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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 13-oct-2021 | Campuzano Montenegro (causa Nº 43340) | Un hombre recibió cinco disparos en la vía pública y falleció ese mismo día en el hospital. Durante la instrucción, dos funcionarios policiales relataron que algunos vecinos habían visto a un joven disparar y correr con el arma. Sin embargo, el personal policial solo hizo referencia a personas que no quisieron brindar sus datos por temor. Por ese hecho, el joven fue imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En la etapa de juicio oral, los testigos brindaron versiones contradictorias de los hechos. Al momento de los alegatos, la defensa manifestó que no existía prueba material ni testimonial contundente que demostrara la culpabilidad de su asistido. A su turno, el representante de Ministerio Público Fiscal alegó que los vecinos temían al imputado y que por ese motivo habían omitido información. |
| 12-oct-2021 | Villalba Cuyari (Causa N° 11412) | Una persona estaba siendo investigada por la presunta comisión de un delito. En el marco de ese proceso, la fiscalía solicitó la intervención del personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que realizara la pericia informática del teléfono celular de la persona. El juzgado interviniente hizo lugar al pedido de la fiscalía y autorizó la pericia del dispositivo móvil para que se determine la existencia de programas o aplicaciones de mensajería que pudieran contener información sobre la compra, venta, tenencia, distribución, facilitación y/o comercialización de estupefacientes y para que se analice la agenda de contactos del dispositivo con el objeto de determinar posibles compradores. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Para ello, sostuvo que la requisa lesionaba el ámbito de privacidad e intimidad de la persona ya que la medida era irrazonable pues no existía una proporción entre el fin perseguido y los medios utilizados y porque la medida carecía de una delimitación temporal de la información que se buscaba. |
| 12-oct-2021 | Ramírez (causa N° 36474) | En septiembre de 2012, un joven había golpeado a un amigo con una botella de vidrio en la cabeza. La víctima falleció en el momento. Por ese hecho, el joven fue imputado por el delito de homicidio. En julio de 2013, se ordenó la citación a juicio y recién en octubre de 2021 se realizó la audiencia de juicio oral. El imputado declaró que su amigo lo había invitado a la casa de su novia y habían ingerido bebidas alcohólicas. Luego, explicó que la pareja había discutido y se habían agredido de manera verbal y física. El acusado expresó que la mujer los había echado de su domicilio, pero que cuando se estaban por tomar un taxi les gritó que esperaran un momento. En ese sentido, contó que la mujer se había dado cuenta que su novio le había sustraído el celular y le exigía que se lo devolviera. El joven relató que su amigo se había dado a la fuga y que, ante el pedido de ayuda de la mujer, lo persiguió. Cuando lo alcanzó, su amigo tenía una botella en la mano con la que había intentado agredirlo. El imputado aclaró que por ese motivo se había defendido con otra botella que encontró en la calle y lo golpeó en la cabeza. A su vez, la novia de la víctima coincidió en el relato de los hechos. Por otro lado, la madre de la víctima declaró que su hijo y el imputado eran amigos desde la adolescencia. Al momento de los alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal lo acusó como autor del delito homicidio y solicitó una pena de ocho años de prisión. La defensa entendió que el hecho debía calificarse como homicidio preterintencional por falta de dolo homicida y pidió que se absolviera a su asistido por aplicación del artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. En subsidio, requirió que el caso se encuadrara en un exceso en la legítima defensa y que el imputado fuera condenado a una pena de ejecución condicional. |
| 12-oct-2021 | Comunidad Indígena de Campo Agua'e V. Paraguay | La Comunidad Indígena de Campo Agua’ẽ habita en su territorio ancestral y subsiste a partir de los recursos naturales que les provee el bosque. El territorio de la comunidad se encontraba rodeado por empresas dedicadas al cultivo extensivo de soja. Estas empresas realizaban fumigaciones masivas con agrotóxicos que provocaban graves daños en la diversidad biológica y en los recursos naturales del territorio indígena. Además, las fumigaciones ocasionaban diversos problemas de salud a los integrantes de la comunidad. Por ese motivo, la comunidad inició una denuncia penal por los daños a la vida, integridad y salud derivados de las actividades de fumigación. Asimismo, presentó una denuncia administrativa por el uso de agrotóxicos no registrados o prohibidos en incumplimiento de las normas ambientales locales. Sin embargo, ninguna de las denuncias prosperó y las fumigaciones continuaron. Ante esta situación, el representante de la comunidad presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos. |
| 12-oct-2021 | Walters v. Bélgica | Un adulto mayor residía en un departamento alquilado en Bruselas hacía más de veinte años. Un día, la propietaria del inmueble le informó al inquilino su decisión de rescindir el contrato. La ley belga habilitaba al locador a rescindir de manera unilateral el contrato de alquiler sin causa mediando un preaviso. Así, la propietaria acudió a la justicia para validar la extinción del contrato. El juzgado interviniente hizo lugar al planteo y ordenó el desalojo del inmueble. Contra esa decisión, el inquilino presentó un recurso de apelación. En su escrito, argumentó que a causa de su situación económica precaria y su edad le era difícil conseguir una vivienda que se ajustara a sus necesidades. La cámara de apelaciones consideró que la propietaria había actuado dentro de los márgenes de la ley y rechazó el recurso interpuesto. Ante esa situación, el señor solicitó ayuda a distintos organismos estatales para alquilar otra vivienda. Desde el municipio le ofrecieron asistencia para obtener un cupo en una vivienda de tránsito o en una residencia para adultos mayores, pero no se ajustaba a sus necesidades. Por último, en octubre de 2018 se produjo el desalojo forzoso. |
| 7-oct-2021 | Romero (reg. N° 1474 y causa N° 42389) | Una persona que se encontraba bajo el régimen de libertad asistida cometió un nuevo delito. Por ese hecho, fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión y a la pena única de veintitrés años de prisión. Además, se fijó la fecha de vencimiento para el primero de marzo de 2024. A la hora de practicar el cómputo de pena, el tribunal no contabilizó el tiempo que la persona había permanecido en libertad asistida. En ese sentido, explicó que ese período no debía ser computado porque se había interrumpido por la comisión de un nuevo delito. En relación con eso, efectuó una interpretación analógica del artículo 15 del Código Penal en cuanto establece que la revocación de la libertad condicional implicaba que el tiempo que hubiera durado no podría ser computable. Además, afirmó que, si hacía lugar al pedido de la defensa, sería más beneficioso incumplir con las obligaciones de la libertad asistida que las previstas para la condicional. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 7-oct-2021 | PBEG (causa Nº 1813) | PBEG y BKE contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijos y una hija. Luego, la pareja se divorció. Entonces, homologaron judicialmente un convenio de tenencia que contemplaba que los niños y la niña vivieran con la progenitora en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. Asimismo, el convenio preveía un amplio régimen de visitas a favor del progenitor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde había mudado su residencia. En octubre de 2015, el progenitor retiró a los niños y a la niña del colegio, los llevó a vivir con él y los inscribió en un establecimiento educativo ubicado en la CABA. El hombre explicó que sus hijos le habían pedido que procediera de esa forma porque no querían estar más con la madre debido a los malos tratos físicos y psíquicos que recibían. Por este motivo, requirió ante la justicia nacional en lo civil medidas de resguardo para la integridad de sus hijos. El juzgado dicto una medida cautelar de no acercamiento de la madre a sus hijos y al progenitor, pero entendió que resultaba competente para seguir interviniendo el Juzgado de Familia Nº 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana. Apelada la decisión, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la competencia del juzgado provincial, dejó sin efecto la medida cautelar y ordenó al padre abstenerse de dificultar o impedir el contacto inmediato de aquellos con la madre. Por su parte, la jueza provincial oyó a las partes, entrevistó a los niños y a la niña y dispuso que se realizaran distintas evaluaciones profesionales. En diciembre de ese año, admitió el pedido de la progenitora y ordenó el reintegro cautelar de sus hijos en el plazo de 48 horas. Para así decidir, la magistrada tuvo en cuenta el acuerdo homologado que las partes habían alcanzado y consideró que no se logró acreditar que existieran riesgos. Aunque destacó que los niños y la niña manifestaron su oposición a la revinculación materna, puntualizó que no se trataba de una opinión genuina sino inducida por su padre. En enero de 2016, la magistrada habilitó la feria judicial y ordenó que se llevara a cabo el reintegro. Sin embargo, la medida no pudo concretarse por el grave episodio de llantos y gritos protagonizado por los niños y la niña. En ese contexto, el 25 de febrero el juzgado intimó al progenitor a inscribir nuevamente a sus hijos e hija en el colegio ubicado en la localidad de Campana, hacer efectivo su traslado diario y acreditar el inicio de un tratamiento psicológico en esa ciudad, todo bajo apercibimiento de astreintes. Ambas decisiones fueron apeladas por la asesora de menores y el progenitor. Por otra parte, en septiembre de ese año, la madre de los niños peticionó al juzgado que, hasta tanto se resolvieran los recursos de apelación, se ordenase al progenitor a restituir a los niños con ella. En tales condiciones, la jueza dispuso el inicio inmediato de una terapia de revinculación en sede provincial. Asimismo, tuvo por presentado al letrado designado por el hijo que había alcanzado la mayoría de edad. Dichas decisiones fueron apeladas por todas las partes. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Zárate-Campana rechazó todos los planteos propuestos, con excepción de la designación del letrado para el hijo mayor, que dejó sin efecto. Contra ese pronunciamiento, el padre interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires solicitó como medida para mejor proveer peritajes sobre las partes y oyó a los niños y a la niña. Entonces, dispuso un régimen de contacto paulatino y asistido de los infantes con su progenitora. Contra esa decisión, el padre interpuso un recurso extraordinario federal que fue desestimado originó la presentación de un recurso de queja. |
| 7-oct-2021 | Diez (causa nº 38433) | Un hombre había sido imputado por el delito de robo en grado de tentativa. Durante el proceso, el tribunal interviniente consideró que había riesgo de fuga y dispuso su detención en prisión preventiva. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta que la persona imputada había sido detenida en tres oportunidades y había sido declarada rebelde en los últimos tres meses. Frente a esto, su defensa solicitó la excarcelación. Ante su rechazo, presentó un recurso de apelación. En la instancia revisora, si bien el tribunal confirmó la denegatoria de la excarcelación, dispuso analizar la morigeración del encierro previa realización de un informe socio-ambiental para determinar si algún familiar podría garantizar la medida. Una vez devueltas las actuaciones a la instancia de origen, el tribunal rechazó los pedidos de la defensa sin contar con el informe social y sin ordenar diligencias en el domicilio del imputado. Con posterioridad, el representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable respecto del pedido de prisión domiciliaria. Sin embargo, el tribunal resolvió no analizar la procedencia del instituto de la prisión domiciliaria y denegar su excarcelación. Ante esta situación, la defensa presentó un nuevo recurso de apelación. |
| 6-oct-2021 | RAPM (causa Nº 1092) | Una mujer denunció por hechos de violencia de género a su ex pareja. En su denuncia, la víctima expresó que buscaba una medida de no acercamiento de él y una exclusión del hogar porque su trabajo se encontraba a pocos metros de donde él residía. La denuncia fue calificada por la Oficina de Violencia Domestica (OVD) como de riesgo alto. El juzgado de primera instancia, con fundamento en el informe interdisciplinario de la OVD y la denuncia de la víctima, decretó la exclusión del denunciado del hogar familiar y el ulterior reingreso al domicilio de la mujer y sus hijos. Asimismo, ordenó la prohibición de acercamiento del denunciado a una distancia no menor de 50 metros de la mujer. Con posterioridad, el denunciado compareció ante el juzgado y manifestó que la mujer violó la medida de no acercamiento impuesta porque se encontró merodeando en el domicilio del denunciado. Ante esta situación, el juzgado dispuso la prohibición de acercamiento de carácter reciproca. Contra esa decisión, la mujer interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos expresó que la reciprocidad de la medida invisibilizaba la violencia de género a la que se encontraba expuesta y la asimetría de poder en las relaciones atravesadas. |
| 5-oct-2021 | Danna (causa Nº 40066) | Un hombre alquilaba un inmueble a un grupo de personas que habían sido investigadas por maniobras delictivas. Cuando el locador tomó conocimiento del embargo dispuesto en el marco de un decomiso, se presentó en la causa y solicitó la restitución del inmueble. El tribunal interviniente no hizo lugar al planteo y ordenó su decomiso. Por ese motivo, la defensa del locador presentó un recurso de casación. El representante del Ministerio Público Fiscal ante la CFCP solicitó que se rechace la impugnación. En este sentido, alegó que no estaba amparado por la buena fe ya que, si bien no participaba de los hechos, conocía las actividades que se realizaban en el lugar. |