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21-feb-2018RSN (causa Nº 259)Una niña era cuidada por su abuela. El hermanastro de su madre vivía en el mismo domicilio. En una oportunidad, la niña le manifestó a su madre que había sido abusada por él en su habitación. Por tal razón, la mujer lo denunció. Durante la etapa de instrucción se llevó a cabo una entrevista en Cámara Gesell. La perito informó lo indicado por la niña respecto de las condiciones en que se habría desarrollado el abuso. A su vez, la psicóloga interviniente sostuvo que la niña presentaba indicadores de Síndrome de Adaptación al Abuso Sexual Infantil. Al momento del debate en juicio oral, la perito había fallecido. Sin embargo, prestaron declaración testimonial otros profesionales. Un médico ginecólogo indicó que la niña no presentaba lesiones ocasionadas por penetración. Además, una psicóloga del Cuerpo Médico Forense concluyó que la niña había sufrido situaciones traumáticas de probable origen sexual. El Tribunal Oral condenó al imputado a la pena de seis años de prisión por el delito de abuso sexual, agravado por haber configurado un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima. Para decidir de ese modo, tuvo por ciertos los dichos de la madre respecto de las circunstancias del hecho. A su vez, valoró el informe pericial realizado en base a la entrevista practicada a la niña en Cámara Gesell y el testimonio de la psicóloga del Cuerpo Médico Forense. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
20-feb-2018VPA (causa Nº 13397)Una persona registraba una condena de prisión impuesta por un tribunal provincial. El total de la pena había sido cumplida en detención. Ante la comisión de un nuevo hecho, el imputado celebró un acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal. Allí se pactó la calificación del delito y el monto de la pena. El Tribunal Oral corrió vista a las partes para que se expidieran respecto de la posible declaración de reincidencia. En esa oportunidad, la fiscalía se manifestó a favor de su dictado. La defensa se opuso, por entender que no se había acreditado el tratamiento penitenciario en el marco de la condena anterior. Además, planteó la inconstitucionalidad del artículo 50 del Código Penal. El Tribunal Oral rechazó la presentación y declaró reincidente al imputado. Para decidir de esa manera, hizo referencia al antecedente condenatorio que poseía el imputado y su cumplimiento en detención. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
20-feb-2018NAE (causa Nº 2047 2016)En el marco de un proceso de divorcio, la Cámara Nacional de Apelaciones consideró culpable al esposo de la causal de injurias graves (art. 202, inc. 4º del Código Civil, vigente en esa fecha) y decretó el divorcio vincular. Esta decisión fue apelada. Con posterioridad, entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (1/8/2015) que derogó las causales de divorcio. Sin embargo, la decisión fue confirmada por la Corte de Justicia de Salta. En consecuencia, el demandado interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que denegado, dio lugar a un recurso de queja. Desestimado el mismo, el actor interpuso un recurso extraordinario federal.
20-feb-2018MM (causa Nª 36816)MM inició una acción de amparo y solicitó la ampliación de una medida cautelar dictada en favor de su hijo de 14 años con discapacidad –tenía trastorno generalizado del desarrollo, epilepsia y retraso mental leve– contra la empresa de medicina prepaga a la que estaba afiliado. Esto, con el fin de que se le ordenara cubrir ciertas prestaciones médicas y un tratamiento biomédico que incluía el consumo de aceite de Cannabis. La resolución de primera instancia resolvió no hacer lugar a la ampliación de la medida cautelar. La decisión fue recurrida por el defensor de menores.
18-feb-2018Castillo Suárez (Causa Nº 60288)Un hombre de nacionalidad paraguaya ingresó al territorio argentino en 2004 y obtuvo la residencia permanente en el país en 2011. Aquí residía todo su grupo familiar, integrado por sus padres, hermanos, y sus dos hijos menores de edad de nacionalidad argentina, así como también su pareja y la familia de ella. El hombre era el sostén económico del hogar dado que era el único adulto con trabajo formal. En 2017 fue condenado a la pena de dos años de prisión por un hecho de amenaza calificada por el uso de arma, robo y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra cometido en 2015. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) canceló la residencia permanente otorgada, ordenó su expulsión y le prohibió su reingreso carácter permanente. Para decidir de esa manera, entendió que la situación del migrante encuadraba en los impedimentos para ingresar o permanecer en el territorio nacional previstos por el art. 62 inc. c) de la Ley Nº 25.871 modificada por el Decreto Nº 70/2017. Esa medida fue recurrida por el migrante-. Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones rechazó el recurso administrativo. Ante esa decisión, el señor interpuso un recurso judicial. En su presentación, planteó la inconstitucionalidad del DNU 70/17. Por otra parte, manifestó que en el caso no se daban los presupuestos objetivos del artículo 62 c) de la ley 25.871 vigente al momento de los hechos, y que su aplicación agraviaba el principio de la unidad familiar y los derechos del niño.
16-feb-2018CLO (causa N° 74191)Dos hombres interceptaron a un extranjero en la vía pública con el objeto de apoderarse de su cámara fotográfica. Ante su resistencia, le efectuaron varias puñaladas en el pecho y huyeron. Al escuchar el pedido de auxilio efectuado por la víctima, tres vecinos persiguieron y detuvieron a quien tenía la cámara. Al intentar recuperarla, se produjo un forcejeo entre las cuatro personas. En ese momento arribó al lugar otra persona que se identificó como policía y dio voz de alto. El hombre reinició su huida, por lo que el policía efectuó tres disparos intimidatorios al aire. Al observar que continuaba corriendo, efectuó cuatro disparos más; dos impactaron en su cuerpo y ocasionaron su muerte. El policía fue imputado por el delito de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego, en exceso de legítima defensa. Al prestar declaración indagatoria, manifestó que sus disparos habían sido dirigidos a las piernas de la víctima con el objeto de reducirlo. El juzgado de instrucción dictó su procesamiento. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación.
15-feb-2018Ledesma Vallejos (reg. Nº 72 y causa Nº 26554)Un hombre había sido condenado por un delito contra la integridad sexual a la pena de dieciséis años de prisión. Durante los últimos seis años de detención tuvo conducta ejemplar (10). Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó –por segunda vez– que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional se expidió unánimemente a favor del pedido. En el informe criminológico se expuso que el detenido logró una autocrítica necesaria para revisar su conducta y que logró visualizar el daño ocasionado a la víctima. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la concesión del instituto. Sostuvo que el condenado mantenía el mismo guarismo conceptual que ostentaba en la anterior solicitud de egreso anticipado, lo que denotaba una falta de avance en el tratamiento penitenciario. Por su parte, el equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución mantuvo una entrevista por video conferencia con el detenido. Luego, elaboró un informe en donde concluyó que no había podido constatar lo informado por el Consejo Correccional a través de la entrevista. El Juzgado de Ejecución Penal denegó la libertad condicional. Para decidir de esa manera, sostuvo que no se encontraban verificadas las condiciones exigidas normativamente para conceder la libertad. Además, propuso intensificar el tratamiento psicoterapéutico en el que se abordara la problemática concreta del abuso sexual. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
15-feb-2018Pereyra (reg. Nº 82 y causa Nº 73447)Un individuo había sido condenado a una pena de prisión. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional se expidió de manera favorable al pedido. Sugirió que el condenado y sus referentes afectivos recibieran orientación y apoyo psicoterapéutico. El Juzgado de Ejecución Penal rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, sostuvo que el detenido carecía de una oferta laboral y un trabajo estable. Además, sostuvo que el referente del condenado no estaría en condiciones de prestarle la contención y el apoyo recomendados por el área psicológica del Servicio Penitenciario. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
15-feb-2018SAE (causa Nº 13588)Una mujer visitó a su pareja, detenida en el Servicio Penitenciario de Villa Urquiza, provincia de Tucumán. Al efectuarse la requisa para su ingreso a la Unidad, personal penitenciario halló en las mangas de su campera dos envoltorios que contenían 3,95 gramos de marihuana. Del estudio pericial realizado sobre la sustancia, surgió que ésta contenía 0,1383 gramos de THC. La mujer fue imputada por el delito de suministro de estupefacientes a título gratuito, en los términos del artículo 5, inciso e, de la ley N° 23.737. La defensa interpuso una excepción de falta de acción, por considerar atípica la conducta. En particular, consideró que la escasa cantidad de componente psicoactivo del material secuestrado no resultaba apta para afectar la salud pública. En esa línea, solicitó el sobreseimiento de su asistida.
15-feb-2018RML (causa Nº 532)Una mujer había sido condenada a una pena de prisión perpetua. Durante la etapa de ejecución, su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El juzgado hizo lugar al pedido. Sin embargo, estableció que la imputada debía alcanzar –bajo la modalidad de libertad anticipada– el requisito temporal previsto por el artículo 13 del Código Penal en su redacción original. En tal sentido, indicó que a partir de esa fecha debía computarse el lapso de cinco años, previsto en el artículo 16 del mismo cuerpo normativo, para tener por extinguida la pena. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó que no se había contemplado la diferencia existente entre las penas temporales y las de prisión perpetua. En esa línea, sostuvo que se había efectuado una errónea interpretación de los artículos 13 y 16 del Código Penal y, en consecuencia, concluyó que se había afectado el principio de legalidad.