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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 18-may-2018 | Internos de la Unidad N° 19 SPF (causa N° 32210) | Las personas que visitaban a familiares y amigos detenidos en la Unidad N° 19 del Servicio Penitenciario Federal eran sometidas a requisa. El procedimiento implicaba desnudos y revisiones de zonas corporales íntimas. Si bien el establecimiento contaba con scanners, personal penitenciario realizaba, de manera eventual, requisas manuales. Por tal razón, los internos interpusieron un hábeas corpus colectivo. Durante la audiencia, se indicó que la situación denunciada se agravaba en el caso de las mujeres, que recibían un trato humillante y degradante por parte del personal de la Unidad. El juzgado federal hizo lugar a la acción de manera parcial y consideró que se debía acudir a registros físicos invasivos sólo de manera excepcional y cuando no existieran medios alternativos menos restrictivos. Así, dispuso que se instruyera al personal penitenciario respecto del trato adecuado que debía llevarse a cabo en los procedimientos de registro personal, en especial cuando las visitantes fueran mujeres. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la resolución. Entre otras cuestiones, sostuvo que las revisiones eran efectuadas mediante scanners y que sólo ante la presencia de algún cuerpo extraño se inspeccionaba a las visitas de forma manual. Por tal razón, sostuvo que los agravios habían perdido actualidad. Contra esa decisión, la Procuración Penitenciaria de la Nación interpuso un recurso de casación. En su presentación, señaló que las requisas corporales —que continuaban siendo practicadas— resultaban invasivas y atentaban contra la dignidad, intimidad, honor e integridad personal de las visitas. |
| 17-may-2018 | Solis (causa Nº 5694) | Una jubilada solicitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) el reajuste de su beneficio previsional conforme las previsiones de la ley Nº 24.241. ANSeS rechazó la petición. En consecuencia, la mujer judicializó el reclamo. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción de modo parcial. Contra dicha resolución, la demandada interpuso un recurso de apelación, cuestionó los parámetros utilizados para la determinación del haber inicial y requirió que se aplicaran los índices previstos en el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. |
| 17-may-2018 | Díaz (reg. N° 466 y causa N° 113366) | Un ex policía de la provincia de Misiones fue imputado por delitos de lesa humanidad por el juzgado federal de Eldorado. Entonces, fue detenido y alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Durante su detención, su esposa y su hija de 8 años no podían visitarlo por la distancia que separaba su lugar de residencia y el establecimiento carcelario. Dicha circunstancia, además, ocasionó que la niña requiriera tratamiento psicológico. El imputado solicitó en diversas oportunidades ser trasladado a la Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal, ubicado en la ciudad de Candelaria, Misiones. De manera subsidiaria, requirió el traslado transitorio a alguna dependencia de Puerto Iguazú. Al no recibir respuesta, interpuso una acción de habeas corpus. El juzgado rechazó el planteo por considerar que la unidad referida no contaba con un pabellón donde se pudieran alojar personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó la resolución. En consecuencia, la defensa interpuso un recurso de casación. En la presentación se acompañó un certificado del que surgía que la Unidad 17 poseía un pabellón destinado a personas detenidas por delitos de lesa humanidad. Además, se señaló que la decisión impugnada constituía un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención del imputado.El juzgado rechazó el planteo por considerar que la unidad referida no contaba con un pabellón donde se pudieran alojar personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó la resolución. En consecuencia, la defensa interpuso un recurso de casación. En la presentación se acompañó un certificado del que urgía que la Unidad 17 poseía un pabellón destinado a personas detenidas por delitos de lesa humanidad. Además, se señaló que la decisión impugnada constituía un gravamiento ilegítimo de las condiciones de detención del imputado. |
| 17-may-2018 | CM (reg. Nº 531 y causa Nº 16641) | C. ingresó a un edificio y subió al ascensor con una mujer. Al descender, comenzó una discusión en la que intervinieron el encargado del edificio y un vecino. La mujer denunció a C. por haber abusado sexualmente de ella en el ascensor. El hombre fue imputado por ese hecho y por amenazas. En su testimonio, el vecino sostuvo que la mujer le había comentado del abuso. Sin embargo, no especificó el modo y el lugar en que se habría producido ni el momento en que se lo habría dicho. Por otra parte, del examen psicológico realizado a la denunciante no surgieron indicadores de stress post traumático. En el juicio oral, la mujer detalló la manera en que C. había abusado de ella. El Tribunal Oral, por mayoría, consideró que el imputado era responsable por el delito de abuso sexual en concurso real con amenazas y lo condenó a una pena de seis meses de prisión en suspenso. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 17-may-2018 | PMD (Causa Nº67075) | En ocasión de un robo, una persona fue herida de forma leve. Al momento de producirse el hecho, personal policial detuvo al agresor. Además, la víctima fue llevada al hospital, donde manifestó que no tenía intención de formular denuncia alguna por el hecho. Dada la insistencia de la policía, la persona concurrió a la comisaría y denunció el robo. Sin embargo, no instó acción penal por la herida. En su declaración, manifestó que no recordaba su DNI y brindó un domicilio inexistente. Luego, no asistió a ver al médico legista ni a declarar en sede judicial. En el requerimiento de elevación a juicio oral, la fiscalía calificó el hecho como robo. Durante el juicio oral, la fiscalía de juicio acusó al imputado por el delito de lesiones leves. El Tribunal Oral lo condenó por ese delito a la pena de seis meses de prisión. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, señaló que la figura en cuestión configuraba un delito dependiente de instancia privada que la víctima, en este caso, no la había denunciado. Por tal razón, consideró que el artículo 72 del Código Penal había sido aplicado de manera arbitraria. |
| 16-may-2018 | SAJ (causa 1520) | Durante la madrugada del 10 de enero de 2012, SAJ fue detenido por la policía provincial en la ciudad de Resistencia, Chaco. En el procedimiento, los efectivos utilizaron la fuerza para reducirlo. Luego de 48 horas, SAJ ingresó a una guardia médica. Entonces, se constató que tenía el bazo estallado y se lo debió intervenir quirúrgicamente. Con posterioridad, interpuso una demanda por daños y perjuicios contra la provincia. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda por entender que no se había acreditado el nexo de causalidad entre las lesiones y la detención. Contra esa decisión, el actor interpuso un recurso de apelación. El tribunal de segunda instancia revocó la sentencia y condenó al Estado provincial a abonar la suma de $132.000 más intereses a tasa activa. En consecuencia, la demandada interpuso un recurso extraordinario de inconstitucionalidad |
| 16-may-2018 | QKH (causa Nº C-2LB-740-F2017) | Un matrimonio tuvo a su hija en su domicilio y, a los cinco días, concurrió al hospital de Rio Colorado para requerir el certificado de nacimiento e inscripción. Entonces, se le realizaron distintos controles y se le indicó la aplicación de vacunas. Ambos progenitores rechazaron el procedimiento y argumentaron que debían consultar a su médico homeópata. Con posterioridad, personal del hospital visitó el domicilio en el que residía la niña. En ese marco, la pareja explicó que había optado hacía dos años por la medicina alternativa desde que una de sus hijas sufrió una reacción alérgica luego de ser vacunada. Por este motivo, el hospital solicitó la intervención de la Defensora de Menores e Incapaces, que dictaminó que se debían disponer las medidas para que los padres de los niños cumplieran con el calendario de vacunación. |
| 16-may-2018 | GMR (causa 65663428) | Una mujer de 42 años de edad y su pareja de 38 años solicitaron a su obra social un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad. Conforme artículo 2º del anexo I del decreto Nº 956/2013 se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino, incluyendo a la fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de espermatozoide; la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos. Ante la falta de respuesta de la entidad, la pareja inició una acción de amparo y requirió, como medida cautelar innovativa, que se ordenara a la demandada que cubriera el 100% de la medicación, las técnicas necesarias para el tratamiento de fertilidad y toda indicación dispuesta por su médico tratante; todo con el profesional que intervino hasta el momento y en un centro de fertilidad especifico de la ciudad de Rio Cuarto. La decisión fue impugnada por la obra social. |
| 16-may-2018 | PMB (causa Nº 476730 2014) | Una mujer, en representación de su hija, inició una demanda de filiación contra una persona debido a la falta de reconocimiento de su hija y reclamó una indemnización por daño moral para la niña. El tribunal de primera instancia tuvo por probado el vínculo y condenó al progenitor al pago de la suma de $25.000 en concepto de daño moral. Contra la condena de pago, el demandado interpuso un recurso de apelación. |
| 16-may-2018 | APA (causa Nº 1972931) | Dos hombres deseaban tener un hijo. Entonces, recurrieron a Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) con material genético de uno de ellos y de una donante y llevaron adelante una gestación por sustitución. Cuando nació el niño, iniciaron una acción y solicitaron –como medida cautelar autosatisfactiva– la inscripción de copaternidad del niño. A tal efecto, acompañaron el consentimiento informado de todas las partes y una prueba de ADN de la que surgía que la persona gestante no aportó material genético. Asimismo, requirieron que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 562 del Código Civil y Comercial que establecía que “[l]os nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre…”. |