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FechaTítuloResumen
7-jul-2026GLS (Causa N° 5882)Una mujer se ocupaba de manera exclusiva del cuidado de su hija menor de edad. A su vez, percibía la Asignación Universal por Hijo y la prestación Alimentar. Sin embargo, en julio de 2022, ANSES suspendió su pago. Ante esa situación, la mujer efectuó una serie de reclamos administrativos, pero no obtuvo respuesta. En ese marco, en representación de su hija, inició una acción de amparo contra el organismo para que se reestablecieran los beneficios. En su respuesta, la parte demandada señaló que, dado que la AUH pertenecía al régimen no contributivo, ninguno de los progenitores debía realizar aportes al sistema. En ese sentido, aclaró que si bien los beneficios suspendidos se abonarían al padre de la niña –quien comenzaría a cobrar asignaciones familiares– no se le podían depositar las sumas porque no contaba con una boca de pago. Entonces, en forma excepcional se le abonaba la AUH a la madre. Con respecto a la prestación Alimentar, explicó que la actora debía acudir a la oficina más cercana a su domicilio con la documentación pertinente. Luego, el juzgado hizo lugar al reclamo. En consecuencia, ordenó a la ANSES que de inmediato liquidara y abonara ambas prestaciones a la accionante desde agosto de 2022 hasta que el progenitor acreditara el cobro de la asignación familiar. Con posterioridad, la cámara revocó esa decisión. Para decidir de ese modo, entendió que el amparo no era procedente porque no se había comprobado ni el pedido del reconocimiento del derecho ni su rechazo. Contra ello, la actora presentó un recurso extraordinario cuyo rechazo motivó una queja. Entre sus principales argumentos, expuso que se había vulnerado el principio de protección integral de la familia. Agregó que el fallo resultaba arbitrario, ya que había priorizado cuestiones formales por sobre el derecho alimentario de la niña. Por su parte, el Defensor General Adjunto dictaminó a favor de la admisión del recurso.
6-jul-2026Ramos y otro (causa N° ° 695)Dos jóvenes, de veinte y veintitrés años, fueron imputados por el delito de tenencia simple de estupefacientes. En su poder se habían secuestrado 3,50 gramos de marihuana. En ese marco, el juzgado dictó la falta de mérito y ordenó la realización urgente de un examen médico y psiquiátrico para determinar la existencia de adicción, secuelas o indicadores de consumo de sustancias. En ese sentido, se invocó el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). La defensa oficial de uno de los jóvenes interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio. Entre sus argumentos, sostuvo que la medida constituía una pericia médico-psiquiátrica compulsiva que exigía la participación activa del imputado y la revelación de información perteneciente a su esfera íntima. Además, alegó que la imposición del examen vulneraba la garantía contra la autoincriminación reconocida en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en instrumentos internacionales aplicables. Por último, argumentó que no se verificaban los presupuestos exigidos por el artículo 78 del CPPN para ordenar de manera obligatoria un examen mental. En ese sentido, destacó que el delito atribuido preveía una pena de uno a seis años de prisión y la persona imputada no encuadraba en ninguno de los supuestos especiales contemplados por esa norma. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal no formuló oposición a los agravios planteados por la defensa.
6-jul-2026Avallone (Causa N° 35443)En 2022, a un hombre le habían concedido la suspensión del juicio a prueba con sujeción a reglas de conducta por el plazo de dos años. Entre las reglas fijadas se había dispuesto la prohibición de contacto con la damnificada. En febrero de 2025, la DCAEP reportó que el imputado había cumplido la totalidad de las reglas. Luego, en mayo de ese año, un juzgado de instrucción informó al juzgado de ejecución que el hombre había sido imputado en enero por el delito de extorsión en grado de tentativa contra la damnificada. En julio, el juzgado de ejecución declaró finalizado el plazo de supervisión, tuvo por acreditado el cumplimiento de las reglas y remitió las actuaciones al tribunal oral interviniente para que adoptara el temperamento que considerara pertinente. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de apelación. En su presentación, señaló que el imputado había incumplido la prohibición de contacto. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación y revocó la suspensión del juicio a prueba. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación en el que planteó que la suspensión se había revocado cuando las reglas ya estaban cumplidas. A su vez, criticó la valoración de la denuncia del mes de enero de 2025 dentro del plazo de control, además de haberla equiparado a la comisión de un nuevo delito.
6-jul-2026IEF (Causa N° 66068)Un menor de edad fue imputado como autor del delito de encubrimiento agravado por la procedencia ilícita de los bienes y el ánimo de lucro. El hecho afectó a un hombre. Entonces, el joven y el damnificado arribaron a un acuerdo conciliatorio. El adolescente le pidió disculpas y se comprometió a no volver a cometer un hecho ilícito. La víctima aceptó las disculpas y manifestó su voluntad de finalizar el proceso.
3-jul-2026Bidart Parlante (causa N° 32838)En el marco de una causa penal, un hombre llevaba detenido más de un año y medio en una dependencia de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tribunal a cargo de la investigación ordenó su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, la que no se efectivizó por falta de cupos disponibles. Por estas razones, la defensa del hombre presentó un habeas corpus. El juzgado de turno hizo lugar a la presentación y ordenó nuevamente el traslado del detenido. Contra esa decisión, los representantes legales del Servicio Penitenciario Federal presentaron un recurso de apelación.
30-jun-2026YL (Causa N° 8843)Un hombre de nacionalidad china ingresó a la Argentina de manera irregular. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia. En consecuencia, se ordenó su expulsión del territorio y la prohibición de reingreso al país por cinco años. Pese a que el hombre recurrió esa resolución, el juzgado rechazó su petición. La decisión fue confirmada en todas las instancias posteriores, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego, el hombre solicitó la carta de ciudadanía argentina por naturalización. En el marco del proceso, presentó testigos para acreditar que se dedicaba al comercio, que había abierto un supermercado y que, por ende, tributaba en el país. Asimismo, afirmó que se encontraba integrado a la comunidad, donde residía junto a su esposa e hijos. El juzgado de primera instancia rechazó el pedido. Para arribar a esa decisión, tuvo en consideración la situación migratoria irregular del actor. Contra esa resolución, el hombre interpuso un recurso de apelación. En su presentación, manifestó, entre otras cuestiones, que habían transcurrido más de tres años desde la confirmación de la expulsión por la CSJN sin que esa medida se efectivizara. En ese sentido, alegó que en el derecho argentino se reconoce que los actos administrativos sancionatorios que no se ejecutan dentro de un plazo razonable pierden eficacia jurídica por caducidad, en virtud de los principios de legalidad, razonabilidad y seguridad jurídica. Por su parte, la fiscalía interviniente indicó que estaban acreditados los requisitos para que se le otorgara la ciudadanía, ya que cumplía con los dos años de residencia continua previa a la solicitud y no registraba antecedentes penales en Argentina ni en su país de origen. Además, sostuvo que –si bien el decreto 366/2025 modificó la Ley N° 346 de Ciudadanía y atribuyó a la Dirección Nacional de Migraciones la competencia para el otorgamiento de la ciudadanía, en lugar del Poder Judicial de la Nación– las actuaciones se iniciaron conforme al régimen previsto por la Ley N° 346. Por ende, señaló que debían tramitar de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 44 del referido decreto. Por todo ello, concluyó que la resolución recurrida debía ser revocada.
30-jun-2026DADLA (Causa N° 10638)Una mujer sufrió la sustracción del dinero que tenía depositado en su cuenta bancaria, mediante una maniobra fraudulenta consistente en la duplicación de la tarjeta SIM de su teléfono celular. Por ese motivo, demandó por daños y perjuicios a la empresa de telefonía móvil y citó como tercero al banco. El juzgado de primera instancia hizo lugar al reclamo y condenó a ambas entidades, de manera solidaria, a indemnizar a la mujer por los daños emergentes, moral y punitivo, con más los interés y costas. Para arribar a esa decisión, sostuvo que se trató de un caso de SIM swapping, que implica que un tercero logra que la compañía telefónica le transfiera el número de la víctima a una tarjea SIM que se encuentra en su poder, con el propósito de suplantar su identidad e interceptar las llamadas y los mensajes que le son dirigidos. Expresó que se trata de una práctica riesgosa, dado que numerosos servicios en línea, incluidos los bancarios, utilizan el número de teléfono como método de verificación de identidad. En ese sentido, consideró que la prestadora del servicio de telefonía móvil incumplió con su obligación de tomar las medidas de seguridad adecuadas para identificar a los usuarios y, de ese modo, evitar la adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado de sus datos. Afirmó también que la sola transgresión de ese deber resulta suficiente para generar responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados. Además, atribuyó responsabilidad al banco por la fragilidad de su sistema de seguridad, que no permitió detectar el carácter sospechoso de las transferencias realizadas en un breve lapso y por montos elevados. Además, remarcó que la obligación de seguridad en los servicios bancarios digitales conlleva un deber reforzado, cuyo incumplimiento configura responsabilidad objetiva. Contra esa resolución, los apoderados de las compañías interpusieron recursos de apelación. En sus presentaciones, cuestionaron la responsabilidad atribuida y la indemnización fijada.
26-jun-2026LMC (Causa N° 108035)En el marco de un proceso penal, se declaró inimputable a una mujer y se la sobreseyó. Asimismo, se ordenó su internación involuntaria, a fin de que realizara un tratamiento interdisciplinario en salud mental. Con el objetivo de que se controlara la evolución y el seguimiento del tratamiento, se remitieron las actuaciones a un juzgado civil. En ese contexto, la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) intervino en su defensa. Tras compulsar la historia clínica de la asistida, los integrantes del equipo interdisciplinario de la Unidad elaboraron un informe en el que advirtieron, entre otras cuestiones, una constante y frecuente implementación de sujeciones mecánicas. Al respecto, consideraron que la aplicación de estas medidas debe responder a una política sanitaria coherente, justificada, monitoreada. Asimismo, entendieron que debía reevaluarse su necesidad de manera regular y con la correspondiente registración en la historia clínica. Además, manifestaron que es importante valorar su funcionalidad terapéutica y que se ensayen y registren otras estrategias. A su vez, afirmaron que la indicación de las medidas debe estar a cargo de un equipo interdisciplinario. Frente a esa situación, la Unidad solicitó la declaración de ilegalidad de las medidas de sujeción. En respuesta, el juzgado resolvió que la cuestión planteada excedía el objeto de las actuaciones en trámite, dado que merecía un ámbito de conocimiento que posibilitara mayor debate y prueba. Así, solicitó que se canalizara por separado, por la vía y forma que correspondiera. Contra esa decisión, la Unidad interpuso un recurso de apelación. En su presentación, sostuvo que el juzgado requirió informes sobre las sujeciones mecánicas a las que fue sometida la mujer e hizo saber que se trataban de medidas excepcionales, por lo que, de esa forma, aceptó que la cuestión integraba el objeto de las actuaciones. Asimismo, consideró que el control judicial de la internación debía comprender las condiciones concretas de su ejecución y el conjunto de las intervenciones terapéuticas durante su vigencia. Por todo ello, requirió que se rectificara lo resuelto y se declarara la ilegalidad de las medidas de contención impuestas. Por su parte, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Nacionales de Segunda Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo, en su dictamen, adhirió a la presentación de la Unidad de Letrados.
25-jun-2026Acuña (Causa N° 25334)Un tribunal oral condenó a una mujer a una pena de cuatro años de prisión por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Durante la ejecución de la pena, el juez a cargo le otorgó la prisión domiciliaria con fundamento en el interés superior de dos hijas. En ese período, también autorizó egresos del domicilio. Luego, la defensa solicitó la incorporación de la mujer al régimen preparatorio para la liberación previsto en el artículo 56 quater de la ley N° 24.660. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió la producción de informes para evaluar la procedencia del pedido. El juez a cargo de la ejecución tuvo en cuenta que la mujer cumplía pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria y declaró abstracto el planteo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de reposición. Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la prisión domiciliaria no excluía la sujeción al régimen progresivo de la pena y dictaminó a favor de la procedencia del recurso. El tribunal oral rechazó el recurso. Para decidir de esa manera, consideró que el acuerdo entre la defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal no resultaba suficiente para habilitar la aplicación del régimen preparatorio para la liberación. A su vez, señaló que ese instituto sólo era aplicable a personas alojadas en establecimientos penitenciarios. La defensa interpuso un recurso de casación. Radicada la causa en la Cámara Federal de Casación Penal, el representante del Ministerio Público Fiscal no expresó su posición.
25-jun-2026MIL y otro (Causa N° 14979)Dos jóvenes de dieciséis y diecisiete años interceptaron a otro al salir de la escuela. Uno de ellos lo empujó y le provocó lesiones. Con posterioridad, le envió mensajes telefónicos con insultos y amenazas. Además, le exigió dinero. Luego, los jóvenes fueron imputados por el delito de amenazas. Durante el proceso, los imputados y la víctima celebraron un acuerdo conciliatorio. En la audiencia correspondiente, los agresores pidieron disculpas y expresaron su arrepentimiento. La víctima aceptó el ofrecimiento.