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Fecha | Título | Resumen |
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11-oct-2017 | Z.B. v. Croacia | En mayo de 2007, ZB denunció BB, su esposo, por diversos hechos delictivos. Entonces, expresó que era víctima de violencia doméstica desde hacía dos años. BB fue condenado en abril de 2009 a una pena de siete meses de prisión de ejecución condicional por el delito de violencia doméstica (artículo 215, inciso a, del Código Penal croata). Sin embargo, en marzo de 2010, la sentencia fue revocada por la Corte del Condado. Con posterioridad, BB fue condenado y la decisión volvió a ser revocada por la instancia revisora. Finalmente, el imputado fue absuelto en enero de 2013 debido a una reforma del Código Penal de 2011 que derogó la figura de violencia doméstica (artículo 215, inciso a). La nueva legislación pasó a contemplar el contexto de violencia doméstica como agravante de otros delitos. Aunque ZB apeló la sentencia, su pretensión fue desestimada. |
11-oct-2017 | MRV (causa Nº 13986) | Una persona que padecía esclerosis lateral amiotrófica recibía en su domicilio diversos servicios médicos y contaba con un respirador artificial a través de la cobertura de PAMI. Sin embargo, la obra social dejó de proveerle esa prestaciones, por lo que debió trasladada a una clínica. En consecuencia, su representante solicitó a la obra social, mediante indicación médica, la internación domiciliaria, entre otras cosas, con un respirador artificial, cuidados de enfermería diaria y kinesiología. Ante la negativa de la obra social, inició una acción de amparo y solicitó, como medida cautelar, que se ordene la internación domiciliaria de FVT con las prestaciones médicas prescritas. |
11-oct-2017 | OMA (causa Nº 139706) | Una mujer de 33 años padecía un retraso madurativo leve. Convivía con su pareja y mantenían una relación de pareja conflictiva. En una oportunidad, el hombre se emborrachó y la golpeó. Entonces, ella tomó un cuchillo y lo apuñaló. Cuando la policía arribó al lugar encontró a la mujer con un ataque de nervios y manchas de sangre en sus manos. Además, manifestaba que había tenido una discusión con su pareja. Los agentes policiales ingresaron al domicilio y encontraron al hombre tendido en el suelo con una herida de arma blanca en el pecho, sin signos vitales. Por ese hecho la mujer fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. En la etapa de juicio oral la mujer se negó a declarar. Sin embargo, algunos vecinos manifestaron que escuchaban peleas, ruidos y discusiones de pareja. Por otra parte, la psiquiatra del poder judicial informó que la imputada tenía un retraso madurativo leve que le provocaba “un juicio de realidad insuficiente”. Además, el informe social concluía que la pareja tenía picos de violencia cruzada no permanente a partir del alcoholismo del hombre y la enfermedad de la mujer. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la aplicación de la pena de prisión perpetua y la realización de un tratamiento psicológico. Por su parte, la defensa argumentó que la imputada quería terminar la relación, que el hombre se encontraba muy borracho y la golpea-ba, por ese motivo agarró el cuchillo. En ese sentido solicitó que se tomaran en consideración circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena y que se le impusiera la pena de 14 años de prisión. |
10-oct-2017 | Pereyra (reg. Nº 982 y causa Nº 23697) | Una persona fue condenada a la pena única de cuatro años y seis meses de prisión en una causa por violencia de género contra su ex pareja. Una vez que cumplió el requisito temporal, la defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El juzgado de ejecución rechazó su incorporación a ese régimen y ordenó que se actualizara el tratamiento individual que se le asignó al penado para que trabajara sobre la violencia de género involucrada en los hechos por los que fue condenado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
10-oct-2017 | DMJ (causa Nº 5702) | Un individuo se encontraba investigado por el delito de cultivo de estupefacientes. Al practicarse un allanamiento sobre su domicilio, se hallaron diecinueve macetas, cinco frascos y dos latas con 186 gramos de marihuana. En oportunidad de prestar declaración indagatoria, el sujeto manifestó que cultivaba dicha sustancia para consumo personal. En tal sentido, explicó que no deseaba comprar en lugares que consideraba peligrosos, como así tampoco adquirir marihuana de mala calidad. Finalmente, sostuvo que siempre había consumido en el ámbito de su hogar. El juzgado dictó su procesamiento, en los términos del artículo 5, inciso a, de la ley Nº 23.737. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara de Apelación y Garantías de Necochea rechazó la impugnación, por entender que no se daban los presupuestos para considerar que la sustancia estupefaciente estuviera destinada al consumo personal. Llegadas las actuaciones a la etapa de juicio, la defensa solicitó el sobreseimiento de su asistido. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al planteo. |
10-oct-2017 | RPA (Causa Nº 4955) | Un hombre procesado por los delitos de robo agravado por el uso de armas de fuego y encubrimiento se encontraba detenido con prisión preventiva. La defensa solicitó la morigeración del encierro cautelar con fundamento en el nuevo CPPN (ley Nº 27.063). El tribunal rechazó la petición sin darle intervención al Ministerio Público Fiscal. Para así decidir, consideró que el CPPN no se encontraba vigente y, por lo tanto, no resultaba aplicable. Además, sostuvo que, según la legislación vigente, la utilización de un mecanismo o dispositivo electrónico de control sólo resultaba aplicable para los casos de prisión domiciliaria, libertad condicional o libertad asistida y que dichos supuestos que no se presentaban en el caso. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
10-oct-2017 | CCGS (causa Nº 56708 2017) | Una persona fue procesada por el delito de tenencia ilegítima de un arma y, en simultáneo, fue sobreseída por el delito de encubrimiento. Esto, con relación al mismo supuesto fáctico. Además, se dispuso su encarcelamiento preventivo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
6-oct-2017 | Meza Linarello (causa N° 30084) | En febrero de 2017 Meza Linarello fue condenado por un tribunal a la pena de nueve meses de prisión en suspenso (causa Nº 4857). Dos meses más tarde, fue condenado por otro tribunal a la pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso y a la pena única de tres años de prisión en suspenso (causa Nº 8175). Luego, otro tribunal lo condenó a la pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso (causa Nº 4486) y a la pena única de dos años y dos meses de prisión en suspenso, comprensiva de la primera condena (causa N° 4857). El representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se unificaran la totalidad de las penas y se condenase al imputado a la pena única de cuatro años de prisión. Por su parte, la defensa sostuvo que se trataba de un concurso real de delitos, por lo que debía efectuarse una unificación de condenas sin sumar las penas fijadas en cada una. |
5-oct-2017 | Guerra (Causa Nº 14644) | En el marco de un control rutinario, personal policial detuvo a dos vehículos y los requisó. En el primero de los autos –conducido por GJC– se encontraron 40 kilos de cocaína y un sobre con marihuana. El segundo era un remís conducido por ZHO en el que viajaban dos personas. Si bien en su interior no se hallaron estupefacientes, se advirtió que uno de los pasajeros era el hermano de GJC. Al efectuarse el procedimiento, se aproximó un tercer vehículo –conducido por SA– que al advertir el control policial dio marcha atrás y se desvió a gran velocidad. Luego de una persecución, la policía lo detuvo. En su interior se halló dinero en moneda nacional y en dólares estadounidenses. Las cinco personas fueron detenidas e imputadas por el delito de transporte de estupefacientes. Durante la instrucción, GJC solicitó declarar como arrepentido en los términos del artículo 29 ter de la ley N° 23.737 y aportó información relevante para el avance de otras investigaciones sobre tráfico de estupefacientes. Por otra parte, SA expresó que el día de su detención había bebido alcohol. En tal sentido, indicó que esa había sido la razón por la que había eludido el control policial. Durante el debate de juicio oral, la defensa solicitó la absolución de SA y ZHO, por considerar que no se había logrado probar su participación en los hechos imputados. Además, solicitó que al momento de evaluar la pena de GJC, se tuviera en cuenta la colaboración prestada en carácter de arrepentido. |
5-oct-2017 | Comunidad Iwi Imemb'y | La comunidad Iwi Imemb’y, que se escinde de la Comunidad Iguopeigendá, habitaba en la provincia de Salta. En el año 2003 fueron desalojados por una empresa propietaria de un ingenio azucarero. Posteriormente, la comunidad Iguopeigendá reclamó judicialmente la reinvindicación territorial y se le devolvieron 52 hectáreas. Sin embargo, a raíz de la violencia que sufrieron sus integrantes, migraron a Buenos Aires, donde algunos arrendaron una hectárea de tierra para el cultivo, que funcionaba, a la vez, como un espacio de encuentro comunitario. Más tarde, se inició una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Plata y se solicitó, como medida cautelar, que se les provea tierras aptas y suficientes para su desarrollo y se les otorgue el título de propiedad comunitaria indígena. El juzgado de primera instancia declaró formalmente inadmisible la acción colectiva y ordenó recaratular la causa como “Amparo ley 16.986”. En consecuencia, la parte actora interpuso un recurso de apelación. |