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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 5-oct-2023 | D'Amato (causa N° 18560) | En 1977, una pareja había adoptado de manera irregular a un niño recién nacido. El bebé había sido entregado por una mujer desconocida a través de un intermediario y anotado como hijo biológico en el registro civil. Años después, la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo realizó una denuncia ante la Unidad Especializada para casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado. Por esa razón, se inició una investigación preliminar en donde se recabó una serie de indicios que sembraron dudas acerca de la identidad del niño. Entre otras cuestiones, la alusión a un “parto domiciliario” en el certificado de nacimiento, y que el médico que lo había firmado estaba vinculado con prácticas médicas ilegales. Frente a ese cuadro de sospecha, el representante del Ministerio Público Fiscal formuló la denuncia. Entonces solicitó la realización del examen genético ante el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El resultado arrojó que no compartía vínculo biológico con los grupos familiares que integran el Archivo Nacional de Datos Genéticos, víctimas de desaparición forzada entre los años 1976−1983. Sin embargo, se imputó al padre adoptivo por los delitos de retención y ocultamiento de un menor de diez años, de hacer incierto y alterar la identidad de un menor de diez años y de falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas. Luego, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer su desinterés y desistió de su intervención como querellante. Durante el juicio, el hombre adoptado declaró que siempre había sabido que no era hijo biológico de las personas que lo habían criado. Del mismo modo, hizo hincapié en que estaba agradecido con ellas y que no quería que nada malo les ocurriese. Por su parte, el imputado manifestó que no conocía a la madre biológica del niño ni había tenido ningún contacto con ella. Al respecto, afirmó que la entrega se había realizado a través de un conocido en común, amigo de la familia. Al momento de los alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de cinco años de prisión y consideró que los delitos imputados eran de lesa humanidad. Por su parte, la defensa planteó, entre otras cuestiones, la atipicidad de las acciones descriptas en el artículo 146 del Código Penal y la prescripción de los delitos previstos en los artículos 139, inciso segundo, y 293 del Código Penal por tratarse de delitos de consumación inmediata. |
| 5-oct-2023 | RLP (Causa Nº 58291) | Un hombre no cumplía con los alimentos a favor de su hijo. A raíz de esa circunstancia, se acumuló con los años una deuda considerable. Por su parte, la progenitora del niño –en su representación– inició el reclamo judicial y obtuvo una sentencia favorable. Pese a que se estableció en esa oportunidad una cuota alimentaria, el incumplimiento del progenitor continuaba. Con posterioridad, la mujer solicitó el aumento de la cuota. Para ese momento su hijo ya era mayor de edad y vivía con su padre. En ese contexto, la actora solicitó que le impusieran al demandado medidas sancionatorias. Entre ellas, pidió que le cortaran la conexión a internet, así como otros servicios domiciliarios. El juzgado de primera instancia admitió algunas de las medidas requeridas. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de apelación. |
| 4-oct-2023 | AUH, incompatibilidades y el rol de la defensa pública | Jurisprudencia sobre Asignación Universal por Hijo, incompatibilidades y el rol de la defensa pública. Incluye dictámenes y presentaciones de la defensa pública . |
| 4-oct-2023 | Mikkelsen v. Dinamarca | Un hombre con un historial de internaciones psiquiátricas involuntarias fue imputado por múltiples hechos de amenazas. En el marco de la investigación penal, se le practicaron pericias psicológicas que arrojaron que el hombre tenía una psicosis paranoide crónica que había afectado su comprensión de la criminalidad de los actos. El Código Penal danés establece que cuando la persona acusada es declarada inimputable, el tribunal penal debe absolverla y puede disponer su internación en una institución u hospital psiquiátrico. Así, el tribunal interviniente absolvió al hombre y le impuso una internación forzosa sin fijar límite temporal. Contra esa decisión, el acusado apeló. En su presentación, alegó que la internación forzosa constituía una pena ilícita que debería ser reemplazada por una sanción penal dictada conforme el debido proceso. Sin embargo, el recurso fue rechazado. El hombre permaneció internado durante más de tres años. Durante ese tiempo, el personal médico le suministraba medicamentos en contra de su voluntad. Esos medicamentos le originaron nuevos problemas de salud que le provocaron fuertes dolores, por lo que tuvieron que suspender su administración. |
| 3-oct-2023 | Ouviña (causa N°20331) | Una mujer fue imputada por el delito de robo en grado de tentativa. En el marco del proceso, la mujer fue acusada en base a la declaración de una empleada del comercio que refirió que había intentado apoderarse ilegítimamente de mercadería, sin aportar detalles sobre la especie, cantidad y calidad de los objetos. Durante la etapa de juicio, la defensa de la persona imputada solicitó la nulidad de la declaración indagatoria y de todos los actos que fueron consecuencia de ella por considerar que la indeterminación en los hechos impidió el correcto ejercicio del derecho de defensa en juicio. A su turno, el representante del Ministerio Público Fiscal adhirió al pedido de la defensa y solicitó su sobreseimiento. Para decidir de esta manera, consideró que la indeterminación en los hechos relativa a las circunstancias de modo, tiempo y lugar generó un vicio de carácter absoluto que afectó al requerimiento de elevación, procesamiento e indagatoria. |
| 29-sep-2023 | Segundo (Causa N° 6298) | Una mujer fue acusada por el delito de tentativa de contrabando de estupefacientes. En la audiencia de control de acusación, la defensa de la mujer imputada se opuso a la admisión como prueba documental de las actas de requisa y de secuestro ofrecidas por la Fiscalía como prueba documental. Argumentó que son pruebas documentadas que debían ser recreadas en el debate y solicitó que sea incorporada de forma subsidiaria y sólo para servir de apoyo en el caso de que el testigo evidencie alguna contradicción o falla en la memoria. La Fiscalía no objetó que esa prueba sea incorporada de la manera solicitada por la defensa. |
| 28-sep-2023 | La prisión preventiva para casos de violencia de género: (des)legitimaciones desde el deber de prevención | El trabajo estudia la reforma al Código Procesal Penal de Río Negro introducida por la ley N° 5909 de 2021, que amplió el alcance de la prisión preventiva ante casos de violencia de género. Partiendo del entendimiento de la prisión preventiva como medida orientada a garantizar los fines del proceso penal, el texto estudia los argumentos utilizados por la legislatura rionegrina para determinar si su fundamentación encuadra en dicho concepto. Finalmente, analiza la posibilidad de justificar la prisión preventiva a partir de consideraciones que hacen a la prevención de la violencia de género a la luz de las garantías constitucionales y de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. |
| 26-sep-2023 | Los excluidos sociales y el derecho penal | Los autores analizan el impacto y la legitimidad del sistema penal sobre aquellas personas que carecen de la posibilidad de gozar y ejercer los principales derechos. Además, examinan las propuestas que existen para intentar evitar la aplicación de una pena –o disminuir su intensidad– frente a la comisión de conductas ilícitas por parte de ciudadanos marginados. |
| 26-sep-2023 | Penas desproporcionadas e inflación punitiva. Una tragedia en cuatro movimientos | Los autores analizan los motivos del incremento de las tasas de prisionización. Asimismo, analizan el concepto de pena desproporcionada y la evolución de la inflación punitiva. |
| 26-sep-2023 | Íbalo (Causa N° 124756) | A partir de una denuncia anónima se informó que en un domicilio vendían estupefacientes. Por tal razón, personal policial realizó tareas de investigación y el juzgado dispuso el allanamiento de la vivienda. En la casa convivían un hombre y una mujer. Durante el procedimiento, se secuestró material estupefaciente. Por ese hecho, fueron condenados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. Entre los argumentos planteados, expuso que no había pruebas suficientes para acreditar la coautoría de la mujer. |