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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 29-may-2019 | Procuradora General (causa N° 72447) | La Ley Orgánica del Ministerio Público de Buenos Aires (ley N° 14.442) estableció la autonomía de la defensa pública provincial. Entonces, la Procuración General de la provincia promovió una demanda con el objeto de que se declarara, en lo pertinente, la inconstitucionalidad de la ley. En particular, sostuvo que si bien la reforma de la Constitución Nacional de 1994 había establecido un Ministerio Público bicéfalo (art. 120 CN), esa modalidad no había sido adoptada por la Constitución provincial. En tal sentido, explicó el artículo 189 de la Constitución provincial preveía que la Procuración General ejercería “la superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público” y que la autonomía que la ley reconocía a la defensa pública infringía esa norma. |
| 29-may-2019 | Berardi (Causa Nº 63181) | Una mujer registraba tres expedientes por intentos de hurto de artículos de supermercado. Las causas se encontraban acumuladas. La fiscalía advirtió que en los procesos se registraban distintos informes sobre su capacidad. Algunos sugerían que la imputada padecía un trastorno en su personalidad que podía incidir en su autonomía psíquica. Además, uno de ellos señalaba que la mujer había sido sobreseída respecto de cuatro hechos constitutivos de los delitos de hurto y robo por no haber podido dirigir sus actos. El Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la DGN elaboró un informe sobre sus antecedentes médicos y concluyó que el trastorno de personalidad que la imputada padecía era grave y le dificultaba su autocontrol. Asimismo, indicó que su cuadro configuraba una alteración en sus facultades mentales que le había impedido dirigir sus actos. Por su parte, el Cuerpo Médico Forense señaló que, si bien la mujer habría contado con capacidad para comprender y dirigir sus acciones, el trastorno que padecía podría haber incidido en su plena autonomía psíquica para realizar los hechos imputados. Sobre la base de dichas consideraciones, la fiscalía solicitó su sobreseimiento en los términos del art. 336, inciso 5 del CPPN. |
| 27-may-2019 | Fello (causa Nº 7016) | Fello, una mujer jubilada con discapacidad, solicitó un crédito personal a un banco. Con posterioridad, la misma entidad le otorgó dos créditos con el objeto de pagar el primero. Ante la imposibilidad de cancelar sus obligaciones, Fello inició una demanda contra el banco para que se declare la nulidad de los tres contratos. Fundó su pretensión en las elevadas tasas de interés que el banco le había impuesto y argumentó que se le debió aplicar la reglamentación del decreto Nº 246/11 –que fija topes a las tasas de interés de créditos personales otorgados a jubilados y pensionados–. Además, solicitó el resarcimiento del daño moral, daño directo, daño punitivo y la aplicación de sanciones a la entidad bancaria. El juzgado de primera instancia hizo lugar parcialmente a la acción, declaró la nulidad de las tasas de interés y obligó a devolver el excedente cobrado. Asimismo, hizo lugar al daño moral y punitivo. Contra esa resolución, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 24-may-2019 | Aguilar López (reg. Nº 411 y causa Nº 454) | Un agente policial detuvo a dos personas en la vía pública por considerar que habían tenido una “actitud evasiva”. El policía los requisó y les secuestró dinero. A pocos metros del lugar el mismo funcionario observó que estacionaba un vehículo y que el conductor entregaba dinero a otra persona. Entonces los requisó y constató que tenían veintiún mil pesos en efectivo. El conductor le manifestó “en forma espontánea” que el dinero correspondía a la devolución de un préstamo. El procedimiento fue plasmado en un acta de detención y requisa. El policía se comunicó con el juzgado a modo de consulta. El secretario dispuso el secuestro del dinero, la requisa del vehículo y la detención de las personas. A su vez, suscribió una nota en la que dejaba constancia de lo informado por el agente e indicaba el hallazgo de un papel manuscrito que daba cuenta de posibles actividades de préstamo de dinero. Sobre la base de las consideraciones expuestas en la nota, el juez ordenó la detención. Finalmente, dictó su procesamiento por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de apelación. En particular, plantearon la nulidad del acta de detención y requisa y de todo lo actuado en consecuencia. |
| 24-may-2019 | MDMN (causa Nº 1049) | BI, de 21 años de edad, tenía esclerosis tuberosa, encefalopatía crónica no evolutiva y encefalopatía epiléptica refractaria al tratamiento farmacológico y debía realizar una dieta cetogénica. MDMN, su madre, en representación de ella, solicitó a su obra social la cobertura de diez unidades de Aceite de Cannabis de Laboratorio Tiltray P Oral Solution CDB 100 mg/ml frasco gotero de 25 ml, prescrito para tratarla. Ante la negativa de la obra social (ObSBA), MDMN inició una acción de amparo y requirió una medida cautelar innovativa para que se le proveyera la cobertura total, íntegra y oportuna del producto que necesitaba. El Juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 22-may-2019 | Anso (Causa Nº 52678) | Una persona fue imputada por el delito de robo en grado de tentativa. En la etapa de juicio suscribió un acuerdo de conciliación con el damnificado. En ese marco se comprometió a entregarle cinco mil pesos en concepto de reparación integral y le pidió disculpas. La víctima aceptó el ofrecimiento. La fiscalía prestó su conformidad y el acuerdo fue homologado por el juzgado. Luego, la defensa presentó una constancia de la entrega del dinero y solicitó que se declarara la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de su asistido. |
| 21-may-2019 | Rubinowicz (Causa Nº3017) | Cuatro personas se encontraban imputadas por el delito de lavado de activos. Durante la instrucción, solicitaron la producción de ciertas medidas de prueba. La solicitud fue denegada con fundamento en que podían ser producidas en la etapa posterior. Elevada la causa a juicio, la defensa solicitó su realización. El Tribunal Oral rechazó casi la totalidad de la prueba ofrecida. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de reposición. El Tribunal Oral rechazó las impugnaciones. Entonces, se interpuso un recurso de casación que, denegado, motivó la interposición de una queja. |
| 21-may-2019 | Internos U4 del SPF | La dirección de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal había decidido, entre otras medidas, colocar camas cuchetas en celdas originalmente previstas como unicelulares. La Procuración Penitenciaria presentó una acción de habeas corpus colectivo y correctivo. El Juzgado la rechazó y la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la decisión. Contra esa decisión, la Procuración Penitenciaria de la Nación interpuso un re-curso de casación. |
| 21-may-2019 | CII (Causa N° 14163)- Cámara | En el marco de una causa penal, se ordenó el desalojo de una comunidad guaraní asentada en Salta. La orden se ejecutó de manera violenta, por lo que las familias debieron migrar hacia Buenos Aires. Allí se asentaron en La Plata. Ante las dificultades económicas para afrontar los costos de los alquileres, se trasladaron a otras localidades aledañas. En 2017, las personas afectadas iniciaron una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia de Buenos Aires. También solicitaron la citación de la provincia de Salta como tercero. En su presentación –con el patrocinio de la Comisión Provincial por la Memoria– reclamaron la devolución de tierras aptas y suficientes para su desarrollo, así como el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. Además, pidieron como medida cautelar que se les otorgara una fracción de un terreno que le pertenecía al municipio de La Plata hasta que se dictara sentencia definitiva. En ese contexto, tomó intervención la Defensoría Pública Oficial de La Plata y, en representación de las personas menores de edad involucradas, solicitó medidas para el desarrollo de los jóvenes de la comunidad. Esa defensoría requirió la colaboración del Programa sobre Diversidad Cultural de la Defensoría General de la Nación, que presentó dos informes técnico jurídicos. El juzgado declaró inadmisible la acción colectiva, ya que consideró que no reunía los requisitos establecidos en la normativa. Por lo tanto, dispuso que se debía recaratular el proceso como amparo. A su vez, rechazó la medida cautelar y exigió a las demandadas que cumplieran con el informe previsto en el artículo 8 de la Ley N° 16.986. Contra lo decidido, la parte actora interpuso un recurso de apelación. Luego, solicitó la suspensión de los plazos procesales, lo que fue admitido. Así, acompañó un contrato de comodato entre la comunidad y el municipio, mediante el cual éste cedió el predio en préstamo gratuito por noventa y nueve años, pero conservaba la posesión y titularidad de las tierras. |
| 17-may-2019 | Formigo (causa N° 135834) | Un hombre que se encontraba detenido era padre de un niño de 3 años que tenía, entre otras enfermedades, encefalopatía crónica, parálisis cerebral, microcefalia, epilepsia y dificultades en su movilidad. El niño se encontraba al cuidado de su madre, quien se dedicaba de manera exclusiva a su asistencia y se veía imposibilitada de conseguir un trabajo formal. Además, la pareja tenía otras dos hijas que vivían en la misma casa. Por tal razón, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El equipo técnico de la oficina judicial indicó que la familia se encontraba en una situación de riesgo y vulnerabilidad psicosocial. A su vez, el informe socio ambiental recomendó que se diera intervención a un equipo interdisciplinario con el objeto de que se protegieran los derechos de los niños. Por su parte, el Cuerpo Médico Forense señaló las afecciones que tenía el hijo del imputado e indicó que requería la constante colaboración de un tercero para realizar las actividades cotidianas. |