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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 24-oct-2016 | RCA c. GCBA y otros | Un joven con discapacidad inició una acción de amparo contra el GCBA y contra una escuela con el objeto de que se le entregue el certificado oficial de finalización de estudios secundarios y la documentación oficial escolar que corresponda en las mismas condiciones que a sus compañeros. Asimismo, solicitó que se ordene al Ministerio de Educación local que se abstenga de obstaculizar la entrega de su título y que se declare la inconstitucionalidad del art. 4 bis de la disposición 25/DGEGP/2011 y la restante normativa local que condiciona la entrega del título al cumplimiento de objetivos estándar contemplados en la currícula. Las demandadas solicitaron el rechazo de la pretensión del actor por considerar que el joven no se encontraba en condiciones de obtener el certificado de estudios solicitado conforme a la legislación y reglamentación vigentes por haber cursado el nivel secundario bajo la modalidad de "Proyecto pedagógico individualizado" (PPI). |
| 21-oct-2016 | MJE | Tres personas abordaron a una pareja en la vía pública y, mediante la exhibición de un arma de fuego, los obligaron a subir a un vehículo. Durante el trayecto, los damnificados fueron despojados de sus pertenencias. Luego, los hombres tuvieron que detener el vehículo para cargar nafta. Sin embargo, el automóvil no volvió a arrancar. Por ese motivo, abandonaron a la pareja y se escaparon a pie. Uno de ellos fue identificado e imputado por dos hechos. El primero se calificó como secuestro extorsivo en concurso ideal con robo en poblado y en banda. El segundo, como robo en poblado y en banda. El Tribunal Oral lo absolvió respecto del primer hecho y lo condenó a la pena de tres años de prisión por el segundo. Esa decisión se fundó en la sospecha informada por la Oficina de Fiscales, donde se registraron hechos llevados a cabo con un modus operandi similar en la misma zona. Según el informe, el imputado había sido denunciado en cuatro oportunidades. Sólo en una de ellas se lo encontró responsable y la cuarta denuncia correspondía a los hechos denunciados en este caso. Por otra parte, al momento de realizarse la rueda de reconocimiento, una de las víctimas manifestó reconocer al acusado en un cuarenta por ciento. Sin embargo, en esa misma rueda reconoció a otra persona que no había tenido ninguna relación con los hechos de la causa. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 21-oct-2016 | Hardcastle (reg. Nº 834 y causa Nº 42941) | Una mujer detenida presentaba un problema de adicción. Por ese motivo, se encontraba incluida en el Centro de Rehabilitación para Drogodependientes. Una vez cumplidos más de dos tercios de su condena, la defensa solicitó su incorporación al régimen de libertad condicional. En su informe, la administración penitenciaria señaló que la mujer había evolucionado de manera favorable en áreas como educación y trabajo y que se encontraban reunidos los requisitos legales. Sin embargo, hizo saber que contaba con diversas sanciones disciplinarias y debía trabajar las reacciones violentas ante pensamientos y discursos diferentes al suyo. De todas maneras, el Consejo Correccional se pronunció a favor de la incorporación requerida. El Juzgado de Ejecución Penal Nº 4 rechazó la libertad condicional solicitada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 20-oct-2016 | LV, D | Una mujer detenida en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza presentó un habeas corpus en representación de las integrantes de dicho pabellón. Allí, denunció que durante las requisas efectuadas en el establecimiento las mujeres eran obligadas a quitarse la ropa y realizar movimientos humillantes. Ante esta situación, se solicitó la modificación del régimen de requisas vigente. El juez de primera instancia hizo lugar a la acción y ordenó al director del Complejo Penitenciario la implementación de mayores medios tecnológicos durante las requisas. Posteriormente, la Procuración Penitenciaria denunció el incumplimiento de la decisión y presentó un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dispuso el cumplimiento de la sentencia en el término de quince días. Contra esa resolución el Servicio Penitenciario interpuso un recurso de casación. |
| 20-oct-2016 | CLO | La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata había revocado el arresto domiciliario concedido a una persona de 77 años procesada por delitos de lesa humanidad. Para arribar a esa decisión, los jueces valoraron un informe médico de abril de ese año, que informaba que el estado de salud del imputado era “regular”. Sin perjuicio de esto, se hacía saber que el detenido padecía diversas patologías oftalmológicas graves que lo habían llevado a estar ciego de un ojo. Sin embargo, los jueces concluyeron que la situación no revestía la extrema gravedad requerida para la concesión del arresto domiciliario. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación y, en oportunidad de celebrarse la audiencia ante la Cámara, señaló que su cuadro de salud había empeorado y aportó como prueba un certificado de discapacidad y nuevos informes médicos. |
| 19-oct-2016 | MTL | El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Villa Gesell recibió una denuncia de maltrato efectuada por una adolescente contra su progenitora y su pareja. Con posterioridad, tomó conocimiento de que la joven se encontraba en situación de calle con su hijo de dos años. A raíz de un informe médico que constató que el niño contaba con golpes, escoriaciones y hematomas, el Servicio Local decretó la medida de abrigo institucional por advertir riesgo vital para el niño al no encontrarse contenido en su grupo familiar. El organismo autorizó que el niño permanezca de manera momentánea y provisoria al cuidado de referentes comunitarios no inscriptos en el Registro de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción. La abuela materna del niño solicitó el reintegro de su nieto. La Asesora de Incapaces, en representación de la madre del niño, solicitó que se autorice el contacto madre-hijo. La jueza de primera instancia rechazó ambos pedidos, declaró la situación de adoptabilidad del niño y dispuso su guarda con fines de adopción. Dicho pronunciamiento fue apelado por las Asesoras de Incapaces –intervinientes en representación del niño y su madre, por entonces menor de edad–, la abuela del niño y los referentes comunitarios no inscriptos en el Registro de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción. El tribunal de segunda instancia confirmó lo resuelto. Tal decisión fue impugnada por las titulares de las Asesorías de Incapaces Nº 1 y 2 de ese departamento judicial y por la abuela del niño. |
| 19-oct-2016 | ARH y otro c. EN Ministerio de Seguridad PFA | El Sr. A ejerció violencia psicológica y física contra su pareja y sus dos hijas. A raíz de esto, la esposa decidió abandonar el hogar común junto a las dos niñas y promovió una acción civil sobre violencia familiar contra su marido. El juzgado interviniente ordenó una prohibición de acercamiento contra el Sr. A y autorizó a la mujer a retirar sus efectos personales del domicilio que compartía con el demandado con personal de la Policía Federal Argentina. En cumplimiento de esa medida, la Sra. S. se dirigió al domicilio acompañada por dos suboficiales de la PFA. Sin embargo, como consecuencia de la actitud pasiva y negligente de los suboficiales, el Sr. A. asesinó a su ex pareja y luego se suicidó. Las hijas del matrimonio se presentaron con sus letrados apoderados e iniciaron una demanda contra el Estado Nacional –Ministerio del Interior–, Policía Federal Argentina, el comisario y los suboficiales y reclamaron la suma de $ 2.000.000 en concepto de daños y perjuicios por la muerte de sus dos padres. |
| 18-oct-2016 | CVAG | Una persona que se desempeñaba en la Policía Metropolitana había presentado una serie de certificados médicos apócrifos en su lugar de trabajo para justificar licencias médicas. En consecuencia, fue imputada por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y uso de documento privado falso reiterado. Su defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la probation. A tal fin, argumentó que el hecho de que la imputada fuera funcionaria pública obstaba su concesión. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 18-oct-2016 | C, RO c. C, ON | En el marco de un contrato de fideicomiso sobre bienes provenientes de una herencia se estableció como fideicomisaria a una niña y a otras dos personas. El padre de la niña inició una demanda de nulidad de acto jurídico contra los otros beneficiarios del contrato con el objeto de que los bienes regresen a la herencia de los padres –prefallecidos– del actor. Uno de los codemandados solicitó la designación de un abogado del niño para que se resguarden sus intereses. El juez de primera instancia desestimó la petición por considerar que la niña ya contaba con la representación de la Asesora de Menores. El codemandado interpuso recurso de apelación. |
| 13-oct-2016 | A, VG y S, AC | Dos personas habían sido imputadas por la comisión de delitos contra la propiedad. Posteriormente, llegaron a un acuerdo conciliatorio con las presuntas víctimas. El fiscal se opuso a su homologación. Consideró, entre otras cuestiones, que la conciliación era una forma de ejercicio del principio de oportunidad y, ante la falta de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (ley Nº 27.063), no podía aplicarse la causal de extinción de la acción penal regulada en el art. 59 inc. 6 del CP. |
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