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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 22-mar-2024 | MAA (Causa Nº 2024) | En una causa de filiación, se fijó una cuota alimentaria provisoria a favor de un niño. Luego, se realizó una prueba genética, que determinó quién era su progenitor biológico. Sin embargo, el hombre cumplía de manera irregular con su obligación. En concreto, hacía pagos parciales por fuera del trámite judicial. En ese contexto, el hombre fue intimado a regularizar su situación. Aunque, transcurrieron más de cuatro meses, el hombre no abonaba lo adeudado. A su vez, su empleador no hacía las retenciones correspondientes de su salario. En consecuencia, el defensor local interviniente solicitó que se dispusiera la inscripción del hombre en el Registro de Deudores Morosos. |
| 22-mar-2024 | Incorporación de declaraciones por lectura | El presente boletín recopila sentencias de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional sobre incorporación de declaraciones por lectura (2015-2023). |
| 20-mar-2024 | Bisora Group S.A. (Causa N° 744) | Tres personas fueron investigadas por la presentación de documentación adulterada ante el servicio aduanero. Por esos hechos, fueron imputadas por el delito previsto en los artículos 864, inciso b, y 865, inciso f, del Código Aduanero. En la etapa de instrucción, las defensas solicitaron la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio en los términos del artículo 59, inciso 6, del Código Penal. En sentido, ofrecieron la suma dineraria, en dos cuotas consecutivas, equivalente a los tributos relativos a la importación de la mercadería involucrada que no fueron ingresados de manera oportuna. Además, ofrecieron una donación en favor de una entidad de bien público equivalente al 50% percibido por salario y propusieron que fuera destinada al Hospital de niños Ricardo Gutiérrez. El juzgado interviniente rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, sostuvo que la reparación patrimonial ofrecida era insuficiente. En ese sentido, señaló que no se había efectuado una determinación concreta del perjuicio ocasionado y que el ofrecimiento había sido rechazado por la parte damnificada (AFIP-DGA). Contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de apelación. |
| 20-mar-2024 | Paez (Causa N°11272) | Tres personas fueron acusadas por el delito de transporte de estupefacientes agravado. En la audiencia de control de acusación, la defensa se opuso a la incorporación del informe de la AFIP que calculaba el valor correspondiente al estupefaciente secuestrado. Argumentó que el análisis efectuado en el informe carecía de rigor científico y por ende de utilidad para el debate. |
| 20-mar-2024 | PMP (Causa N°28173) | Una mujer demandó por alimentos al progenitor de su hijo menor de edad. En su presentación, relató que, luego de la separación, el hombre continuó abonando el alquiler de la vivienda en la que residían. Por entonces, ella trabajaba en un local comercial que le pertenecía al demandado. Sin embargo, tiempo después el hombre la desvinculó en forma abrupta del comercio, por lo que se quedó sin ingresos. En ese contexto, debía afrontar tanto la manutención como el cuidado de su hijo, quien convivía con ella. En consecuencia, solicitó la fijación de una cuota consistente en el 20% de los ingresos del progenitor, la obra social y la mitad del canon locativo. Por su parte, el juzgado interviniente estableció una cuota provisoria equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Con posterioridad, el demandado se presentó en el expediente. En esa oportunidad, indicó que la actora no había precisado las necesidades reales de su hijo adolescente, sino que se había basado en su situación patrimonial. En concreto, ofreció hacerse cargo del pago de la cobertura de salud, de los alimentos provisorios y de la mitad de los gastos comunes. Luego, el juzgado readecuó la cuota provisoria al 50% del SMVM. También se celebró una audiencia, pero las partes no lograron conciliar. Por lo tanto, se abrió la causa a prueba. En ese marco, la actora acompañó una serie de capturas de pantalla de un bien inmueble ubicado en Brasil de titularidad del demandado, así como de operaciones bancarias que llevó a cabo en ese país. Una vez finalizada esa etapa, la causa quedó en condiciones de dictar sentencia. |
| 19-mar-2024 | BT v. Rusia | Un hombre pertenecía a la Agencia de Asuntos Internos de Rusia. En particular, se encontraba a cargo de la policía de caminos dentro de un distrito. En el marco de su matrimonio, tuvo una hija. Sin embargo, desde un primer momento su esposa no quiso intervenir en la crianza. Esta intención fue certificada por un notario. Por ese motivo, el hombre solicitó una licencia parental en su trabajo. La solicitud fue rechazada por su superior. Entre sus argumentos, tuvo en cuenta que no se encontraba probado mediante motivos objetivos que el niño carecía de cuidado materno. De todas maneras, el hombre dejó de acudir a su lugar de trabajo. En consecuencia, fue sancionado y luego despedido por ausentarse sin causa. Contra esa decisión, interpuso diversas impugnaciones judiciales que no prosperaron. El principal argumento de las sentencias que confirmaron lo decidido giraba en torno a la Ley de Servicio en Agencias de Asuntos Internos. Esa normativa establecía la licencia parental para empleados varones únicamente en caso de que se demostraran motivos objetivos por los que la madre no intervenía en la crianza. |
| 15-mar-2024 | Martínez y otro (causa N° 6279) | Dos mujeres que se desempeñaban laboralmente en el Centro de Detención Judicial de Mendoza −Unidad N° 32− del Servicio Penitenciario Federal sufrían distintos tipos de violencia con motivo de género por parte de dos superiores jerárquicos. Por un lado, C.C. comenzó a recibir mensajes del director de la unidad con contenido ambiguo y sexual. El hombre la invitaba de manera constante a salir y a pasar tiempo a solas. Controlaba sus movimientos dentro de su lugar de trabajo, sus horarios de entrada y salida, y la relevaba de tareas con el fin de llevarla hasta su casa. En una oportunidad, al saludarla corrió la cara y le pasó la lengua por los labios. En otra ocasión, la abrazó cruzándole los brazos por la espalda y apretándola contra su cuerpo y sus zonas íntimas. En un tercer hecho, la mujer fue convocada a la oficina de su jefe y repentinamente la golpeó con la mano abierta a la altura del muslo. Luego de esos hechos, el hombre le solicitaba que borrara los mensajes de whatsapp que le había enviado. La mujer intentó tomar distancia de la situación. Sin embargo, su jefe comenzó a maltratarla y denigrarla frente a sus compañeros de trabajo. Incluso amenazó con golpearla y trasladarla a otra unidad penitenciaria, para lo que utilizaría el contacto de su hermano que trabajaba en la Dirección de Recursos Humanos. Por esa razón, C.C. acudió a la subdirectora del establecimiento, que elevó un informe institucional y le aconsejó realizar una denuncia penal. Ese mismo día, la mujer intentó salir de la unidad a tal efecto, pero un compañero se lo impidió por orden directa del director. Finalmente, radicada la denuncia, la mujer sufrió represalias y fue trasladada a otra unidad penitenciaria. Por otro lado, F.C. había solicitado una licencia psiquiátrica como consecuencia de un episodio violento realizado por el director de la unidad. En esa oportunidad, la había sometido a gritos y humillaciones frente a compañeros de trabajo. Otorgada el alta, su médico tratante le prescribió la continuidad de un tratamiento farmacológico. F.C. aportó todos los certificados médicos en tiempo y forma. Sin embargo, al reincorporarse a sus tareas laborales, recibió maltratos por parte de director y de otro compañero. Esos maltratos incluyeron cambios en su horario de trabajo, que F.C. no podía cumplir a consecuencia de su tratamiento. Además, el director se presentaba en el lugar donde ella ejercía funciones para vigilarla. Asimismo, fue víctima de burlas sobre su aspecto físico y de gaslighting en relación a sus funciones en el ámbito laboral. Como consecuencia, solicitó el pase a otra institución y, una vez obtenido, realizó la denuncia penal. Los dos hombres fueron imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en contexto de violencia de género. Además, el director de la unidad fue acusado por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por un funcionario de la fuerza de seguridad en ocasión de su función, también en contexto de violencia de género. |
| 14-mar-2024 | Mamani Toaque (causa N° 6410) | Una persona había sido condenada a una pena prisión y se encontraba en la mitad de su cumplimiento. Por ese motivo, su defensa pidió la expulsión anticipada. Entre sus argumentos, tuvo en cuenta que tenía dos hijos a su cargo. En ese sentido, añadió que ambos se encontraban al cuidado de su madre que padecía cáncer y no podía tratarse debido a que no disponía de ningún familiar para atender a los niños. Asimismo, señaló que existía una disposición migratoria firme y consentida, y no registraba sanciones disciplinarias. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal y el Asesor de Menores interviniente acompañaron lo solicitado por la defensa. |
| 13-mar-2024 | DEF (Causa N° 3719) | Un hombre fue procesado sin prisión preventiva por el delito de asociación ilícita en concurso real con los delitos de evasión simple y agravada. En ese marco, se le impuso la prohibición de salida del país. Entonces, la defensa solicitó al tribunal autorización para que realizara un viaje turístico al exterior del país. El juzgado rechazó el pedido por considerar, entre otras cuestiones, la capacidad económica del hombre imputado, la existencia de coimputados prófugos y las facilidades que tendría para trasladarse. Entonces, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 13-mar-2024 | GRE (Causa N° 54) | Dos empresas mineras estadounidenses se instalaron décadas atrás en el Altiplano. Así, iniciaron obras de explotación de litio en la Cuenca Salar Hombre Muerto, territorio compartido por las provincias de Salta y Catamarca. Pese a que las autoridades provinciales habilitaron los proyectos, los vecinos y la comunidad indígena de la zona –Atacameños del Altiplano– no recibieron información ni fueron consultados en forma previa. Tampoco se realizó la evaluación de los efectos de la actividad minera. En ese marco, un hombre –en calidad de Cacique y asistido por un equipo de trabajo conformado por la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca y por el Programa sobre Diversidad Cultural– inició una acción de amparo ante el fuero federal con asiento en Catamarca. En su presentación, demandó a la provincia de Catamarca, así como al Estado Nacional. Entre sus argumentos, señaló que la actividad de las empresas había causado un daño irreparable al ambiente. Sobre ese aspecto, sostuvo que para la extracción del litio se utilizaban miles de litros de agua dulce y salada, lo que ocasionaba que se secaran los ríos que formaban parte de la subcuenca glaciar. Como medida cautelar, el actor solicitó que se ordenara al estado provincial a dejar sin efecto aquellos decretos y resoluciones que habían autorizado los proyectos hasta que se efectuara una evaluación de impacto ambiental interjurisdiccional y acumulativa. A su vez, pidió que en todo el proceso participaran las comunidades indígenas y los pobladores. Sin embargo, el juzgado federal se declaró incompetente y dispuso la remisión del expediente a la justicia ordinaria de Catamarca. Si bien esa resolución fue apelada, la cámara la confirmó. Frente a lo decidido, el actor se presentó con nuevo patrocinio letrado y reencuadró la demanda. En ese sentido, pidió que se declarara la nulidad de los permisos que se habían otorgado ya que no se había cumplido con la obligación de celebrar audiencias públicas con la comunidad afectada. |