defensa solicitó por tercera vez que se le concediera el arresto domiciliario a su asistida. En particular, se-ñaló la mujer se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. Además, el Servicio Penitenciario Federal la incluyó en su informe sobre la población penal en riesgo. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, su de-fensa interpuso un recurso de casación. |
| 6-abr-2020 | Boudou (causa N° 1302) | Un funcionario público había sido detenido y condenado a la pena de cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La sentencia no se encontraba firme. El hombre se hallaba alojado en la Unidad 31 del SPF. Su familia se encontraba constituida por su concubina e hijos mellizos menores de edad. La mujer era el único sostén económico y emocional de los niños. En marzo de 2020, la defensa solicitó la excarcelación del imputado. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa requirió que se reemplazara su encierro en la unidad penitenciaria por el arresto en su domicilio. Entre otras cuestiones, fundamentó su pedido en la falta de firmeza de la condena y expuso que el hombre debía participar de la crianza de sus hijos. |
| 6-abr-2020 | Obregón (causa N° 16000577) | Un hombre de 70 años había sido condenado a la pena de veinticinco años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados. El hombre se encontraba alojado en la Prisión Regional del Norte, Unidad N° 7 del SPF. Entre otras cuestiones, tenía artrosis de rodilla que le dificultaba caminar, una recidiva de una cirugía de ganglio en la articulación de un hombro, una enfermedad degenerativa del raquis lumbar, obesidad, una hernia de disco lumbar e hipertensión arterial. La defensa había presentado un certificado médico de un especialista en ortopedia y traumatología que recomendaba que el tratamiento y la rehabilitación se realizara en el domicilio para una mejor evolución de las patologías. Además, el informe médico realizado en la unidad penitenciaria concluía que el contexto de encierro dificultaba su recuperación. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa requirió que se le concediera la prisión domiciliaria por encontrarse dentro del grupo de riesgo frente al COVID-19. El representante del Ministerio Público solicitó la realización de informes y evaluaciones médicas para definir su situación actual y agregó que la situación de emergencia sanitaria no era motivo suficiente para otorgar el instituto requerido. |