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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 5-sep-2025 | SGG (Causa N°57071) | En el marco de un proceso de determinación de la capacidad jurídica de un hombre, se designó como apoyo provisorio a su tío. Luego, este denunció que la cobertura médica a la que estaba afiliado su sobrino no le otorgaba el acompañante terapéutico que sus médicos tratantes le habían indicado. Ante esa situación, el juzgado interviniente le impuso a la obra social que cumpliera con la prestación. Contra esa decisión, la cobertura interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, propuso la realización de una nueva evaluación interdisciplinaria a fin de determinar las prestaciones que fueran necesarias. Asimismo, señaló que la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 contemplaba al acompañante terapéutico dentro de un tratamiento psiquiátrico de duración acotada, pero no para el cuidado de los pacientes por tiempo indeterminado. Agregó que, si bien se trataba de una actividad prevista en la Ley N°25.421 –que creó el Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental–, no estaba reglamentada. A su vez, planteó que la figura no reunía los requisitos establecidos para prestar servicios de salud, consistentes en título habilitante y matrícula. Indicó que, por ese motivo, no resultaba posible inscribir a los acompañantes terapéuticos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a personas con discapacidad. Por su parte, la Defensoría Pública Curaduría interviniente solicitó el rechazo del recurso interpuesto. |
| 5-sep-2025 | Estudio comparativo de la normativa migratoria argentina a partir del DNU N° 366/25: análisis preliminares | El presente estudio aborda las reformas introducidas por el DNU N° 366/25 en la Ley de Migraciones N° 25.871, en la Ley de Ciudadanía N° 346 y en las de Educación Superior N° 24.521 y Educación Nacional N° 26.206. A tal fin, contiene dos cuadros comparativos de la normativa anterior y la vigente. El propósito de este documento es facilitar la lectura de las modificaciones e invitar a pensar en conjunto las posibles estrategias de defensa aplicables en materia migratoria. |
| 5-sep-2025 | Criterios sobre admisibilidad de la prueba en procesos regidos por el CPPF en la jurisdicción de Salta N°2. ENERO- JULIO 2025 | Este segundo número del boletín reúne diez decisiones dictadas en audiencias de control de acusación (art. 279 CPPF) celebradas entre enero y julio de 2025 en la jurisdicción federal de Salta. Las resoluciones reflejan los distintos criterios judiciales sobre la admisibilidad o exclusión de elementos de prueba, incluyendo tanto decisiones favorables como desfavorables a la defensa. El boletín presenta un cuadro comparativo de los principales elementos discutidos en cada caso, con enlaces a los textos completos, e incorpora al final resúmenes de cada resolución. Con esta publicación, la Escuela de la Defensa Pública busca contribuir al conocimiento práctico de la aplicación del Código Procesal Penal Federal y ofrecer herramientas útiles para quienes participan en su implementación en las distintas jurisdicciones del país |
| 4-sep-2025 | Informe sobre auditorías a pensiones no contributivas por discapacidad | Desde principios de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está realizando una serie de auditorías sobre las pensiones no contributivas por discapacidad ya otorgadas. En ese marco, el Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación presentó un pedido de información ante la Agencia. A partir de la respuesta del organismo, el Programa elaboró este informe que reconstruye los antecedentes principales y detalla algunas cuestiones de índole jurídica que emergen en torno a la facultad por parte de la ANDIS de revisar la concesión de prestaciones de ese tipo. Por último, repasa algunas vías procesales disponibles para resolver los supuestos conflictivos. |
| 4-sep-2025 | Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa (Causa N° 6822)- Cámara | En 2024, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N°843, mediante el cual se introdujeron modificaciones al régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. En ese marco, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) inició un proceso de auditorías con el fin de verificar si quienes percibían esas pensiones cumplían los requisitos para mantener el beneficio. Sin embargo, hubo personas que no fueron citadas y otras que se encontraban imposibilitadas de concurrir en los días y horarios que se fijaban. A partir de julio de 2025, la ANDIS suspendió el pago de las PNC por discapacidad en la provincia de Formosa. No obstante, las personas beneficiarias se enteraron de ello ante la inexistencia de fondos en sus cuentas bancarias. En ese momento, advirtieron que debían dirigirse a una sucursal del correo para retirar cartas documentos en las que se les notificaba la suspensión mediante un lenguaje técnico difícil de comprender. En ese contexto, una asociación civil y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa promovieron una acción de amparo colectivo contra la ANDIS. En esa oportunidad, el Defensor del Pueblo indicó que actuaba en representación de un grupo de personas afectadas, así como del colectivo de beneficiarios de PNC por discapacidad de la provincia. Solicitó que la parte demandada adecuara el procedimiento de auditorías a residentes de la provincia de acuerdo a la normativa en materia de derechos humanos. A su vez, planteó la inconstitucionalidad del decreto N°843, ya que consideró que era contrario a los derechos de las personas con discapacidad. Por último, pidió una medida cautelar para que se dejara sin efecto de manera inmediata la retención o suspensión de la PNC por discapacidad en todo el territorio formoseño y se abonaran las sumas retenidas a los beneficiarios hasta tanto hubiera sentencia definitiva. Por su parte, el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Formosa hizo lugar a la medida cautelar. Por consiguiente, ordenó al Estado Nacional y/o a la Agencia Nacional de Discapacidad que, dentro del plazo de veinticuatro horas, dejara sin efecto la medida de retención y/o suspensión de las pensiones no contributivas por discapacidad en el territorio de la provincia de Formosa. En ese sentido, dispuso que liberara las sumas retenidas, de manera que quedaran a disposición de los beneficiarios. Asimismo, señaló que la medida se mantendría por tres meses para que todas las personas representadas en la causa por el Defensor del Pueblo tuvieran la posibilidad de regularizar su situación administrativa particular, o bien de efectuar las presentaciones judiciales que estimaran pertinentes. Contra lo decidido, la demandada interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, señaló que la resolución cautelar carecía de fundamentos, debido a que no se había verificado en cada caso si procedía una suspensión o revocación del beneficio. Destacó que, en virtud del decreto N°843, la ANDIS contaba con facultades de control vinculadas al manejo eficiente de los fondos públicos. En consecuencia, expresó que el otorgamiento de las PNC tenía carácter restrictivo, ya que su presupuesto era limitado. |
| 4-sep-2025 | RG (Causa N° 61660) | Un hombre estaba internado de manera involuntaria por motivos de salud mental. Un equipo interdisciplinario concurrió a evaluarlo para que luego de su alta lo admitieran en un dispositivo territorial. Al no hallarlo en el lugar, el juzgado civil interviniente ordenó una búsqueda de paradero para que, una vez que se lo encontrara, se realizara la evaluación. Con posterioridad, se ordenó una nueva búsqueda de paradero. En ese marco, la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) intervino en las actuaciones en su defensa. En su presentación, informó al juzgado que por error el equipo interdisciplinario acudió a otro hospital. Asimismo, indicó que constaba en las actuaciones una evaluación interdisciplinaria, de la cual surgía que no existía riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros. Por ese motivo, sostuvo que era innecesaria una nueva evaluación de su asistido y que debía ordenarse el cese de la averiguación de paradero. Además, recordó que el artículo 23 de la Ley N° 26657 sobre Derecho a la Protección de la Salud Mental dispone que apenas cesa la situación de riesgo cierto e inminente, el equipo de salud está obligado a externar a la persona o a transformar la internación en voluntaria. Sin perjuicio de ello, la Unidad sostuvo que, en virtud de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el hombre, sería conveniente que se diera intervención a los organismos locales vinculados con la satisfacción de los derechos de las personas con problemáticas de salud mental y/o adicciones en situación de calle. |
| 3-sep-2025 | La utilidad de los datos geolocalización en la estrategia de defensa. Análisis de un caso | La autora estudia la utilidad de los datos de geolocalización en el proceso penal, su valor probatorio y los riesgos de interpretaciones erróneas. En ese sentido, analiza la tensión entre privacidad e injerencia estatal, y a partir de un caso donde esta evidencia permitió un sobreseimiento, propone criterios y buenas prácticas para su uso estratégico en la defensa. |
| 3-sep-2025 | SND (Causa N°66605) | Un hombre con una discapacidad motriz se dedicaba a la venta ambulatoria y percibía una pensión no contributiva (PNC). En una ocasión, mientras se encontraba trabajando en la vía pública, un agente policial comenzó a agredirlo de manera verbal. Durante ese episodio, le quitó las muletas que utilizaba para desplazarse a fin de dejarlo en una situación de mayor indefensión. Luego, fue trasladado a un hospital monovalente, donde se decidió una internación involuntaria por motivos de salud mental. Al ingresar a la institución, lo despojaron de sus muletas y le dieron una silla de ruedas que no le permitía moverse con autonomía. En ese marco, tomó intervención la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) de la Defensoría General de la Nación. En una de las entrevistas que mantuvo con su abogada, el hombre refirió que recientemente le habían suspendido la PNC. Agregó que no había sido notificado de la suspensión por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que se encontraba en situación de calle. En consecuencia, en el marco del expediente de control de internación, la Unidad solicitó una medida cautelar de carácter innovativo. En ese sentido, requirió que en el plazo de setenta y dos horas se restableciera la PNC y su pago, bajo apercibimiento de imponerle a la ANDIS sanciones conminatorias. Asimismo, solicitó que la institución donde se alojaba el hombre informara las razones por las cuales se lo había privado de sus muletas. También, pidió que especificara las medidas que se estaban tomando para eliminar los obstáculos que impidieran la accesibilidad y plena inclusión del usuario. Por último, hizo saber que había asesorado al hombre sobre las posibilidades de denuncia ante los hechos de violencia institucional que había sufrido. A su vez, en cumplimiento de su voluntad, se puso en conocimiento de su situación al Programa de Violencia Institucional de la DGN. |
| 3-sep-2025 | SND (Causa N° 66605) | Un hombre cursaba una internación involuntaria por motivos de salud mental. A su vez, era beneficiario de una pensión no contributiva (PNC) debido a que tenía una discapacidad motriz. Con posterioridad, le suspendieron la prestación. A partir de una entrevista mantenida con la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) en el hospital donde estaba internado, refirió haber tomado conocimiento de esa circunstancia cuando se acercó a percibir sus haberes en una entidad bancaria. Sostuvo que no había sido notificado de manera formal por las autoridades competentes. A su vez, durante la visita la Unidad se enteró de un hecho de violencia institucional que el hombre había sufrido por parte de un agente de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día que ingresó al hospital. En ese sentido, relató que mientras realizaba venta ambulante, el agente le quitó sus muletas para retirarlo del lugar. En virtud de lo advertido, la defensa solicitó al juzgado de control de la internación una medida de innovar para que la Agencia Nacional de Discapacidad restituyera el pago de la PNC por discapacidad. En ese sentido, expuso que la prestación resultaba necesaria para garantizar la externación del usuario. Agregó que la suspensión de la PNC lo había colocado en una situación de mayor vulnerabilidad. Por último, requirió al servicio de admisión del hospital que indicara las razones por las cuales se había privado al usuario del uso de sus muletas y qué medidas estaban adoptando en relación con la eliminación de obstáculos y barreras de acceso. |
| 2-sep-2025 | CED (Causa N° 1056) | Un joven menor de edad fue condenado por un tribunal de responsabilidad penal juvenil de La Plata a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio en grado de tentativa. El tribunal consideró que era necesaria la imposición de una pena en los términos del artículo 4 de la ley N° 22.278 y aplicó la reducción facultativa de la escala penal allí prevista. El representante del Ministerio Público Fiscal apeló la decisión y solicitó la imposición de la pena de doce años de prisión. Entre sus argumentos, postuló que se habían valorado de manera errónea las circunstancias atenuantes y agravantes al momento de determinar la pena impuesta. La cámara interviniente hizo lugar al recurso y readecuó la pena, que fijó en 9 años de prisión. Para así decidir, interpretó que la reducción de la escala penal de los delitos cometidos por menores de edad a la de la tentativa no era una obligación constitucional sino una facultad que los legisladores le otorgaron a los jueces. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, se agravió por la violación del principio de congruencia y la arbitrariedad de la sentencia. Entre sus argumentos, sostuvo que los fundamentos para triplicar la pena fueron arbitrarios porque no se valoraron las circunstancias personales del imputado, anteriores y posteriores a la comisión del delito. Agregó que lo decidido se había apartado del precedente “Maldonado” . La corte local, por mayoría, rechazó el recurso. Contra tal decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal, cuya denegatoria motivó la presentación de un recurso de queja. |