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10-may-2018Biscardi Banchero (Causa Nº52172)Un hombre se subió al taxi y le solicitó al conductor que los llevara hasta una dirección determinada. Una vez que llegaron a destino, el pasajero manifestó que no poseía dinero para abonar el costo del viaje y que se bajaría para solicitar dinero a sus amigos. Sin embargo, al descender del vehículo comenzó a correr. El taxista se comunicó con la policía y el hombre fue detenido e imputado por el delito de estafa. En el marco del proceso penal, la defensa requirió una audiencia a los fines de ofrecer una medida de resolución alternativa. El juzgado rechazó el pedido por considerar que el instituto de conciliación o reparación integral no se encontraba vigente. Contra esa decisión, interpuso un recurso de reposición y apelación en subsidio. Además, acompañó un acta con un acuerdo suscripto entre el imputado y el damnificado por el cual el primero le ofrecía al segundo el pago una suma de dinero superior a la del costo del viaje en taxi. Luego, la defensa entregó al tribunal el dinero al que se había comprometido en el acuerdo y solicitó su sobreseimiento.
10-may-2018OAE (causa N° 24837)Un grupo de personas fue imputado por haber formado una organización destinada a imponer su ideología y combatir las ajenas mediante el uso de fuerza y temor. Uno de sus integrantes era menor de edad y fue acusado, además, por la comisión de lesiones leves y graves, doblemente agravadas. Durante el debate de juicio oral, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas solicitó que el joven asistiera al Museo del Holocausto, en carácter de medida educativa. En subsidio, propuso que se le impusiera una pena de ocho años de prisión. Luego, la querella –en representación de una de las víctimas– requirió que se declarase su responsabilidad penal, se ordenara su detención y se le impusiera una medida educativa por el término de un año. Por su parte, la fiscalía tuvo en consideración su condición de menor de 18 años, y solicitó que se lo declarara responsable y fuera sometido a un tratamiento tutelar por el período de un año, consistente en cursar asignaturas de derecho constitucional y derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por último, su defensa consideró desproporcionadas las penas solicitadas por las querellas y postuló su absolución por aplicación de la ley N° 22.278.
9-may-2018CMY y otros (causa Nº 3870)En la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, se allanaron tres locales nocturnos. Allí, se encontraron mujeres de distintas nacionalidades que ejercían la prostitución. Por tal razón, cinco personas fueron imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. A una de ellas, CMA, se le imputó haber recibido y acogido a las víctimas, como así también haber administrado y regenteado uno de los negocios. Según los testimonios incorporados al expediente, el trabajo de CMA consistía en cobrar y anotar las “copas” y los “pases” de las víctimas. Luego, entregaba el dinero a la dueña del local. Durante el debate, la imputada declaró que era vecina del lugar desde hacía más de diez años. En particular, sostuvo que era sólo una empleada del comercio, y que había aceptado el trabajo porque conocía el lugar y había visto su habilitación municipal y las libretas sanitarias de las mujeres. Además, indicó que poseía un sueldo fijo por su labor y recibía propinas por “copeo”. En oportunidad de alegar, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se le impusiera una pena de ocho años de prisión. Por su parte, la defensa destacó que CMA no se encontraba en una relación de autoridad respecto de las víctimas. Por ese motivo, consideró que la conducta de su asistida era atípica y, en consecuencia, solicitó su absolución.
9-may-2018PE (causa Nº 62278)Un individuo fue detenido y procesado por el delito de robo agravado por el uso de armas y por haber sido cometido en poblado y banda, en grado de tentativa. El imputado registraba una sentencia absolutoria recurrida que tramitaba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, en el marco de otro proceso, había suscripto un acuerdo de juicio abreviado cuya homologación se encontraba pendiente. Transcurridos cinco meses desde su detención, la defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable a la solicitud. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo, señaló que el tiempo que el sujeto llevada detenido no resultaba desproporcionado en relación con la escala penal prevista para el delito imputado. Asimismo, indicó que si bien no registraba antecedentes condenatorios, contaba con procesos en trámite. Sobre la base de esos fundamentos, el tribunal sostuvo que no podía descartarse una hipotética unificación de las tres causas, cuya pena fuera de cumplimiento efectivo. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
9-may-2018CEL (causa Nº 37505)Una persona había cumplido una condena en una unidad penitenciaria de tránsito. A su vez, la mayor parte de su pena la había cursado en prisión preventiva. De ese modo, no había recibido ningún tipo de tratamiento penitenciario acorde con el régimen progresivo de la pena. Ante una nueva imputación, suscribió un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal. Allí, las partes acordaron que no correspondía la declaración de reincidencia. Sin embargo, al dictar sentencia, el Tribunal Oral lo declaró reincidente. Para decidir de esa manera, consideró que el imputado había cumplido pena como condenado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
9-may-2018BDV (causa N° 42008604)Cuatro personas fueron imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Una de ellas era menor de edad. Durante la etapa de juicio, suscribió un acuerdo de juicio abreviado. La fiscalía solicitó que se declarase la responsabilidad penal del imputado. Además consideró que, dado el grado de resocialización alcanzado por el joven, no correspondía aplicarle una pena. Por su parte, la defensa y la asesora de menores se expidieron de manera favorable a la propuesta.
8-may-2018Mendoza (reg. Nº 500 y causa Nº 164637)Una persona cumplía una pena de efectivo cumplimiento. Había pasado casi diez meses en esa situación sin haber sido incorporada al régimen de condenados, por lo que no le fue impuesto ningún tipo de tratamiento. Cumplido el requisito temporal y los reglamentos carcelarios, la defensa solicitó la libertad condicional. El Consejo Correccional no pudo elaborar un informe positivo ya que no se le había aplicado un tratamiento como condenado. El Juzgado de Ejecución Penal rechazó el pedido. Consideró que el condenado no contaba con un pronóstico de reinserción social favorable. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
8-may-2018Daloi (causa N° 19446)En el mes de marzo del 2014, un hombre libró un cheque de pago diferido. Luego, efectuó la denuncia de su extravío ante una comisaría y expidió una contraorden de pago. Al ser presentado al cobro, el cartular fue rechazado. Por tal razón, el hombre fue imputado en los términos del artículo 302, inciso 3°, primer supuesto, del Código Penal. Durante la etapa de instrucción, suscribió un acuerdo de conciliación con la persona damnificada en el que se pactó el pago del monto de dinero adeudado. Luego, la víctima fue citada a prestar declaración testimonial. En esa oportunidad, ratificó el acuerdo, relató que el daño había sido reparado en su totalidad y que no tenía interés en continuar con el trámite del expediente. El Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al acuerdo, por considerar que se había garantizado el acceso a la tutela judicial efectiva.
8-may-2018BMJ (causa Nº 160637)Un individuo se encontraba condenado a una pena de prisión. Esa condena fue unificada con una pena dictada por otro tribunal. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Durante el trámite de la impugnación, el imputado cumplió la mitad de la pena impuesta. Por tal razón, la defensa solicitó su incorporación al régimen de salidas transitorias. El Consejo Correccional de la Unidad Penitenciaria se expidió de manera favorable. El juzgado de ejecución rechazó el planteo, por entender que el imputado registraba una condena pendiente en los términos del artículo 17, apartado II, de la ley Nº 24.660 y 34, inciso c), del decreto reglamentario N° 396/99. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
8-may-2018LMG (causa Nº 2496)Una persona conducía su automóvil cuando chocó una moto con dos personas a bordo. Una de ellas falleció y la otra sufrió lesiones graves. El conductor del vehículo, que no poseía antecedentes penales, fue procesado por el delito de homicidio culposo en concurso real con lesiones graves culposas. En etapa de juicio, solicitó que se le concediera la suspensión de juicio a prueba. El tribunal rechazó el pedido. Entonces, suscribió un acuerdo de juicio abreviado. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición de una pena a tres años de prisión de efectivo cumplimiento y la inhabilitación para conducir por el término de diez años. El Tribunal Oral condenó al conductor en los términos requeridos. Contra esa decisión, el imputado interpuso un recurso de casación in pauperis. Al fundamentar la impugnación, su defensa sostuvo que la sentencia resultaba arbitraria, por no haber sido debidamente fundada. El Tribunal Oral declaró inadmisible el recurso. Para decidir de esa manera, consideró que la admisión voluntaria del acuerdo de juicio abreviado por parte del imputado obstaba a la admisibilidad de la impugnación. La defensa interpuso un recurso de queja ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. La Sala de Turno declaró su inadmisibilidad, entendió que la impugnación sólo guardaba relación con el modo de cumplimiento de la pena y que, en tal sentido, carecía de debida fundamentación. Contra esa decisión, se interpuso un recurso extraordinario federal, cuyo rechazo motivó la interposición de un recurso de queja. En dicha oportunidad, la defensa sostuvo que se había desconocido el derecho de revisión de la condena y de la pena, previstos en el artículo 14, inciso 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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