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FechaTítuloResumen
12-dic-2014CFJEl imputado fue juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes por su participación, como jefe del Destacamento de Inteligencia 123 de Pasos de los libres, en los hechos ocurridos en el marco de la dictadura cívico militar de nuestro país durante el mes de noviembre de 1976 en la provincia de Corrientes.
23-abr-2015Cao, Leopoldo NorbertoSe le había aplicado a una persona privada de su libertad una sanción disciplinaria. Durante el trámite del proceso sumario que desembocó en la adopción de esa decisión el nombrado no tuvo acceso a una defensa letrada. Por esa razón, el defensor planteó la nulidad de todo lo actuado. El asistente técnico sostuvo en su planteo que la medida era ilegítima y arbitraria e implicaba para el interno “un agravamiento notable en sus condiciones de detención”. Asimismo, alegó que “dos son las consecuencias de denominar ‘sanción administrativa’ a lo que en verdad es una pena: por un lado, se requiere que la misma sea controlada por un juez y, por el otro, arrastra un procedimiento administrativo en el cual las garantías pierden el debido protagonismo”. De este modo, el defensor entendió que “[a]nte tal panorama, la imposición de una sanción administrativa, que agrava las condiciones de detención y afecta el régimen de progresividad- surge otra exigencia: asistencia letrada (18 CN). De lo contrario se le estaría imponiendo al interno una pena sin darle la posibilidad de defenderse”. Sobre esto afirmó que “[e]ste derecho de contar con asistencia letrada de manera efectiva, cobra mayor trascendencia si se tiene el estado de vulnerabilidad del interno y su indefensión respecto de la autoridad penitenciaria que lo sanciona…” y que “…no debe ser pasado por alto que es en la cárcel donde el poder punitivo logra efectivizarse en su máxima expresión y lo hace no sólo privando de libertad a la población carcelaria sino también de otros derechos”. Agregó, en ese sentido, que “…aquí con mayor intensidad el foco debe estar puesto en salvaguardar las garantías de los internos como contrapeso de tal avance coercitivo”.
3-ago-2015Benítez, Irma Celina y otrosEl Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes resolvió absolver a los imputados por los delitos de trata de personas, bajo las modalidades de captación, transporte, acogimiento y recepción con fines de explotación sexual (art. 145 bis) y su figura agravada por el medio comisivo de aprovechamiento de las víctimas, pluralidad de sujetos pasivos afectados y pluralidad de sujetos activos intervinientes (art. 145 ter inc. 1, 4 y 5).
30-nov-2015Mondo, Juan CarlosEn el presente caso, el Tribunal Oral había resuelto condenar al imputado a la pena de doce años de prisión por encontrarlo coautor penalmente responsable del delito de trata de personas menores de edad con fines de explotación sexual. Esta resolución había sido recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal. En paralelo, la defensa solicitó que se le concediera a su representado la prisión domiciliaria en razón de su edad y su precario estado de salud. De acuerdo al informe médico del Cuerpo de Peritos y de los consultores técnicos de la Defensoría General de la Nación, sus múltiples dolencias no le permitían seguir detenido en el establecimiento carcelario. El Tribunal Oral hizo lugar al pedido.
6-abr-2016AJC (causa Nº 12000089)Varias personas fueron imputadas por el delito de transporte de estupefacientes. Una de ellas tenía dieciséis años al momento de la comisión del hecho. Por esa razón, fue sometido a un tratamiento tutelar en los términos del artículo 4 de la ley N° 22.278. Durante juicio oral, la fiscalía solicitó que se le impusiera la pena de seis años de prisión. Por su parte, la defensa postuló su absolución.
24-may-2016De Marchi, Juan CarlosLa defensa había solicitado la prisión domiciliaria de una persona condenada por delitos de lesa humanidad que contaba con 70 años y padecía cáncer de vejiga.
3-ago-2016FT y otrosDos personas habían sido acusadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y, una tercera, por el delito de transporte de estupefacientes en grado de tentativa. En el último caso, una embarcación había descargado bolsas junto a dos personas que huyeron ante la voz de alto dada por la Prefectura Naval. En el lugar se detuvo al acusado y se secuestraron 135,725 kilos de marihuana en paquetes.
9-ago-2016Silva (causa N° 16001248)Una persona había sido imputada por el delito de contrabando agravado por tratarse de estupefacientes. El expediente se había iniciado en el año 2007. En el año 2008 se dictó su procesamiento y en 2009 la fiscalía formuló el requerimiento de elevación a juicio. En 2010 el expediente fue elevado a un tribunal oral y en agosto de 2011 se citó a las partes a juicio. Entonces, la fiscalía propuso un acuerdo de juicio abreviado que preveía la imposición de una pena de seis años de prisión. En 2016, la defensa planteó la prescripción de la acción penal. En esa línea, entendió que si bien no se cumplían los plazos legales para la aplicación de tal instituto, el trámite del expediente –que había durado 9 años– resultaba excesivo.
22-feb-2017E, NGUna persona condenada a una pena de prisión transitaba el Período de Tratamiento, calificado con conducta muy buena (ocho). Dado que no contaba con estudios primarios, solicitó ser inscripto en el nivel educativo inicial. Luego de aprobar los estudios asignados, la defensa solicitó la reducción de dos meses de estímulo educativo, establecido en el artículo 140 de la ley 24.660. Tanto el representante del Ministerio Público Fiscal como la Sección Educación y el Consejo Correccional del establecimiento penitenciario indicaron que correspondía la aplicación del instituto.
9-may-2018CMY y otros (causa Nº 3870)En la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, se allanaron tres locales nocturnos. Allí, se encontraron mujeres de distintas nacionalidades que ejercían la prostitución. Por tal razón, cinco personas fueron imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. A una de ellas, CMA, se le imputó haber recibido y acogido a las víctimas, como así también haber administrado y regenteado uno de los negocios. Según los testimonios incorporados al expediente, el trabajo de CMA consistía en cobrar y anotar las “copas” y los “pases” de las víctimas. Luego, entregaba el dinero a la dueña del local. Durante el debate, la imputada declaró que era vecina del lugar desde hacía más de diez años. En particular, sostuvo que era sólo una empleada del comercio, y que había aceptado el trabajo porque conocía el lugar y había visto su habilitación municipal y las libretas sanitarias de las mujeres. Además, indicó que poseía un sueldo fijo por su labor y recibía propinas por “copeo”. En oportunidad de alegar, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se le impusiera una pena de ocho años de prisión. Por su parte, la defensa destacó que CMA no se encontraba en una relación de autoridad respecto de las víctimas. Por ese motivo, consideró que la conducta de su asistida era atípica y, en consecuencia, solicitó su absolución.
29-nov-2018Batista (causa N° 33021901)La Gendarmería Nacional informó sobre la existencia de prostíbulos en varias ciudades de Corrientes. Así, se identificó una whiskería en Gobernador Virasoro y se dispuso su allanamiento. En el procedimiento se hallaron doce mujeres mayores de edad que convivían en el local. La mayoría de ellas provenían de otras provincias, no habían tenido acceso a educación, tenían hijos a su cargo y poseían escasos recursos económicos. Las mujeres tenían encomendado que los clientes del bar consumieran bebidas y mantuvieran actos sexuales con ellas en el lugar. Además, se detuvo a la encargada del lugar. La mujer atendía la barra, anotaba el dinero de las “copas” y los “pases” que realizaban las víctimas y les retenía una parte. El juzgado dictó su procesamiento por el delito de trata de personas mayores de edad bajo la modalidad de acogimiento con fines de explotación sexual, agravado por la consumación de las explotaciones, por la cantidad de víctimas y por el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad. En la audiencia de debate oral, la imputada declaró que era madre de dos hijos y que estaba desempleada cuando el dueño del bar le ofreció trabajar como encargada del lugar. Asimismo, sostuvo que cobraba un sueldo muy bajo por su trabajo, que el dueño la había amenazado y golpeado y que le había insistido en que hiciera todo lo que él le ordenaba. En tal sentido, explicó que le rendía cuentas sobre todos los movimientos del local y que le había solicitado registrar el negocio a su nombre ya que él “tenía problemas con la justicia”. En su alegato, la defensa sostuvo que su asistida sólo había trabajado como empleada del dueño del local, por lo que no había tenido dominio sobre el hecho. En esos términos, solicitó su absolución.
2-abr-2020Losito (causa N° 1412)Un hombre de 68 años se encontraba imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad y detenido con prisión preventiva en la Unidad N° 34 de Campo de Mayo. Con anterioridad había sido condenado por un tribunal de Resistencia que le había concedido el arresto domiciliario. El hombre tenía hipertensión arterial, dislipemia y una patología degenerativa de columna cervical y dorsolumbar. Además, presentaba cardiopatía hipertensiva con leve compromiso hemodinámico. Frente a la situación de emergencia sanitaria, el Servicio Penitenciario informó que pertenecía al grupo de riesgo frente al COVID-19. Por esa razón, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El representante del Ministerio Público Fiscal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos se opusieron al pedido. Entre otras cuestiones, sostuvieron que la Unidad N° 34 tenía una población carcelaria menor a la capacidad de alojamiento y contaba con instalaciones en un predio amplio y aireado. Además, agregaron que la pandemia no bastaba para demostrar que con el otorgamiento del instituto se garantizaba un mejor acceso a la salud que en el lugar en donde se alojaba.
6-abr-2020Obregón (causa N° 16000577)Un hombre de 70 años había sido condenado a la pena de veinticinco años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados. El hombre se encontraba alojado en la Prisión Regional del Norte, Unidad N° 7 del SPF. Entre otras cuestiones, tenía artrosis de rodilla que le dificultaba caminar, una recidiva de una cirugía de ganglio en la articulación de un hombro, una enfermedad degenerativa del raquis lumbar, obesidad, una hernia de disco lumbar e hipertensión arterial. La defensa había presentado un certificado médico de un especialista en ortopedia y traumatología que recomendaba que el tratamiento y la rehabilitación se realizara en el domicilio para una mejor evolución de las patologías. Además, el informe médico realizado en la unidad penitenciaria concluía que el contexto de encierro dificultaba su recuperación. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa requirió que se le concediera la prisión domiciliaria por encontrarse dentro del grupo de riesgo frente al COVID-19. El representante del Ministerio Público solicitó la realización de informes y evaluaciones médicas para definir su situación actual y agregó que la situación de emergencia sanitaria no era motivo suficiente para otorgar el instituto requerido.
17-abr-2020Gutierrez (causa N° 3084)Una persona se encontraba detenida bajo prisión preventiva en la Prisión Regional del Norte, Unidad N° 7 del Servicio Penitenciario Federal. Frente a la situación de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera la excarcelación y, en subsidio, el arresto domiciliario. El representante del Ministerio Publico Fiscal se opuso a la concesión de la excarcelación y explicó que, sobre la base de los parámetros establecidos por la Cámara Federal de Casación Penal como consecuencia de la pandemia, correspondía conceder la prisión domiciliaria.
20-abr-2020Saintotte (causa N° 34021792)Un hombre se encontraba detenido bajo el régimen de prisión preventiva desde el mes de marzo del 2017, imputado por el delito de lavado de activos. El Tribunal Oral había prorrogado la medida en razón de la gravedad del hecho imputado, el número de imputados y la cercanía de la fecha de juicio. Su defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. Por un lado, señaló que a raíz de la emergencia sanitaria debían respetarse las recomendaciones publicadas por la Cámara Federal de Casación Penal y priorizar la concesión de medidas alternativas a las personas detenidas. Por otra parte sostuvo que, de acuerdo al delito imputado y el tiempo en detención, en caso de condena su asistido podría acceder a la libertad condicional. La fiscalía se expidió de modo favorable al planteo.
26-abr-2020Altamirano (causa n° 5174)Un hombre se encontraba detenido en la Unidad n° 17 del Servicio Penitenciario Federal en la provincia de Misiones. El imputado era portador de HIV, tenía EPOC y tuberculosis. Frente a la declaración de la emergencia sanitaria, el SPF lo incluyó en el listado de personas que se encontraban en riesgo ante un eventual contagio del Covid-19. Entonces, su defensa solicitó que se le otorgase la prisión domiciliaria. Por su parte, la fiscalía se pronunció a favor de su otorgamiento bajo vigilancia electrónica.
15-may-2020Lutz (causa N° 4444)Una persona se encontraba detenida bajo prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en la Unidad 7 (Prisión Regional del Norte). Transcurridos dos años y un mes de detención, su defensa solicitó su excarcelación. Entre sus argumentos, señaló que su asistido había cumplido el requisito temporal máximo previsto por el ordenamiento para la prisión preventiva. Además, tuvo en cuenta la situación de emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia del Covid-19. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable al planteo.