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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 11-dic-2023 | FDDLN (Causa Nº 22116) | En el marco de un proceso judicial de modificación de la cuota alimentaria, una mujer pidió que el progenitor de su hijo abonara el 50% de gastos médicos extraordinarios. En concreto, indicó que debían adquirir un insumo médico de manera urgente para el niño. El juzgado intimó al hombre a cumplir con ese pago. En esa oportunidad, le advirtieron que, si no lo hacía, le impondrían como medidas sancionatorias el retiro de su licencia de conducir y la prohibición de participar en carreras automovilísticas de cualquier tipo. Luego, la actora informó el valor actualizado del insumo e hizo saber que el hombre, hasta el momento, no había depositado lo adeudado. |
| 7-dic-2023 | Sandoval (causa Nº 1341) | Un hombre había sido procesado por los delitos de robo con arma de fuego, dos hechos de abuso sexual agravado y dos homicidios calificados. En la etapa de juicio oral, un tribunal de Salta lo absolvió. El representante del Ministerio Público Fiscal y uno de los acusadores particulares impugnaron la decisión. El primero requirió la anulación de la absolución y el reenvío para un nuevo juicio, mientras que el segundo pidió su revocación y el dictado de una condena. El tribunal de impugnación revocó la absolución del imputado y lo condenó a la pena de prisión perpetua. Para decidir de esa manera, sostuvo que se habían valorado de manera indebida las pruebas aportadas. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso ante la Corte de Justicia de la provincia de Salta. Entre otras cuestiones, afirmó que el tribunal de impugnación carecía de competencia para dictar una sentencia condenatoria. En ese sentido, sostuvo que, de conformidad con la ley procesal local, debía haber anulado la sentencia absolutoria y devuelto las actuaciones para la realización de un nuevo juicio.; La Corte no hizo lugar a la impugnación y confirmó la sentencia condenatoria. Así, afirmó que la intervención del tribunal de impugnación se fundaba en un vicio in iudicando y no en uno in procedendo, lo que lo habilitaba a casar la sentencia y aplicar la ley de manera directa. Entonces, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal, que fue denegado y motivó una queja. Allí, señaló que se había privado a su asistido de la realización de un nuevo juicio y ocasionó una lesión a las garantías constitucionales del debido proceso y juicio previo. |
| 7-dic-2023 | Duarte (Causa Nº 745) | Una mujer denunció a su pareja de haberla amenazado con un arma y golpeado con patadas, puños y un palo. Por estos hechos, el hombre fue procesado por el delito de amenazas coactivas agravadas por la utilización de armas y lesiones leves, doblemente agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y por la relación de pareja, en concurso ideal entre sí. La causa fue elevada a juicio oral y, concluido el debate, la fiscalía solicitó su absolución por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y sostuvo la acusación por el delito de lesiones leves doblemente agravadas. El tribunal oral dispuso la nulidad del alegato fiscal y señaló que las diferentes conductas atribuidas habían sido consideradas jurídicamente como una unidad de acción y que el planteo fiscal resultaba inadmisible por vulnerar la garantía constitucional contra la doble persecución penal. Por esa razón, el tribunal oral absolvió al hombre imputado. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. |
| 7-dic-2023 | Okropiridze v. Georgia | Un hombre fue detenido, acusado de haber asesinado a otro sujeto. En ese contexto, miembros del Poder Ejecutivo realizaron declaraciones en la prensa y en redes sociales en su contra. El hombre, asistido por su equipo de abogados, eligió ser juzgado en un juicio por jurados. Durante el juicio, el jurado escuchó a numerosos testigos y observó informes periciales y forenses y grabaciones de varias cámaras de videovigilancia que ponían de relieve el involucramiento del hombre imputado en el homicidio. Entre los testigos ofrecidos, uno dijo haber visto al demandante dispararle a la víctima y otro afirmó que el demandante le había confesado que la había matado. Por otra parte, se adjuntó el acta de la entrevista mantenida al inicio del proceso con la mujer que era novia del imputado. En esa oportunidad, ella contó que el día del hecho advirtió que el hombre se había comportado de manera inusual, había cambiado su ropa y le había dicho que tenía que partir de manera urgente de la ciudad. El jurado no emitió veredicto. En ese marco, la Ministra de Justicia declaró en los medios que si hubiera sido miembro del jurado hubiera declarado culpable al hombre imputado. Al mismo tiempo, se inició una investigación contra uno de los jurados por su supuesto contacto indebido con la familia de la víctima. De conformidad con la normativa nacional, se estipuló la realización de un nuevo juicio por jurados, para lo cual se inició un nuevo proceso de selección. Entonces, el presidente del tribunal cerró las audiencias al público, considerando que la medida era necesaria en vista de “los hechos ocurridos después del primer juicio por jurados” y para evitar presiones indebidas sobre los posibles nuevos integrantes. Al seleccionar a los jurados, el presidente enumeró todos los criterios que los candidatos al jurado debían cumplir, incluido el de que un candidato que hubiera expresado opiniones personales sobre el caso penal pendiente o cuya experiencia personal pudiera hacer que su participación en el juicio fuera injusta no podría actuar como jurado. Posteriormente, el juez aprobó el retiro de una de las candidatas que reconoció haber estado expuesta a la cobertura mediática del caso. Finalmente, se seleccionaron quince jurados. Durante el juicio, la fiscalía informó que la novia del demandante se encontraba en Estados Unidos y solicitó que se admitiera su declaración grabada en vídeo en presencia de un escribano por la diferencia horaria. Allí, la mujer confirmó su declaración inicial. El presidente del jurado admitió el video e instruyó al jurado a ponderarlo como una simple declaración que no fue dada bajo juramento y que, por lo tanto, no debía ser considerada como un testimonio. Todos los testigos restantes de la acusación y de la defensa fueron oídos por el jurado durante el nuevo juicio. A los jurados también se les presentaron varios informes forenses, incluidos informes periciales alternativos preparados por la defensa y los documentos procesales relacionados con diversas medidas de investigación. El segundo jurado declaró al demandante culpable por el delito de homicidio. Entonces, el demandante recurrió la sentencia condenatoria. Entre otras consideraciones, sostuvo que la sentencia no era válida porque carecía de motivación y que el jurado no había sido imparcial, producto de las declaraciones en su contra de integrantes del poder ejecutivo. Además, cuestionó la admisión como prueba de la declaración en video de la que fuera su novia. Los tribunales locales desestimaron las presentaciones del demandante. |
| 6-dic-2023 | Debates sobre la nulidad del allanamiento en la jurisprudencia del fuero federal (2016-2022) | El boletín elaborado por la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia releva sentencias emitidas por distintos tribunales en las que se analizó la validez de los allanamientos dispuestos en el marco de diversas causas penales del fuero federal. Los pronunciamientos recogidos ponen de relieve los criterios sopesados en sede judicial ante la tensión entre la protección a las garantías de inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad —contenidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional— y la investigación penal. |
| 5-dic-2023 | Secreto médico en crisis: propuestas para abordar la negación del embarazo en el contexto de la atención obstétrica en argentina | El objetivo principal de este trabajo es analizar y discutir la intersección entre el secreto médico profesional y la negación del embarazo en Argentina. La propuesta presentada no solo busca examinar estos fenómenos desde una perspectiva ética y legal, sino también proporcionar un marco práctico que respete la privacidad de las pacientes. A través de este enfoque, se pretende contribuir a la discusión y desarrollo de estrategias efectivas que aborden estos desafíos complejos en el ámbito de la salud reproductiva. |
| 5-dic-2023 | Colman (causa N° 973/23) | Un hombre y una mujer ingresaron a un local comercial, redujeron a la vendedora y le robaron distintas pertenencias. Entre los objetos sustraídos se encontraba un bolso color negro con detalles blancos. Una hora y media después, se detuvo a un hombre que juntaba cartones al lado de un volquete de basura y que tenía el bolso en su poder. El fiscal interviniente dio al procedimiento el trámite de flagrancia. Antes de la primera audiencia, la defensa pidió que la víctima no se encontrara presente para preservar la validez de una eventual rueda de reconocimiento. Sin embargo, la jueza rechazó el pedido. Durante el juicio oral, la víctima declaró que, después del robo, efectivos policiales le habían exhibido fotos de dos hombres sospechosos. En ese momento, reconoció al acusado. Sin embargo, ese accionar no había sido documentado en las actas de procedimiento. Por otro lado, surgió de las moderaciones de los preventores que los horarios de ese reconocimiento y de la detención del imputado no coincidían con las plasmadas en las actas. El tribunal interviniente condenó al hombre a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de robo y a la pena única de seis años y seis meses de prisión. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación. Entre otras cuestiones, se agravió de las circunstancias en que su asistido había sido detenido y requisado. Así, argumentó que no existían motivos o circunstancias que permitieran presumir que acababa de cometer un delito. Por otro lado, cuestionó el proceso de identificación y planteó que se había valorado de manera arbitraria la prueba aportada. |
| 5-dic-2023 | Ilerde y otros v. Turquía | Luego de un intento de golpe de Estado, un número significativo de personas fue detenida y alojada en una unidad penitenciaria de Turquía. A raíz de esa situación, diversas personas privadas de su libertad denunciaron la sobrepoblación en el complejo, el acceso insuficiente a servicios como agua caliente, la falta de ventilación de las celdas y una serie de restricciones a practicar deportes y desarrollar actividades sociales y educativas. En concreto, señalaron haber permanecido en esa situación por períodos diversos, todos superiores a los ochenta días. Asimismo, un prisionero denunció haber sido trasladado de manera injustificada a un centro de detención alejado de su familia, lo que impidió que pudieran visitarlo de manera periódica. La justicia nacional desestimó los reclamos de las personas detenidas por considerar que se trataba de una situación excepcional producto del intento de golpe de Estado. En ese contexto, se acreditó que la unidad penitenciaria señalada, cuya capacidad estaba diseñada para setecientas personas, había llegado a alojar a más del doble y que, finalmente, se había estabilizado en mil cincuenta y cinco internos. Entonces, las víctimas presentaron una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En esa oportunidad, alegaron que las condiciones de detención a las que habían sido sometidas habían sido violatorias de su derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, la persona que había sido trasladada de centro de detención denunció que se había violado su derecho a la vida privada y familiar. |
| 4-dic-2023 | QNH (Causa Nº 18498) | Dos personas acordaron los alimentos de sus hijos en común y luego lo homologaron en sede judicial. Con posterioridad, la progenitora del niño denunció que el hombre no abonaba la cuota alimentaria correspondiente. Si bien el hombre fue intimado, no se presentó ni acreditó haber cumplido con el pago. En consecuencia, la mujer –representada por una defensoría local– solicitó a modo de medida sancionatoria que se le suspendiera y retirara al hombre su licencia de conducir |
| dic-2023 | Aportes para la intervención de la defensa pública en casos de injusticia ambiental. Reflexiones desde la causa Riachuelo. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | A partir de la experiencia del Equipo Riachuelo en la causa Riachuelo, les autores desarrollan en este artículo tres aspectos centrales de aquel proceso judicial que serán útiles para pensar el rol de la defensa pública en litigios ambientales en general. En primer lugar, la perspectiva con la que se aborda la cuestión ambiental; en segundo, los modos de intervención de la defensa pública en favor de un efectivo acceso a la justicia de los grupos afectados; por último, el enfoque a partir del cual se evalúan los efectos que ha tenido y tiene el proceso judicial en los diferentes ámbitos involucrados (comunidades, organismos, instancias judiciales, etc.). |