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FechaTítuloResumen
13-may-2015Salas, Alberto Andres c. Estado de la provincia de CorrientesEl actor inició una acción contencioso administrativa a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 56, inc. a, de la ley local 4917 y se revoque la resolución dictada por el Instituto de Previsión Social de la provincia de Corrientes. Tras el rechazo de la acción por parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, el actor interpuso recurso extraordinario.
12-may-2015Mansilla, Cristian EmanuelEn virtud de la suscripción de un acuerdo de juicio abreviado el tribunal oral condenó al imputado a la pena de cuatro años de prisión. La defensa interpuso recurso de casación contra la sentencia por considerar arbitraria la fundamentación de la pena y, frente a su rechazo, recurso de queja. La Sala de turno de la Cámara Nacional de Casación hizo lugar a la queja y concedió el recurso de casación.
12-may-2015U, CML c. SM, OSLa parte actora solicitó la intervención de la Corte Suprema para poner fin a la privación de justicia que se le había impuesto. La accionante manifestó que, después de haberse dictado sentencia en un expediente sobre filiación, la parte demandada realizó múltiples pedidos de recusación del juez de primera instancia y del tribunal de segunda instancia y que, con motivo de esos planteos, el proceso de ejecución de sentencia quedó paralizado y sujeto a la suerte de los incidentes formados.
12-may-2015Khadzhiev v. TurkmenistánEn el año 2006, el señor Khadzhiev –activista y defensor de derechos humanos- fue detenido ilegalmente por agentes de seguridad estatales y trasladado a un centro de detención del Ministerio de Seguridad. Aunque en los primeros días que estuvo detenido no se le informó de los motivos por los que había sido privado de la libertad, se le comunicó –posteriormente– que estaba acusado de conspiración y venta ilegal de armas. No quedó ningún registro oficial de su detención ni se le permitió comunicarse con su familia ni reunirse con su abogado hasta pasados cinco días de su aprehensión. Mientras permaneció detenido, fue torturado y maltratado para obligarlo a declararse culpable. Compartió celda con once personas en 6 m2 en un lugar en el que la temperatura rondaba los 50º C. y se le denegó alimento y acceso a asistencia médica. Durante los dos primeros años de cárcel se lo mantuvo incomunicado. Su familia no tuvo información de su paradero y se le negó el derecho a recibir visitas y a intercambiar correspondencia. Durante ese tiempo, presentó distintas denuncias ante las instituciones judiciales locales que fueron ignoradas.
11-may-2015RSC (causa N° 99000209)Una mujer se presentó ante una sucursal del Correo Argentino y despachó una encomienda con destino a Canadá. El sobre fue controlado por personal policial en el aeropuerto. En su interior se hallaron, escondidos dentro de cuatro blisters, 291 gramos de cocaína. El hecho fue calificado como contrabando de exportación de estupefacientes destinados a su comercialización, en grado de tentativa. En oportunidad de prestar declarar indagatoria, la imputada explicó que era madre de cuatro hijos, único sustento económico de su familia y que cursaba el nivel secundario de sus estudios a través de un programa especial. De los informes sociales incorporados al expediente, se desprendía que se encontraba en una severa situación de vulnerabilidad. En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la absolución de la mujer por considerar que no existían elementos de prueba para tener por acreditado que hubiera actuado con dolo.
8-may-2015G, AM c. S, GPEl actor inició una demanda de división de condominio con relación al inmueble en el que residían quien fuera su conviviente y la hija de ambos, aún menor de edad. El juez de primera instancia rechazó la demanda. Contra lo decidido, el actor interpuso recurso de apelación.
8-may-2015FESN c. ANSESUna mujer de nacionalidad paraguaya ingresó al país en el año 2006 con el objeto de establecerse en forma definitiva en el territorio argentino y desde ese año comenzó a trabajar en relación de dependencia. A mediados del 2010 viajó a Paraguay para visitar a su familia por una semana y, al momento de su regreso, no le expidieron ningún tipo de constancia del ingreso al país. En el año 2013 tuvo que viajar nuevamente a Paraguay y regresar a Argentina al sólo efecto de tener una constancia de ingreso para gestionar su DNI. En virtud de ello, se le entregó el DNI argentino y se reconoció su radicación desde el 2013. En octubre de ese año nació su hijo y requirió a la ANSES la Asignación Universal por Hijo para la protección social (AUH). El mencionado organismo rechazó el pedido por considerar que la solicitante no cumplía con el requisito del mínimo de tres años de residencia legal en el país. La solicitante inició una acción de amparo en representación de su hijo a fin de que la ANSES le otorgue la AUH, refirió que se encontraba residiendo en el país con una antelación mayor a la fecha consignada en su DNI y acompañó prueba. Asimismo, cuestionó la constitucionalidad del plazo mínimo de 3 años de residencia legal en el país para acceder a la AUH.
7-may-2015Granda Taboada, RicardoEl Tribunal Oral había resuelto no entregar la motocicleta solicitada por el imputado y proceder a su decomiso, luego de haber dictada la sentencia condenatoria y siendo que no había sido expresamente pactado en el juicio abreviado. A tal fin, el tribunal sostuvo que el decomiso, por ser accesorio a la pena principal, no puede ser producto de negociación entre las partes; además, entendió que al disponerlo no agravaba la pena. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
7-may-2015Gramajo, Gastón y Ferreyra, EmilianoEl tribunal oral había resuelto revocar la suspensión del juicio a prueba que se le otorgó al imputado por el término de un año. Ello, al constatar el dictado por parte de otro tribunal de una sentencia de condena por un hecho cometido durante el plazo de suspensión. En razón de ello, la defensa interpuso recurso de casación.
7-may-2015GG y FEEn octubre 2011, el Tribunal Oral había concedido la suspensión del juicio a prueba por un año a uno de los imputados. En 2013 el tribunal requirió que se certificaran sus antecedentes. En ese momento, se constató que el probado fue condenado en octubre de 2012 por otro hecho cometido en junio de ese mismo año. Por ese motivo, en diciembre de 2014, el tribunal revocó la probation. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.