Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 19-ago-2021 | AJM (Causa Nº 1466717) | Un hombre adeudaba los alimentos a favor de su hijo. Por ese motivo, la madre del niño –en su representación– inició un reclamo judicial. Frente al reiterado incumplimiento del progenitor, la mujer solicitó el dictado de una serie de medidas a modo de sanción, según lo previsto por el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación. En concreto, pidió que se inscribiera al hombre en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que se le prohibiera la salida del país y que se le quitara la licencia de conducir hasta que cancelara la deuda. Por su parte, el demandado requirió que no se hiciera lugar al pedido. Entre sus argumentos, aseguró que había abonado las cuotas y que incluso las había incrementado mientras estaba desempleado con ingresos provenientes de trabajos informales. Sobre esa cuestión, señaló que, si se le retiraba su carnet de conducir, no podría trabajar ni subsistir. |
| 18-ago-2021 | RSMT (causa Nº 33027) | Una mujer había denunciado a su ex pareja por episodios de violencia de género. Durante su intervención, los profesionales del equipo técnico de la Oficina de Violencia Domestica detectaron una dinámica vincular entre ambos caracterizada por arraigados estereotipos de género con la presencia de actos de violencia física, psicológica-verbal simbólica y económica. Además, señalaron que el hombre presentaba un cuadro de consumo problemático de alcohol y demostraba tener un deseo de sostener dominio y control sobre la mujer. Ante esta situación, el juzgado de primera instancia dispuso hacer saber al hombre que por el plazo de noventa días tenía prohibido acercarse a su ex pareja en un radio no inferior a 100 metros de cualquier lugar donde ella se encontrara. Además, la medida importo la suspensión de todo tipo de contacto por cualquier medio, bajo apercibimiento de aplicársele una multa de $20.000 a favor de la persona denunciante. Asimismo, en la resolución la jueza dispuso que la medida era de carácter recíproca entre las partes. Contra esta decisión, la denunciante interpuso un recurso de apelación. En su presentación, sostuvo que la reciprocidad de las medidas cautelares invisibilizaba la violencia de género denunciada en tanto comprometía su responsabilidad penal y podía implicarle incluso un menoscabo económico. A su vez, solicitó que se amplíe el perímetro de prohibición de acercamiento establecido. |
| 18-ago-2021 | FRA (Causa N° 40505) | Una mujer víctima de violencia de género por parte de su ex pareja contaba con una medida de protección que consistía en una consigna policial en su domicilio. La medida tuvo como objetivo garantizar su custodia y seguridad, así como la de sus hijos menores de edad y de las demás personas que se encontraran allí. Pese a ello, el hombre ingresó a la vivienda por la ventana, mató a la prima de la mujer y luego se suicidó. El marido de la mujer asesinada y la mujer víctima de violencia –por sí y en representación de sus hijos/as– iniciaron una demanda contra el Estado Provincial por la responsabilidad de los agentes policiales asignados al cumplimiento de la medida. La mujer víctima de violencia reclamó la responsabilidad al Estado por la muerte del agresor. Si bien en la causa penal los agentes policiales fueron absueltos; allí se concluyó que la conducta de ambos policías no había sido eficiente ni diligente. Por su parte, la jueza civil entendió que el Estado Provincial era responsable sólo por la muerte de la mujer –prima de la víctima de violencia– y rechazó la acción con respecto a la muerte por suicidio del hombre. Así, entendió que hubo responsabilidad del Estado por falta del servicio de custodia, seguridad y prevención ante un caso de violencia intrafamiliar. La sentencia fue apelada por el Estado Provincial y la ex pareja del agresor. |
| 12-ago-2021 | Price (causa N° 2646) | Tres personas fueron imputadas por el delito de homicidio. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 282 del Código Procesal Penal de la provincia de Chubut, la Cámara en lo Penal de Trelew las sobreseyó. Esa normativa preveía un plazo de seis meses para la investigación penal preparatoria y, de persistir la falta de acusación luego de que el fiscal sea intimado para su formulación, correspondía al juzgado interviniente dictar el sobreseimiento. Contra esa decisión, la querella interpuso una impugnación extraordinaria. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut declaró inadmisible el recurso. Entre sus argumentos, sostuvo que en el caso se había excedido el plazo para la duración de la investigación penal preparatoria, previsto en el artículo 282 del código de procedimiento penal local. En ese sentido, explicó que la norma había sido sancionada en ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional a las provincias en el dictado de sus ordenamientos procesales. Por esa razón, sostuvo que la provincia de Chubut había reglamentado el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable y había brindado un resguardo más protector que el establecido por el legislador nacional al regular el régimen de la acción penal. La querella interpuso un recurso extraordinario federal. Entre otras cuestiones, planteó que el legislador local había regulado en materia de extinción de la acción penal, lo que resultaba competencia del Congreso Nacional. Por ese motivo, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 282 del código procedimental provincial. |
| 12-ago-2021 | Gómez (Causa N° 2582) | En junio de 2002 un hombre había sido imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. En agosto de 2009, un tribunal oral de la Provincia de Buenos Aires lo condenó a la pena de cinco años de prisión. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. En febrero de 2015, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la decisión. La defensa dedujo un recurso de inaplicabilidad de la ley. En diciembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó la impugnación. Por esa razón, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal y, ante su denegación, un recurso de queja. Entre otras cuestiones, planteó que se había violado el derecho de su asistido a ser juzgado en un plazo razonable. En ese sentido, destacó que desde que fue imputado hasta la fecha de presentación del recurso de queja habían transcurrido más de dieciséis años. |
| 12-ago-2021 | PGGC (causa Nº 8118) | Una mujer denunció a un hombre por hechos de violencia de género. En el marco de la causa iniciada, el juzgado de primera instancia emitió una medida de protección y dispuso la prohibición de acercamiento recíproca entre la denunciante y el denunciado. Contra esa resolución, la mujer interpuso un recurso de apelación. |
| 12-ago-2021 | Sandoval y otros (causa N° 787) | Un grupo de vecinos denunció que en un domicilio había un cultivo ilegal de marihuana. Ante esta situación, la Delegación de Toxicomanía Valle Media de la Policía de Río Negro solicitó la apertura de una investigación judicial. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción y solicitó la corroboración del hecho. De esa manera, el tribunal interviniente encomendó a la policía provincial que en el plazo de tres días determinara con datos objetivos si en el domicilio identificado se desarrollaban actividades en infracción a la ley N° 23.737. La tarea de investigación se llevó a cabo mediante el uso de un dron. Como resultado de esta diligencia, se identificaron plantas de cannabis a partir de un específico control, seguimiento y enfoque de zoom del dispositivo. Asimismo, desde la toma aérea se obtuvieron fotografías del patio de la vivienda lindante. Los subinspectores a cargo de las actuaciones policiales solicitaron la autorización de una orden de allanamiento respecto de ambos domicilios. Durante el allanamiento, en uno de los domicilios se constataron cuatro plantas de marihuana. En consecuencia, los habitantes del lugar fueron imputados. Contra esta medida, la defensa de una de las personas planteó la nulidad de la orden de allanamiento. En su presentación, sostuvo que esta orden se había respaldado de forma exclusiva en las tareas iniciales efectuadas mediante el uso de un dispositivo dron, cuyo empleo no había sido autorizado por una orden judicial previa. El tribunal rechazó el planteo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 11-ago-2021 | Calderón Mayuri (reg. N° 1114 y causa N° 12594) | El 9 de diciembre de 2019, un hombre había sido condenado a la pena de nueve meses de prisión por la comisión de un delito. El 12 de diciembre, comenzó el régimen de libertad asistida. Luego, fue condenado por el delito de robo tentado a la pena de nueve meses de prisión de efectivo cumplimiento y a la pena única de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento. Por esa razón, se revocó la libertad asistida. Además, se declaró que la pena impuesta vencería el 4 de febrero de 2021. En ese cómputo de pena, el tribunal no tuvo en cuenta el tiempo durante el cual el hombre se encontraba bajo el régimen de libertad asistida. Por esa razón, la defensa lo observó y pidió que se considerara ese lapso. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al pedido de la defensa. En ese sentido, entendió que, al tratarse de un nuevo delito, sólo correspondía la revocación de la libertad asistida y tener por computado el lapso en que había estado bajo ese régimen.; Sin embargo, el tribunal no hizo lugar a la observación del cómputo. Para resolver de esa manera, sostuvo que en el artículo 56 de la ley N° 24.660 la expresión “en tales casos” hacía alusión a las consecuencias aplicables a todos los supuestos de revocación mencionados, en tanto no resultaba razonable que el legislador hubiera previsto una distinción ante dos circunstancias iguales. Así, detalló que la libertad asistida había sido concebida para aquellas personas condenadas reincidentes o para quienes les hubiere sido revocada la libertad condicional. Así, tener en cuenta ese lapso implicaba colocar en mejor situación al condenado declarado reincidente, que sólo tendría que cumplir con el resto de la pena en encierro, respecto de aquél que no lo fue. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Por un lado, planteó la errónea interpretación del artículo 56 por parte del tribunal. En ese sentido, manifestó que había otorgado un efecto no previsto a la norma al no contabilizar el tiempo transcurrido por su asistido en libertad asistida. Así, sostuvo que el último párrafo se aplicaba sólo a la revocatoria por incumplimiento de las reglas de conducta. Concluyó que esa interpretación importaba incluir en el cómputo de pena todo el tiempo en que el condenado había estado sujeto al régimen de libertad asistida ya que de lo contrario implicaba hacer cumplir dos veces la misma pena, en violación de la garantía de ne bis in idem. Por otro lado, se agravió por el apartamiento de lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal, que incurría en un exceso de jurisdicción. |
| 11-ago-2021 | Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.) (Causa N° 182908/2020) | El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) en la jurisdicción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El SRFP buscaba determinar si los rostros que se obtenían mediante el uso de cámaras de videovigilancia se encontraban y si correspondían o no con los rostros almacenados en la base de datos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas (CoNaRC). El Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A) promovió una acción de amparo con el objetivo de cuestionar la constitucionalidad de la Ley N° 6339 y de la resolución N° 398/MJSGC/19, mediante los cuales se había implementado el SRFP. Para ello, sostuvo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había contratado el uso e implementación del sistema de reconocimiento facial de forma directa con una empresa privada sin un debate previo que permita sostener su pertinencia y seguridad. Además, señaló que los efectos de la vigencia de esa normativa lesionaban de forma manifiesta los derechos de toda la sociedad. También precisó que las bases de datos de las caras que luego serán comparadas tienen predominancia de hombres blancos cisgénero, por lo que los sistemas de reconocimiento facial aprenden mejor cómo diferenciar a dos personas con estas características que al resto de la población y por ello la mayoría de esos programas suelen presentar sesgos en cuanto discriminan por raza, color y etnia. El juzgado N° 11 de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario rechazó in limine la acción de amparo interpuesta. Para decidir así, indicó que la actora pretendía un pronunciamiento judicial en abstracto acerca de la adecuación legal y constitucional la Ley N° 6339 y de la resolución N° 398/MJSGC/19 y que no se había cuestionado ningún acto u omisión sustentados en esas normas. Destacó que no se había planteado un caso concreto particular en el que se hayan visto afectados los derechos invocados ni tampoco era posible visualizar la amenaza a esos derechos en abstracto sin caer en el campo de lo hipotético. En esa línea, mencionó que O.D.I.A. no alegó ni intentó probar la existencia de un daño particular y que únicamente buscaba sanear la supuesta inconformidad de la normativa impugnada. Además, explicó que no se trataba de una acción que buscara la protección o tutela de derecho difusos, sino que involucraba la tutela de derechos subjetivos individuales, cuya protección era exclusiva de sus titulares mediante acciones individuales, o colectivas promovidas por el colectivo de personas afectadas o por asociaciones que las representaran. Concluyó que lo que pretendía la actora podía ser canalizado, al menos en el ámbito de la Ciudad de Bueno Aires, a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Contra esa decisión O.D.I.A. interpuso un recurso de apelación. |
| 10-ago-2021 | Tejeda y otros (causa N° 12459) | Tres personas fueron acusadas por la realización de maniobras ilícitas relacionadas con la Ley de Estupefacientes. Una de ellas era mujer y fue imputada por el delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Ella se encontraba en condiciones económicas desfavorables y padecía problemas de salud. Además, era madre soltera, tenía a su cargo a su madre y a sus sobrinos, y era víctima de violencia de género. Durante el debate, su defensa planteó la inconstitucionalidad del mínimo legal de la pena prevista para el delito imputado y solicitó que se le imponga una pena de ejecución condicional. De esa manera, consideró que la pena establecida en la ley resultaba desproporcional desde el punto de vista de la culpabilidad. En ese sentido, invocó la escasa entidad del hecho atribuido debido a que la mujer se encontraba en los últimos eslabones de la cadena de tráfico de estupefacientes y señaló que correspondía la aplicación de una perspectiva de género en línea con las Reglas de Bangkok. |