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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 8-may-2018 | Ben Faiza v. Francia | Un hombre estaba siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de estupefacientes y narcotráfico después de una denuncia anónima. La policía francesa solicitó a la fiscalía obtener información de una empresa de telefonía móvil para identificar llamadas y rastrear la ubicación de cuatro números. Posteriormente, la fiscalía hizo la presentación ante un juzgado de instrucción. El tribunal de grado autorizó la interceptación de datos telefónicos y la colocación de un dispositivo de seguimiento en un auto utilizado por el sospechoso y sus hermanos. Los resultados mostraron que dirigían operaciones relacionadas con los delitos investigados, incluida la importación de drogas de los Países Bajos. Tras confirmarse la importación de estupefacientes a gran escala, se solicitó autorización para instalar un dispositivo de geolocalización (GPS) en el vehículo de los sospechosos, lo que llevó a su detención. Contra esa medida, la defensa presentó un recurso ante la Corte de Casación. Para ello, la defensa argumentó que las medidas eran ilegales según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En tal sentido, sostuvo que el uso de un dispositivo GPS junto con las escuchas telefónicas y la captura de imágenes constituía una intromisión en la vida de su asistido, toda vez que no existía una norma en el ámbito interno que permitiera la vigilancia mediante un GPS en particular. Sin embargo, la Corte de Casación, desestimó el recurso, y convalidó la requisa judicial. |
| 8-may-2018 | GEM (Causa N° 286) | Un grupo de familias campesinas ocupaban tierras con fines de agricultura a pequeña escala y de subsistencia. Luego, autoridades públicas nacionales las denunciaron en sede penal por usurpación. Si bien el Estado Nacional registraba la titularidad del predio, las familias contaban con permisos para su ocupación. En ese sentido, se había conformado una cooperativa y se les había otorgado programas sociales específicos. Por ese motivo, las actuaciones judiciales fueron archivadas. En esas condiciones, las familias –con el patrocinio de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Dolores– interpusieron una acción judicial contra el Estado Nacional, Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de Agricultura Familiar. En esa oportunidad, solicitaron que se adoptaran las medidas necesarias para la adjudicación de las tierras que habitaban, cuya superficie no superaba las veinte hectáreas. Manifestaron que, de esa manera, se garantizaría el derecho a la tierra y a la vivienda, que habían sido afectados ante la omisión estatal de implementar la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Por su parte, el Programa sobre Diversidad Cultural de la Defensoría General de la Nación colaboró con la defensoría. Entre sus gestiones, participó de audiencias y elaboró un informe específico referido a la habilitación de la instancia judicial. Asimismo, al momento de dictaminar la fiscalía entendió que los accionantes no habían agotado la vía administrativa. Por su parte, la demandada coincidió con el planteo del fiscal. Sobre ese aspecto, sostuvo que se habían promovido varios reclamos en sede administrativa con el mismo objeto procesal que estaban pendientes de resolución. |
| 7-may-2018 | RFA (causa Nº 66575) | Un hombre había sido imputado por el delito de lesiones culposas graves. Su defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. En ese sentido, el imputado ofreció autoinhabilitarse para conducir y una compensación económica a favor de la víctima. El Tribunal Oral hizo lugar a la solicitud y concedió la probation por el término de un año y seis meses. Entonces, el imputado entregó su licencia de conducir. Transcurridos diez meses, su defensa solicitó que se le restituyera el uso y goce de la capacidad para conducir. En particular, indicó que su asistido había reparado todos los daños en la medida de lo posible, y que la compensación económica no se había hecho efectiva en virtud de un acuerdo suscripto por las partes en el fuero civil. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al planteo. |
| 7-may-2018 | BHG (Causa N° 24668) | Un hombre que se desempeñó en el poder ejecutivo de la provincia de Chubut renunció a fines del 2015 a su trabajo. Al año siguiente, le diagnosticaron HIV. Tiempo después solicitó una internación a su obra social. Ésta rechazó el pedido y le informó que ya no contaba con su cobertura médica. En consecuencia, el hombre pidió a la entidad que lo incorporara co-mo afiliado directo voluntario, pero la solicitud fue denegada. Por ese motivo, inició una acción de amparo. En su presentación, requirió como medida cautelar su inmediata incor-poración a la obra social. Por su parte, la demandada indicó que la cobertura había conclui-do de manera automática cuatro meses después de la finalización de la relación laboral, de acuerdo con lo que preveía la normativa local. El juez de primera instancia hizo lugar a la acción, ya que consideró que el rechazo de la obra social era infundado. Frente a esa deci-sión, la accionada interpuso un recurso de apelación, que fue admitido por la Cámara. Para decidir de esa forma, los camaristas señalaron que el actor no gozaba de un derecho a ser incorporado como afiliado directo, ya que ello dependía de la decisión que adoptara la obra social al respecto. Luego, el amparista recurrió la sentencia. Entre sus argumentos, expuso que la obra social había violado la obligación de continuar los tratamientos médicos a favor de las personas con VIH. En ese sentido, manifestó que se había colocado el derecho a la afiliación por encima de su vida y salud. |
| 4-may-2018 | Aimetta (causa Nº 41010002) | Una persona solicitó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) la pensión derivada por el fallecimiento de su madre. Entonces, manifestó que percibía una asignación familiar por discapacidad hasta el deceso de su ascendiente y que se encontraba divorciado sin obligación alimentaria. La ANSeS negó la petición porque no era “hijo soltero” (art. 53 de la ley Nº 24.241). En consecuencia, el requirente accionó judicialmente para que se le reconociera su derecho a percibir la pensión. El Juzgado Federal de Bell Ville hizo lugar a la demanda. La ANSeS interpuso un recurso de apelación contra esa sentencia. |
| 2-may-2018 | Puccini (causa 10037) | Una mujer trans solicitó a su obra social la cobertura de una operación en su rostro para adecuarlo a su expresión de género. En particular, requirió que se hiciera cargo de los honorarios médicos, gastos hospitalarios, medicamentos y, si correspondía, de un tratamiento psicológico. La entidad negó la prestación porque consideró que se trataba de una cirugía de carácter estético que no era concluyente para determinar un cambio de género. En consecuencia, la actora inició una acción de amparo contra la obra social y requirió, como medida cautelar, la cobertura de las prestaciones aludidas. |
| 2-may-2018 | GOJ (causa Nº 12035) | Un hombre había sido condenado y, en el marco de ese proceso, se le había concedido la libertad condicional. Luego, un Tribunal Oral lo condenó por la comisión de un nuevo hecho. A su vez, revocó la libertad condicional y le impuso una pena única. La defensa planteó la inconstitucionalidad del artículo 17 del Código Penal y, en tal sentido, solicitó que se iniciaran los trámites para la concesión de la medida revocada. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, frente a una nueva pena resultante de una unificación, correspondía interpretar dicha norma de manera estricta. En concreto, entendió que la revocación de la libertad condicional sólo debía operar como impedimento de una nueva libertad, en el marco de las actuaciones donde se resolvió su otorgamiento y revocación. Con base en esos argumentos, se expidió de manera favorable a la solicitud de la defensa. El juzgado de ejecución rechazó el planteo, por entender que el artículo 17 del Código Penal no afectaba el objetivo de reinserción social previsto en la Ley N° 24.660. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 2-may-2018 | LDJ (Causa Nº 905) | Varias personas fueron imputadas por el delito de trata de personas, agravado por la cantidad de personas intervinientes y por la explotación económica de las víctimas. Una de las imputadas era una mujer vulnerable, que a lo largo de su vida había sufrido graves y reiterados episodios de violencia física y sexual. Durante veinte años trabajó en el prostíbulo a cargo de R, donde tenía encomendado mantener actos sexuales. Luego, además de los “pases”, R. le encargó contactar a las víctimas, proporcionarles pasajes, recibirlas y albergarlas en el local. Por esos trabajos, la imputada recibía comida y alojamiento. Durante la etapa de instrucción, la mujer se negó a declarar. El juzgado dictó su procesamiento por considerarla partícipe necesaria del delito imputado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la resolución impugnada. La imputada, entonces, solicitó ampliar su declaración indagatoria. En esa oportunidad, entre otras cuestiones, relató que había llegado al prostíbulo por necesidad. En tal sentido, señaló que las conductas reprochadas le habían sido ordenadas por R, y que nunca había dejado de realizar “pases”. La defensa solicitó el sobreseimiento, por considerar que su asistida era también una víctima del delito de trata de personas. En consecuencia, entendió que su situación encuadraba en el artículo 5 de la ley N° 26.364. |
| may-2018 | Las multas actuales de la ley N° 23.737 (según ley N° 27.302) y en el anteproyecto 2018 del Código Penal | El autor analiza el impacto de los nuevos montos de las multas previstas para las principales figuras penales de la ley Nº 23.737 (Ley de Estupefacientes), según el texto de la ley Nº 27.302, frente a la imposibilidad de su pago por parte de los condenados. A partir de ello, tomando un caso estándar de narcotráfico (tenencia con fines de comercialización, transporte, etc.) se analizan como inconvenientes múltiples soluciones legalmente previstas o que podrían invocarse fundadamente, y luego se propone una superadora, que permita arribar a la correspondiente satisfacción de la pena pecuniaria, sin una afectación significativa para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Finalmente, se analiza la cuestión desde la propuesta del anteproyecto del Código Penal 2018. |
| may-2018 | Excarcelación en términos de libertad asistida (CNCCC) | Infografía de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional sobre excarcelación “en términos de libertad asistida” (artículo 317, inciso 5, del CPPN). |