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FechaTítuloResumen
20-may-2020BEN (causa N° 77311)La señora B. y el señor M. llegaron a un acuerdo alimentario sobre su hijo J. que fue homologado. El 5 de mayo del 2020, B. denunció graves situaciones de salud que sobrevinieron desde el inicio de la pandemia del Covid-19 y que debió afrontar sola junto a su hijo luego de que ambos fueran hospitalizados. En particular, señaló que no había recibido ningún tipo de colaboración por parte M. para el cuidado personal de J. y que había incumplido con el pago de los rubros que integraban el acuerdo. En ese sentido, sostuvo que ella era quien detentaba de modo exclusivo el cuidado personal de su hijo y que había afrontado la totalidad de los gastos de alimentación, servicios de la casa y farmacia. Por ese motivo, consideró necesario  contar con la ayuda económica del progenitor y solicitó que se fijase una cuota suplementaria y extraordinaria de cincuenta mil pesos mensuales.
20-may-2020Flores Alarcón (Causa Nº 2744)Una persona migrante fue condenada penalmente por el delito de reducción a la servidumbre. Por esa razón, La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) canceló su residencia en el país, declaró irregular su permanencia en el territorio y ordenó su expulsión. Luego, la DNM solicitó en sede judicial la retención de la mujer. Alegó que el acto administrativo de expulsión se encontraba firme. El juzgado de primera instancia autorizó la retención judicial. La mujer, representada por la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, apeló la sentencia. En esa ocasión, informó que había presentado un recurso jerárquico contra la expulsión dispuesta. Asimismo, indicó que había solicitado su nulidad por no haber contado con asistencia jurídica y que había requerido a la DNM que regularizara su situación migratoria. Por último, señaló que había planteado la inconstitucionalidad de los artículos 69 y 70 de la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871 modificada por el DNU N° 70/17.
19-may-2020Schuster (causa N° 88895062)Un adolescente de trece años con discapacidad –trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TDG)– cursaba sexto grado en una escuela primaria de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. A raíz de su cuadro de salud, su médica le prescribió un módulo de apoyo a la integración escolar. Por ese motivo, su madre, en su representación, solicitó a su obra social la prestación en reiteradas oportunidades, sin obtener respuesta. Finalmente, interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar que se ordenase a la parte demandada a cumplir con el módulo de apoyo. El juzgado de primera instancia rechazó la acción. Contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso de apelación.
18-may-2020CFA (causa N° 13680)En el contexto de feria judicial extraordinaria dispuesta con motivo de la emergencia sanitaria, una persona inició una demanda por alimentos en representación de dos niñas  hermanas de 12 y 17 años. En particular, solicitó que se fijara una cuota de alimentos provisoria y se dictase una medida cautelar de no innovar respecto a los rubros que la parte demandada pagaba (obra social y cuota escolar).
18-may-2020Harada (causa n° 46278)Cuatro socios constituyeron tres sociedades comerciales. Uno de ellos inició acciones legales en sede comercial y laboral contra los otros tres haberle negado información de las empresas, impedirle el acceso a las sedes sociales y comercios y no entregarle su cuota del beneficio patrimonial. Los procesos se resolvieron de manera desfavorable para el denunciante. Entonces, realizó una denuncia penal contra las tres personas y el contador de una de las sociedades y se constituyó como querellante. El juzgado desestimó la denuncia por inexistencia de delito. Contra esa decisión, el querellante interpuso un recurso de apelación.
18-may-2020ADS (causa Nº 13680)En un expediente se trataba una medida excepcional de protección de un niño de nueve meses. Frente a las limitaciones de la situación de emergencia sanitaria, y con el objeto de que se respetase el principio procesal de tutela judicial efectiva, el juzgado dispuso que se continuase con el trámite. Por ese motivo, el 30 de marzo de 2020 declaró la situación de adaptabilidad del niño. Luego, se corrió vista a la asesoría de menores sobre los postulantes. La asesoría prestó conformidad con el proceso y, en atención a los riesgos que pudiese implicar para la salud del niño el comienzo de la vinculación, solicitó que se ordenase de manera previa un informe de un médico pediatra y un infectólogo que se expidiesen sobre la conveniencia de llevarla adelante. El hogar remitió una serie de informes que autorizaban la vinculación que resultase significativa y eficiente de acuerdo a la corta edad del niño. Además, recomendó la realización de encuentros telemáticos con los postulantes para informarles los datos esenciales del niño y los aspectos relativos a su cotidianeidad.
16-may-2020Martinez Gonzalez (causa N° 86655)Martínez González había sido procesado junto a otras personas. La defensa de uno de los coimputados interpuso un recurso de apelación contra su procesamiento. En esa oportunidad, intervinieron en el tratamiento de la impugnación dos de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. A su vez, a partir de un error en el sistema de gestión judicial Lex100 se omitió la notificación del procesamiento de Martínez González y se consideró que había adquirido firmeza. Su defensa interpuso un recurso de apelación. La presentación, entre otras cuestiones, recusó a los jueces que habían intervenido en el análisis de la situación de su coimputado por considerar que existía un temor fundado de parcialidad.
15-may-2020Lutz (causa N° 4444)Una persona se encontraba detenida bajo prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la Unidad 7 (Prisión Regional del Norte). Transcurridos dos años y un mes de detención, su defensa solicitó su excarcelación. Entre sus argumentos, señaló que su asistido había cumplido el requisito temporal máximo previsto por el ordenamiento para la prisión preventiva. Además, tuvo en cuenta la situación de emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia del Covid-19. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable al planteo.
14-may-2020CNMD (causa N° 13017)Una persona inició una demanda de filiación y solicitó que se fijase una cuota de alimentos de carácter provisorio. Con el objeto de acreditar la verosimilitud del derecho invocado, acompañó la declaración de dos testigos. El juzgado los citó a que ratificasen sus dichos. A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los testigos no pudieron concurrir. La parte actora solicitó la habilitación de feria judicial extraordinaria para que se tengan por válidas dichas declaraciones. El juzgado desestimó el pedido. Contra esa resolución, interpuso un recurso de apelación.
14-may-2020CELS (causa N° 3187)El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) interpuso una acción de amparo colectiva contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) a fin de que implementase las medidas necesarias para proteger los derechos de las personas con discapacidad usuarias de servicios de salud mental de los hospitales psiquiátricos monovalentes. En particular, solicitó que dispusiera: a) proveer los elementos de higiene e insumos necesarios para la prevención de contagio del COVID-19;b) suministrar dispositivos telefónicos y WIFI a los hospitales monovalentes de salud mental a fin de que las personas que residiesen o se atendiesen recibiesen atención remota y comunicación con sus allegados y con los órganos involucrados en resguardar el derecho de defensa y las condiciones de internación; c)proveer en forma urgente los medios idóneos necesarios para evitar el contagio y propagación del virus COVID-19 en los hospitales psiquiátricos, con guardias y consultorios externos si fuese necesario, y protocolos de actuación; d) entregarla cantidad de medicación adecuada a fin de que se redujese la circulación de las personas con discapacidad; e) adoptar las medidas necesarias para que se garantizase el cobro de pensiones por parte de los usuarios que no las hubieran percibido; y e) desarrollar el establecimiento de dispositivos de salud mental comunitarios en la ciudad para que se evitase la institucionalización de las personas con discapacidad psicosocial frente a la pandemia y se garantizasen externaciones sustentables.