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FechaTítuloResumen
22-ene-2020Gomez (causa N° 1308)Una mujer que viajaba en avión de Buenos Aires a Ushuaia sufrió convulsiones. Entre sus pertenencias se halló un paquete con cocaína. Tras el aterrizaje fue trasladada a un hospital, donde se detectó que llevaba dos envoltorios con sustancia estupefaciente en su corpiño y uno en su cavidad vaginal. Por ese hecho fue procesada por el delito de transporte de estupefacientes. Durante la instrucción del expediente se recibió una denuncia presentada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en el marco de otra investigación que involucraba a la imputada.  Entonces, se incorporó un informe elaborado por la Secretaría de Derechos de Familia y Políticas de Género. De allí surgía que la mujer había referido que el traslado de estupefacientes respondía a la necesidad de pagar deudas y que se dedicaba al ejercicio de la prostitución en la localidad de Río Grande. Además, el informe concluía que la situación social, económica y familiar de la mujer estaban atravesadas por múltiples indicadores de vulnerabilidad. Por otra parte, de su celular surgía que estaba siendo vigilada por terceros durante su viaje y que había recibido amenazas para que no los implicara en la causa. La PROTEX señaló que la mujer podía encontrarse sujeta a una situación de sometimiento por parte de las personas que explotaban su trabajo sexual, quienes se encontraban imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes. Del mismo modo, sostuvo que esos sujetos habrían sido quienes habían pagado los pasajes para que la mujer transportara la droga hacia Tierra del Fuego, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Por esa razón, junto a la fiscalía y la Procuraduría de Narcocriminalidad, solicitó el sobreseimiento de la imputada. En ese sentido, los órganos sostuvieron que debía aplicarse el artículo 5 de la ley N° 26.364, en cuanto preveía la no punibilidad de los delitos cometidos por las víctimas de trata de personas.
2020Mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidadDesde el Área de Políticas de Igualdad de Género del programa EUROsociAL+ acogemos esta herramienta como un referente de alta calidad, que tendrá eco seguramente en un público muy amplio comprometido con los derechos humanos de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres en toda su diversidad.
ene-2020Código Procesal Penal Federal (cuadro comparativo)Cuadro comparativo y jurisprudencia relacionada sobre el Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal de la Nación.
ene-2020Nuevas normas sobre medidas de coerción implementadas es el CPPFEl presente trabajo se enfoca en estudiar el marco en el cual se aplican las normas puestas en vigencia por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF en relación a las medidas de coerción, en particular los artículos 210, 221 y 222. El trabajo identifica los avances del sistema federal en un proceso de reforma llevado adelante en etapas que intenta quebrar los resabios inquisitivos, en este caso, en materia de medidas de coerción, especialmente el encarcelamiento preventivo.
27-dic-2019Martinez (causa Nº 59160)Una mujer tenía una hija de siete años diagnosticada con TEA (autismo). El estado de salud de la niña y su desenvolvimiento social mejoraba ante la aplicación de aceite de cannabis. Entonces, un médico de un hospital público se lo prescribió y la mujer decidió pedir semillas en el exterior. Al recibir un telegrama de la Aduana para que retirara la encomienda, se asustó y no se presentó. Personal aduanero abrió el paquete. En su interior encontró un envoltorio con seis semillas de cannabis. Por ese hecho la mujer fue imputada por el delito de contrabando de estupefacientes. En la declaración indagatoria expresó que la condición de su hija no se encontraba contemplada en la Ley de Cannabis Medicinal, toda vez que la normativa solo abarcaba la epilepsia refractaria Además, agregó que había consignado su domicilio como destino de la encomienda, por lo que en ningún momento había sido su intención ocultar el envío. La defensa solicitó el sobreseimiento de la mujer. En su presentación la defensa consideró que la conducta imputada resultaba atípica. De manera subsidiaria, sostuvo que se verificaba una causal de justificación debido a la necesidad que tenía su asistida de resguardar la integridad física de su hija.
27-dic-2019Rodríguez (Causa Nº 22785)Un hombre descendió de un vehículo en la vía pública, le exhibió un arma de fuego a una mujer y le sustrajo su cartera. Luego volvió al auto e intentó fugarse. Unos minutos más tarde fue detenido por personal policial. En el vehículo se hallaron las pertenencias de la mujer y un arma cargada con cinco cartuchos de bala. El hombre fue imputado por el delito de robo agravado por haber sido cometido con arma de fuego en concurso real con el de portación ilegítima de arma de guerra. Al efectuarse el peritaje del arma se utilizaron cartuchos pertenecientes a la División Balística de la policía. El informe se concluyó que el arma era apta para producir disparos aunque tenía un funcionamiento anormal porque, entre otras cuestiones, el seguro del martillo no funcionaba. El hombre fue condenado a la pena de siete años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En su presentación planteó, entre otras cuestiones, que el peritaje no se había realizado con los cartuchos secuestrados. Por ese motivo, consideró que el hecho debía calificarse como robo con arma cuya aptitud para el disparo no había podido tenerse por acreditada.
26-dic-2019PSM (causa Nº 5207)Un joven fue imputado por el delito de homicidio. El Tribunal Oral lo absolvió. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la sentencia y lo condenó a la pena de seis años de prisión. La defensa interpuso un recurso de casación con el fin de que, en los términos del precedente “Duarte” de la CSJN, la condena fuera revisada por otra sala de la cámara. La Sala IV declaró inadmisible el recurso. Para decidir de esa manera sostuvo que no existía una norma legal que de manera expresa habilitara la vía recursiva intentada. Entonces, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la interposición de un recurso de queja. En particular, consideró que se había violado la garantía constitucional al doble conforme.
26-dic-2019Galeano (reg. N° 1974 y causa N° 62776)Un hombre que se encontraba en la vía pública tenía en la cintura una pistola calibre 11.25 con una leyenda que decía Ejército Argentino. En el bolsillo trasero de su pantalón tenía un cargador con seis proyectiles. Por ese hecho fue detenido e imputado por el delito de tenencia no autorizada de arma de guerra. En la etapa de juicio se incorporó un informe balístico que establecía que el arma era apta para el disparo, aunque de funcionamiento anormal. Las balas no fueron peritadas. En base a ese informe el Tribunal Oral condenó al imputado a la pena de dos años y cuatro meses de prisión en suspenso. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones planteó que, ante la falta de proyectiles o de la acreditación de su idoneidad, el objeto no podía identificarse como arma de fuego. Por esa razón, concluyó que la conducta debía ser considerada atípica.
26-dic-2019Pérez (reg. Nº 1976 y causa Nº 27556)Dos agentes policiales observaron a Pérez y otro hombre que caminaban por la vía pública mientras bebían de un vaso y miraban una casa. Los policías se acercaron a Pérez con el fin de identificarlo y verificaron que vivía a pocos metros del lugar. Luego lo requisaron y encontraron un arma entre sus pertenencias. Por ese hecho fue detenido e imputado por el delito de portación ilegítima de arma de guerra. En la etapa de juicio el Tribunal Oral lo absolvió. Para decidir de esa manera sostuvo que no habían existido circunstancias suficientes que justificaran el procedimiento de detención y requisa de Pérez. En esa dirección, indicó que los agentes habían descripto de manera fundada cuáles habían sido las conductas que generaron sus sospechas y habilitaron el registro sin orden judicial. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación.
26-dic-2019Farina (causa Nº2148)Por un hecho cometido en junio del año 2000, un tribunal de la provincia de Buenos Aires condenó en 2005 a una mujer a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y a ocho años de inhabilitación especial. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. En 2010 el tribunal de casación provincial casó de forma parcial la sentencia. Entonces, la defensa interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por la Suprema Corte provincial. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. Durante su trámite, en 2012, solicitó que se declarase extinguida la acción penal y se sobreseyera a su asistida. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires declaró inadmisible el recurso sin pronunciarse sobre el planteo de prescripción. Por esa razón, la defensa interpuso un recurso de queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió el trámite de la queja e indicó que el tribunal de origen debía expedirse sobre el planteo de prescripción. Devueltas las actuaciones, el tribunal lo rechazó. Para decidir de ese modo, consideró que los actos posteriores a la sentencia condenatoria que la habían confirmado total o parcialmente resultaban interruptivos de la prescripción, en los términos del art. 67, inc. e) del Código Penal. La resolución fue confirmada por la cámara de apelaciones, el tribunal de casación y la Suprema Corte de Justicia provincial. Entonces, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, que motivó la interposición de un recurso de queja. En 2015 la Corte Suprema de la Nación suspendió por segunda vez el trámite de la queja y ordenó que el tribunal verificara la concurrencia de la causal de interrupción de la prescripción prevista en el inc. a) del art. 67 del Código Penal y se expidiera sobre la cuestión de prescripción. El tribunal  y las instancias provinciales superiores volvieron a pronunciarse en sentido negativo. El expediente fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.