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FechaTítuloResumen
23-feb-2016S, ME (dictamen PGN)La actora había reclamado por su derecho y el de su hijo menor de edad a percibir una pensión en virtud del fallecimiento de su esposo, ocurrido dos años después de haber sido cesanteado de su trabajo. La reclamante explicó que la enfermedad que ocasionó la muerte de su pareja se había manifestado durante su relación laboral y, por consiguiente, antes del cese. En instancia administrativa, por resolución del Instituto de Previsión Social, no se hizo lugar a la solicitud. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, confirmó el rechazo de la demanda por aplicación del artículo 34 del decreto-ley 9650/1980 que exige que el causante al momento del deceso sea jubilado, afiliado en actividad o cuente con derecho a jubilación. Además, refirió que, dado que la cesantía del causante fue dispuesta con causa, no tenía derecho a jubilación por invalidez en los términos del art. 32. Contra esa decisión se interpuso recurso extraordinario federal.
22-feb-2016AACEn el marco de un juicio de restricción de la capacidad, la defensa solicitó que se le designe un curador a una persona con un retraso mental moderado a fin de cuidarla y representarla en todos los actos de la vida civil.
19-feb-2016Leiva, Matías EzequielEn el presente caso, el tribunal oral había condenado a un hombre a una pena de prisión por considerarlo autor del delito de homicidio agravado por la participación de un menor de edad. A tal efecto, se tomó en consideración la declaración de testigos cuya identidad se había mantenido en reserva durante la etapa de instrucción. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Posteriormente, se decretó el procesamiento de otra persona como coautora de aquél delito aunque, esta vez, se lo agravó por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80, inc. 6º CP). Para ello, se tomó en cuenta la declaración de los mismos testigos. La defensa interpuso recurso de apelación.
18-feb-2016Longno, Reich Alvarado (CCC)El caso remitía al enjuiciamiento de Alvarado Longno por dos hechos de homicidio que habrían tenido lugar a bordo de un buque de bandera de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China que tenía por destino el Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el pedido de extradición efectuado por la Región Administrativa de Hong Kong y devolvió el expediente al juzgado de origen (ver sentencia de la CSJN y memorial de la DPO ante CSJN). En razón de ello, el juez de instrucción consideró que, dado que el proceso de extradición había sido resuelto en forma definitiva, las autoridades judiciales de la República Argentina contaban con jurisdicción para conocer el caso. La defensa interpuso recurso de apelación contra esa decisión.
18-feb-2016Rodríguez, Eduardo JavierEl tribunal oral había dispuesto el decomiso del vehículo del imputado en orden al delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización con fundamento en que éste había sido utilizado para la comisión de aquél ilícito. Ello, a pesar de que este punto no había sido contemplado en el acuerdo de juicio abreviado suscripto por las partes. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
18-feb-2016Álvarez, David y Da Silva, Oscar AdemarEl tribunal oral había condenado a una persona a la pena de tres años y cuatro meses de prisión por el delito de tentativa de robo en concurso real con el de tentativa de robo con arma y a otra persona a la pena de tres años de prisión como coautora de este último delito. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación alegando múltiples agravios.
18-feb-2016Villanueva (reg. N° 72 y causa N° 39382)En agosto de 2011 una persona fue condenada a la pena única de tres años y diez meses de prisión (causa Nº 3033). En el marco de ese proceso se le concedió la libertad condicional. En agosto de 2014, vencida la pena anterior, un tribunal la condenó por el delito de defraudación por el uso de una tarjeta de crédito ajena a la pena de seis meses de prisión (causa N° 39382). Además, estableció la pena única de cuatro años de prisión. Para decidir de esa manera hizo referencia a la entidad del hecho que se le atribuía y a sus consecuencias. Por último, revocó la libertad condicional que había sido concedida por el juzgado anterior. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En particular, planteó que el tribunal había incurrido en una errónea interpretación de los artículos 40 y 41 del Código Penal al momento de determinar la pena única impuesta.
18-feb-2016Pastrán Robles, Juan MartínEl tribunal oral había resuelto condenar a Pastrán Robles como autor del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin autorización legal en concurso real con el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. Respecto al primer hecho, el tribunal absolvió al imputado por el robo agravado por la utilización de un arma de fuego pese a que, durante el juicio, el fiscal había considerado acreditada la responsabilidad del imputado por el delito de robo agravado por su comisión con armas en concurso ideal con portación de arma de uso civil sin autorización legal. La defensa interpuso recurso de casación contra la sentencia de condena.
17-feb-2016Bruno, Sebastián y otro (Causa Nº 24740)En el Centro Universitario Devoto, las autoridades habían cancelado el taller “Cine y Debate” e impuesto restricciones tanto para el ingreso de los docentes como para el dictado de una actividad propuesta por la asociación civil “A pulmón”. Contra esa decisión, un grupo de personas detenidas en el CPF CABA interpuso una acción de hábeas corpus correctivo de carácter colectivo. El Juzgado interviniente rechazó parcialmente la acción de habeas corpus ante lo cual un grupo de personas detenidas apeló in paruperis la resolución. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó parcialmente la resolución de la instancia anterior por considerar que las cuestiones planteadas por los accionantes no implicaban un agravamiento en las condiciones de detención. Contra esa resolución, la representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación y la defensa de las personas detenidas interpusieron recursos de casación.
17-feb-2016Giorgi, VictoriaEn este caso, el tribunal oral había rechazado –a pesar de contar con un dictamen fiscal favorable– la suspensión del juicio a prueba solicitada en favor de la imputada. A tal fin, tuvo en cuenta la negativa de la presunta víctima a aceptar la reparación que se le ofreció. Asimismo, entendió que la actitud demostrada por la imputada durante la audiencia (“displicente y risueña”) reflejaba una falta de comprensión de la situación que no permitía apreciar una vocación superadora del conflicto. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.