ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
29-jun-2024	Reynoso (Causa N° 80860)	Entre el 16 y el 24 de junio de 2024, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó ciento veintiséis procedimientos policiales y detuvo a varias personas que se encontraban en situación de calle. Luego, las requisó y encontró cuchillos o tijeras entre sus pertenencias. En ese marco, secuestró los elementos cortopunzantes porque consideró que se trataban de armas no convencionales. El representante del Ministerio Público Fiscal de la CABA convalidó la actuación de los agentes y los informó al juzgado de turno a través de WhatsApp o por correo electrónico. Los informes describían de forma muy escueta las circunstancias en las que se habían realizado las intervenciones de las fuerzas de seguridad. Entre sus argumentos, el personal policial indicó que había detenido a personas que merodeaban por la calle o se encontraban con una actitud sospechosa. En consecuencia, el 19 de junio del mismo año la jueza de turno requirió a la fiscalía que remitiera las actas contravencionales y de secuestro labradas por la policía en un plazo de cuarenta y ocho horas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Procedimiento Contravencional. Sin embargo, el 21 de junio la fiscalía presentó un recurso de aclaratoria. Allí, solicitó al juzgado que indicara en qué normativa se fundaba el pedido ya que comprendía que se había cumplido con lo indicado en el artículo 22 de la mencionada Ley cuando se informó sobre los operativos de los agentes de seguridad. El 24 de junio la jueza declaró inadmisible el planteo y reiteró el pedido de remisión de las actuaciones a fin de realizar un efectivo control judicial. Además, ordenó que se enviaran todas las actas de los procedimientos realizados con posterioridad al proveído del 19 de junio. A pesar de la orden impartida, la fiscalía no presentó las actas solicitadas.
15-jun-2024	Chauqui (Causa N° 9126)	Un grupo de personas fueron acusadas por el delito de secuestro extorsivo. En la audiencia de control de acusación, entre otras cosas, la defensa de unas de las personas cuestionó la admisión como prueba documental de las actas de procedimiento e informes policiales y solicitó que se admitieran solo para los fines indicados en el último párrafo del art. 289 del CPPF. También explicó que el video ofrecido por la Fiscalía que contenía el testimonio de una persona que declaró como “imputado colaborador” solo debía ser llevado a juicio como soporte para el examen y el contraexamen de esa persona, pero que no podía sustituir su declaración. Además, en esa oportunidad el fiscal ofreció nuevas pruebas que habían sido obtenidas poco antes de la audiencia. Precisó que en la vivienda colindante a la casa en la que habría estado cautiva la víctima del secuestro se había encontrado un arma, similar a la que se habría utilizado en el hecho, que no había sido descubierta antes porque la casa estaba en construcción y la obra estaba paralizada. Por su parte, las defensas se opusieron a que se admitiera la prueba nueva porque consideraron que era extemporánea. También en esa oportunidad, la fiscalía y el defensor público de víctimas solicitaron la declaración de una persona que había estado imputada por el hecho y que finalmente resultó sobreseída.
12-jun-2024	Save (causa N° 61008454)	Unos terrenos ubicados en la localidad de Chascomús habían sido adquiridos en 1976 con dinero proveniente de actividades vinculadas con delitos de lesa humanidad cometidos por la organización conocida como “la banda de Aníbal Gordon”. Con posterioridad, los cuatro hijos de uno de los integrantes de esa asociación criminal transfirieron a su nombre y administraron los campos. Para lograrlo, se valieron de distintos documentos y actos jurídicos simulados que incluyeron una cadena de poderes, cesiones y escrituras públicas donde se falsearon identidades. Por esos hechos, fueron imputados por el delito de lavado de activos de origen ilícito, tipificado en los incisos 1 y 4 del artículo 303 del Código Penal, según texto de la ley N° 27.739. En el requerimiento de elevación a juicio, el acusador público advirtió que no existía una tasación que reflejara el valor real de los terrenos. A pesar de ello, sólo ofreció la valuación fiscal como prueba que acreditara la condición objetiva de punibilidad requerida por la norma. En la etapa de juicio oral, el representante del Ministerio Público Fiscal, al momento de los alegatos, solicitó que se condenara a los imputados a la pena de tres años de prisión en suspenso y a una multa de dos veces el valor de los terrenos. A su vez, la querella conformada por la Unidad de Información Financiera solicitó condenas de cinco años de prisión y multa de cinco veces el valor de las propiedades para tres de los acusados, y condena de tres años de prisión en suspenso y multa de cinco veces el valor de las propiedades para el restante. Por último, la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires solicitó condenas de cinco años de prisión y multa de cinco veces el valor de las transacciones para dos de los imputados y tres años de prisión y multa de cinco veces el valor de las transacciones para los restantes. Por su parte, la defensa sostuvo que a partir de la sanción de la ley N° 27.739 que reformaba la ley N° 26.863, la condición objetiva de punibilidad para el delito de lavado de activos se había elevado a 150 salarios mínimos, vitales y móviles. En esa línea, argumentó que el delito por el que se juzgaba a sus defendidos tenía la característica de ser permanente, por lo que la nueva condición de punibilidad era aplicable al caso. En consecuencia, sostuvo que ni el Ministerio Público Fiscal ni las querellas habían demostrado que el valor de los terrenos superase ese monto mínimo, por lo que no correspondía la pena de prisión.
12-jun-2024	Calle Borda (causa N° 12354)	Un hombre cumplía una condena de seis años de prisión en el Complejo Penitenciario Federal N° III del Noroeste Argentino. En el marco de una requisa de rutina, se incautó un envoltorio con 34.7 gramos de cannabis sativa en su celda. Por ese hecho, fue imputado en sede judicial por un delito vinculado a la Ley de Estupefacientes. Durante la investigación la fiscalía y la defensa acordaron que la sustancia era marihuana y que la portaba el imputado. Entonces, el objeto de la causa se centró en si la sustancia prohibida estaba destinada a su consumo personal o al comercio. En la etapa de juicio oral, el tribunal oral lo condenó a la pena de un año y cuatro meses de prisión efectiva y multa por el delito de tenencia simple de estupefacientes previsto en el artículo 14, primer párrafo, de la ley N° 23.737. Para así decidir, sostuvo que la defensa no había podido demostrar que la sustancia secuestrada estuviera destinada al consumo personal. Por el contrario, basó su decisión en un informe psicológico que se le había efectuado al hombre al momento de ingresar al establecimiento, que indicaba que no padecía adicciones. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación. Sostuvo que la condena se había basado es una interpretación parcial y tendenciosa de las pruebas recabadas. Afirmó que ninguna prueba había podido desvirtuar con certeza la hipótesis de que la tenencia de estupefacientes era para consumo personal y que, ante la duda, correspondía absolver a su asistido por aplicación del principio in dubio pro reo.
3-jun-2024	Miguelez (causa N° 65235)	MAT, una joven con retraso madurativo moderado, vivía con su hermana en la ciudad de Quilmes. Debido a su discapacidad intelectual no había conseguido aprender a leer ni escribir, no reconocía los meses ni el año en curso, ni manejaba dinero. A raíz de una discusión, la joven huyó de la casa familiar y buscó refugio en un hogar transitorio en la ciudad de La Plata. Allí conoció a JBM, que se encontraba alojada en el mismo hogar junto a sus hijos porque había sido víctima de violencia de género y tenía un consumo problemático de estupefacientes. JBM convenció a MAT para que se mudaran a la casa de su pareja MAR. Una vez allí, le quitó su DNI, su tarjeta SUBE y su teléfono celular. De esa manera, la joven no pudo trasladarse ni comunicarse por sus propios medios. JBM comenzó a cobrar la pensión no contributiva de la joven, apoderándose del dinero. Del mismo modo, solicitó un préstamo a ANSES a nombre de MAT y recibió el dinero para su propio provecho. Al mismo tiempo, la pareja sometió a MAT y la obligó a realizar tareas del hogar y de cuidado sin descansos ni remuneración. Poco después, acogieron a JCP, un joven con retraso madurativo leve, a quien convencieron de convivir con ellos luego de que abandonara su hogar por una pelea familiar. Bajo la misma modalidad, la pareja comenzó a percibir la pensión no contributiva del joven. También lo obligaron a mendigar junto a MAT en una estación de servicio cercana a la vivienda familiar y a entregarles el dinero. En ese contexto, JBM obligó a MAT a mantener relaciones sexuales con hombres desconocidos a cambio de dinero, que debía entregarle. Con ese fin, creó un perfil de Facebook a nombre de MAT desde donde se contactaba con los futuros clientes. Por ese entonces, también vivía en esa casa JFR, hermano de MAR, quien quiso entablar una relación sexo afectiva con la joven a pesar de conocer su situación de sometimiento y su discapacidad intelectual. Fue así que la abusó sexualmente en varias oportunidades. A raíz de esos abusos, MAT quedó embarazada. En una oportunidad, mientras los miembros de la familia dormían, JCP convenció a MAT y escaparon. Se dirigieron a la casa de la hermana de MAT, donde llegaron golpeados, nerviosos y angustiados. JBM se comunicó con la mujer y la amenazó para que los jóvenes retornaran con ella y “pagaran lo que debían”. Ante la negativa, las amenazas se intensificaron hasta que JBM y JFR concurrieron a ese domicilio para amedrentarlos. Luego de ese suceso, JBM, MAR y JFR fueron denunciados penalmente. MAT y JCP se constituyeron en querellantes con el patrocinio de la Defensoría Pública de Víctimas con asiento en la provincia de Buenos Aires.
31-may-2024	RAM (Causa N° 147)	Un hombre convivía con su esposa y la hija de ésta, desde que tenía tres años. En ese momento, la niña no tenía relación con su padre biológico. Con el transcurso del tiempo, el hombre comenzó a desarrollar un fuerte lazo socioafectivo con la hija de su pareja. Ante esa situación, solicitó la adopción por integración de la adolescente. En su presentación, el hombre requirió que se concediera bajo los efectos propios de la adopción plena. Sostuvo que había participado en su rol paterno en todos los actos de la vida de la adolescente. En esa oportunidad, el hombre manifestó que ya tenía tres hijos de su anterior relación. En consecuencia, iniciado el proceso judicial, se fijó una audiencia para escuchar a los hijos biológicos del hombre. Con posterioridad, la asesora de familia consideró que no estaban reunidas las condiciones para la adopción. Entre sus argumentos, expuso que el hombre no cumplía con los deberes derivados de la responsabilidad parental respecto a sus hijos biológicos, tanto con relación al pago de alimentos como al régimen de comunicación. Asimismo, expuso que el hombre no comunicó en forma previa a sus hijos la acción de adopción de integración de la adolescente, lo que generó angustia, temor y malestar en los ellos. Por lo tanto, entendió que no acreditó la idoneidad para cumplir con las tareas de cuidado de la hija de su pareja.
21-may-2024	ACL (Causa N° 9602132)	Una mujer ocupaba junto a su familia un inmueble ubicado dentro de un campo de la localidad de Las Palmas, provincia de Córdoba. Con posterioridad, el propietario de la vivienda inició una demanda de desalojo por intrusión. En el marco del proceso, se presentó la mujer, en calidad de autoridad del pueblo originario Werken Kurruf. Informó que la comunidad indígena era parte del Consejo Consultivo Indígena y que desde el 2016 su personería se encontraba en trámite ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En su presentación, negó que la ocupación fuera por intrusión y sostuvo que se trataba del derecho a la propiedad indígena. En ese sentido, relató que desde hacía años desarrollaban en esas tierras actividades de revalorización de la cultura y fortalecimiento de la identidad de la comunidad, como parte de un proceso de visibilización de su existencia, que había sido negada a lo largo de la historia por los gobiernos y gran parte de la sociedad. Afirmó que allí contaban con sitios ceremoniales y sagrados, entre ellos un cementerio indígena. Además, expresó que, si bien no estaba delimitado el espacio geográfico, la propiedad indígena existía y se correspondía con las tierras que utilizaban para su subsistencia y preservación del patrimonio cultural. Asimismo, la mujer mencionó que existió un contrato de donación por parte de un hombre que fue ofrecido como testigo por el accionante. Destacó que el contrato no era un acto traslativo de la propiedad por no haber sido realizado por escritura pública, pero lo asimiló a un reconocimiento expreso de la presencia de la comunidad en el territorio. Por último, indicó que la pretensión del actor era inviable, puesto que la Ley N° 26.160 –que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad indígenas– suspendió todo acto administrativo o judicial que tuviera por efecto desalojar a los pueblos originarios hasta tanto se efectuara un relevamiento territorial, trámite previo para acceder a la titulación definitiva de las tierras. En consecuencia, solicitó el rechazo de la acción de desalojo.
20-may-2024	KAA (causa N° IPP-07-00-086769-23/00)	Oficiales de policía fueron alertados por un grupo de vecinos respecto de un hombre que se encontraba tendido en el suelo y manifestaba que había sido apuñalado por su pareja. En ese momento, se acercó una mujer que explicó que el hombre había vuelto de trabajar en estado de ebriedad, se puso muy agresivo, la golpeó y arrastró de los pelos. La mujer dijo que tenía un cuchillo y que le propinó dos puñaladas para terminar con las agresiones. Por ese hecho, fue detenida e imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. El Comité Provincial por la Memoria interpuso una acción de habeas corpus para solicitar el arresto domiciliario de la imputada debido a que sus hijos menores de edad se encontraban en situación de desamparo. El juzgado interviniente hizo lugar a la acción. Además, dispuso que los hechos imputados no abastecían los extremos previstos en la figura penal atribuida y correspondía encuadrarlos dentro del delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. Durante la instrucción, el informe realizado por el cuerpo médico forense certificó que la mujer presentaba hematomas en región frontal izquierda y equimosis en la región posterior del antebrazo derecho y posterior de pierna derecha. Asimismo, se incorporaron como prueba reiteradas denuncias en sede penal respecto de las agresiones infringidas por el hombre hacia la imputada como también diferentes denuncias por violencia de género realizadas por ex parejas. Incluso, una causa caratulada como averiguación de causales de muerte, en la que el hombre resultó indagado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Sin embargo, la defensa se opuso al requerimiento y solicitó el sobreseimiento de su asistida por haber actuado en legítima defensa.
6-may-2024	Rojas Ávalos (causa N° 7643)	Una joven de nacionalidad paraguaya migró dentro de su país cuando tenía quince años desde un medio rural a una importante ciudad en búsqueda del reconocimiento de su padre biológico, que la desconoció como hija. Transcurrió su adolescencia sin contención socio-familiar y sin redes socio-afectivas. Fue víctima de abuso sexual infantil y vivió en situación de prostitución callejera como único medio de subsistencia. En ese sentido, sufrió situaciones de violencia de género de diversos tipos y estuvo expuesta a enfermedades. Luego, quiso salir de ese contexto y comenzó a trabajar en una peluquería-bar trece horas diarias. En base a esa actividad percibía un sueldo semanal equivalente a la décima parte del monto del alquiler de la vivienda que compartía con una amiga. Por esa razón, tuvo que continuar con el ejercicio de la prostitución. En ese marco, un cliente prostituyente le ofreció llevar “mercadería” de un lugar a otro y luego de un país a otro por una paga superior a la que percibía en ese momento.; Durante un operativo público aleatorio de prevención y control, personal de Gendarmería Nacional Argentina interceptó un ómnibus de larga distancia que iba de Misiones a Buenos Aires. En el procedimiento, detectó una campera de color bordó perteneciente a la joven que, al intentar moverla, tenía un peso que no coincidía con sus características. De allí, los gendarmes extrajeron dos paquetes rectangulares compactos envueltos en cinta que contenían sustancia estupefaciente. Por orden judicial, procedieron a realizar una prueba de narcotest que arrojó como resultado que se trataba de clorhidrato de cocaína. Por ese hecho, la joven fue imputada por el delito de transporte de estupefacientes.; Durante la etapa de juicio oral, la mujer declaró, entre otras cuestiones, que un cliente le había ofrecido llevar mercadería de un sitio a otro y que había aceptado para poder abandonar el ejercicio de la prostitución. Sin embargo, aclaró que al principio no sabía de qué mercadería se trataba, pero luego cuando preguntó le dijeron que era cocaína. Explicó que por esos traslados dentro del Paraguay le pagaban 60 o 70 dólares; y que por llevarla de un país a otro le daban 150 dólares, que equivalían a tres meses de alquiler. Por último, dijo que al enterarse de lo que transportaba le expresó a su cliente que ese iba a ser su último viaje. Al momento de los alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que, pese al estado de vulnerabilidad de la imputada, esa circunstancia no la eximía del reproche penal y solicitó la pena de tres años y cuatro meses de prisión, que debía cumplir en su país de origen. En ese sentido, explicó que, aunque el tipo penal fijaba como mínimo una sanción de cuatro años de prisión, el tribunal en otra ocasión ya había perforado esa pena sin declarar su inconstitucionalidad. Por otro lado, la defensa incorporó un informe elaborado por la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. Asimismo, consideró que en el caso se configuraba un estado de necesidad exculpante y solicitó la absolución de su asistida.
30-abr-2024	Candia (Causa N°14745)	Luego de una discusión con su pareja, un hombre presentó quemaduras en su cuerpo y su novia solicitó auxilio médico para asistirlo. Una vez en el hospital, el hombre falleció. Por este hecho, la mujer fue detenida y citada a declaración indagatoria. En esa oportunidad, señaló que el hombre se volcó alcohol en el cuerpo y se prendió fuego. Asimismo, declaró que su relación de pareja era conflictiva y que sufrió episodios de violencia física y psicológica por parte del hombre. En el sumario se tomó declaración, entre otras personas, a los preventores que entrevistaron a la mujer en el hospital, quienes manifestaron que brindó versiones contradictorias. La mujer fue procesada con prisión preventiva e imputada por el delito de homicidio agravado por mediar relación de pareja con la víctima. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación.