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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 26-mar-2026 | DM v. Suecia | Un joven de nacionalidad afgana y etnia hazara había solicitado asilo en Suecia. En el país, se adaptó a las costumbres y se convirtió del islam al cristianismo. Tras una serie de recursos administrativos y judiciales que demoraron más de siete años, se ordenó definitivamente su expulsión a Afganistán. Para decidir de ese modo, las autoridades suecas entendieron que, si bien la situación de los hazara en Afganistán era compleja, la mera pertenencia al grupo no ameritaba una protección de carácter general. En ese sentido, concluyeron que no se había demostrado la el riesgo de padecer un trato que exigiera protección a causa de sus creencias religiosas. Entonces, con posterioridad a la toma del poder por parte de los talibanes, el hombre acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y alegó que su expulsión a Afganistán lo expondría a un riesgo contrario a los artículos 2 y 3 del Convenio, considerados a la luz del artículo 13. Entre otras circunstancias, invocó su pertenencia a la etnia hazara, su conversión al cristianismo y la posibilidad de ser considerado apóstata, además de occidentalizado o ‘hijo de Occidente’ (‘gharbzadeh’) debido a su prolongada permanencia en Suecia y a su adaptación al modo de vida del lugar. |
| 17-mar-2026 | Sungur v. Turquía | Durante una protesta en Estambul, un policía roció con gas pimienta a la multitud. Una mujer intentó retirarse del tumulto, pero el policía la persiguió y le aplicó gas pimienta sobre la cara desde una distancia próxima. En un primer momento, una investigación administrativa concluyó que el accionar del oficial era ilegal e innecesario. Si bien se lo sancionó con una amonestación, finalmente se le impuso una mera advertencia en virtud de la falta de antecedentes disciplinarios. Luego se inició un proceso penal. En ese marco, el tribunal ordenó efectuar un examen médico a la mujer. La víctima impugnó la decisión, pero el tribunal señaló la necesidad de que se llevaran a cabo una serie de estudios para evaluar la proporcionalidad del accionar policial. De todas maneras, esa medida nunca se realizó y no se obtuvieron informes médicos. El tribunal penal condenó al oficial a diez meses de encarcelamiento. No obstante, en base a su buen comportamiento durante el proceso y la ausencia de antecedentes penales, suspendió el pronunciamiento y le ordenó sembrar 300 árboles. En consecuencia, la mujer denunció la violación de la prohibición de la tortura ante el Tribunal Constitucional de Turquía. Este tribunal consideró que, pese a la falta de informes médicos, existía evidencia suficiente para considerar la intencionalidad del oficial interviniente. Asimismo, sostuvo que cualquier uso de la fuerza que no resultara estrictamente necesario, violaba la prohibición de la tortura. Sin embargo, señaló que no se pudo establecer la proporcionalidad del accionar debido a la falta de diligencia de la mujer durante el proceso penal y concluyó que no hubo afectación. |
| 28-feb-2026 | Crimen organizado y derechos humanos en las Américas | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó una resolución referida al crimen organizado y la situación de los derechos humanos en las Américas. En el documento, dio cuenta de los graves impactos de este fenómeno en la región y de sus efectos desproporcionados sobre personas y grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación histórica y cultural. Asimismo, advirtió que en diversos Estados las respuestas frente al crimen organizado se basaron principalmente en el control coercitivo, la expansión del sistema penal y el recurso a estados de excepción. |
| 17-feb-2026 | Conservación de la naturaleza y derechos culturales | La Relatoría Especial sobre los derechos culturales presentó un informe sobre la conservación de la naturaleza y los derechos culturales. El documento señaló que la protección de la biodiversidad requiere diversidad cultural y expresó la necesidad de aplicar un enfoque basado en los derechos culturales que diera prioridad a medidas especiales, a una consulta y participación amplias, a evaluaciones del impacto en los derechos humanos y a garantías judiciales para los derechos culturales en el ámbito de la conservación de la naturaleza. |
| 10-feb-2026 | DRJE (Causa N° 173239) | Una mujer utilizó la imagen de su hija adolescente en distintas redes con el fin de promocionarse en el ámbito social y profesional. A raíz de esas publicaciones, la joven sufrió episodios de bullying en su colegio. En consecuencia, inició una acción judicial contra su progenitora. En su presentación, con el patrocinio de dos abogados, solicitó el dictado de una medida autosatisfactiva. En concreto, requirió que la demandada cesara la difusión de cualquier imagen suya en medios masivos de comunicación o en plataformas de acceso público, incluso de su perfil y estado de Whatsapp. Asimismo, pidió la supresión de las imágenes de su persona que su madre hubiera publicado. |
| 12-ene-2026 | Recolección internacional de datos personales | La Relatoría Especial sobre el derecho a la privacidad elaboró un informe temático referido a la recolección de datos personales a través de Internet. El documento examina las distintas prácticas utilizadas para la recopilación nacional e internacional de información. En ese marco, señala que el contexto tecnológico mundial requiere que los Estados diseñen un nuevo marco regulatorio internacional respecto de esta práctica. |
| 17-dic-2025 | Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina | Luego de que el Estado argentino realizara sus presentaciones en torno a las cuestiones examinadas, el Comité contra la Tortura emitió las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina. |
| 4-dic-2025 | Chavarría Morales y otros v. Nicaragua | En 2008, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua había dispuesto que los ciudadanos debían verificar su identidad para poder votar en las elecciones municipales. El horario de cierre de los centros estaba previsto para las 17 horas. En ese contexto, un miembro del partido opositor actuó como fiscal de verificación electoral para su partido político. Los responsables del centro cerraron el local una hora antes de lo debido y una cantidad indeterminada de personas no pudo verificar su identidad. Sin embargo, no se consignó esa información en el acta de cierre. En consecuencia, el integrante del partido opositor realizó una impugnación por escrito que fue destruida por los responsables del lugar. Luego recibió insultos y amenazas y, al retirarse del lugar junto con su familia, dirigentes del partido gobernante instaron a un grupo personas armadas a que los asesinaran. La policía local presenció los hechos, pero no intervino. El miembro del partido opositor y su hijo terminaron hospitalizados, y su mujer y su hija sufrieron lesiones. La persona realizó múltiples denuncias en sede penal y en sede administrativa, pero todas fueron desestimadas y archivadas. Durante diecisiete años no se le brindó una respuesta ni se los convocó a ningún tipo de audiencia. Asimismo, tanto él como los miembros de su familia sufrieron hostigamientos y amenazas en distintas oportunidades. Ante esta situación, la persona que integraba el partido opositor se exilió en otro país. |
| 2-dic-2025 | Cuadra Bravo v. Perú | Un hombre ingresó a trabajar en el Banco Nación del Perú en 1970. En ese momento comenzó a desempeñarse como empleado público. Al año siguiente, se rescindió su contrato y se lo transfirió al régimen laboral privado dentro de la institución. En 1991, el hombre solicitó ser incluido en el régimen de pensiones de jubilación. Si bien la entidad bancaria admitió la solicitud, luego la declaró nula, ya que consideró que la persona no reunía los requisitos legales para acceder al beneficio. En 1994, el hombre que era subgerente y había cumplido aproximadamente veinticuatro años de servicio, renunció a su trabajo. Asimismo, interpuso un recurso en sede administrativa contra el rechazo al pedido que había realizado en 1991. De forma posterior, ante la falta de respuesta, el hombre promovió una acción de amparo, que fue admitida en 2003. En consecuencia, le impuso al Banco que otorgara el beneficio previsional solicitado. Sin embargo, no fijó los montos ni los conceptos que debían integrar el haber. En el marco de la ejecución de la sentencia, la entidad bancaria cuestionó la inclusión de ciertos rubros como remunerativos y modificó las sumas adeudadas. Debido a esas diferencias en las liquidaciones, se generó una deuda a favor del Banco que, por su parte, retuvo un porcentaje del ingreso del hombre. Con posterioridad, el caso fue sometido por la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, en 2023 la Comisión alegó que los tribunales internos incumplieron la obligación de ejecutar lo ordenado con diligencia y celeridad. Al respecto, sostuvo que, aunque el hombre cobraba la pensión, habían transcurrido veintinueve años de litigio sin que se cuantificara en debida forma su haber. Sobre esa cuestión, destacó que el plazo que había insumido el proceso era irrazonable teniendo en cuenta que se trataba de una persona mayor. |
| 26-nov-2025 | Iglesias y otros v. Argentina | En 1996, en un espacio recreativo público concesionado para actividades privadas se cayó una escultura sobre una niña de seis años que murió como consecuencia del impacto. Entonces, se inició una investigación penal y sus padres se presentaron como querellantes. En ese marco, distintas personas vinculadas con la colocación, autorización y control de la estructura fueron imputadas por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y omisión del deber de cuidado de los funcionarios públicos. Durante la investigación, se constató que la escultura presentaba un evidente estado de oxidación y corrosión y que se encontraba sostenida en condiciones deficientes. Nueve años después de los hechos, antes del inicio del juicio oral, se sancionó la Ley N°25.990. La norma modificó las causales de interrupción de la prescripción en materia penal. En consecuencia, el tribunal declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a todas las personas imputadas. La querella recurrió esa decisión, que fue confirmada por la alzada. Luego, la querella y el Ministerio Público Fiscal interpusieron un recurso extraordinario federal, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De forma posterior, el caso se presentó ante el sistema interamericano de Derechos Humanos. |
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