Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 21-may-2021 | Pacheco (causa N° 2992) | A partir de una denuncia realizada a la línea 145 de la provincia de Salta, se inició una investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Durante el proceso se realizaron allanamientos en distintos domicilios. De esa manera, se secuestraron elementos de interés para la causa, se detuvieron a dos mujeres y ocho víctimas fueron rescatadas. Luego, se llevó a cabo el allanamiento de un domicilio en una localidad de la provincia de Córdoba. Allí, se detuvo a un hombre que integraba la misma organización. Por último, un cuarto integrante se presentó en una comisaría de Salta con el fin de llevarle medicamentos a una de las mujeres detenidas y, en ese momento, fue detenido. Durante el proceso, una de las mujeres fue sobreseída. En ese sentido, se la consideró víctima de la organización investigada. En la etapa de juicio oral, la otra mujer detenida suscribió un acuerdo de juicio abreviado por la pena de seis años de prisión por el delito de delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la pluralidad de víctimas y por la consumación de la explotación. Al momento de acordar la pena se destacó que, si bien la mujer era considerada la líder de la organización, había ejercido durante muchos años la prostitución y padecía HIV. Otro de los integrantes acordó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por haber sido partícipe secundario del mismo delito. Por último, el tercer imputado carecía de antecedentes penales y solicitó la suspensión del juicio a prueba. En ese sentido, convino realizar tareas comunitarias durante un año y realizar una donación de pañales equivalente a $40.000. La Defensoría Pública Oficial de Víctimas de Salta solicitó que tanto el dinero secuestrado en la causa como el ofrecimiento económico de la probation se utilizara para reparar a las víctimas rescatadas. |
| 20-may-2021 | Gallo (Causa N° 128432) | Un tribunal oral en lo criminal había otorgado a un Defensor Público Oficial la representación de varias personas imputadas. Luego de que el tribunal decidiera, el representante del Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de revisión ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. El recurso fue declarado inadmisible. Por ese motivo, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso extraordinario federal. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional corrió traslado de la impugnación a las partes. En esa ocasión, la defensoría interviniente ante el tribunal oral manifestó que no se encontraba legitimada para representar a las personas imputadas porque había cesado el mandato conferido por el tribunal. Además, solicitó que se notifique personalmente a los imputados para que decidan si deseaban ser representados por la Defensa Pública o por un patrocinio de su confianza. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional intentó notificar a las personas imputadas, pero no logró hacerlo. Ante esta situación, decidió notificar a la Defensa Pública Oficial. A su vez, declaró inadmisible el recurso extraordinario. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de queja. |
| 20-may-2021 | PCL (Causa N°14026) | Una mujer demandó a su ex pareja por compensación económica. Por su parte, el demandado planteó la caducidad del reclamo. En ese sentido, señaló que habían transcurrido más de seis meses desde la finalización de la convivencia, por lo que la demanda no podía prosperar. Como prueba de esa afirmación, adjuntó una captura de pantalla de una conversación que había mantenido al momento de la ruptura con la mujer junto con un acta notarial que la certificaba. El juzgado desestimó el planteo. Para decidir así, tuvo en consideración que el acta se había labrado sin intervención de la actora. Frente a lo resuelto, el demandado interpuso un recurso de apelación. |
| 19-may-2021 | Vitale (Causa No. 73214) | Durante una revisión llevada a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una persona que trabajaba en una aerolínea había sido encontrada con menos de dos gramos de marihuana. Por este motivo, la persona fue procesada por el delito de tenencia de estupefacientes. Sin embargo, luego fue sobreseída. A su vez, tras considerar la posible comisión de un delito, la aerolínea dio por terminada la relación laboral. Por ese motivo, la persona acudió a la justicia y solicitó una indemnización por despido sin causa y, además, el resarcimiento del daño moral sufrido como consecuencia del despido. La jueza interviniente concedió los montos indemnizatorios por despido sin justa causa, pero entendió que el daño moral estaba incluido dentro de este. Contra esa decisión, la parte demandante y la parte demandada interpusieron, respectivamente, un recurso de apelación. |
| 19-may-2021 | Barroso Toledo (Causa N° 21299) | A través de una denuncia anónima se informó que en una vivienda se comercializarían estupefacientes. Por tal razón, personal policial realizó tareas de investigación sobre el domicilio y el juzgado de turno dispuso el allanamiento de la vivienda. En la orden se indicó que era una vivienda donde funcionaba un kiosco y que se encontraba entre dos alturas catastrales. Durante el procedimiento, personal policial encontró que el lugar eran dos construcciones identificadas como “Construcción nro. 1” y “Construcción nro. 2” (en la que funcionaba el kiosco). Como resultado, se encontró material estupefaciente en las dos viviendas. La fiscalía requirió la elevación a juicio de una imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de estupefacientes y de otras dos personas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autores. Durante el debate, el defensor solicitó la nulidad del allanamiento materializado en la “Construcción N° 1” por realizarse sin autorización judicial. Manifestó que el domicilio donde se encontraba uno de los imputados no estaba contemplado en la orden de allanamiento. El Tribunal Oral de Mendoza n°1 declaró nulo el allanamiento de la “Construcción nro.1” y absolvió al imputado. Contra esa decisión, la fiscalía presentó un recurso de casación. |
| 17-may-2021 | S S.A. (Causa N° 2931408) | Una empresa inició un juicio ejecutivo contra una persona para cobrar una deuda en dólares. En ese marco, solicitó se trabara embargo sobre ciertos bienes. Luego, se citó de remate a la demandada, que se presentó, negó la deuda y opuso excepciones. El juzgado ordenó el traslado del planteo de excepciones. En su contestación, la actora pidió la nulidad de la notificación mediante la cual se había corrido traslado de las excepciones. Indicó que en el sistema solo figuraba el término “traslado”, lo que prestaba a confusión. Al respecto, sostuvo que el título debía ser “notificación” o “cédula”. El juzgado consideró que la respuesta de la actora había sido presentada dentro de los plazos procesales. Contra esa decisión, el demandado interpuso un recurso de revocatoria. Entre sus fundamentos, señaló que la actora no había respondido el traslado de las excepciones en tiempo y forma. Con posterioridad, el accionante pidió que se decretara la nulidad del escrito de excepciones. Además, alegó que carecía de firma. |
| 13-may-2021 | Vargas (Causa N° 47006) | Un hombre había sido condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión. Luego de cumplir el requisito temporal, su defensa solicitó que se le concediera la libertad condicional. El Consejo Correccional elaboró un informe que, por mayoría, se expidió de manera favorable al pedido. El Servicio Criminológico concluyó que tenía un pronóstico de reinserción social dudoso con tendencia favorable. Sin embargo, el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal se expidió de forma desfavorable. En el mismo sentido se pronunció el Área Social del Consejo Correccional, mientras que la Dirección Trabajo destacó un buen desempeño laboral. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido de libertad condicional. El juzgado de ejecución interviniente tuvo en cuenta los informes desfavorables y rechazó la libertad condicional. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 13-may-2021 | FMJ (causa Nº 61010) | Una mujer realizó una denuncia por violencia de género en la Oficina de Violencia de Género (OVD). En esa oportunidad, solicitó que el denunciado no se acercase ni que maltratara a sus hijos. Asimismo, la OVD emitió un informe interdisciplinario en el que sugirió evitar todo tipo de contacto entre la denunciante y el denunciado. El juzgado de primera instancia emitió una medida de protección y dispuso la prohibición de acercamiento recíproca entre ambas personas. Contra esa decisión, la mujer interpuso un recurso de apelación. |
| 13-may-2021 | Verbitsky (causa N° 1469) | En 2005, a partir del precedente “Verbitsky”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al resto de los tribunales de la jurisdicción que hicieran cesar toda situación de agravamiento de la detención que importara un trato cruel, inhumano y degradante. En ese sentido, consideró que la existencia de sobrepoblación carcelaria afectaba los derechos a la vida y a la integridad física de las personas privadas de la libertad, y se correspondía con una situación genérica, colectiva y estructural. En 2014, diecisiete defensores departamentales integrantes del Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de esa provincia en el legajo de ejecución del fallo “Verbitsky”, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional. En esa oportunidad, denunciaron la persistencia de la violación de los estándares que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado aplicables a las condiciones de detención. También denunciaron el agravamiento comparativo de la situación de hacinamiento respecto de la que existía en 2005 y el retroceso en la etapa ejecutiva de la sentencia. En particular, cuestionaron la resolución N° 642 del Ministerio de Seguridad provincial que había ordenado la rehabilitación de los calabozos en las comisarías. A su vez, presentaron informes que daban cuenta de la insuficiencia crónica de las prestaciones sanitarias, de higiene y en materia alimentaria, así como deficiencias en las herramientas de tratamiento. Por último, propusieron una serie de medidas para avanzar en la ejecución del fallo “Verbitsky”. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó la presentación por decreto. Para decidir de esa manera, sostuvo que la ejecución del caso “Verbitsky” había concluido. Luego, consideró que la presentación se trataba de una nueva acción colectiva de habeas corpus correctivo y remitió las actuaciones a la Cámara de Apelaciones de La Plata para que sorteara el juzgado de garantías que debía intervenir. Contra ese decreto, los defensores promovieron un incidente de nulidad. Entre lo planteado, argumentaron que el presidente del tribunal carecía de competencia para dictar esa resolución ya que debía ser resuelta por la mayoría del órgano. La Suprema Corte de Justicia bonaerense desestimó el planteo y ratificó el decreto del presidente. Contra esa decisión, los integrantes del Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires interpusieron un recurso extraordinario federal. Ante su denegación, promovieron un recurso de queja. |
| 12-may-2021 | D´ Erario y otro (causa N° 2009) | Varios hombres formaron parte de un plan de robo de mercadería a una camioneta. Durante su realización, utilizaron armas de fuego y vehículos. Esta maniobra fue advertida por personal policial, lo que dio origen a una breve persecución. Dos de los hombres fueron captados y luego procesados. El tribunal oral los condenó. Entre las calificaciones legales impuestas, se encontraba el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. La defensa presentó un recurso de casación. En su presentación, alegó que no correspondía la figura agravada del delito de encubrimiento. |