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Fecha | Título | Resumen |
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9-feb-2023 | Mariani (causa N° 66806 y reg. N° 81) | Un hombre había sido condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de amenazas coactivas y lesiones agravadas por la relación de pareja, en concurso ideal entre sí. Además, entre otras cosas, se le impuso por el mismo lapso la prohibición de acercarse, vincularse y tomar contacto con la damnificada. Al momento de decretarse la prohibición de contacto, el hombre ya había retomado la relación con su esposa y convivían. Por ese hecho, fue imputado por el delito de desobediencia a funcionario público y condenado a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento y a la pena única de tres años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
22-dic-2022 | Ávila y otros (causa Nº 34646) | En septiembre de 2021, L.A., J.I, J.S y J.D.S. fueron condenados como coautores penalmente responsables del delito de robo en poblado y en banda a la pena de seis años y seis meses de prisión. Respecto de J.I., el tribunal mantuvo la declaración de reincidencia que le había sido impuesta en marzo de 2021 en una condena anterior y lo condenó a la pena única de siete años y once meses de prisión. Además, el tribunal declaró reincidente a J.S., que en octubre de 2018 había sido condenado por el delito de lesiones graves a una pena de un año y un mes de prisión. La defensa de los coimputados interpuso un recurso de casación contra la sentencia condenatoria. Entre sus agravios, cuestionó el agravante "banda" en el tipo penal aplicado. En cuanto a la declaración de reincidencia de J.S., postuló la inconstitucionalidad del artículo 50 del Código Penal y cuestionó la motivación de la sentencia en la medida en que no se había establecido cuánto tiempo J.S. había cumplido como condenado. Además, en lo referido al mantenimiento de la declaración de reincidencia de J.I., la defensa agregó que el tribunal interviniente había omitido verificar el avance del acusado dentro del régimen progresivo de la pena. |
15-sep-2022 | Gray (causa Nº 579) | En junio de 2018, un hombre fue condenado por los delitos de coacción en concurso ideal con daño -reiterados en dos oportunidades-, amenazas en concurso ideal con daño y lesiones leves agravadas por tratarse de alguien con quien había mantenido una relación de pareja, todos ellos en concurso real. Contra esa decisión, la defensa del hombre imputado presentó un recurso de casación. En febrero de 2021, durante el trámite del recurso, el tribunal de juicio declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de los delitos de amenazas, daño y lesiones leves agravadas. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó el pronunciamiento y ordenó que se practicara un nuevo cómputo. En junio de 2022, la defensa solicitó la extinción de la acción penal por prescripción de la totalidad de los delitos por los cuales el hombre había sido condenado. En ese sentido, argumentó que la sentencia no se encontraba firme porque aún restaba determinar la sanción. El tribunal oral rechazó el planteo por considerar, entre otras cuestiones, que la sentencia condenatoria se encontraba parcialmente firme. Entonces, la defensa interpuso un nuevo recurso de casación. |
5-may-2022 | Sánchez Villanueva (reg. N° 602 y causa N° 68377) | En abril de 2018, un joven había sido condenado por un tribunal oral de menores a la pena de cinco años y diez meses de prisión por el delito de homicidio. El hecho imputado había sido cometido cuando era menor de edad y su pena vencía en septiembre de 2022. En septiembre de 2020, cumplidos los requisitos temporales del artículo 13 del Código Penal, la defensa solicitó la incorporación de su asistido al régimen de la libertad condicional. La jueza interviniente rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló la sentencia y reenvió las actuaciones para que se dictara un nuevo pronunciamiento. Luego, en abril de 2021, la defensa reiteró el pedido. Ante un nuevo rechazo de su solicitud, interpuso otro recurso de casación. Entonces, la Sala III de la CNCCC declaró nula la decisión y reenvió las actuaciones para que se dictara una nueva decisión. Entre otras cuestiones, advirtió un apartamiento infundado del dictamen favorable del Consejo Correccional y un análisis parcial del informe interdisciplinario de Ejecución Penal.; Luego, el joven fue trasladado a la Unidad N° 11 del Servicio Penitenciario Federal. En ese contexto, la jueza de ejecución interviniente solicitó un nuevo informe al Consejo Correccional. En esa oportunidad, la mayoría de sus integrantes se pronunció de manera desfavorable. En ese sentido, el presidente del órgano colegiado señaló que no se observaba un compromiso global del joven para adquirir herramientas que le permitieran una óptima reinserción social. En enero de 2022, la jueza rechazó otra vez el pedido de libertad condicional. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
22-abr-2022 | Bertolino (causa N° 7813 y reg. N° 517) | Una mujer había sido acusada de organizar y administrar un establecimiento en el que un grupo de mujeres ejercía la prostitución. Durante la investigación, declaró una empleada de la inmobiliaria que había gestionado el contrato de alquiler del departamento en el que funcionaba el establecimiento. La testigo refirió que la mujer imputada había suscripto el contrato de locación y que en diversas oportunidades se había encargado de pagar el alquiler. Por otro lado, en el allanamiento del lugar se secuestraron un “cuaderno de pases” y una planilla en la que constaban los nombres de fantasía de las mujeres que trabajan en el lugar, los horarios en los que ingresaban los clientes y las tarifas cobradas. Sin embargo, la documentación secuestrada no había sido peritada. Asimismo, se encontró una factura de telefonía a nombre de la imputada y los servicios de luz, agua, gas y rentas a nombre de otras dos personas. El Programa contra la Trata de Personas elaboró un informe que concluía que las mujeres que se encontraban en el establecimiento habían ofrecido relatos confusos e inconsistentes con respecto a la administración del lugar. A su vez, las mujeres en situación de prostitución declararon que todas trabajaban en igualdad de condiciones. El tribunal interviniente condenó a la mujer a la pena de cuatro años de prisión por el delito de facilitación de la prostitución. Para decidir de esa manera, valoró el testimonio de la empleada de la inmobiliaria. Además, consideró que la existencia del cuaderno de pases y la planilla demostraba que el trabajo que se desarrollaba en el departamento estaba organizado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, señaló que la titularidad del contrato de locación y del servicio de telefonía no implicaba una contradicción con la hipótesis de que todas las personas que trabajaban en el establecimiento solventaban los gastos de manera equitativa. Además, recordó que la documentación secuestrada no había sido peritada. Sobre ese aspecto, sostuvo que no podía determinarse si habían sido escritas por la imputada u otra persona. |
12-abr-2022 | Prieto (Causa n°1454) | Un hombre agredió a su pareja que se encontraba embarazada mediante golpes, estrangulamiento y cortes en sus muñecas y su cuello. Durante el episodio, provocó la muerte del feto de treinta y seis semanas de gestación. Luego, se autolesionó. El hombre fue imputado por lesiones leves y aborto causado sin el consentimiento de la mujer. Por su parte, los peritos del cuerpo médico forense indicaron que el imputado no presentaba ninguna enfermedad mental. En el marco del juicio oral, uno de los peritos indicó que al momento del hecho el imputado padeció un trastorno depresivo con intentos de suicidio que “alcanzó un nivel de alteración morbosa”, en los términos del artículo 34, inciso 1° del Código Penal. Entonces, la defensa solicitó su absolución por considerar que no se había acreditado la capacidad de culpabilidad de su asistido. El tribunal oral condenó al hombre a la pena de seis años de prisión. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. |
9-feb-2022 | Bertone (causa n° 27510) | Un hombre había sido imputado por el delito de robo. En la etapa de instrucción, por intermedio de su defensa, manifestó que deseaba ser juzgado por un tribunal colegiado. En esa oportunidad, no suscribió el escrito. El tribunal consideró que se debía contar con la firma del imputado para solicitar la integración colegiada y dispuso la integración unipersonal del tribunal. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
28-dic-2021 | Vera y otros (causa Nº 40610) | Cinco hombres fueron condenados en el marco de una causa en la que se investigaba un homicidio en ocasión de robo. En la sentencia de condena se decomisó un vehículo. Las defensas interpusieron un recurso de casación. En lo relativo al decomiso señalaron que el rodado no pertenecía a uno de los imputados, sino que la titularidad correspondía a la hermana de uno de ellos. En la misma línea se sostuvo que no se había probado que el imputado hubiera utilizado el vehículo para cometer el delito, sino que se había demostrado que lo utilizaba de manera ocasional. |
7-dic-2021 | Bertolo (causa n° 26757) | En mayo de 2015 un hombre había sido condenado a la pena de ochos años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en grado de tentativa, agravado por su comisión contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con suministro de material pornográfico a un menor de 14 años de edad y lesiones leves. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación. En agosto de 2016, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional casó la sentencia y condenó al hombre por el delito de abuso sexual simple de un menor de trece años, agravado por la situación de convivencia preexiste y el suministro de material pornográfico, en concurso real con lesiones leves. Además, dispuso que un nuevo tribunal fijara la pena en función de la nueva calificación legal. En febrero de 2017, se le impuso la pena de siete años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Ante su rechazo, presentó un recurso un extraordinario. En agosto de 2021, mientras la impugnación se encontraba en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la defensa solicitó la extinción de la acción penal por la prescripción del delito de lesiones leves. El tribunal oral rechazó el planteo, lo que motivó la interposición de un recurso de casación. |
9-sep-2021 | Ifran (Causa N° 62674) | Un hombre había sido condenado por el delito de robo en grado de tentativa en concurso real con abuso sexual a una pena de tres años de prisión. Durante la etapa de ejecución, su defensa planteó la inaplicabilidad y, en subsidio, la inconstitucionalidad de los artículos 14, segundo párrafo, del Código Penal y 56 bis, inciso 5, de la ley N° 24.660. Además, solicitó la incorporación de su asistido al régimen de libertad condicional. El juzgado de ejecución interviniente requirió la confección de informes a la unidad que se encontraba alojado. El Consejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos se expidió por unanimidad de manera favorable a la incorporación del hombre condenado al régimen de libertad condicional. Sin embargo, el juzgado sólo analizó el planteo de inconstitucionalidad y rechazó el pedido de la defensa. Para decidir de esa manera, consideró que la decisión legislativa que excluyó algunos delitos del régimen de libertad condicional no lesionaba el principio de igualdad en tanto se trataba una cuestión de política criminal. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
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