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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 17-dic-2025 | Rimeto y otros (Causa N 15760) | En diciembre de 2010, la Ministra de Defensa de la Nación denunció que en 2007 se habían vendido bienes de una sociedad de cobertura estatal vinculada a su institución, pero que el dinero no había ingresado a las arcas del Estado. Por estos hechos, se inició una investigación sobre la operación financiera, las funciones de las personas intervinientes y el circuito de los fondos. En ese marco, fueron procesados por el delito de peculado, entre otros, un hombre señalado como nexo entre la Jefatura de Inteligencia y las sociedades de cobertura, el contador de la sociedad y el comprador en comisión. Luego del debate oral, el tribunal interviniente condenó a los tres hombres coimputados. Contra esa decisión, sus defensas interpusieron recursos de casación. |
| 26-nov-2025 | Ramirez Quitián y otros (causa N° 3799) | En 2013, a partir de un allanamiento, efectivos policiales encontraron a catorce mujeres en el interior de un local nocturno. En el lugar también se secuestraron planillas que consignaban nombres de mujeres y sumas de dinero. En esa oportunidad, una de las mujeres se presentó como la encargada del establecimiento. La mujer había conocido al dueño del lugar al poco tiempo de enviudar, siendo madre soltera de un niño menor de edad, con diversas deudas y en una situación extrema vulnerabilidad. De forma posterior, se habían convertido en pareja y ella era víctima de violencia por su parte. Según declararon las víctimas, fue en ese contexto que la mujer imputada comenzó a oficiar de encargada del local. A mediados de 2015, la mujer realizó la primera de varias denuncias en sede policial por hechos de violencia de género. En el marco de la causa que investigaba la actividad del local nocturno, esas denuncias por violencia de género fueron incorporadas al expediente.; En 2024, durante el juicio oral, el tribunal interviniente la condenó, junto con otras personas, a la pena de cinco años de prisión por el delito de facilitación y explotación de la prostitución ajena, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. En ese marco, al presentar breves notas ante el tribunal revisor, la defensa acompañó un informe elaborado por una trabajadora social que acreditaba que la mujer había sido víctima de violencia por motivos de género al momento de los hechos y que los había denunciado en al menos en ocho oportunidades. De ese informe no se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. |
| 25-sep-2025 | Juárez (causa N° 11468) | Una persona fue imputada por el delito de uso de documento privado falso y defraudación contra la administración pública, reiterado en tres oportunidades. La defensa del hombre imputado solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. En marzo de 2021 el tribunal oral interviniente le concedió el pedido por el término de un año, impuso la realización de tareas comunitarias, el pago de $20.000 y el cumplimiento de pautas de conducta. Durante el plazo previsto para la ejecución de la medida, la persona no cumplió con el pago y las tareas comunitarias y, por esa razón, su defensa solicitó prórrogas para su realización, que fueron concedidas. Luego de tres años, en 2024, el hombre había cumplido de manera parcial las obligaciones impuestas. Entonces, el tribunal oral declaró la extinción de la acción penal, consideró que no era exigible el pago de la suma adeudada ni la realización de las horas de tareas comunitarias pendientes y lo sobreseyó. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. |
| 8-jul-2025 | Albil (Causa N° 21641) | Una persona cumplía la pena que se le había impuesto en prisión domiciliaria. Entonces, fue imputado penalmente por tener estupefacientes. En función de eso, el fiscal requirió que se le revocara la detención domiciliaria. El juez de ejecución penal, sin haber dado intervención al asesor de menores, hizo lugar al pedido. La defensa recurrió la decisión. Durante la tramitación del recurso, intervino el asesor, que resaltó que la revocación del arresto domiciliario había afectado a los niños. En esa línea, transmitió el testimonio de la pareja del condenado que daba cuenta de esa situación. |
| 24-jun-2025 | Aguilar (Causa N° 45807) | Una mujer cumplía condena en prisión. Fue operada de urgencia por una fractura de rodilla y necesitó un tratamiento de rehabilitación para recuperar la movilidad. Tenía hijas menores de edad a las que no veía desde hacía más de un año, porque la familia no podía costear los traslados a la unidad penitenciaria. La defensa pidió que se le concediera la prisión domiciliaria. El juez de ejecución, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó la solicitud y ordenó al Servicio Penitenciario garantizar la atención médica en el lugar de alojamiento. La defensa recurrió la decisión. |
| 5-jun-2025 | Bejarano (Causa N° 13512) | Una persona apareció muerta dentro de su vehículo estacionado en una calle. La víctima había recibido cinco disparos en la cabeza y no había signos de forcejeos. En ese marco, la investigación apuntó a dos hermanos como autores del delito de homicidio agravado. Por ese motivo, allanaron la vivienda de uno de los hombres. Allí, encontraron estupefacientes dividido en pequeños paquetes. En el domicilio también vivía el padre de los sospechados. Entonces, los tres fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Durante el juicio oral, se tomó testimonio a una persona de identidad reservada. Ese testigo manifestó que existía una relación comercial de narcomenudeo entre la víctima y los hermanos imputados. Además, se analizó la geolocalización del celular de la víctima a través de la nube. Esa prueba indicó que la víctima estuvo en el local de los sospechados la noche de su muerte. En suma, se realizó una prueba odorológica con canes entrenados que ubicó a los acusados en el vehículo de la víctima. También se encontró material genético de uno de los imputados en el manubrio y palanca de cambios del vehículo del fallecido. En virtud de las pruebas producidas, el tribunal interviniente absolvió al progenitor y condenó a los dos hermanos a la pena de prisión perpetua. Contra esa sentencia, su defensa técnica interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, expuso que la investigación estuvo sesgada y que utilizaron pruebas ilícitas. Así, destacó que se afectó su derecho de defensa. Además, indicó que la pena privativa de la libertad impuesta era contraria a la normativa internacional. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal y la querella impugnaron la absolución del progenitor. Ante el tribunal de alzada, el representante del Ministerio Público Fiscal desistió de la impugnación contra la absolución del padre y solicitó que se mantuviera la sentencia condenatoria de los autores. |
| 5-jun-2025 | Vargas (Causa N° 4105) | Una persona cumplía una condena en prisión. Entonces, solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria debido a que su hermano, de 12 años de edad, padecía una parálisis cerebral espástica, retraso del desarrollo y se desplazaba en silla de ruedas. El juzgado de ejecución penal, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó la petición. Por ese motivo, interpuso un recurso de casación. |
| 6-may-2025 | Da Silva Neto (Causa N° 2157) | Una persona estaba detenida con prisión domiciliaria en el marco de una extradición requerida por la República Federativa de Brasil. En ese marco, la defensa solicitó su excarcelación y, subsidiariamente, requirió la morigeración de la detención domiciliaria, de modo que le permita circular por el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre otras cosas, sostuvo su petición en el embarazo de riesgo de su esposa, a la que se indicaron que debía permanecer con reposo absoluto, y a la necesidad de atender a sus dos hijos menores. El juez, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó ambos planteos, por lo que la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 9-abr-2025 | Colque Castro (Causa N° 9890) | Una mujer migrante, madre, en situación de vulnerabilidad y con problemas de salud, se encontraba detenida en prisión domiciliaria. La defensa solicitó su excarcelación. El juzgado federal interviniente rechazó el pedido. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. La cámara federal de apelaciones correspondiente confirmó la decisión. En consecuencia, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, postuló que el caso exigía un abordaje jurídico con enfoque y perspectiva de género; lo que implicaba que se contemplase la vulnerabilidad —sistemática y múltiple— presente en el desarrollo vital de su asistida, a la luz de los estándares de protección de los derechos humanos de las mujeres y en consonancia con lo que surgía del informe social efectuado por las profesionales del Programa de Atención de Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación. |
| 17-feb-2025 | Aguirre (reg. N° 52 y causa N° 6072) | Una mujer había sido imputada por el delito previsto por el artículo 125 bis, primer y tercer párrafo, del Código Penal según la ley N° 25.087. En la etapa de juicio oral, suscribió un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal. Allí, se encuadraron los hechos en la figura de facilitación de la prostitución ajena y se solicitó la pena de cuatro años de prisión. El fiscal agregó que, en caso de que se homologara el acuerdo, solicitaba que se unificara esa pena con una anterior en una pena única de cinco años de prisión. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal informó que su teoría del caso difería de la descripción de los hechos efectuada en el requerimiento de elevación a juicio. En ese sentido, consideró que la imputada no había formado parte de la propuesta engañosa por la que la víctima había comenzado a ejercer la prostitución ya que sólo se limitó a facilitar su ejercicio en su local. Finalmente, enfatizó que –al tener carácter de continua la conducta requerida en la elevación a juicio¬– se debía aplicar la ley N° 26.842 por ser la más benigna. La imputada prestó su conformidad al trámite abreviado, reconoció la existencia de los hechos, su intervención y consintió la calificación y la pena unificada.; La Defensoría Pública de Víctimas, en representación de la querellante S.A.N.V., solicitó el rechazo del acuerdo. En primer lugar, mencionó que luego de la audiencia preliminar y a pesar de que había puesto de manifiesto la voluntad de la querellante de formar parte de la discusión sobre los términos de un posible acuerdo, no había recibido ninguna propuesta. Agregó que no debía ignorarse que en el presente caso el deber de obrar con debida diligencia del Estado argentino se encontraba reforzado, dado que la víctima presentaba condiciones de vulnerabilidad determinadas por su género y situación de pobreza. Por otra parte, aseveró que los términos del acuerdo arribado contrariaban disposiciones convencionales que podrían traer aparejada la responsabilidad internacional del Estado ante la falta de juzgamiento de hechos que involucraban violencia de género en su modalidad de violencia sexual. Asimismo, especificó que, de homologarse el acuerdo se prescindiría de la realización del debate oral contra el consentimiento expreso de la víctima, vulnerándose su derecho de acceso a la justicia y de ser oída. Finalmente, indicó que el acuerdo omitía considerar cualquier tipo de reparación y que el silencio de las partes no podía desplazar el derecho de las víctimas a una reparación integral, garantizado por la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y otros instrumentos internacionales dirigidos a la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres.; El tribunal interviniente celebró una audiencia con carácter reservado –a fin de evitar su eventual revictimización– para escuchar a la víctima. La audiencia fue grabada para que las partes accedieran y pudieran ejercer su debido control. Luego, rechazó el acuerdo de juicio abreviado. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó la falta de motivación de la sentencia y cuestionó la realización de la audiencia sin la participación del acusador público. |