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| Fecha | Título | Resumen |
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| dic-2022 | La protección de los derechos de las personas con VIH | Jurisprudencia seleccionada de los fueros penal, civil, laboral y contencioso admistrativo (2009-2022) sobre estándares de protección de los derechos de las personas con VIH |
| dic-2023 | La protección de los ríos urbanos en América Latina. Caso río Monjas (Ecuador). Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | A 15 años del fallo “Mendoza” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, el presente artículo resalta la importancia que tuvo la decisión para el derecho ambiental y el derecho de aguas del continente respecto a los estándares establecidos y el rol que tiene la administración de justicia en la consecución de estos derechos. En este trabajo, el autor expone los avances y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al derecho al agua, y se toma como caso de análisis el fallo “Río Monjas”, en la República del Ecuador, debido a la similitud con el fallo “Mendoza” al tratarse de un río urbano de su capital, Quito. |
| dic-2023 | La protección del derecho a un ambiente sano en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | En un contexto de indudables avances a nivel universal y regional, les autores de este trabajo analizan la jurisprudencia de la Corte IDH para comprender cuál es el alcance de la protección del derecho al ambiente y qué obligaciones recaen sobre el Estado con base en los instrumentos regionales. |
| feb-2022 | Protocolo de actuación para facilitar el acceso a la justicia a personas en contexto de movilidad humana para defensoras y defensores públicos en Argentina. Diagnóstico Final | El programa EUROsociAL, con el apoyo del Ministerio Público de la Defensa República Argentina, elaboró el presente protocolo de actuación. El objetivo del protocolo es proveer a Defensoras y Defensores de un documento que pueda ser útil para abordar los casos que afectan a las personas en situación de movilidad humana proporcionando reglas de actuación que aseguren una mayor protección en el acceso a la justicia. A tal fin, la propuesta de protocolo se encuentra orientada principalmente a (i) mejorar los procedimientos y mecanismos de atención y asistencia, y (ii) fortalecer las capacidades institucionales de Defensoras y Defensores Públicos para facilitar el acceso a la justicia a personas migrantes y refugiadas y apátridas. |
| oct-2021 | Protocolo de actuación para la solicitud de información entre Defensorías Públicas de la región en casos de personas migrantes y refugiadas | Esta propuesta de protocolo de actuación tiene como objetivo estandarizar los procesos de cooperación y de intercambio de información entre DDPP y Asociaciones de Defensoras/es Públicos integrantes de la AIDEF en el marco de la Red Interamericana de Defensa de Personas en Contexto de Movilidad |
| 2013 | Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad. Propuestas para un trato adecuado. | Este protocolo, por su estructura y naturaleza podrá ser un documento de consulta para otras realidades nacionales que deseen avanzar en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, entendiendo que este derecho es un núcleo en la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, como también, en la vigencia de una democracia plenamente inclusiva. |
| 7-may-2019 | Provisiero (reg. N° 837 y cuasa N° 990000189) | Una persona fue imputada por la presunta evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado correspondientes al ejercicio fiscal 2003, 2004 y 2005 y del pago del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2004 y 2005, a los que se encontraban obligadas dos sociedades anónimas. En la etapa de juicio oral, la defensa solicitó el sobreseimiento de su asistida por extinción de la acción penal. Así, sustentó el pedido en el principio de retroactividad de la ley penal más benigna. El Tribunal Oral hizo lugar al pedido. Para resolver de esa manera, indicó que debía aplicarse al caso la ley N° 27.430 por resultar más benigna que la ley N° 24.769, vigente al momento de los hechos. En ese sentido, expuso que la nueva norma había modificado la pauta cuantitativa contemplada para el delito de evasión agravada por lo que la conducta imputada resultaba atípica. Contra esa decisión, la querella y la representante del Ministerio Público Fiscal interpusieron sendos recursos de casación. Entre otras cuestiones, plantearon que no correspondía aplicar de manera retroactiva la ley N° 27.430 debido a que las modificaciones de los montos de las figuras penales tributarias previstas por esa ley no expresaban un cambio en la valoración social de los comportamientos delictuales. |
| 10-dic-2015 | Prozzillo, Víctor Danilo | El Tribunal Oral había denegado la excarcelación del imputado por entender que no era de aplicación el art. 317, inc. 5, CPPN. Ello toda vez que, al condenarlo, mantuvo la declaración de reincidencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Dolores. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. En esa impugnación se agregó que, si bien el imputado había sido declarado reincidente en junio de 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial de Dolores, aquella decisión se fundó en una condena anterior del Tribunal Oral Nº 28, agotada en mayo de 2007. |
| 2-jun-2022 | Prósperi (reg. N° 624 y causa N° 10480) | Cinco personas habían sido procesadas por un delito previsto en la Ley de Estupefacientes. En la etapa de juicio oral, no se había incorporado prueba documental, instrumental y grabaciones de conversaciones telefónicas. Al momento de los alegatos, la defensa oficial de dos imputados refirió que esa prueba no integraba el juicio y que solo se contaba con los testimonios brindados durante la audiencia oral. En ese contexto, el Tribunal Oral consideró esa omisión como un error material, la incorporó al debate por lectura. Entonces, la defensa se negó a alegar sobre esos elementos probatorios. Por esa razón, el tribunal interviniente declaró la nulidad del alegato. Para resolver de esa manera, sostuvo que los imputados no habían contado con una defensa técnica eficaz ante la negativa de los letrados a contradecir la prueba de cargo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Declarado inadmisible, interpuso un recurso de queja. Entre otras cuestiones, sostuvo que la falta de prueba incorporada al juicio solo podía motivar la absolución de sus asistidos. En ese sentido, explicó que no podía subsanarse de manera tardía ni encomendarse a la defensa una segunda instancia de alegatos con la prueba incorporada de manera ilegítima al juicio. |
| 14-mar-2022 | PRR (Causa N° 10054099401) | Un hombre mantuvo una relación sexoafectiva con una mujer casada, y ésta quedó embarazada. Luego del nacimiento, el niño fue reconocido por el cónyuge de la mujer. Tiempo después, la mujer comenzó a tener dudas sobre la paternidad de su hijo. Por ese motivo, se puso en contacto con el hombre, y ambos acordaron realizar un estudio genético, que confirmó el vínculo biológico. En ese contexto, el hombre inició una acción a fin de impugnar la filiación del niño y ser emplazado como su progenitor. |
| 27-jun-2023 | Prueba de los presupuestos de las causas de justificación y exculpación | A pesar de que está fuera de discusión que la acusación debe demostrar más allá de toda duda razonable la hipótesis que configura el tipo penal, y que los juzgadores deben absolver en caso de no haber arribado a aquél estándar, no está tan claro cómo se debe proceder con respecto a hipótesis alternativas que permitirían justificar o exculpar al imputado. Esta situación resulta problemática porque no está definido qué estándar de prueba se requiere para dar estos supuestos por probados, ni cómo deben resolverse los casos de duda. Tampoco está claro si en estos casos la defensa tiene una obligación de producir prueba, o si puede limitarse a esperar que el acusador no logre desvirtuar una hipótesis exculpatoria, que tampoco está claro quién debería introducir. En el presente estudio, se indagará sobre las diversas alternativas y se formularán recomendaciones para la labor de la defensa en casos en que sea posible elaborar una teoría del caso en la que aparezca una hipótesis que permita justificar o exculpar al acusado. |
| ene-2014 | Prueba testimonial (internacional) | Jurisprudencia internacional sobre prueba testimonial |
| 29-oct-2019 | Pruyas (causa Nº 21970) | En abril de 2017 un juzgado le concedió a una persona la suspensión del proceso a prueba por el término de un año. Cinco meses más tarde, ingresó una nueva causa en la que la misma persona se encontraba imputada por la comisión de un robo. Entonces, el juzgado revocó la probation y elevó el expediente a la etapa de juicio. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la nulidad de la resolución. En particular, sostuvo que la revocación de la suspensión del juicio a prueba por la comisión de un nuevo delito requería el dictado de una sentencia firme antes del vencimiento del plazo otorgado para su cumplimiento. El Tribunal Oral hizo lugar al planteo y devolvió las actuaciones. En mayo de 2018 la persona fue condenada por otro hecho. Entonces, el juzgado revocó por segunda vez la probation y elevó las actuaciones a juicio. La resolución fue dictada sin que se realizara la audiencia prevista en el artículo 515 del CPPN. La defensa efectuó una presentación en la que sostuvo que la condena por la cual se había revocado el instituto había sido dictada con posterioridad al vencimiento del plazo para el cumplimiento de las reglas de conducta. Por tal razón, requirió que se revocara la resolución, se tuviera por extinguido el término de control de las obligaciones impuestas, se declarara extinguida la acción penal y se sobreseyera a su asistido. |
| 2-dic-2015 | PRVM | Dos personas habían sido imputadas, entre otros delitos, por portación de armas. La defensa de uno de ellos solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. A tal fin, argumentó que, para “preservar la prosecución de la acción” era necesario, a su criterio, que todos los actores se presenten en el juicio. A su vez, alegó que era probable que el coimputado descargara su responsabilidad en quien requirió la probation y que, de concedérsela, sería imposible escuchar su versión durante el debate. El Tribunal Oral rechazó la solicitud de la defensa, pues entendió que la oposición formulada por el fiscal resultaba vinculante. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 1-feb-2018 | PSA (Causa Nº 53884) | Una mujer detenida preventivamente requirió que se le concediera el arresto domiciliario a fin de cuidar a sus hijos de siete meses y dos años de edad. Al momento de realizar el pedido, los niños se encontraban a cargo de abuela y convivían con el padre de uno de ellos, que trabajaba todo el día. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 12-ago-2016 | PSF (causa N° 990000219) | Una persona se encontraba imputada por el delito de contrabando de estupefacientes. En la etapa de juicio, solicitó prestar declaración en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737. En esa oportunidad, aportó los datos de la persona que le había entregado la droga. El Tribunal Oral lo condenó a la pena de cuatro años y seis meses de prisión. Posteriormente, se dispuso el reconocimiento, la detención y el procesamiento del sujeto señalado. Por tal razón, su defensa interpuso un recurso de revisión. En particular, tuvo en consideración los avances en la investigación logrados como consecuencia de los datos aportados de su asistido y, en esa línea, entendió que le correspondía una reducción del monto de su pena. |
| 11-oct-2019 | PSG (Causa Nº 82867) | En el año 2004 una niña de seis años fue víctima de reiterados tocamientos en sus partes íntimas y de prácticas de sexo oral por parte de su tío. Los hechos sucedieron en su casa, cuando la niña se encontraba a su cuidado. En 2016 la mujer adquirió la mayoría de edad y en diciembre de 2018, lo denunció. En julio de 2019 fue citado a prestar declaración indagatoria por el delito de abuso sexual. La defensa planteó una excepción de falta de acción por prescripción. En tal sentido, señaló que las leyes N° 25.990, 26.705 y 27.206 que habían modificado el régimen de la prescripción para este tipo de delitos habían sido sancionadas con posterioridad a los hechos investigados, por lo que no debían aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de su asistido. El juzgado hizo lugar al planteo y declaró prescripta la acción penal. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. En su presentación señaló que, en virtud de lo establecido por las leyes N° 27.206 y 26.705, el plazo de la prescripción había comenzado a partir de la mayoría de edad de la víctima. En consecuencia, indicó que la acción se encontraba vigente. Finalmente, sostuvo que debía asegurarse la tutela judicial efectiva por medio de un “juicio a la verdad” y otorgar a la víctima la posibilidad de acceder a la determinación de la verdad. |
| 26-dic-2019 | PSM (causa Nº 5207) | Un joven fue imputado por el delito de homicidio. El Tribunal Oral lo absolvió. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la sentencia y lo condenó a la pena de seis años de prisión. La defensa interpuso un recurso de casación con el fin de que, en los términos del precedente “Duarte” de la CSJN, la condena fuera revisada por otra sala de la cámara. La Sala IV declaró inadmisible el recurso. Para decidir de esa manera sostuvo que no existía una norma legal que de manera expresa habilitara la vía recursiva intentada. Entonces, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la interposición de un recurso de queja. En particular, consideró que se había violado la garantía constitucional al doble conforme. |
| 2-sep-2021 | PSS (causa Nº 31074) | Una mujer conoció a un hombre en 1983 mientras cursaba sus estudios secundarios y comenzaron una relación de noviazgo. Cuando tenía 26 años quedó embarazada y la relación presentó dificultades. Entre diversas cuestiones, la mujer recibía agresiones e injurias de manera permanente. En el 2000, tuvo lugar un primer episodio de agresión física. Luego, con la mejoría en la economía familiar, ambos decidieron que ella dejase su empleo formal y se dedicase al trabajo doméstico. En 2007, quedó embarazada de su segunda hija mientras continuaron las situaciones de violencia psicológica. En diciembre de 2015, ante un nuevo episodio de violencia emocional y física, la mujer presentó una denuncia ante la Oficina de Violencia Domestica. Luego de la entrevista, la OVD calificó la situación como de alto riesgo. Por otro lado, del informe médico realizado, se desprendió que presentaba diferentes hematomas y secuelas de la violencia ejercida. Por último, en 2016 la mujer demandó al hombre por daños y perjuicios, y solicitó una indemnización. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda. Contra esa resolución ambas partes interpusieron, respectivamente, un recurso de apelación. En su presentación, la mujer cuestionó los montos reconocidos. |
| 16-may-2014 | PT, AF | El juez de grado había rechazado la externación de una persona menor de edad imputada por la comisión del delito previsto en el artículo 5, inciso “c”, agravado por el artículo 11, inciso “c”, de la ley 23.737, en concurso real con el delito previsto en el artículo 189 bis, inciso 4º del Código Penal. La defensa interpuso recurso de apelación contra esa decisión. |