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2-ago-2021Diaz (Causa N° 2878)Una persona había sido imputada por el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro en concurso real con el delito de uso de documento público falso. En el marco del proceso, la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a lo solicitado. En consecuencia, el tribunal interviniente rechazó la solicitud. Luego de una serie de impugnaciones contra esa decisión, en diciembre de 2020, el tribunal citó a las partes a juicio. En febrero de 2021, el tribunal advirtió que la persona imputada era menor de edad al momento del hecho. Por ese motivo, le corrió vista al asesor de menores y le notificó la citación a juicio. El defensor de menores planteó la nulidad de lo decidido en el trámite de la suspensión del juicio a prueba y de todo lo actuado en consecuencia. Entre sus argumentos, sostuvo que no se había dado intervención al defensor de menores en la audiencia de suspensión de juicio a prueba. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo. Para resolver de esa manera, entendió que esa omisión podía subsanarse con la inmediata disposición tutelar del imputado. Contra esa decisión, el defensor de menores presentó un recurso de casación. En su presentación, señaló que la condición de menor no había sido ponderada ni por el Fiscal ni por el tribunal al momento de resolver la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba.
27-oct-2016W, GMEn mayo del año 1999 una persona fue condenada a una pena de prisión cuyo cumplimiento se dejó en suspenso. Posteriormente, en el año 2006, el condenado habría cometido un nuevo delito. En el marco de esa causa, la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. El tribunal oral rechazó el pedido. Para adoptar esa decisión entendió que, a la fecha del hecho, aún no se había cumplido el plazo de diez años dispuesto por el artículo 27 del CP. Por esa razón, eventualmente, correspondería la imposición de una pena de efectivo cumplimiento. En esa línea, tuvo en cuenta que la información del antecedente fue obtenida por los jueces antes del año 2009, momento en el que caducó el registro de la sentencia (art. 51, inciso 1° del CP). Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Allí argumentó que el criterio sostenido por el tribunal era violatorio del principio de inocencia, pues a la fecha de la solicitud del instituto se había producido la caducidad registral de la condena.
30-mar-2016C, AMEUna persona había sido imputada penalmente por percibir indebidamente una pensión mediante la presentación de una carta apócrifa. Su defensa pidió la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. En consecuencia, el tribunal rechazó la probation. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
23-mar-2016A, DIEn 2011, el tribunal oral había concedido al imputado la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Entre otras reglas, fijó el pago de una suma en concepto de reparación y la realización de tareas comunitarias. Luego, en 2012, se imputó al probado por la presunta comisión de un nuevo hecho delictivo. En 2013, ante la falta de cumplimiento de las pautas mencionadas, el tribunal extendió el plazo de supervisión por ocho meses más. Transcurrido ese tiempo, el fiscal dictaminó que, teniendo en cuenta que el imputado había cometido un delito durante el período de prueba de la probation, correspondía revocarla. Sin embargo, el tribunal dispuso la extinción de la acción penal. Contra esta decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación.
3-mar-2016A, JSLa Cámara Federal de Apelaciones de General Roca había declarado la inconstitucionalidad del cuarto párrafo del art. 76 –cuarto párrafo– del Código Penal. Contra dicha resolución, el fiscal interpuso un recurso de inconstitucionalidad.
19-oct-2015K, FMUna persona que se dedicaba al comercio fue imputada por delitos relacionados con su actividad cuya sanción incluía la pena de inhabilitación. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el imputado ofreció autoinhabilitarse. Sin embargo, el fiscal se opuso a la concesión de la probation. En consecuencia, el tribunal rechazó el pedido. La defensa recurrió la decisión.
19-oct-2015M, GGEl 2 de octubre de 2013 un tribunal oral concedió la suspensión del juicio a prueba a una persona. El 9 de octubre se le notificó la resolución personalmente y el 17 de octubre se notificó a su defensor. Ese mismo día, el probado se vio involucrado en otro hecho delictivo. Por esa razón, se solicitó una nueva audiencia de probation y se requirió su ampliación. El fiscal se opuso a lo petición, pues consideró que la primera suspensión se encontraba firme cuando tuvo lugar el segundo hecho. El tribunal, de acuerdo con el dictamen fiscal, rechazó la solicitud de la defensa. Contra esta decisión, se interpuso un recurso de casación.
2-sep-2015B de la C, AMUna persona solicitó la suspensión del juicio a prueba. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a su concesión con fundamento en que el imputado habría cometido un hecho delictivo mientras se encontraba cumpliendo una probation en otra causa. Sin embargo, el juzgado federal hizo lugar a la solicitud. Para decidir de ese modo, entendió que no resultaba suficiente que existiera una causa en trámite contra el imputado para denegar la petición y agregó que sólo podría rechazarse la concesión del instituto frente a una sentencia firme. Contra esa resolución, la fiscalía interpuso un recurso de casación.
8-jul-2015M, MBUna persona había sido imputada en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta en concurso real con falsa denuncia. El tribunal le había concedido la suspensión de juicio a prueba. Transcurrido el período de prueba, el juzgado de ejecución tuvo por cumplida la medida. Por esa razón, el tribunal declaró extinguida la acción penal y dispuso el sobreseimiento de la imputada. Contra esa decisión, el fiscal interpuso un recurso de casación por considerar que la imputada no había cumplido con las reglas que se le impusieron.
8-jun-2015CC, RHUn individuo que trabajaba como fletero había sido imputado por el delito de lesiones culposas causadas en el marco de un accidente vehicular. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. Argumentó que, frente a delitos que prevén la pena de inhabilitación, la única forma de aceptar la solución alternativa es mediante el ofrecimiento de autoinhabilitación. En consecuencia, el tribunal rechazó la solicitud. Contra esta resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.