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https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/6794| Título : | DM v. Suecia |
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| Fecha: | 26-mar-2026 |
| Resumen : | Un joven de nacionalidad afgana y etnia hazara había solicitado asilo en Suecia. En el país, se adaptó a las costumbres y se convirtió del islam al cristianismo. Tras una serie de recursos administrativos y judiciales que demoraron más de siete años, se ordenó definitivamente su expulsión a Afganistán. Para decidir de ese modo, las autoridades suecas entendieron que, si bien la situación de los hazara en Afganistán era compleja, la mera pertenencia al grupo no ameritaba una protección de carácter general. En ese sentido, concluyeron que no se había demostrado la el riesgo de padecer un trato que exigiera protección a causa de sus creencias religiosas. Entonces, con posterioridad a la toma del poder por parte de los talibanes, el hombre acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y alegó que su expulsión a Afganistán lo expondría a un riesgo contrario a los artículos 2 y 3 del Convenio, considerados a la luz del artículo 13. Entre otras circunstancias, invocó su pertenencia a la etnia hazara, su conversión al cristianismo y la posibilidad de ser considerado apóstata, además de occidentalizado o ‘hijo de Occidente’ (‘gharbzadeh’) debido a su prolongada permanencia en Suecia y a su adaptación al modo de vida del lugar. |
| Decisión: | El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la ejecución de la orden de expulsión a Afganistán constituiría una violación de la prohibición de la tortura (artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). |
| Argumentos: | 1. Derecho de asilo. Refugiado. Expulsión de extranjeros. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Principio de no devolución. “Los Estados tienen la prerrogativa, de conformidad con el derecho internacional y en cumplimiento de sus obligaciones convencionales, con inclusión del CEDH, de controlar el ingreso, la residencia, el traslado y la expulsión de los extranjeros. Sin embargo, el traslado o la expulsión de un extranjero por parte de un Estado puede suscitar un conflicto en base al artículo 3 del Convenio y generar responsabilidad al amparo de dicho instrumento en casos en los que se han demostrado motivos de peso para creer que, si se trasladara o deportara a la persona, se vería a expuesta a un riesgo efectivo de sufrir un trato contrario al artículo 3 del Convenio en el país de destino. En ese contexto, el artículo 3 del Convenio dispone la obligación de no trasladar ni deportar a la persona a ese país” (cfr. párr. 146). “La evaluación de la existencia de un riesgo efectivo es necesariamente rigurosa y debe enfocarse en las consecuencias previsibles del traslado del peticionario al país de destino, a la luz de la situación general y circunstancias personales del sujeto. Debe ponderarse si existe una situación de violencia generalizada en dicho Estado. Sin embargo, una situación de violencia generalizada no implicará, normalmente, una violación del artículo 3, excepto que, por su nivel de intensidad, resulte suficiente para concluir que el traslado implicaría necesariamente una violación. No obstante, ello sólo ocurrirá en los casos más extremos. Cuando un peticionario alega ser miembro de un grupo sistemáticamente expuesto a prácticas discriminatorias o demuestra la existencia de motivos justificados que tornen verosímil la existencia de la práctica alegada y su calidad de miembro del grupo afectado, entonces, sí incide la protección del artículo 3. Una serie de factores individuales pueden no constituir un riesgo real cuando se consideran por separado pero sí cuando se analizan en conjunto y a la luz de una situación de violencia generalizada y aumento de la seguridad. Debido a la naturaleza absoluta del derecho consagrado en el artículo 3, el Convenio no sólo aplica al peligro generado por las autoridades estatales sino también por personas o grupos de particulares. Debe demostrarse que el riesgo es real y que las autoridades del Estado receptor no pueden neutralizar el riesgo mediante la adopción de la protección adecuada” (cfr. párrs. 147-151). “La responsabilidad de implementar y hacer valer los derechos y libertades garantizados pesa sobre las autoridades nacionales, y el recurso judicial ante el Tribunal Europeo es de carácter subsidiario a los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos. El Tribunal debe estar convencido de que la evaluación realizada por las autoridades nacionales es adecuada y se encuentra lo suficientemente sustentada por prueba indiciaria interna como por fuentes confiables y objetivas como, por ejemplo, otros Estados parte o terceros, agencias y organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales reconocidas. Las autoridades nacionales se encuentran en mejor posición para evaluar no sólo los hechos sino, en particular, la credibilidad de los solicitantes de asilo, ya que son ellos quienes tuvieron la oportunidad de ver, escuchar y evaluar el comportamiento de la persona. A la luz de lo que antecede, el Tribunal no encuentra motivo suficiente para apartarse de las conclusiones a las que arribaron las autoridades nacionales respecto de la verosimilitud de la conversión del peticionario. Deben considerarse los riesgos potenciales asociados con ser percibido como un converso o apóstata” (cfr. párr. 152 y 183). “La Agencia y el Tribunal de Migraciones determinaron que los individuos que son percibidos como ‘occidentalizados’, por lo general, no se encuentran expuestos al riesgo de sufrir un trato que requiera el despliegue de una protección tras su regreso a Afganistán; que el peticionario no había demostrado estar expuesto a un riesgo de sufrir un trato que exigiera una protección en ese sentido; y que no había otras circunstancias concretas que permitieran arribar a la conclusión de que se lo catalogaría como apóstata o converso al cristianismo tras su regreso. Aún más, sostuvieron que debería adaptarse a las costumbres y prácticas de su país de origen y que efectivamente podría hacerlo. En opinión del Tribunal, esa evaluación no refleja adecuadamente el riesgo al que se exponen las personas percibidas como apóstatas u ‘occidentalizadas’ o que no se atienen a las estrictas reglas y restricciones vigentes que reflejan adecuadamente las circunstancias concretas del solicitante” (cfr. párrs. 185-186). “La situación de los derechos humanos en Afganistán debe tenerse debidamente en cuenta al evaluar los riesgos a los que puede verse expuesta una persona tras su retorno. El gobierno de facto talibán aplica una versión particularmente draconiana de la ley islámica (Sharia). Si bien las mujeres son las más afectadas por la opresión, los hombres también son víctimas de este régimen profundamente represivo que controla casi todos los aspectos de la vida de las personas. El incumplimiento de cualquier directiva o prohibición, por mínima que sea, puede resultar en una detención o en castigos corporales severos como los azotes. El Tribunal toma nota de informes que indican que las personas que se considera que han transgredido las normas religiosas, morales y/o sociales, incluso en el extranjero, o que se han visto influenciadas por valores extranjeros (‘occidentalizadas’) pueden estar expuestas a peligros causados por los talibanes, o incluso a familiares y vecinos que los delatan. El peticionario, durante su estadía en Suecia, ha tenido comportamientos que serían considerados ilícitos en Afganistán, por ejemplo no haber respetado los rituales musulmanes y haberse bautizado” (cfr. párrs. 187-192). “Además, su pertenencia étnica hazara es un aspecto que el peticionario no podría ocultar y que conlleva ciertos riesgos, independientemente de que el Tribunal haya concluido que los hazara no son un grupo expuesto sistemáticamente a malos tratos que alcancen el umbral del artículo 3 del Convenio. Las consideraciones son suficientes para permitirle al Tribunal concluir que se han demostrado motivos suficientes para creer que el solicitante se vería expuesto a un trato violatorio del artículo 3 si fuera deportado a Afganistán” (cfr. párrs. 195 y 199). |
| Tribunal : | Tribunal Europeo de Derechos Humanos - TEDH |
| Voces: | DERECHO DE ASILO EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN REFUGIADO TORTURA TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE |
| Jurisprudencia relacionada: | https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/2132 |
| Aparece en las colecciones: | Jurisprudencia internacional |
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