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FechaTítuloResumen
3-oct-2022Escalera escalera (Causa N° 7420)Una mujer fue acusada por el delito de tentativa de contrabando de estupefacientes. En la audiencia de control de acusación, la defensa de la mujer imputada se opuso a la admisión como prueba documental de las actas de secuestro e informes policiales ofrecidos por la Fiscalía como prueba documental. Argumentó que regía el principio de oralidad conforme el art. 288 del CPPF y que no eran aplicables las previsiones del art. 289 del CPPF, porque eran pruebas que debían ser recreadas en el debate y porque incorporarlas como documental violaba los principios de contradicción e inmediatez.
oct-2022Medidas recíprocas: una práctica judicial inconstitucional. La violación de los principios de igualdad, de razonabilidad y de autonomía personal.El presente trabajo propone dar cuenta –de manera crítica– que, en el último tiempo, existió un aumento generalizado de medidas recíprocas en los procesos judiciales de violencia de género, aspecto que marca un retroceso respecto de diversos avances logrados –tanto en la justicia como en otros ámbitos–.
oct-2022El régimen de progresividad para las personas condenadas a prisión perpetua. Debates en la jurisprudenciaEn el presente trabajo se analizan diferentes aspectos de las reformas vinculadas a las penas a perpetuidad y los debates jurisprudenciales más relevantes. En primer lugar, se estudian diversos aspectos de las reformas legales que impusieron penas a perpetuidad. Luego, se abordan los estándares recientes elaborados por la jurisprudencia internacional. Finalmente, se abordarán algunos aspectos trabajados en el reciente fallo “Ibañez Benavidez” de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
oct-2022Detenciones y requisas policiales sin orden judicial. La jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal posterior a la condena dictada por la Corte IDH en “Fernández Prieto y Tumbeiro”El presente trabajo se propone evaluar las sentencias dictadas por la Cámara Federal de Casación Penal entre el 1/1/2021 y el 30/6/2022; es decir, durante 18 meses posteriores al dictado de “Fernández Prieto y Tumbeiro”. El estudio se poropone, por un lado, realizar una caracterización de los casos resueltos por la CFCP y de los argumentos que empleó para validar o impugnar los procedimientos policiales de detención y requisa. Por otro, busca reflexionar acerca de la influencia que ejercen las decisiones de la CorteIDH sobre las sentencias que adopta ese tribunal. En definitiva, proponemos examinar el modo en que procedió la CFCP al realizar el control de convencionalidad encomendado por la Corte IDH.
oct-2022Conceptos y discusiones sobre la admisibilidad de la prueba en el proceso penal.El objeto de este trabajo es reflexionar sobre el alcance del derecho de una persona acusada para ofrecer y producir prueba de descargo en los procesos penales en los que se aplica el Código Procesal Penal de la Nación (también se harán breves referen cias al nuevo CPPF). Específicamente, se analizarán los conceptos que son claves para decidir si una prueba debe ser admitida en un proceso penal y se revisará su utilización en la jurisprudencia de diversos tribunales.
oct-2022Casos ambientales: jurisprudencia de la CSJNJurisprudencia de la CSJN en casos ambientales.
oct-2022Vehículos aéreos no tripuladosJurisprudencia nacional y extranjera sobre el uso de vehículos aéreos no tripulados para la obtención de prueba
30-sep-2022BNNUna mujer de 18 años vivía en un campo de la provincia del Chaco con su concubino. Tenían un hijo menor de edad. El hombre golpeaba, amenazaba y ejercía violencia sexual contra su pareja y el niño. Su hijo falleció a causa de diversas lesiones. Por ese hecho, la madre fue condenada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo a la pena de diez años de prisión. Para decidir de esa manera, el tribunal interviniente sostuvo que la imputada había violado su deber de cuidado. La defensa de la mujer no recurrió la sentencia condenatoria. Luego, el Observatorio de Derecho Penal del Ministerio Público de la Defensa de la provincia del Chaco entrevistó a la mujer. En esa oportunidad, manifestó que no había sido informada sobre la posibilidad de recurrir el fallo. Ante esa situación, la Defensora General Adjunta del Poder Judicial de la provincia del Chaco interpuso un recurso de casación. En su presentación, explicó que la valoración de la prueba se había realizado en base a estereotipos de género. En ese sentido, remarcó que la incorporación de la perspectiva de género en los procesos judiciales era obligatoria en virtud de los tratados internacionales.
29-sep-2022Medina (Causa nº 4826)Una mujer utilizó las fotocopias del certificado de discapacidad y del DNI de su vecina para adquirir de manera gratuita cuatro pasajes de micro de larga distancia. Ello, en el marco del Régimen de Gratuidad de los Servicios de Transportes de Pasajeros para Personas con Capacidades Especiales (ley 22.431 y los decretos del Poder Ejecutivo de la Nación n° 38/2004 Y 118/2006). Dos de los pasajes fueron adquiridos a nombre de la beneficiaria y los otros dos a nombre de una tercera persona, en calidad de acompañante. A la hora de efectuar el viaje, simuló ser la titular y utilizó esos pasajes. En consecuencia, se inició una causa penal. La mujer fue imputada por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en calidad de autora (artículos 45 y 174, inc. 5to. del Código Penal). En la etapa de juicio oral, la imputada ofreció arribar a un acuerdo conciliatorio. La mujer se comprometió a depositar la suma de $63.000 (pesos sesenta y tres mil), equivalentes al valor actual de los pasajes que obtuvo y utilizó indebidamente. El representante del Ministerio Público Fiscal adhirió al acuerdo. Entre sus fundamentos, tuvo en cuenta las características y el alcance de la conducta disvaliosa, los bienes jurídicos afectados, la ausencia de antecedentes y la edad de la imputada.
28-sep-2022Chiozzi y otro (causa N° 299)Un grupo de personas presentó facturas falsas para subfacturar el valor de la mercadería que iban a exportar y obtener un tratamiento fiscal y aduanero distinto al que le correspondía. En consecuencia, fueron imputadas por el delito de contrabando documentado agravado (artículos 863, 864 inciso b y 865 inciso f) del Código Aduanero) en carácter de coautores (art. 45 del CP). En la etapa de juicio oral, las defensas solicitaron la aplicación del instituto de reparación integral. A ese efecto, ofrecieron donar a una institución la suma de $100.000 cada uno, pagaderos en tres cuotas mensuales y consecutivas. La fiscalía emitió un dictamen favorable al pedido. La querella, en cambio, se opuso a la aplicación del instituto. Entre sus argumentos, sostuvo que no era posible reparar en forma integral un perjuicio cuyo delito tiene un bien jurídico pluriofensivo y supra individual. El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 hizo lugar al ofrecimiento y suspendió el proceso por el término de tres meses. Contra esa decisión, la querella interpuso un recurso de casación.