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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 8-oct-2024 | Soto (Causa N° 42608) | Un hombre estaba detenido. Era padre de una niña menor edad. En este contexto, su defensa solicitó el arresto domiciliario. El tribunal, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó el pedido. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 7-oct-2024 | ZMR (Causa N° 85015-2017) | En 2010, dos personas de nacionalidad china tuvieron una hija en Argentina. Al poco tiempo, se separaron y la niña quedó a cargo exclusivo de su progenitor, ya que la madre se retiró del hogar. En ese contexto, el hombre vivía con la niña y sus otros hijos en un pequeño espacio dentro de su local gastronómico. Sin embargo, se le dificultaba afrontar las necesidades y cuidados que requería la niña, por entonces de corta edad. Entonces, una vecina de un comercio contiguo les brindó ayuda en varias ocasiones. Así, la niña de dos años comenzó a vincularse con la mujer, pasar más tiempo con ella y a considerarla una referente afectiva. La niña también forjó vínculos con la familia de la mujer. Frente a esa situación, el progenitor de la niña le propuso a la mujer que se hiciera cargo de su hija en forma definitiva. Luego, en 2014 viajó a China junto a sus otros hijos –quienes se instalaron en Europa– y, al regresar al país, reiteró su propuesta de delegar los cuidados de la niña a la mujer. En 2015, la mujer solicitó en sede judicial la guarda provisoria de la niña para poder efectuar trámites y mantener su escolaridad. El juzgado hizo lugar al pedido. Al tiempo, inició otro expediente de guarda para poder resolver de forma definitiva la situación de la niña. Después, recondujo su pretensión, requirió la adopción simple y la eximición de la obligación de inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA). Asimismo, se llevó a cabo un informe socioambiental, que dio cuenta del lazo afectivo entre la guardadora y la niña. En esa ocasión, la niña expresó su deseo de ser adoptada por la mujer y de continuar el vínculo con su padre, al que veía con frecuencia. Por su parte, en la entrevista con el equipo interdisciplinario, el hombre manifestó su intención de seguir participando en la toma de las decisiones importantes para la vida y el desarrollo de su hija, ya adolescente. A su turno, la defensora de menores e incapaces, luego de entrevistar a la joven, emitió su dictamen. En esa oportunidad entendió que la protección del interés superior de la adolescente exigía una respuesta judicial que resolviera de forma definitiva su situación en virtud de la realidad familiar. Manifestó que era necesario que el derecho reconociera el vínculo que unía a la mujer con la adolescente a través de la adopción simple para que aquella pudiera ejercer la responsabilidad parental junto con el progenitor biológico, tal como sucedía en los hechos. Para ello, respecto a la mujer solicitó que se declarara la inaplicabilidad de los artículos 600, inciso b (la imposición de inscripción previa en el RUAGA); 611 (la prohibición de las guardas de hecho); 613 y 616 (las previsiones en torno a la selección de los pretensos adoptantes y el período de guarda) y 618 (el efecto temporal de la sentencia de adopción). En cuanto al progenitor, planteó la inaplicabilidad del artículo 627, inciso a, ya que si se aplicaba ese artículo se extinguiría la responsabilidad parental respecto de él. Además, explicó respecto del artículo 699 inciso e) (extinción de la responsabilidad parental frente adopción del hijo por un tercero) que no era absoluto. Añadió que, en el caso, si bien el progenitor biológico y la pretensa adoptante no tenían un vínculo de pareja, habían conformado un sistema de parentalidad conjunto respecto de la adolescente, un modo de maternar y paternar único que constituía un sistema familiar. Con relación a la progenitora biológica, requirió que se la privara de la responsabilidad parental, debido a que se había configurado en el caso la causal de abandono prevista por el artículo 700, inciso b del Código Civil y Comercial de la Nación. Por último, solicitó que se creara vínculos jurídicos con la familia ampliada de la pretensa adoptante. |
| 3-oct-2024 | Ramos Padilla | El apoderado de un partido político presentó una denuncia ante el fuero ordinario de La Plata contra el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 con competencia electoral de La Plata. La jurisdicción local declinó su competencia. Entonces, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata remitió las actuaciones al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3. Sin embargo, el juez a cargo de ese juzgado se declaró incompetente para intervenir por razón de la materia, basado en el artículo 146 duovicies del Código Electoral Nacional. |
| 3-oct-2024 | Acosta (Formalización) (Causa N° 22285) | El escuadrón de Gendarmería realizaba un control de rutina sobre la ruta 7, en Mendoza, e inspeccionó un colectivo de larga distancia. El personal notó nervioso a uno de los pasajeros al requerirle el documento y requisó su equipaje: en una mochila secuestró dieciocho envases plásticos de talco con una sustancia blanca. Un narcotest arrojó resultado positivo y el hombre fue detenido. En la audiencia de formalización, la fiscalía le atribuyó el transporte de 2,444 kg de cocaína y solicitó prisión preventiva. La defensa solicitó la imposición de medidas menos gravosas. |
| 2-oct-2024 | AAM (Causa Nº 7203) | Un hombre tenía una discapacidad psicosocial. En el marco de un proceso judicial, se le restringió su capacidad jurídica. A su vez, se le designó un apoyo para actos de administración y disposición de bienes así como para la atención de su salud, asistencia social y acompañamiento. En esa oportunidad, se dejó asentado que –entre otros actos– el hombre no podía intervenir por sí en sede judicial y/o administrativa. Con posterioridad, el hombre se presentó por derecho propio con patrocinio letrado y solicitó que se lo autorizara a testar por acto público. Para ello, peticionó una audiencia con la presencia de su apoyo. A raíz del pedido, la asesora de incapaces solicitó que de forma previa el apoyo aceptara el cargo y acompañara un informe sobre los bienes de la persona. Una vez cumplido, la asesora realizó observaciones y requirió medidas. De esa intervención se dio traslado al hombre, quien se presentó con nuevo patrocinio letrado. En su contestación, insistió en el requerimiento de audiencia junto con su apoyo para poder expresar su voluntad respecto a testar por acto público. El juez hizo lugar al pedido, lo tuvo por presentado y designó fecha de audiencia con intervención del equipo interdisciplinario. Por su parte, la asesora apeló y solicitó que se declarara la nulidad del pedido. Entre sus argumentos, expuso que el apoyo debió efectuar la presentación y que no alcanzaba con que adhiriera al pedido de la persona con capacidad restringida. En ese sentido, señaló que en la sentencia se le había limitado la posibilidad de actuar por sí en juicio. Agregó que la celebración de un testamento significaba disponer de su patrimonio, lo que también se había restringido en su caso. |
| 1-oct-2024 | EAG (causa N° 575) | Una pareja fue investigada por maniobras vinculadas al delito de lavado de activos. Por estos hechos, la mujer fue citada a prestar declaración indagatoria. Entonces, la defensa solicitó la suspensión de la citación para que distintos organismos especializados, entre ellos, el Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad y el Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación pudieran producir sus informes. De forma posterior, las áreas señaladas constataron en informes que la mujer era víctima de violencia por motivos de género por parte del varón imputado. En particular, determinaron que la mujer presentaba un perfil psicológico asociado a la vulnerabilidad psíquica por haber sido víctima de violencia económica, física, psicológica y sexual en contexto de violencia de género por parte del hombre por más de veintiocho años. Además, señalaron que, si bien se había separado, él había continuado ejerciendo violencia psicológica a través de amenazas, insultos, humillaciones al igual que violencia económica y que la mujer no había podido disponer de los bienes gananciales del matrimonio. Por este motivo, la defensa planteó la excepción de falta de acción y su sobreseimiento. |
| 30-sep-2024 | MRS (Causa N° 34496) | Un hombre fue internado de manera involuntaria en un hospital especializado en salud mental. Con posterioridad, el equipo tratante elaboró un informe en el cual se consignó que no presentaba riesgo cierto e inminente. Indicó también que se hallaba compensado. No obstante, el equipo justificaba la prolongación de la internación involuntaria en el tipo de diagnóstico, en la carencia de redes socio-familiares y en la necesidad de obtener un turno médico en su obra social como condición previa para el alta. Asimismo, con relación a las perspectivas de externación, refirió que continuaba trabajando sobre las variables vinculadas al egreso (vivienda, obra social y trabajo). Por su parte, el informe del equipo interdisciplinario de la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) –que tomó intervención en el control de internación– coincidió en que el paciente no existía riesgo cierto e inminente que justificara la continuidad de la internación, por lo que estaba en condiciones de recibir el alta y ser externado a la brevedad. El informe resaltó que la prolongación de la internación respondía a criterios poco claros, alejados de lo clínico-sanitario, ya que se fundaba en aspectos personales del usuario –vivienda y trabajo– respecto de los cuales él no había solicitado asistencia alguna y que, hasta el momento de su internación, gestionaba de forma autónoma. En cuanto a su situación socioeconómica, destacó que el asistido contaba con empleo en relación de dependencia y con cobertura de salud, lo que le permitiría continuar su tratamiento de manera ambulatoria conforme a la sugerencia del propio equipo tratante. Con respecto al turno médico requerido como condición para el egreso, informó que la imposibilidad de obtenerlo obedecía a un inconveniente de índole administrativa que el usuario podría resolver mediante un trámite personal una vez obtenida el alta. En virtud de lo expuesto, la Unidad solicitó al juzgado civil interviniente, por un lado, que se recabara la voluntad del usuario respecto de su internación a fin de que suscribiera un consentimiento informado; y que, en caso de que no lo prestara, se le otorgara el alta inmediata. Por otro lado, debido a que el usuario estaba en condiciones de concurrir en persona, pidió que se oficiara al RENAPER a fin de que concurriera al hospital a tramitar el DNI. |
| 26-sep-2024 | Ibañez Colque (Causa N° 12104) | El Ministerio Público Fiscal solicitó extender el plazo de la prisión preventiva. La defensa se opuso y alegó que el imputado había estado 8 días privado de su libertad con la medida cautelar vencida. Entre sus argumentos sostuvo que la detención había sido ilegal y solicitó su libertad. El juez de garantías rechazó el planteo y la defensa impugnó. |
| 24-sep-2024 | EHA y otros (Causa N° 48901) | Tres adultos y un menor de edad forzaron un vehículo estacionado en la vía pública en zona Costanera y sustrajeron los elementos que se encontraban en su interior. Luego, se subieron a un auto y huyeron. Personal de seguridad del puerto advirtió la situación por sus cámaras de seguridad e informó a la prefectura naval. Entonces, las fuerzas de seguridad detuvieron a los involucrados en el hecho. Luego, fueron imputados por el delito de robo en poblado y en banda. Durante el proceso, llegaron a un acuerdo conciliatorio con la titular del automóvil dañado y con el dueño de los elementos sustraídos de su interior. En ese marco, les pidieron disculpas y ofrecieron pagarles una suma de dinero. Las víctimas aceptaron la propuesta. Sin embargo, la representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera negativa. Entre sus argumentos, sostuvo que las personas imputadas tenían antecedentes penales. Sin perjuicio de ello, el tribunal interviniente homologó la conciliación. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. |
| 24-sep-2024 | TS y otra (Causa N° 54628) | Una adulta y un menor de edad intentaron forzar un vehículo estacionado en la calle para sustraer la batería. La situación fue advertida por el Centro de Monitoreo Urbano que informó a la policía. Entonces, las fuerzas de seguridad se acercaron al lugar y detuvieron a la pareja. Por ese hecho, fueron imputados por el delito de robo simple en grado de tentativa. Durante el proceso, la pareja arribó a un acuerdo conciliatorio con el dueño de automóvil. Entonces, le ofrecieron un pedido de disculpas y una suma de dinero que la víctima aceptó. Sin embargo, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera negativa. Entre sus argumentos, expuso que los imputados tenían antecedentes penales. Sin perjuicio de ello, el tribunal interviniente homologó la conciliación. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. |
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