ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
10-jul-2019	FMM (Causa Nº 5349)	Una joven de diecisiete años fue imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En la etapa de juicio cumplió dieciocho años y suscribió un acuerdo de juicio abreviado. La fiscalía solicitó que se declarara su responsabilidad penal por aplicación de la ley Nº 22.278 y que fuera sometida a un año de tratamiento tutelar. Además, manifestó que en caso de que el resultado del tratamiento indicara que era innecesaria la aplicación de una sanción, requeriría su absolución. El Tribunal Oral declaró su responsabilidad penal y señaló que el tratamiento no procedía ya que la joven había adquirido la mayoría de edad. En cambio, consideró que podía suplirse con un in-forme sobre su conducta y pidió que la policía provincial lo elaborara. La policía informó que la joven estaba desempleada, que se había mudado en varias oportunidades y que, según dos vecinos, continuaba con la venta de estupefacientes. En la audiencia fijada para la evaluación de la conveniencia de la aplicación de una pena, la fiscalía valoró de forma negativa el resultado del informe policial sobre la joven y solicitó que se la condenada a una pena de cuatro años de prisión. El Tribunal Oral la condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso y le impuso el cumplimiento de una serie de reglas de conductas por el mismo plazo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. La fiscalía ante la CFCP peticionó que se hiciera lugar a la impugnación por compartir los argumentos de la defensa. En particular, sostuvo que el in-forme no suplía en el caso la exigencia del tratamiento tutelar necesario para determinar la pena, de acuerdo al artículo 4 de la ley N° 22.278.
21-may-2019	Rubinowicz (Causa Nº3017)	Cuatro personas se encontraban imputadas por el delito de lavado de activos. Durante la instrucción, solicitaron la producción de ciertas medidas de prueba. La solicitud fue denegada con fundamento en que podían ser producidas en la etapa posterior. Elevada la causa a juicio, la defensa solicitó su realización. El Tribunal Oral rechazó casi la totalidad de la prueba ofrecida. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de reposición. El Tribunal Oral rechazó las impugnaciones. Entonces, se interpuso un recurso de casación que, denegado, motivó la interposición de una queja.
8-jun-2018	CMC (Causa Nº 73834)	Una mujer que se encontraba detenida en un Complejo Penitenciario solicitó, in pauperis, que se dispusiera su detención domiciliaria a fin de cuidar a su hija de 15 años. Esto, dado que no contaba con familiares que pudieran desempeñar esa tarea y que el padre de la niña también se encontraba privado de su libertad. El defensor fundó la petición y solicitó la confección de informes socio-económicos y socio-ambientales. De esos informes se desprendía que, efectivamente, la mujer no tenía familiares de confianza y que sus cuidados hubiesen evitado determinados episodios de violencia física y verbal sufridos por la niña de parte de quien ejercía su guarda y de otros miembros de su familia. El Tribunal Oral rechazó el pedido por considerar que la niña podía continuar a cargo de una guardadora. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso de casación. Durante el trámite del recurso, la persona que estaba a cargo de la niña abandonó el domicilio, su padre recuperó la libertad y se hizo cargo de ella. Dicha circunstancia generó una especial preocupación de la madre debido a la falta de cuidado de la niña. Ante esta nueva situación, la defensa sostuvo que no subsistía el motivo por el cual el tribunal denegó el arresto domiciliario.
27-oct-2017	LSED (causa Nº 71013)	Un hombre fue condenado por un Tribunal Oral a la pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso. Contra esa decisión, el fiscal interpuso un recurso de casación. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación y condenó al imputado a la pena de 6 años y 8 meses de prisión. Por ese motivo, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal fundado en la imposibilidad, por parte de la CFCP, de dictar una sentencia condenatoria más gravosa para su asistido. En esa línea, solicitó la revisión integral de esa decisión por parte de otro tribunal, en los términos del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
8-nov-2016	Robbio, Carlos María	La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento con prisión preventiva y embargo de una persona imputada por delitos de lesa humanidad. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de casación que, al ser denegado, motivó la presentación de un recurso de queja. Entre sus argumentos, la defensa sostuvo que las impugnaciones resultaban formalmente viables dado que la sentencia recurrida era equiparable a definitiva y el agravio que le generaba no era susceptible de reparación posterior, ya que determinaba la privación de la libertad de su asistido.
24-oct-2016	Diedrichs, Luis Gustavo	El tribunal había rechazado el pedido de morigeración de la prisión preventiva bajo modalidad de arresto domiciliario respecto de una persona mayor de 70 años. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación e introdujo nuevos agravios relativos a los problemas de salud que presentaba el imputado y a las dificultades de cumplimiento de turnos y estudios extramuros por falta de logística en los traslados.
16-mar-2016	Monteverde, Enrique Julio	La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el dictado de la prisión preventiva dispuesta en perjuicio de Monteverde, imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad. Esta decisión fue adoptada después de la que Cámara de Casación anulara otra resolución emitida en el mismo sentido. En razón de ello, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación.
25-sep-2015	Gajardo Pérez, Juan Carlos	En el presente caso, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó el habeas corpus interpuesto por Gajardo, condenado a cuatro años de prisión por el delito de robo agravado. En la solicitud presentada, el imputado argumentó que, pese a que tenía orden de traslado nuevamente hacia el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde provino, no lo trasladaban. Las razones alegadas para tal petición eran que su mujer iba a ser intervenida quirúrgicamente y quería acompañarla y que, por ser portador de HIV, tenía que hacerse un estudio que en su lugar de detención actual no le habían practicado. También argumentó que iba a ser intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires por una grave afección en los ojos. El representante fiscal afirmó que se había afectado el derecho de defensa del interno porque no se le había dado la oportunidad de ser oído en la audiencia que establece la ley 23.098. La defensa adhirió al recurso del fiscal y determinó que se afectaba el principio de respeto de la dignidad humana y del fin progresivo de resocialización del penado y protección de la familia; así como el principio de trascendencia mínima de la pena y el derecho al acceso a una tutela judicial efectiva.
26-may-2015	Jerez, Enrique Alberto	El juez de instrucción había declarado la inconstitucionalidad del artículo 14, 2º párrafo de la ley 23.737 y sobreseyó al imputado. Esa decisión, sin embargo, fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. La defensa interpuso contra esa resolución recurso de casación y, frente a su rechazo, recurso de queja.
21-may-2015	Torres, Raúl Alberto	El tribunal oral había resuelto no hacer lugar a la prisión domiciliaria requerida por la defensa. Por tal motivo, se interpuso recurso de casación. El defensor sostuvo que esa resolución se basaba en informes médicos realizados en la unidad de detención anterior del defendido, pero que no había constancia de sus condiciones actuales. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar al recurso y anular la resolución recurrida.