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FechaTítuloResumen
ago-2015Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y CorreccionalEl presente boletín reúne los pronunciamientos emitidos por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en el primer semestre de 2015 en seis ejes temáticos: -Prisión preventiva y aspectos ligados al derecho a la libertad de las personas imputadas en el marco de un proceso penal; - Suspensión del proceso a prueba y conversión de la pena de prisión en tareas comunitarias; - Problemas de la parte especial del derecho penal; - Procedimiento de juicio abreviado; - Garantías constitucionales; - Ejecución penal.
14-ago-2015Olazábal Correa, Zoila VerónicaEn este caso, el Tribunal Oral había rechazado –por segunda vez– la exención de prisión de la imputada por el delito robo agravado, en grado de tentativa. A tal fin, tuvo en cuenta el hecho de que había permanecido rebelde y que se había mudado del domicilio aportado sin dar aviso. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
14-ago-2015Villagra, Raúl ArmandoLa Cámara Nacional de Apelaciones había resuelto rechazar la excarcelación solicitada por la defensa de una persona imputada por la comisión de los delitos de robo simple (reiterado en dos oportunidades) y robo en grado de tentativa. A tal, fin, valoró negativamente la violencia ejercida por el imputado en la comisión de los hechos, el peligro concreto que corrieron las víctimas, el desinterés en transitar el proceso en libertad supuestamente demostrado y la precariedad de su arraigo, pues había dejado de vivir en el domicilio informado al inicio de la causa. Contra aquella decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
14-ago-2015Saracho Romero, Santiago FeliserLa Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había confirmado la decisión de denegar la exención de prisión del imputado. Ante tal decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
20-ago-2015Catalano, Renzo FabiánEl tribunal había denegado la excarcelación del imputado. Ante tal solución, la defensa interpuso recurso de casación.
20-sep-2015Suris (causa N° 106)Una dependencia policial de la ciudad de Bahía Blanca se encontraba a cargo de las escuchas de una intervención telefónica ordenada por un juzgado federal de Viedma. En la causa se investigaba una organización que comercializaba estupefacientes. En ese marco, se detecta-ron conversaciones sobre un grupo de personas de Bahía Blanca, lo que fue comunicado a esa localidad. La fiscalía bahiense requirió la instrucción del expediente y dispuso la realización de tareas de investigación. La policía tomó fotografías e informó que una de las personas sería “el cerebro” de la banda. Sobre la base de dichas consideraciones, el juzgado dispuso la intervención de tres líneas telefónicas por el plazo de sesenta días. La resolución indicó que se dirigía a determinar la existencia de infracciones a la Ley de Estupefacientes y, en particular, al comercio de droga “a gran escala”. Luego, dispuso en dos oportunidades la prórroga de la medida por noventa días. Finalizada la investigación, once personas fueron imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la concurrencia organizada de tres o más personas. Durante la audiencia de debate, dos agentes declararon que las escuchas eran siempre retiradas y transcriptas por personal policial. Además, entre las conversaciones intervenidas se hallaban conversaciones de las personas con sus abogados. En su alegato, las defensas sostuvieron la ajenidad de sus asistidos en los hechos y consideraron que las resoluciones que habían dispuesto las intervenciones telefónicas eran nulas por carecer de motivación. En ese sentido, se postuló la absolución de los asistidos.
23-sep-2015GAH (causa N° 41013163)Una persona se encontraba imputada por presentar ante la Aduana veintidós certificados de libre circulación falsos correspondientes a mercadería documentada por diversos despachos de importación. La conducta fue calificada como contrabando agravado (artículos 863 y 865, inciso f) del Código Aduanero). En etapa de juicio, la defensa solicitó que se le concediera la suspensión de juicio a prueba a su representado. Durante la audiencia, planteó la inconstitucionalidad del mínimo de la pena prevista para el delito que se le imputaba por violación al principio de proporcionalidad. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable.
30-sep-2015Grabowski v. PoloniaGrabowski, de diecisiete años de edad, fue arrestado el 7 de mayo de 2012 bajo la sospecha de haber participado en cuatro robos. Ese mismo día, el Tribunal de Distrito de Cracovia- Krowodrza, Sección de familia y juventud dispuso la detención preventiva del jóven por el término de tres meses. Posteriormente, el tribunal de familia dispuso que la causa debía ser examinada bajo un procedimiento correccional. El código de procedimientos de Polonia establecía que, en casos de personas menores de edad, la detención preventiva no podía exceder los tres meses. Esta medida era prorrogable por tres –y, en ciertas ocasiones, hasta un máximo de un año– mediante resolución de un tribunal de familia. La norma también preveía que la orden de evaluación del caso bajo procedimiento correccional reemplazaba el procesamiento. El 9 de agosto de 2012, el abogado de Grabowski solicitó su libertad por haber transcurrido el lapso dispuesto en la medida preventiva sin que se hubiera dictado una prórroga. El tribunal rechazó la pretensión. A tal efecto, sostuvo, entre otros argumentos, que no había ningún motivo para revocar la detención. Tras las audiencias del caso, el 9 de enero de 2013, se declaró que el imputado era responsable de los delitos que se le atribuían y se lo condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso. En consecuencia, Grabowski fue liberado inmediatamente.
2-nov-2015Keegan, Marcelo Héctor EduardoEn el presente caso, el Juzgado de Instrucción había decidido denegar la excarcelación de una persona a la que se le atribuía el delito de robo con armas tentado. Contra dicha resolución, la defensa interpuso recurso de apelación. La Sala I de la Cámara de Apelaciones revocó la resolución y le concedió la excarcelación bajo caución real.
2-nov-2015DLGUna persona se encontraba imputada por la presentación de documentación apócrifa correspondiente a mercadería exportada a través de tres permisos de embarque. La conducta fue calificada como contrabando. La defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. En la audiencia celebrada en los términos del artículo 293 del CPPN, planteó la inconstitucionalidad del art. 865 del Código Aduanero, por considerar que los montos de pena allí establecidos violaban el principio de proporcionalidad. La fiscalía dictaminó de manera favorable a lo solicitado.
3-nov-2015Silva (causa N° 58)A través de una denuncia anónima, se informó que un grupo de personas comercializaban estupefacientes. Por tal razón, el juzgado dispuso la realización de tareas inteligencia. Durante meses se recolectaron datos, informes de diversos registros y fotografías. Así, se logró determinar que en un local bailable se vendía marihuana, cocaína y pastillas de éxtasis. Sobre la base de dichas consideraciones, el juzgado dispuso la intervención de cinco líneas telefónicas. Posteriormente, el Tribunal Oral condenó a los imputados a penas de dos años y seis meses a cinco años de prisión. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación, declaró la nulidad del auto que había dispuesto las intervenciones telefónicas y absolvió a los imputados. Para decidir de ese modo, sostuvo que la resolución carecía de suficiente fundamentación. Contra esa resolución, la fiscalía interpuso un recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la presentación de un recurso de queja.
30-nov-2015Caballero Flores, PlacidaDos mujeres de nacionalidad boliviana habían sido contactadas por un hombre para trasladar sustancias estupefacientes mediante la modalidad de ‘mulas’ desde Bolivia hacia la provincia de Mendoza. Ambas eran madres solteras, de condiciones socio-económicas bajas, no poseían estudios y habían aceptado la propuesta para atender necesidades familiares. Las dos fueron detenidas en la Argentina.
15-feb-2016Gómez, Ezequiel DamiánEn este caso, el tribunal oral había rechazado la excarcelación en términos de libertad asistida solicitada en favor del imputado. A tal fin, entendió que las partes habían suscripto un acuerdo de juicio abreviado que contemplaba la revocación de la libertad asistida otorgada con anterioridad y consideró “paradojal y autocontradictorio” conceder un beneficio que se había acordado revocar. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
16-feb-2016Fernández, María ElizabethEn el presente caso, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el pronunciamiento de la jueza de instrucción que rechazó la solicitud de prisión domiciliaria formulada a favor de la imputada por considerar que no se había demostrado que aquél sea el medio más idóneo para satisfacer el interés superior de su hija menor. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación.
abr-2016Debido proceso en la jurisprudencia internacional de 2015Jurisprudencia internacional de 2015 sobre el debido proceso.
20-may-2016MJR (reg. 388 y causa N° 22028)En julio de 2011 una persona fue condenada por un tribunal oral a la pena de veintitrés años de prisión (causa Nº 3363). En junio de 2013 otro tribunal la condenó a la pena de catorce años de prisión (causa Nº 3775). Finalmente, en junio de 2015 el Tribunal Oral (causa N° 3363), por mayoría, fijó la pena única de treinta y cinco años de prisión, comprensiva de las dos anteriores. Para decidir de esa manera sostuvo que en el caso había existido un concurso de delitos y que, para determinar el monto de la pena, correspondía utilizar el método composicional. El voto minoritario entendió que el máximo de la pena superaba el monto previsto como tope en el artículo 55 del Código Penal, por lo que resultaba adecuado imponer la pena de treinta años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
1-jul-2016Prisión preventivaEste informe tiene lugar a partir de la identificación en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de una cantidad cada vez mayor de personas privadas de la libertad y, en particular, de personas encarceladas cautelarmente. A la luz de ello, la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia –con la colaboración de Auditoría y Control de Gestión y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación– se propuso analizar la información estadística confeccionada por el Servicio Penitenciario Federal durante el periodo 2012-2016 y aquella que se desprende del sistema de gestión de la Defensoría General de la Nación a efectos de constatar el modo en que ha evolucionado la población carcelaria en la República Argentina.
sep-2016Responsabilidad por el uso de internet en el ambito laboralJurisprudencia internacional y nacional sobre responsabilidad por el uso de internet en el ambito laboral.
27-oct-2016Loyola, Sergio AlejandroLa Cámara Primera en lo Criminal de la provincia de Córdoba había rechazado el planteo de inconstitucionalidad de la escala prevista en el art. 5, inc. c) en función del art. 34 inc. 1º de la ley 23.737 deducido por la defensa. A su vez, declaró al imputado autor del delito de comercialización de estupefacientes y le impuso la pena de cuatro años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad.
27-dic-2016JDA (causa N° 66291)Dos niños de catorce años y un adolescente fueron imputados por el delito de homicidio criminis causae, en concurso ideal con el delito de robo doblemente agravado y portación de arma de guerra sin autorización. Los dos primeros fueron sobreseídos. Al celebrarse la audiencia de juicio, el tercero había cumplido dieciocho años. La fiscalía explicó que los hechos juzgados preveían la aplicación de una pena de prisión perpetua. Sin embargo, consideró que dicha sanción resultaba desproporcionada, en línea con los estándares fijados por la Convención de los Derechos del Niño, el caso ‘Mendoza’ de la CorteIDH, y el caso ‘Maldonado’ de la CSJN. Por tal razón, solicitó que se le impusiera la pena de quince años de prisión y se la revisara periódicamente. El asistente técnico, junto a la defensoría de menores, solicitó que se lo eximiera de pena.