Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Fecha | Título | Resumen |
---|---|---|
6-may-2020 | Roig Vargas (causa N° 12574) | Un hombre había sido procesado con prisión preventiva por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización y transporte. El imputado se hallaba detenido en la Unidad Penal N° 2 del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, era diabético y tenía problemas de obesidad. Por ese cuadro recibía en la unidad un tratamiento de hipoglucemiantes vía oral y una dieta especial. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. En ese sentido, sostuvo que el hacinamiento carcelario colocaba a su asistido en una situación de riesgo frente al virus COVID-19. Además, agregó que el hombre tenía buena conducta y se encontraba acompañado por su familia, que lo recibiría en caso de que se concediera el instituto. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido. |
5-may-2020 | Koutsovitis (causa N° 3010) | A raíz de la declaración de emergencia sanitaria el Estado recomendó el lavado de manos con agua potable y jabón como medida para prevenir el contagio de la enfermedad del COVID-19. Por otra parte, con motivo de la propagación de la enfermedad del Dengue, se recomendó que no se almacenara agua de manera insegura con el fin de evitar la reproducción del mosquito que transmitía la enfermedad. Por ese motivo, un grupo de habitantes de barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Airesinterpuso una acción de amparo contra el gobierno de la ciudad (GCBA). La acción tenía como objeto que se ordenase al GCBA garantizar el acceso regularizado y formal al servicio de agua potable y saneamiento cloacal. A su vez, requirió que presentase un plan de obras de infraestructura y otro de contingencia ante posibles emergencias sanitarias. |
4-may-2020 | Macaroff (causa N° 6556) | Una mujer se encontraba detenida bajo el régimen prisión preventiva en la Unidad 13 de Santa Rosa, imputada por el delito de trata de personas agravado por haber sido cometido en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, en concurso real con el delito de reducción a servidumbre de sus hijos menores de edad y la figura de amenazas. La mujer era madre de cuatro niños que desde su detención se encontraban al cuidado de su hermana en la ciudad de Bahía Blanca. Luego fueron trasladados al domicilio de la señora F. en Santa Rosa. La imputada solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El tribunal requirió la elaboración de diversos informes. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Rosa informó que los hijos de la imputada se encontraban en un estado de vulnerabilidad absoluta y señaló que la señora F. no estaba en condiciones de responsabilizarse de su cuidado. Por otro lado, la defensoría actuante en representación de los niños sostuvo que su asistencia era compleja y que era recomendable que se le concediera la prisión domiciliaria a la imputada. A su vez, el Servicio de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Bahía Blanca señaló que los niños tenían un vínculo estrecho con su madre, que deseaban estar más cerca suyo y que por ese motivo habían sido trasladados a la ciudad de Santa Rosa. Por su parte, la fiscalía se opuso a la concesión de la medida. En particular, tuvo en consideración la gravedad de los hechos imputados y señaló que habían sido cometidos en perjuicio de sus hijos y miembros de su familia. En ese sentido, indicó que la mujer podía afectar el testimonio de las víctimas de la investigación y obstaculizar el proceso. |
2-may-2020 | Roitberg (causa N° 3125) | Una persona que vivía en un centro de integración comunitaria se contagió el virus COVID-19 y fue derivado a un hospital. Por ese motivo, personal dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presentó en la institución, entregó a sus operarios una copia de los protocolos de actuación vigentes y verificó si alguna de las personas que se hallaban en el lugar presentaba síntomas característicos del virus. Ante el resultado negativo, informaron a los coordinadores del centro que, en caso de que alguna persona tuviera síntomas, se debía aislarla, colocarle un barbijo y comunicar la situación a la línea 147. La defensoría local solicitó una medida cautelar autónoma para que se ordenase al GCBA que brindase tests PCRs a la totalidad de personas que habitasen en el centro y a las personas que allí trabajasen. |
2-may-2020 | Talavera (causa N° 11677) | A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y la disposición de aislamiento obligatorio, una mujer y su cónyuge quedaron varados en España. Por ese motivo su padre, en representación de su hija y su yerno, interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y de Culto) con el objeto de que se ordenase efectivizar el derecho a regresar a su país. Asimismo, solicitó como medida cautelar que hasta tanto se procediera a la repatriación, se les entregase una bolsa de alimentos en forma semanal, se abonase el alojamiento y se contratase un seguro de salud a su nombre. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la medida. Contra esa resolución la parte demandada interpuso un recurso de apelación. |
may-2020 | Emergencia sanitaria y personas en situación de vulnerabilidad (internacional) | Jurisprudencia internacional sobre emergencia sanitaria y personas en situación de vulnerabilidad |
may-2020 | Imputado delator y delatado. La lógica del camaleón en las estrategias de defensa. | Partimos de un repaso por los principales argumentos a favor y en contra de una de las modalidades más difundidas y controvertidas del denominado “Derecho penal premial”: la figura del imputado colaborador. Tomándolos como referencia y sumando argumentos propios, se proponen estrategias de defensa en casos concretos. |
may-2020 | Emergencia sanitaria en contextos de encierro | Jurisprudencia nacional sobre emergencia sanitaria en contextos de encierro. |
30-abr-2020 | Plata (causa N° 133323) | Un hombre había sido condenado en 2010 a la pena de diez años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por la condición de ascendente y por haber sido el encargado de la guarda y tutor legal de la víctima, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal. El imputado tenía 78 años y se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario V del Servicio Penitenciario Federal. Además, se encontraba dentro del listado confeccionado por el SPF de personas en riesgo ante un eventual contagio de COVID-19. Por esa razón, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El juzgado de ejecución rechazó el pedido. En tal sentido, sostuvo que el instituto requerido era ajeno a la progresividad de la pena y operaba para aquellos supuestos específicos en los cuales el encierro pudiera constituir una grave afectación. Además, señaló que las autoridades penitenciarias habían asegurado la posibilidad de mantener vigentes los protocolos de prevención de contagio y propagación de la pandemia y que no existía un riesgo de que el imputado pudiera contagiarse. Por otra parte, hizo referencia a la gravedad del hecho por el que había sido condenado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, indicó que la resolución impugnada establecía una diferenciación entre la vida y la salud de unas personas por sobre otras de acuerdo al tipo de delito imputado. En ese sentido, sostuvo que de modo independiente a dicha circunstancia, la persona que se hallaba en un establecimiento penitenciario se encontraba en peores condiciones para evitar el contagio y tratar la enfermedad. |