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FechaTítuloResumen
21-jun-2017Observación General Nº 21La observación general emitida por el Comité de los Derechos del Niño propuso una guía para los Estados sobre el desarrollo de estrategias a largo plazo en relación a los niños en situación de calle. Con ese propósito, el Comité realizó un análisis integral de la Convención sobre los Derechos del Niño.
20-jun-2017Mohamed Ben Djazia y Naouel BelliliUn hombre español vivía desde el año 1998 en un departamento que alquilaba en la ciudad de Madrid. En el año 2009 contrajo matrimonio con una mujer argelina con quien tuvo dos hijos. Ambos pagaban la renta de manera regular. Debido a sus bajos ingresos, entre los años 1999 y 2011 el hombre solicitó a la autoridad municipal la concesión de una vivienda pública en trece oportunidades. Todas las peticiones fueron rechazadas. El último subsidio por desempleo que cobró fue abonado en junio de 2012. A partir de esa fecha, se vio imposibilitado de abonar el alquiler. El contrato finalizó en agosto de ese año. Sin embargo, la familia se negó a abandonar el domicilio ya que no poseía ingresos ni un alojamiento alternativo. Por ese motivo, la dueña del departamento inició una demanda judicial que culminó con el dictado de una orden de desalojo. Las personas afectadas se opusieron a su ejecución y reiteraron la solicitud de un hogar municipal y de un subsidio económico. El requerimiento fue rechazado, lo que motivó la interposición de una acción de amparo. Las medidas allí solicitadas también fueron denegadas. Finalmente, en octubre de 2013 la familia fue desalojada. Luego de permanecer diez días en un albergue temporal, la autoridad municipal les ofreció alojamiento a la madre e hijos, por un lado, y al hombre por otro. Ambos rechazaron la oferta y permanecieron durante cuatro días en un vehículo junto a sus hijos de 1 y 3 años. Luego, se trasladaron al domicilio de una persona conocida que les ofreció alojamiento por algunas semanas. Entre otras cuestiones, el Estado argumentó que el hombre había recibido ayuda de la administración pública desde el año 2002, y que durante todos esos años no había realizado búsqueda alguna de vivienda ni trabajo. Por otra parte, tuvo en cuenta que la disponibilidad de viviendas públicas era limitada, puesto que una gran parte de ellas había sido vendida a empresas de inversión por motivos de “equilibrio presupuestario”.
19-jun-2017S, ARUna persona con discapacidad percibía una pensión no contributiva por invalidez. Desde el mes de febrero de 2017, sin aviso previo, se vio privada del haber. El beneficiario concurrió al Ministerio de Desarrollo Social y le informaron que su cónyuge percibía una jubilación mínima y que, según decreto 432/1997, eso era incompatible con la pensión no contributiva. En consecuencia, inició una acción de amparo con el objeto de que se restablezca el pago del beneficio y solicitó una medida cautelar innovativa a fin de anticipar la tutela jurisdiccional.
19-jun-2017NEBUna mujer con una incapacidad sobreviniente del 70% solicitó una pensión por invalidez a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Dicha asignación fue otorgada en mayo de 2016. Sin embargo, un año más tarde, de modo intempestivo, fue suspendida. En consecuencia, inició un reclamo ante la Comisión Nacional, que informó que el problema radicaba en que la beneficiaria contaba con una pensión derivada de $1.145,41. Frente a esto, se interpuso una acción de amparo y se solicitó, como medida cautelar, que se reanude el cobro de la pensión.
19-jun-2017MSB (causa Nº 17392)El Tribunal Oral le impuso al imputado la pena de tres años de prisión en suspenso en razón de la suscripción de un acuerdo de juicio abreviado. Asimismo, estableció –de oficio– una serie de reglas de conducta de acuerdo con el artículo 27 bis del CPPN. Por este motivo, la defensa interpuso un recurso de casación.
16-jun-2017NIÑA SL y otro respecto de ColombiaEl 16 de septiembre de 2016 se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares a favor de un grupo de niños y niñas que padecían enfermedades onco–hematológicas en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar, y zonas aledañas. Los beneficiarios de la medida requerida se encontraban en grave riesgo debido a la falta de implementación de un tratamiento médico adecuado por parte de las autoridades competentes. Esto, a pesar de la seriedad de las patologías que sufrían y la existencia, en varios casos, de resoluciones judiciales a su favor.
16-jun-2017VCPA (causa Nº 49174)El Tribunal Oral absolvió a una persona imputada por la comisión de los delitos de abuso sexual, exhibiciones obscenas, amenazas y lesiones y la condenó por un hecho que fue calificado como lesiones leves. El representante del Ministerio Público Fiscal impugnó la decisión por considerar que la valoración de la prueba efectuada por los jueces fue arbitraria. Por su parte, la defensa cuestionó la sentencia en lo concerniente al hecho por el que su asistido fue condenado.
15-jun-2017AAVNUna pareja realizaba un tratamiento de fertilización asistida. Luego de tres intentos infructuosos, solicitaron a la empresa de medicina prepaga que les cubra nuevamente el tratamiento. Ante la negativa, iniciaron una acción de amparo y solicitaron como medida cautelar la cobertura integral de la técnica de fertilización y la eventual criopreservación embrionaria anual. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar. La demandada interpuso un recurso de apelación.
15-jun-2017PMJTUna mujer embarazada permaneció detenida por motivos políticos desde el 16/4/1976 hasta el 22/8/1976, momento en que dio a luz. Durante ese periodo, fue víctima de torturas y sufrió diversas lesiones. Posteriormente, estuvo en libertad vigilada hasta el año 1982. Mediante la ley Nº 24.043 percibió una indemnización por los días que estuvo privada de la libertad. En consecuencia, inició una demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener una indemnización en concepto de daño psicológico comprensivo del agravio moral sufrido por la privación de la libertad sin causa, tortura y lesiones y por estar en situación de libertad vigilada desde el 3 de octubre de 1978 hasta el año 1982.
15-jun-2017BAHUna persona detenida tenía obesidad mórbida, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías y problemas urológicos y endocrinológicos. El Cuerpo Médico Forense realizó un informe en el que señaló la necesidad de llevar a cabo medidas para que su salud no se vea afectada. Asimismo, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un informe médico del que se desprendía que el detenido no podía realizar actividades de la vida cotidiana y que sufría un empeoramiento progresivo en su estado general de salud. En este marco, la defensa solicitó su prisión domiciliaria. El Tribunal Oral rechazó el pedido. En su decisión, sostuvo que la situación no se encontraba prevista entre los supuestos para conceder de la prisión domiciliaria (art. 10 CP y 32 de la ley 24.660). Contra esa resolución, se interpuso un recurso de casación. El Cuerpo de Peritos y consultores Técnicos de la DGN presentó un nuevo informe en el que señaló que debían arbitrarse medidas conducentes para el tratamiento integral del paciente. En ese sentido, aconsejó que el tratamiento se cumpla en un hospital extramuros debido a que el SPF no contaba con el soporte multidisciplinario necesario.