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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 18-jun-2014 | NVA (causa Nº 4892) | Un matrimonio de dos mujeres con problemas de fertilidad –una de ellas, tenía antecedente de histerectomía y, la otra, ooforectomía y salpingectomía– requirió a su obra social la cobertura de fertilización in vitro de alta complejidad con donación ovocitaria y espermatozoides. La obra social denegó la prestación. A tal fin, argumentó que la práctica solicitada no encuadraba en la normativa vigente. En consecuencia, las actoras iniciaron una acción de amparo. |
| 17-jul-2020 | Nwabuife Aleozo (reg. N° 866 y causa N°228) | Un hombre había sido imputado por el delito de contrabando de exportación agravado por tratarse de sustancias estupefacientes destinadas a ser comercializadas en grado de tentativa. En la etapa de juicio oral, suscribió un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal. El Tribunal Oral homologó el acuerdo y lo condenó a la pena de cuatro años y siete meses de prisión de efectivo cumplimiento. Además, dispuso el decomiso del dinero secuestrado en las actuaciones. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó que el tribunal no había desarrollado los motivos por los que había decidido disponer el decomiso del dinero. En ese sentido, sostuvo que lo resuelto afectaba el principio acusatorio y excedía la jurisdicción atribuida al tribunal debido a que modificaba los alcances del acuerdo entre las partes con consecuencias desfavorables para la persona y los bienes de su asistido. Así, la defensa argumentó que el decomiso era una sanción y no correspondía imponerla si no se originaba en un reclamo por parte del fiscal. Por esa razón, consideró que la decisión recurrida soslayaba los límites impuestos a los jueces dispuestos por el artículo 431 bis, inciso 5, del Código Procesal Penal de la Nación. |
| 5-jul-2016 | Ñ., N. A. | En 2014 el tribunal rechazó la solicitud de prisión domiciliaria de una mujer que había sido condenada a la pena de diez años de prisión por el delito de trata de personas. Ello, dado que, a criterio del tribunal, su hija discapacitada se encontraba al cuidado de sus abuelos. Transcurrido un año y medio desde aquella resolución, la defensa realizó un nuevo pedido en mismo sentido. Allí, explicó que el cuadro clínico de la niña se encontraba agravado por la falta de estímulos e incumplimiento del tratamiento indicado que ni sus abuelos ni su padre podían llevar a cabo. En esta oportunidad, el Ministerio Público Fiscal dictaminó favorablemente respecto del pedido. |
| 31-mar-2015 | La Ñusta SA | El proceso se había iniciado en virtud de la denuncia efectuada por el jefe de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional San Juan de la AFIP contra un contribuyente, ante la omisión de ingresar las sumas debidas a la AFIP en el plazo previsto por ley, ocasionando con ello un perjuicio patrimonial al erario público. |
| 10-mar-2016 | O, AD | La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Goya confirmó la denegatoria al pedido de guarda judicial formulado por el actor respecto de su sobrina y revocó el plazo de 24 hs. fijado para la restitución de la niña a su madre biológica. Así, la Cámara dispuso que la jueza de grado arbitre las medidas pertinentes para lograr la vinculación de la menor con su progenitora y su seno familiar, debiendo requerir los informes que sean necesarios sobre el desarrollo y avances de este proceso. El actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. |
| 15-mar-2016 | O, GA c. Estado Nacional-Ministerio de Salud | Una persona interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional-Ministerio de Salud de la Nación y la provincia de Córdoba-Ministerio de Salud de la provincia. Ello, con el objeto de que se le reconozca la plena cobertura y asegure la autorización y provisión regular e ininterrumpida de ciertos medicamentos indicados por su médico psiquiatra. El Estado Nacional-Ministerio de Salud de la Nación interpuso una excepción de falta de legitimación pasiva con base en la exclusiva responsabilidad del Estado provincial por la ejecución del programa “Incluir Salud”. |
| 29-mar-2017 | O, MF; T, RJ | Los padres de un niño con discapacidad solicitaron al Instituto Provincial de Salud de la Provincia de Salta la cobertura total de tratamientos de kinesiología y fisioterapia de neuro rehabilitación con un especialista en particular. El instituto negó la petición y ofreció su nómina de prestadores para brindar la asistencia. Frente a esto, se interpuso una acción de amparo. El tribunal de primera instancia hizo lugar a la medida. La demandada impugnó la decisión. |
| 11-mar-2016 | O, RA c. Obra Social del SOMU | Una persona sufrió un accidente cerebro vascular. En consecuencia, solicitó a la obra social demandada que cubriera los costos de una operación que debía realizarse de forma urgente. La obra social se negó a brindar la cobertura en virtud de que el amparista había obtenido su beneficio jubilatorio y, al momento de iniciar las actuaciones, se encontraba afiliado a PAMI. La actora interpuso acción de amparo. El Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata hizo lugar a la demanda. La demandada apeló tal decisión. |
| 25-nov-2014 | O,LLA | La defensa presentó recurso de apelación contra el auto que rechazó que la indagatoria de su asistido se lleve a cabo mediante exhorto o video conferencia. |
| 15-jul-2016 | O., A. R. | En el presente caso, el Tribunal de Menores había condenado al imputado a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso por el delito de robo con arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de casación en el que impugnó la aplicación de la pena de prisión en lugar de la eximición prevista en el art. 4º de la ley Nº 22.278. |
| 27-dic-2016 | OA, MSA | Una mujer, al regresar a su hogar por la tarde, tomó conocimiento a través de su pareja de que una de sus hijas se había accidentado. La niña de tres años y medio presentaba golpes y raspones en el abdomen. A la mañana siguiente, encontró a la niña desvanecida, por lo que la llevó al hospital, donde una médica intentó, sin éxito, reanimarla. Posteriormente se determinó que la niña se encontraba sin vida desde su ingreso al centro de salud. El médico forense señaló en la autopsia que el cuerpo de la niña presentaba varias lesiones internas y externas. A su vez, concluyó que su muerte se había producido por traumatismo cerrado de abdomen, posiblemente, como resultado de un golpe. El padre de la niña fue imputado por homicidio agravado por el vínculo. A su vez, su madre fue acusada, en primer lugar, como partícipe necesaria del homicidio (por colaboración y ocultamiento) y luego, durante el debate, como autora del delito de abandono de personas calificado por el resultado y el vínculo. |
| 10-sep-2021 | OAC (causa Nº 9963) | Una adolescente padecía epilepsia refractaria. Para su tratamiento, un médico le prescribió el uso de Aceite de Cannabis Real Scientific Hemp Oil Max 10 de 10.000 mg de CBD en 236 ml. Ante esta situación, su madre solicitó un permiso individual y excepcional a la Administración Nacional de Medicamentos Alimentación y Tecnología (ANMAT) para obtener el aceite. Sin embargo, su solicitud fue denegada. En su decisión, la ANMAT sostuvo que existía otro producto alternativo aprobado y que constituía una alternativa terapéutica adecuada. La mujer inició una acción de amparo contra el organismo y solicitó una medida cautelar innovativa y autosatisfactiva a fin de que se ordenara a la parte demandada la importación del aceite de cannabis en la cantidad prescripta. El juzgado de primera instancia no consideró probado el requisito de verosimilitud en el derecho y desestimó la pretensión. Contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso de apelación. |
| 10-may-2018 | OAE (causa N° 24837) | Un grupo de personas fue imputado por haber formado una organización destinada a imponer su ideología y combatir las ajenas mediante el uso de fuerza y temor. Uno de sus integrantes era menor de edad y fue acusado, además, por la comisión de lesiones leves y graves, doblemente agravadas. Durante el debate de juicio oral, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas solicitó que el joven asistiera al Museo del Holocausto, en carácter de medida educativa. En subsidio, propuso que se le impusiera una pena de ocho años de prisión. Luego, la querella –en representación de una de las víctimas– requirió que se declarase su responsabilidad penal, se ordenara su detención y se le impusiera una medida educativa por el término de un año. Por su parte, la fiscalía tuvo en consideración su condición de menor de 18 años, y solicitó que se lo declarara responsable y fuera sometido a un tratamiento tutelar por el período de un año, consistente en cursar asignaturas de derecho constitucional y derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por último, su defensa consideró desproporcionadas las penas solicitadas por las querellas y postuló su absolución por aplicación de la ley N° 22.278. |
| 9-dic-2014 | OAF | El 6 de noviembre de 1999 el juez de primera instancia restringió la capacidad jurídica de la Sra. O., A. F., la declaró incluida en las previsiones del artículo 152 bis del Código Civil y nombró a su hermano como su curador definitivo. Posteriormente, en el año 2003, se dictó una nueva sentencia en los términos del artículo 141 del Código Civil. |
| 27-mar-2015 | OAG | La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró mal concedido el recurso de casación deducido por la defensa de A. G. O. contra la sentencia del tribunal oral que rechazó la suspensión del juicio a prueba por no haber transcurrido el plazo exigido por el artículo 76 ter del Código Penal desde la anterior concesión del mismo instituto por un delito cometido siendo menor de dieciocho años de edad. La defensa interpuso recurso extraordinario federal contra esa decisión y, frente a su rechazo, recurso de queja. |
| 26-jun-2015 | Obergefell v. Hodges, Director, Ohio Department of Health | Un grupo de parejas homosexuales presentaron distintas demandas ante los tribunales federales de sus Estados de origen, en los Estados Unidos. En estas presentaciones se alegaba que los funcionarios estatales violaban la Decimocuarta Enmienda –que, entre otros aspectos, alude al debido proceso y a la protección igualitaria– al negarles el derecho a casarse o desconocer los matrimonios realizados en otros Estados. Cada tribunal de distrito (Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee) falló a favor de los peticionarios. Sin embargo, el tribunal del Sexto Circuito revocó las sentencias. Los demandantes presentaron un recurso de revisión judicial ante la Corte Suprema para que considerara si la negativa de Ohio a reconocer el matrimonio celebrado en otras jurisdicciones violaba la decimocuarta enmienda. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que el matrimonio entre personas del mismo sexo no puede ser prohibido por la legislación estatal. Asimismo, estableció que los matrimonios celebrados en esos términos deben considerarse válidos en todos los estados y celebrarse en todo el país. |
| 14-ago-2018 | Oblita (causa Nº 53096) | Un hombre ingresó a un supermercado e intentó apoderarse de dos bandejas de carne cuyo monto no superaban la suma de $200. Por ese hecho, fue detenido e imputado por el delito de hurto simple en grado de tentativa. En la etapa de juicio oral, la defensa interpuso una excepción de falta de acción por inexistencia de delito y solicitó el sobreseimiento de su asistido. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo. |
| 12-abr-2021 | OBN (causa N° 38979) | Una mujer trans, portadora de HIV y trabajadora sexual, no podía acceder al mercado laboral formal debido a su situación de vulnerabilidad. Por ese motivo, inició una acción de amparo contra el Estado para que la Agencia Nacional de Discapacidad le liquide y efectivice una pensión no contributiva. La acción fue rechazada en primera instancia. Para resolver de ese modo, el juez interviniente señaló que la mujer no había alcanzado el porcentaje de incapacidad laboral que requiere la normativa aplicable para este tipo de beneficios de seguridad social. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de apelación. Entre sus argumentos, sostuvo que el caso no fue juzgado con la debida perspectiva de género. |
| 4-ago-2015 | Obredor, Mariano Pablo | El Juzgado de Ejecución Penal resolvió no hacer lugar a los planteos de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y de incorporación de Obredor al régimen de libertad condicional. Ante esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 6-abr-2020 | Obregón (causa N° 16000577) | Un hombre de 70 años había sido condenado a la pena de veinticinco años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados. El hombre se encontraba alojado en la Prisión Regional del Norte, Unidad N° 7 del SPF. Entre otras cuestiones, tenía artrosis de rodilla que le dificultaba caminar, una recidiva de una cirugía de ganglio en la articulación de un hombro, una enfermedad degenerativa del raquis lumbar, obesidad, una hernia de disco lumbar e hipertensión arterial. La defensa había presentado un certificado médico de un especialista en ortopedia y traumatología que recomendaba que el tratamiento y la rehabilitación se realizara en el domicilio para una mejor evolución de las patologías. Además, el informe médico realizado en la unidad penitenciaria concluía que el contexto de encierro dificultaba su recuperación. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa requirió que se le concediera la prisión domiciliaria por encontrarse dentro del grupo de riesgo frente al COVID-19. El representante del Ministerio Público solicitó la realización de informes y evaluaciones médicas para definir su situación actual y agregó que la situación de emergencia sanitaria no era motivo suficiente para otorgar el instituto requerido. |