ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
14-sep-2022	Lorenzo (causa N° 1882)	Una persona había sido acusada de evadir el pago del Impuesto a las Ganancias del año 2006 por la suma de $4.561.679,71, delito previsto en el artículo 2, inciso a, en función del artículo 1, de la ley N° 24.769. En la etapa de juicio oral, se dejó sin efecto el debate oral y público fijado y se celebró una audiencia a los fines de evaluar la posible aplicación del régimen de moratoria previsto en la ley N° 27.562. Luego de la intimación efectuada por el tribunal, la defensa expuso que los problemas “téc-nicos y/o procedimentales” de su asistida para incorporarse al plan de facilidades vigente no debe-rían ser un impedimento para solucionar de manera alternativa el conflicto. Por esa razón, solicitó la extinción de la acción penal en función del artículo 59, incisos 5 y 6, del Código Penal. Sin embargo, la AFIP/DGI –constituida como parte querellante– se opuso al pedido. En ese sentido, explicó que el objeto de las actuaciones era un delito tributario y que la figura extintiva por pago sólo sería aplicable según el artículo 16 del régimen penal tributario.
14-sep-2022	Alderete (causa N° 7377)	Un hombre fue detenido y procesado por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con el empleo de un arma de fuego. Al momento de su detención se identificó correctamente y se constató su domicilio. El hombre no registraba antecedentes. En la etapa de preparación del juicio oral, su defensa solicitó la excarcelación. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 16 no hizo lugar al pedido. Entre sus argumentos, consideró que la situación del imputado no encuadraba en ninguna de las hipótesis de los art. 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación porque la escala penal aplicable superaba los ocho años de prisión. También tuvo en cuenta la gravedad de los hechos imputados y que la víctima era una mujer de 72 años que había sido golpeada y amenazada en el interior de su domicilio y que había manifestado que todavía sentía temor. Por otra parte, señaló que no se habían modificado las circunstancias que dieron fundamento al rechazo de la excarcelación casi un año antes. Además, agregó que el tiempo que el acusado llevaba detenido no lucía desproporcionado en función del estado del proceso y considerando el monto y la modalidad de cumplimiento de la pena que podría ser impuesta. Contra esta decisión, su defensa interpuso un recurso de casación.
14-sep-2022	Fernández (causa N° 25232)	Una mujer fue detenida e imputada por el delito de robo agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada. En la etapa de preparación del juicio, la defensa solicitó su excarcelación y la morigeración de su encierro en subsidio. Para hacerlo acreditó que la imputada se había identificado correctamente, carecía de antecedentes condenatorios y no había registrado inconductas procesales. Asimismo, la damnificada manifestó que estaba de acuerdo con que se concediera la excarcelación del imputado. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 18 rechazó el pedido de excarcelación, así como también la morigeración del encierro cautelar. Para decidir de esta manera, sostuvo que, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, existía la posibilidad de que se imponga una pena de efectivo cumplimiento por lo que no se exhibía una desproporción en cuanto al tiempo de detención. Además, consideró que existían dudas respecto al arraigo, y que las diferentes medidas de coerción no podían resultar apropiadas para neutralizar el riesgo de fuga. Contra esta decisión, su defensa interpuso un recurso de casación.
14-sep-2022	Aguilar (Causa N° 4974)	Dos personas fueron demoradas por el personal policial de la provincia de Corrientes para averiguar sus antecedentes. Para proceder de esa manera, consideraron que tenían una actitud sospechosa. A su vez, justificaron su accionar en el artículo 8, inciso t, del decreto provincial Nº 33/2000 que autorizaba a la policía a demorar a toda persona para conocer sus antecedentes en circunstancias que lo justificasen. Luego, fueron requisadas sin orden judicial. En el marco de ese procedimiento, se secuestró un envoltorio con 368 gramos marihuana y una bolsa de pañales que contenía 21 envoltorios con 106 gramos de marihuana. Ante esa situación, el tribunal interviniente procesó a los imputados sin prisión preventiva por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. En primer lugar, solicitó la nulidad del procedimiento y de todo lo actuado con posterioridad. Argumentó, entre otras cuestiones, que en el caso no existieron circunstancias previas o concomitantes que de manera razonable y objetiva permitieran justificar la detención y requisa efectuadas por el personal policial, en los términos del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación. En segundo lugar, planteó la inconstitucionalidad del Decreto Ley N° 33/2000 de la provincia de Corrientes. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal adhirió de forma parcial al recurso de la defensa en lo que respecta a la nulidad del procedimiento.
14-sep-2022	M.V.O (Causa N° 500000560)	En la etapa de juicio, un joven menor de edad suscribió un acuerdo de juicio abreviado que contempló la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Contra esa resolución, su defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus agravios, solicitó la nulidad de lo actuado al sostener que se había omitido dar intervención al Asesor de Menores para que asista al imputado y a la víctima. Al respecto, fundamentó que no pudo asistir al menor en su declaración indagatoria ni controlar la declaración testimonial de la víctima.
13-sep-2022	Vildoza	Un hombre falleció luego de caer del tren en el que viajaba. Por ese hecho, otro hombre fue imputado por el delito de homicidio. En el marco del juicio oral, una testigo, amiga de la víctima, declaró que se encontraba a una distancia de diez metros del tren en movimiento y había visto que los hombres peleaban. Asimismo, señaló que vio al acusado empujar al damnificado. Por último, manifestó que al momento de los hechos se encontraba bajo el efecto psicoactivo de la pasta base y llevaba varios días sin dormir. Por su parte, otro testigo que se encontraba en el tren al momento del hecho, manifestó no haber visto lo relatado por la testigo. El hombre fue condenado a la pena de ocho años de prisión por ser considerado responsable del delito de homicidio simple. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, señaló que la sentencia era arbitraria por haberse basado en apreciaciones sesgadas de la prueba.
13-sep-2022	Sánchez (causa N° 3169)	El presidente y el tesorero de un partido político fueron imputados por el delito previsto en el artículo 63, inciso b, de la ley N° 26.215. La defensa solicitó la recusación de la magistrada con competencia electoral interviniente. La Cámara Nacional Electoral rechazó el pedido. Entonces, el juez federal subrogante entendió que la causa debía ser devuelta al juzgado de origen. Contra esa decisión, la defensa planteó la revocatoria. Entre sus argumentos, expresó que sus asistidos habían manifestado su voluntad recursiva y decidían interponer un recurso extraordinario federal. Además, afirmó que no era posible hablar de la ejecución de la resolución que rechazaba la recusación planteada porque no se encontraba firme. La jueza rechazó la revocatoria planteada. Para decidir de esa manera, entendió que lo decidido no causaba un gravamen irreparable. En ese sentido, explicó que, en caso de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitiera el eventual recurso extraordinario e hiciera lugar a la recusación, todo lo actuado quedaría susceptible de ser declarado nulo. Entonces, celebró una audiencia en donde declaró que no correspondía aplicar ninguna sanción a los imputados porque no se había configurado la acción delictiva. Además, rechazó el pedido de la defensa y de la fiscalía de diferir la celebración de la audiencia para el momento en que quedase firme la resolución relativa a la recusación. Contra esa decisión, las partes interpusieron recursos de apelación.
13-oct-2022	VMG (Causa N° 39622)	En 2017, en el marco de un proceso judicial, se dictó una sentencia que restringió la capacidad jurídica de una mujer para la realización de determinados actos jurídicos. En esa oportunidad, se declaró que la persona necesitaba de apoyos para llevar a cabo actos de salud, para la administración de sumas de dinero y la disposición de bienes inmuebles. Tiempo después, en el marco del proceso de revisión de sentencia, la defensa pública solicitó el cese total de las restricciones a su capacidad jurídica de acuerdo a la voluntad manifestada por la mujer. Para ese momento, ella tenía 65 años, vivía con su pareja, trabajaba de manera presencial y administraba su dinero. Entre sus argumentos, la Defensora Pública Curadora consideró que la situación de la mujer se encuadraba en el artículo 47 del Código Civil y Comercial que preveía un procedimiento para que el juez que había declarado la restricción ordenara su cese con el examen previo de un equipo interdisciplinario. Además, informó que los dictámenes interdisciplinarios que se realizaron en la actualidad consideraron que la mujer se encontraba en condiciones de vivir sola, cobrar y administrar su salario o beneficio previsional, y que podía realizar las compras y ventas que considerara necesarias. También, destacaron que no requería de supervisión para el desarrollo de su vida cotidiana.
7-sep-2022	Delballe Raimonte (causa N° 24121)	Una mujer fue detenida el 28 de marzo de 2022 y luego procesada con prisión preventiva por el delito de facilitación de la prostitución en concurso ideal con aprovechamiento económico del ejercicio de la prostitución mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad en calidad de participe secundaria. En la etapa de preparación del juicio oral la defensa solicitó su excarcelación. Para hacerlo acreditó que se había identificado correctamente, que tenía arraigo y que había un domicilio que fue constatado. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 rechazó la solicitud de excarcelación. Para decidir de esta manera, estimó que la situación de la imputada encuadraba en ambos supuestos previstos por los arts. 316 y 317 inc. 1 del CPPN, pero consideró negativamente la actitud que había mostrado la imputada durante la etapa de instrucción, pues había mencionado un domicilio falso, lo que había frustrado su sujeción al proceso y había dado lugar a su declaración de rebeldía. Por ello, consideró que existían riesgos procesales que no podían ser neutralizados mediante la implementación de medidas menos gravosas al encierro cautelar. Además señaló que el tiempo de detención no era desproporcionado en relación con la pena en expectativa. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Luego de interpuesto el recurso, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 resolvió conceder el arresto domiciliario a la imputada bajo supervisión mediante un dispositivo electrónico de control, en virtud de sus afecciones de salud.
7-sep-2022	FANR (Causa N° 717)	Una mujer mantuvo una relación sexoafectiva con un hombre y quedó embarazada. Cuando se enteró del embarazo, el hombre se distanció y no se hizo cargo de sus obligaciones. Un año después, la mujer y su pequeña hija quedaron en situación de calle, ya que fueron echadas de la vivienda por la familia materna. Tiempo después, la mujer consiguió un trabajo y conoció a otro hombre, con quien inició una convivencia. Ese hombre reconoció a la niña como su hija y se ocupó de sus cuidados. Con el transcurso del tiempo, el padre biológico contactó a la joven para realizar un análisis genético. Ese estudio comprobó la paternidad. Por ese motivo, la adolescente –con patrocinio letrado– inició una acción judicial contra el progenitor biológico para reclamar la filiación. En su presentación, solicitó que se mantuviera el vínculo con su padre socioafectivo y que no se modificaran sus apellidos. En ese sentido, pidió se declarara inconstitucional la última parte del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, el demandado requirió que se rechazara la demanda en base a la referida norma, que prohibía la posibilidad de tener más de dos vínculos filiales. Asimismo, sostuvo que la accionante podía recurrir a la adopción de integración con respecto a su padre socioafectivo.