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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 3-jun-2022 | DSRD (causa N° 11641) | Una mujer de nacionalidad venezolana se encontraba en Argentina desde diciembre de 2018 y tenía un hijo menor de edad a su cargo. Además, había sido víctima de violencia de género por parte del padre de su hijo. La mujer era vendedora ambulante y a raíz de la declaración de emergencia sanitaria se vio privada de trabajar. En ese contexto tuvo la intención de solicitar ante la ANSeS el Ingreso Familiar de Emergencia. Sin embargo, no contaba con un Documento Nacional de Identidad para incorporar en la base de datos de ANSeS y dar inicio a la solicitud. Por otra parte, no cumplía con el requisito de poseer una residencia legal en Argentina no inferior a dos años, conforme lo requerido por el decreto 310/2020. Por ese motivo, la defensa interpuso una acción de amparo contra la administración y solicitó que se le otorgase el IFE y se declarase la inconstitucionalidad del decreto reglamentario. La presentación señaló que el requisito de residencia mínima de dos años era violatoria del derecho a la seguridad social y destacó la extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la peticionante. |
| 2-jun-2022 | Machuca López (reg. N° 798 y causa N° 28038) | Un tribunal condenó a una persona a la pena de dos años de prisión y a la pena única de siete años y diez meses de prisión. Además, revocó la excarcelación en términos de libertad asistida que se le había concedido en la provincia de Buenos Aires y estableció que la sanción vencería el 23/5/2025. Entonces, la defensa observó que en el cómputo no se había contabilizado el lapso comprendido entre el 20/4/2020 y el 29/6/2021. Esto es, entre la fecha en que fue excarcelado y aquella en la que fue detenido en el último proceso. En relación con esto, explicó que el planteo resultaba pertinente debido a que el art. 108 de la ley provincial 12.256 –de aplicación al caso por ser un tribunal de la provincia de Buenos Aires el que otorgó la libertad en cuestión– y la ley nacional 24.660 no contenían ninguna previsión en sentido contrario. |
| 2-jun-2022 | Prósperi (reg. N° 624 y causa N° 10480) | Cinco personas habían sido procesadas por un delito previsto en la Ley de Estupefacientes. En la etapa de juicio oral, no se había incorporado prueba documental, instrumental y grabaciones de conversaciones telefónicas. Al momento de los alegatos, la defensa oficial de dos imputados refirió que esa prueba no integraba el juicio y que solo se contaba con los testimonios brindados durante la audiencia oral. En ese contexto, el Tribunal Oral consideró esa omisión como un error material, la incorporó al debate por lectura. Entonces, la defensa se negó a alegar sobre esos elementos probatorios. Por esa razón, el tribunal interviniente declaró la nulidad del alegato. Para resolver de esa manera, sostuvo que los imputados no habían contado con una defensa técnica eficaz ante la negativa de los letrados a contradecir la prueba de cargo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Declarado inadmisible, interpuso un recurso de queja. Entre otras cuestiones, sostuvo que la falta de prueba incorporada al juicio solo podía motivar la absolución de sus asistidos. En ese sentido, explicó que no podía subsanarse de manera tardía ni encomendarse a la defensa una segunda instancia de alegatos con la prueba incorporada de manera ilegítima al juicio. |
| jun-2022 | Decomiso | Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y de la Cámara Federal de Casación Penal favorable a los planteos efectuados por las defensas en casos en los que se encontraba en pugna el decomiso de bienes. Se focaliza sobre las sentencias dictadas entre enero de 2020 y junio de 2022 y se incluye un precedente de 2018, a cuyos argumentos se remitieron las decisiones compendiadas. |
| 1-jun-2022 | Valdez (causa N° 29741) | Un hombre que era agente policial fue investigado por ser parte de una organización destinada a cometer conductas delictivas indeterminadas. Por estos hechos, fue detenido y luego procesado con prisión preventiva. La defensa realizó pedidos de excarcelación y de prisión domiciliaria, los cuales fueron rechazados y, con posterioridad, confirmados por la Cámara de Apelaciones. En la etapa de preparación del juicio oral la defensa solicitó de nuevo su excarcelación y en subsidio la prisión domiciliaria. Para hacerlo acreditó que no tenía antecedentes, que contaba con arraigo y contención familiar. El Tribunal Oral en lo Criminal N°30 rechazó ambos pedidos. Para decidir de esta manera, estimó que similares pedidos habían sido rechazados de manera previa y que no habían variado sustancialmente las circunstancias que llevaron a decidir así. Para decidir de esa manera, indicó que aunque el caso encuadraba en la segunda hipótesis del art. 316 por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal, las características y gravedad del hecho conducían a pronosticar que la eventual pena a imponer se alejaría sustancialmente del mínimo. Además señaló que había peligro de entorpecimiento en la investigación ya que el imputado podía desplegar actos de hostigamiento contra los testigos. También estimó que los riesgos procesales no podían ser conjurados por el otorgamiento de una medida cautelar menos gravosa, y que el tiempo de detención no lucía desproporcionado en función de la elevada pena que podría recaer sobre el imputado y del estado avanzado del proceso (en el que si bien no se había proveído la prueba, en virtud de la complejidad de la causa, eso estaba por ocurrir). Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 1-jun-2022 | Costich (causa N° 17388) | Un hombre fue imputado por el delito de estafa en calidad de coautor y se ordenó su detención.Su defensa solicitó la exención de prisión. El hombre carecía de antecedentes condenatorios o declaraciones de rebeldía y contaba con un domicilio constatado, circunstancias que fueron ponderadas de manera positiva por la fiscalía que prestó su conformidad para la exención de prisión solicitada. El juzgado de instrucción rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión, por considerar, entre otras cuestiones, que el dictamen fiscal favorable no resultaba vinculante, y que debido a la naturaleza del delito y la gravedad de los hechos existían riesgos procesales. Asimismo, sostuvo que el domicilio era incierto, circunstancia que permitía inferir que contaba con apoyo familiar y económico para mantenerse oculto. Finalmente, indicó que se verificaba peligro de entorpecimiento de la investigación dado que el imputado conocía a la víctima y su lugar de residencia, y que las medidas sustitutivas eran insuficientes para garantizar que el imputado se presentaría a un eventual juicio. Contra esa decisión, la defensa del hombre imputado interpuso un recurso de casación. |
| 1-jun-2022 | Ramacciato (causa N° 59300) | Un hombre fue procesado por el delito de lesiones leves en concurso real con lesiones graves agravadas por haber mantenido con la víctima una relación de pareja, delitos éstos que, a su vez, concurren en forma real con la figura de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma. El hombre, que no pudo ser notificado, fue declarado rebelde, y se requirió su presencia para la realización del juicio. Entonces, su defensa solicitó su exención de prisión. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 rechazó la solicitud de exención de prisión interpuesta por la defensa. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta la declaración de rebeldía dictada contra el imputado el 22 de marzo de 2022 y que las razones brindadas por la defensa fueron insuficientes para justificar el resultado negativo de las notificaciones, ya que se había intentado contactarlo en su domicilio real y en el constituido, junto con el apercibimiento respectivo. Por ello, concluyó que se evidenciaba un claro desprecio por las normas y el proceso penal y también un riesgo de fuga. Contra esa decisión, la defensa del hombre imputado interpuso un recurso de casación. |
| 31-may-2022 | LMO (Causa N° 22520) | Un hombre le había comunicado a su conviviente que quería separarse. En ese momento, la mujer le informó que estaba embarazada. Luego del nacimiento, el hombre reconoció a la niña como su hija. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a tener dudas respecto de su paternidad. En consecuencia, se realizó un estudio genético que descartó el vínculo filial. Por ese motivo, el hombre inició una acción para que se declarara la nulidad del reconocimiento. En su presentación, manifestó que había sido inducido al error por parte de su ex pareja. El juez ordenó notificar la demanda a la progenitora, pero no a la niña que en ese momento tenía nueve años. Contra esa decisión, el actor interpuso un recurso de reposición y de apelación en subsidio. Entre sus argumentos, expresó que era necesario dar intervención a la niña, ya que el proceso implicaba la modificación de su estado civil. En ese sentido, sostuvo que la participación de la niña garantizaba su derecho de defensa en juicio y su interés superior. Por último, el actor solicitó la intervención de la defensoría de menores en razón de que se encontraban involucrados derechos de una persona menor de edad. El juzgado rechazó el recurso de reposición y concedió el de apelación de manera subsidiaria. |
| 31-may-2022 | Grandon Alcaman (causa N° 23.665) | Un hombre había sido detenido mientras circulaba cerca de automóviles estacionados. Ante las preguntas del oficial, mostró nerviosismo y no pudo explicar su presencia en el lugar. En consecuencia, se lo requisó y se secuestró en su poder un handie de los utilizados como inhibidor de señal. Al momento de declarar, el imputado manifestó que ese día fue a comer y se lo detuvo mientras esperaba un taxi. Luego, se convocó al oficial que intervino en el procedimiento para que amplíe su declaración testimonial. En esa oportunidad, el efectivo recordó que el día de los hechos observó a un hombre caminar muy cerca de varios autos estacionados. Ante ese comportamiento, decidió acercarse y preguntarle qué hacía en el lugar. El sujeto respondió que se encontraba de compras, pero no llevaba bolsas. En consecuencia, le realizó más preguntas, convocó dos testigos y lo requisó. Sin embargo, el efectivo puntualizó que no pudo identificar eventuales damnificados ni víctimas. Por otro lado, aclaró que no observó a la persona abrir ningún vehículo ni ejecutar actos para intentarlo. Por último, de la pericia tecnológica realizada sobre el aparato secuestrado se determinó que era apto para inhibir la señal. |
| 22-sep-2022 | GML (Causa Nº 29513) | Una mujer trabajaba en una empresa en la que sufrió distintos actos de hostigamientos y humillación por parte de su superior. Por ese motivo, lo comunicó a la compañía, pero no recibió una respuesta. Ante esa situación, intervinieron los delegados sindicales y la empresa decidió suspender al denunciado por un día. No obstante, la suspensión no logró detener el acoso sexual del que era víctima. En consecuencia, la mujer reiteró las denuncias en la compañía y solicitó una adecuada solución. Por su parte, la respuesta de la empresa consistió en un cambio de horario entre los dos empleados. La mujer se consideró despedida en base a la situación de acoso sufrido y el defectuoso registro que la empresa tenía de la relación laboral, ya que le abonaba la mitad del sueldo en negro. Por esas razones, inició una demanda judicial. En esa oportunidad, ofreció como prueba el testimonio de sus compañeros de trabajo que confirmaron la situación de acoso sexual por parte del encargado. El juzgado que intervino condenó a la empresa por el daño moral sufrido como consecuencia del maltrato. Asimismo, sostuvo que la empresa había mantenido una actitud pasiva frente a los reclamos de la actora. Contra esa decisión, los codemandados presentaron un recurso de apelación. Entre sus argumentos, sostuvieron que existió una rápida reacción empresarial de sancionar al acosador y que había sido suspendido. En consecuencia, sostuvieron que la denuncia no podía ser utilizada para justificar el despido indirecto. Además, se quejaron por la valoración de la prueba y la condena por daño moral en virtud de lo considerado como acoso sexual. |