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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 6-abr-2022 | Berurena (Causa N° 001379) | Un agente de la brigada de investigaciones de una comisaría fue acusado por la protección policial para que un hombre pudiera realizar en forma habitual operaciones de cambio ilegal de moneda extranjera en un local. En ese sentido, ambos compartían las ganancias producidas por esa actividad. Por ese hecho, fue imputado por el delito de cohecho pasivo previsto en el artículo 256 del Código Penal. En la etapa de juicio oral, la defensa del policía instó la excepción de falta de acción fundada en la reparación integral del perjuicio prevista en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal. En ese sen-tido, argumentó que se había llegado a un acuerdo para resarcir el daño causado. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la solicitud y sostuvo que la figura de la reparación integral no era aplicable al caso porque el imputado era un funcionario público. |
| 4-abr-2022 | MRG (Causa Nº 17013) | Un progenitor no cumplía con su obligación alimentaria respecto de su hijo ni se vinculaba con él. Por su parte, la madre percibía la asignación universal, convivía con su pareja y contaba con su ayuda económica. Ante esa situación, la mujer inició una acción contra el progenitor para reclamar los alimentos. El juzgado que intervino lo condenó a abonar una cuota alimentaria. Sin embargo, el demandado nunca cumplió esa decisión. En consecuencia, la mujer demandó a los abuelos paternos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 668 del Código Civil y Comercial de la Nación. En su presentación, solicitó que se retuviera de cada jubilación un porcentaje provisorio y otro definitivo a favor del niño. En esa oportunidad, el juzgado asignó de manera provisoria una cuota alimentaria a cargo de los demandados. Luego, se realizó un informe ambiental que concluyó que los abuelos disponían de ingresos por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, indicó que ambos tenían problemas de salud que requerían medicamentos de alto costo y que su vivienda era precaria. En consecuencia, los abuelos requirieron que se dejara sin efecto la cuota provisoria debido a que su situación socioeconómica les impedía afrontar la obligación alimentaria. No obstante, la Asesora de Menores peticionó que se mantuviera la cuota hasta que el padre depositara en la cuenta judicial el monto adeudado. A su vez, solicitó que se sancionara al progenitor debido a su reiterado incumplimiento. |
| 4-ago-2022 | “MRG” (CAUSA N° 17013) | Un progenitor no cumplía con su obligación alimentaria respecto de su hijo ni se vinculaba con él. Por su parte, la madre percibía la asignación universal, convivía con su pareja y contaba con su ayuda económica. Ante esa situación, la mujer inició una acción contra el progenitor para reclamar los alimentos. El juzgado que intervino lo condenó a abonar una cuota alimentaria. Sin embargo, el demandado nunca cumplió esa decisión. En consecuencia, la mujer demandó a los abuelos paternos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 668 del Código Civil y Comercial de la Nación. En su presentación, solicitó que se retuviera de cada jubilación un porcentaje provisorio y otro definitivo a favor del niño. En esa oportunidad, el juzgado asignó de manera provisoria una cuota alimentaria a cargo de los demandados. Luego, se realizó un informe ambiental que concluyó que los abuelos disponían de ingresos por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, indicó que ambos tenían problemas de salud que requerían medicamentos de alto costo y que su vivienda era precaria. En consecuencia, los abuelos requirieron que se dejara sin efecto la cuota provisoria debido a que su situación socioeconómica les impedía afrontar la obligación alimentaria. No obstante, la Asesora de Menores peticionó que se mantuviera la cuota hasta que el padre depositara en la cuenta judicial el monto adeudado. A su vez, solicitó que se sancionara al progenitor debido a su reiterado incumplimiento. |
| 4-abr-2022 | Requena Mora (Causa N° 204761) | A raíz de una causa penal por falsificación de instrumento público, la fiscalía solicitó al juez de garantías una pericia al teléfono celular de la persona investigada sin especificar un rango de fechas determinado ni tampoco qué aplicaciones serían analizadas. El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Falta N°5 no hizo lugar al pedido del fiscal. La fiscalía reiteró un nuevo pedido de inspección al teléfono celular con circunscripción de las aplicaciones y del lapso temporal. La jueza lo rechazó y el representante del Ministerio Público apeló esa resolución. |
| 1-abr-2022 | Duarte (causa N° 2206) | Un hombre fue condenado a una pena de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario. En ese momento, debió mudarse junto a su esposa e hijo menor de edad a la casa de un familiar por falta de ingresos propios. Entonces, la defensa solicitó autorización para realizar salidas laborales. Entre otras cuestiones, sostuvo que de los informes sociales se desprendía que la situación económica había empeorado y que el grupo familiar necesitaba ingresos urgentes para cubrir sus necesidades básicas. Además, se dio intervención al asesor de menores, que se expidió de manera favorable al pedido. |
| 31-mar-2022 | Ullúa (reg. N° 203 y causa N° 33013793) | Un hombre había sido condenado a una pena de diecisiete años de prisión por la comisión de delitos previstos en el Código Aduanero. Durante su detención, en 1994, se recibió de abogado y cursó una maestría. En 2011 se promulgó la ley N° 26.695 que modificó la ley N° 24.660 e incorporó el instituto de estímulo educativo. En diciembre de 2020, fue condenado a una pena de prisión perpetua por hechos encuadrados como crímenes de lesa humanidad. El tribunal interviniente dispuso la unificación de ambas condenas y estableció una pena única de prisión perpetua. La defensa solicitó la aplicación del estímulo educativo en razón de los cursos realizados por su asistido. El tribunal rechazó el pedido. Entre sus argumentos, tuvo en cuenta que los estudios habían sido cursados durante la primera detención. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó que el tribunal había aplicado de manera errónea la ley sustantiva. Sobre este aspecto, sostuvo que no debían fragmentarse los logros académicos de su asistido ya que había sido condenado a una pena única. Además, explicó que la resolución había vulnerado el principio de retroactividad de la ley penal más benigna. |
| 31-mar-2022 | Maza (Causa n°24000934) | En marzo de 1975 un hombre había sido detenido por las fuerzas de seguridad y trasladado a un escuadrón de Gendarmería Nacional. En ese lugar fue torturado y, luego de un mes, recuperó su libertad. En 2010 el hombre denunció los hechos y desde aquel momento intentó acceder al proceso como querellante. Sin embargo, obtuvo un resultado negativo. Entre los obstáculos que se lo impidieron, se encontraba la ausencia de recursos económicos para solventar una asistencia legal privada, el mal desempeño de los abogados particulares que lo representaron en determinados momentos y la distancia entre su lugar de residencia y la ciudad donde estaba radicada la causa. En 2017 se promulgó la Ley de Víctimas y en 2020 se puso en funcionamiento la Defensoría Pública de Víctimas en el ámbito de la Defensoría General de la Nación. De esa manera, el Defensor Público de Víctimas de Salta solicitó que se tenga al hombre por constituido como querellante. En su presentación, argumentó que el hombre había intentado mantener un rol activo dentro de la acusación desde que formuló su denuncia. |
| 31-mar-2022 | Quiroga (causa N° 1765) | Un hombre fue detenido y luego procesado con prisión preventiva por el delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, por el uso de un arma de utilería y de un arma de fuego cuya aptitud para producir disparos no se pudo tener por acreditada. El hombre, que al momento de su detención aportó sus datos identificatorios, carecía de antecedentes condenatorios y no se encontraba anotado con otros nombres en el Registro Nacional de Reincidencia. Entonces, su defensa solicitó su excarcelación. El juzgado rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Para decidir de esa manera, señaló que aunque el caso encuadraba en la segunda hipótesis del art. 316 por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal, las características del hecho conducían a pronosticar que la eventual pena a imponer sería de cumplimiento efectivo. Además, ponderó que el imputado había intentado quitarle su arma reglamentaria a uno de los efectivos policiales que procuró detenerlo. También consideró que en caso de recuperar su libertad, el imputado podría intimidar a las víctimas del hecho, pues tenía las llaves del edificio donde se desempeñaban laboralmente. Contra esa decisión, la defensa del hombre imputado interpuso un recurso de casación. |
| 31-mar-2022 | RGM (Causa N° 6061) | Una mujer dio a luz a una niña, que fue reconocida por su pareja. Tiempo después, un hombre inició una acción judicial a fin de impugnar ese reconocimiento y ser emplazado como padre de la niña. En su presentación, manifestó ser el padre biológico y acompañó un estudio de ADN que lo corroboraba. Luego, la madre se presentó y solicitó el rechazo de lo solicitado. Por su parte, el progenitor demandado destacó que se había dedicado a la crianza de la niña desde su nacimiento y admitió que era el padre afín. Frente a dichos planteos, el juzgado interviniente ordenó que se practicara un nuevo examen genético, que confirmó la paternidad del actor. En consecuencia, hizo lugar a la acción, desplazó al demandado y emplazó al accionante como progenitor de la niña. Asimismo, dispuso la inscripción de la partida de nacimiento únicamente con el apellido materno. Ambos accionados apelaron la decisión y pidieron que se declarara la inconstitucionalidad de la parte final del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese sentido, requirieron el reconocimiento del vínculo socio-afectivo entre la niña y el padre demandado, de manera tal que no se lo desplazara del estado filial. A su vez, solicitaron se adicionara el apellido del actor a la partida de nacimiento de su hija. |
| 3-mar-2022 | Abregú (Causa N° 32678) | Una persona había sido condenada a una pena de prisión por el delito de robo con arma de fuego en concurso real con el de portación ilegítima de arma de guerra sin autorización legal. Ante un planteo de la defensa, el juzgado de ejecución penal interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 56 bis, inc. 5, de la ley 24.660 incorporado por la ley 27.375. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación. |