Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 26-feb-2026 | Barrios y otros (Causa N° 4119) | Una empresa algodonera quemó dentro de su predio restos de plantas de algodón. El fuego se propagó y afectó distintos inmuebles rurales. Además, atravesó una ruta nacional y provocó daños en cortinas forestales, alambrados y cultivos. Entonces, el representante de un establecimiento vecino presentó una denuncia. En ese marco, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó a la empresa, socios, directores y al gerente por los delitos de incendio y de contaminación del ambiente mediante la proliferación de residuos peligrosos. El juez de primera instancia ordenó medidas de prueba y citó a indagatoria a los imputados. Luego, los sobreseyó por el delito ambiental. Para así decidir, sostuvo que las sobras del desmonte de algodón no constituían un residuo peligroso según la pericia técnica. En suma, dispuso que continuara la investigación por el delito de incendio. Declaró la incompetencia de la justicia federal y remitió ese tramo a la justicia ordinaria provincial. La querella apeló la decisión. El Ministerio Público Fiscal adhirió al recurso. La Cámara Federal de Tucumán confirmó la resolución. Contra ese fallo, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. |
| 25-feb-2026 | Ramp (causa N° 6415) | Un hombre había sido investigado por evadir el pago de los impuestos al valor agregado y a las ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2022. En consecuencia, suscribió un plan de facilidades en tres cuotas para regularizar la deuda ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Sin embargo, caducó tras el pago de una sola cuota. Luego, la agencia de recaudación realizó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y la persona fue imputada por el delito de evasión simple. En su declaración indagatoria, negó la voluntad de evadir y atribuyó el incumplimiento del plan de pagos a errores operativos de ARCA y al bloqueo de su clave fiscal. Con posterioridad, se sancionó la ley N° 27.799 que modificó el umbral de punibilidad del régimen penal tributario. La defensa solicitó el sobreseimiento en base al principio de ley penal más benigna y por la ausencia de dolo. El Ministerio Público Fiscal acompañó el pedido de sobreseimiento ante el cambio legislativo. |
| 24-feb-2026 | R.S.D.O R. (Causa N° 143037) | Personal policial que realizaba tareas de prevención interceptó en una estación de trenes a un hombre que llevaba consigo una bolsa con material vegetal identificado como cannabis. Por ese hecho, fue imputado por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Con posterioridad, el juzgado interviniente dictó su sobreseimiento. Entre otras cuestiones, consideró que el material secuestrado se encontraba compuesto exclusivamente por hojas y ramas de cannabis sativa, carentes de estructuras florales. Agregó que, si bien presentaba THC en su composición, no contaba con aptitud para ser calificado como estupefaciente en los términos del artículo 77 del Código Penal. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de apelación. La cámara de apelación interviniente, por mayoría, declaró la nulidad del sobreseimiento. Sostuvo que la resolución contenía razonamientos contradictorios, en tanto reconocía la existencia de toxicidad en el material secuestrado y, al mismo tiempo, descartaba su carácter de estupefaciente. Contra esa decisión, la defensa oficial interpuso un recurso de casación en el que sostuvo que se había interpretado de modo incompleto el concepto de cannabis psicoactivo de la ley N° 27.669. |
| 23-feb-2026 | Insaurralde (Causa N° 66199) | Un hombre ingresó a un supermercado, ocultó entre su ropa varios paquetes de cortes de carne y se dirigió a la salida sin pasar por la caja. Empleados del comercio advirtieron el accionar mediante las cámaras de seguridad, lo interceptaron y recuperaron la totalidad de la mercadería. En ese momento, se produjo un forcejeo y una empleada recibió un golpe en la cara. Luego, personal policial detuvo al hombre. A raíz de este hecho, se inició una causa penal en la que el hombre permaneció detenido. En la etapa de juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal y la persona imputada –asistida por su defensa– realizaron un acuerdo de juicio abreviado en el que aceptaba la imposición de una pena de cuatro meses de prisión por el delito de robo en grado de tentativa. |
| 20-feb-2026 | Aguirre (Causa N° 14216) | Un hombre fue condenado por delitos de lesa humanidad. La condena no se encontraba firme. En ese marco, la defensa solicitó su excarcelación, y de forma subsidiaria, la morigeración de la prisión preventiva. Por su parte, la querella solicitó una audiencia orientada a oír a las víctimas antes de decidir sobre el pedido de excarcelación. El tribunal oral interviniente rechazó la solicitud de la defensa y consideró innecesaria la audiencia solicitada por la querella. Ante la denegatoria de la excarcelación, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 13-feb-2026 | López (FCR 686/2026) | Una mujer fue acusada por la falsificación de una chapa patente. En la audiencia de formalización de la investigación la fiscalía mostró parcialmente las pruebas que había enumerado. La defensa planteó que no obtuvo la información suficiente y alegó que para que la defendida pueda conocer la imputación esta tuvo que vincularse con las pruebas. Por esta razón, solicitó que no se formalice la investigación. |
| 11-feb-2026 | Abdala (Causa N° 9010) | El propietario de un predio rural ubicado en Puerto Yeruá, Entre Ríos, y el capataz contactaron a cinco hombres oriundos de Misiones mediante una propuesta de trabajo forestal bien remunerado y alojamiento. Una vez en el lugar, fueron obligados a construir sus propias casillas con palos y lonas, durmiendo en colchones sobre el piso de tierra, sin acceso a agua potable, energía eléctrica ni baños. La modalidad de pago era según la cantidad de metros de trabajo, a destajo, lo cual los forzaba a jornadas extenuantes de sol a sol para alcanzar un sustento mínimo, que además era mermado por deudas inducidas por gastos de traslado, alimentos y rotura de herramientas. Estuvieron alrededor de veinte días trabajando. Uno de los trabajadores llamó al 145, lo que derivó en una inspección de AFIP y el Ministerio de Trabajo. Luego, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó y acusó al dueño y al capataz por captar, trasladar y acoger a los trabajadores con fines de explotación laboral. La defensa del dueño intentó deslindar responsabilidad en el capataz, mientras que la de este último alegó un error de prohibición culturalmente condicionado. En el juicio, la defensora de las víctimas adhirió a la acusación formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal, pero añadió que, si bien la condena penal resultaba necesaria, sería insuficiente sin una reparación integral para las víctimas, y realizó la cuantificación cuyo otorgamiento solicitó al tribunal. La defensora identificó el daño inmaterial, comprendido por el daño moral –consistente en los perjuicios a la honra derivados de la humillación sufrida, el aprovechamiento de la vulnerabilidad previa y los malos tratos padecidos–, el daño al proyecto de vida –como daño actual y continuado hacia el futuro que implica un quiebre en la biografía personal y en la posibilidad de proyectarse–, y el daño psicológico y su tratamiento correspondiente. Por otro lado, reclamó el daño material. Sostuvo que no se trataba de indemnizar salarios caídos, ya que no se estaba frente a una relación laboral lícita sino ante una situación delictiva de sometimiento, y que correspondía aplicar índices adaptados y no cálculos estrictamente laborales. Así, aplicó el convenio pertinente, vigente a la fecha más próxima al dictado de la sentencia –valores actuales–, conforme a la resolución respectiva de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario; multiplicó ese valor por el período de explotación y pidió que el total fuera duplicado para atender a la situación de esclavitud y evitar que el delito resultara rentable. Por último, solicitó que los montos fueran actualizados conforme al IPC desde el veredicto hasta la fecha de efectivo pago. |
| 10-feb-2026 | DRJE (Causa N° 173239) | Una mujer utilizó la imagen de su hija adolescente en distintas redes con el fin de promocionarse en el ámbito social y profesional. A raíz de esas publicaciones, la joven sufrió episodios de bullying en su colegio. En consecuencia, inició una acción judicial contra su progenitora. En su presentación, con el patrocinio de dos abogados, solicitó el dictado de una medida autosatisfactiva. En concreto, requirió que la demandada cesara la difusión de cualquier imagen suya en medios masivos de comunicación o en plataformas de acceso público, incluso de su perfil y estado de Whatsapp. Asimismo, pidió la supresión de las imágenes de su persona que su madre hubiera publicado. |
| 10-feb-2026 | LBD (Causa N° 39536) | En agosto de 2023, el servicio local de promoción y protección de derechos de Lomas de Zamora tomó intervención con respecto a tres niños que se encontraban al cuidado de su progenitora y atravesaban situaciones de vulneración de derechos. En ese marco, el organismo dispuso una medida de abrigo. De esa manera, los niños fueron separados de su madre y trasladados a distintos hogares convivenciales. Por su parte, el padre de los niños –quien se había separado de la mujer tiempo atrás– manifestó su intención de hacerse cargo del cuidado de sus hijos. Pidió también que los niños permanecieran en una misma institución. Hizo hincapié en que asistía a talleres de crianza y a terapia. Asimismo, expuso que estaba ampliando su vivienda y que contaba con la ayuda de personas allegadas para el cuidado y atención de las necesidades de los niños. Luego, se celebró una audiencia con efectores del sistema de protección. En esa ocasión, el juzgado ordenó que su equipo técnico evaluara el proceso de revinculación paterno-filial. Tanto el perito psicólogo como el psiquiatra dieron cuenta de la predisposición del hombre para recuperar a sus hijos y determinaron que no mostraba signos que impidieran el ejercicio de la responsabilidad parental. Observaron que los encuentros entre los niños y su padre arrojaban resultados positivos. En consecuencia, ambos sugirieron el egreso de los niños del hogar donde se alojaban. Con posterioridad, se presentaron nuevos informes. En concreto, los especialistas identificaron la falta de compromiso del hombre en las instancias de revinculación. Sobre esa cuestión, señalaron que había estado ausente en algunos encuentros y remarcaron su falta de aseo. Entonces, recomendaron al juez que declarara a los niños en situación de adoptabilidad, ya que su progenitor no había demostrado un interés sostenido en el tiempo. A su vez, el juzgado convocó a los niños con el propósito de escucharlos. Estos expresaron su deseo de tener contacto con su padre y vivir con él. No obstante, se los declaró en situación de adoptabilidad. Contra lo resuelto, el progenitor interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, solicitó que sus hijos volvieran a vivir con él. En ese contexto, se dictó una medida para mejor proveer a fin de que actuara otro equipo técnico que no hubiera estado involucrado en la causa. En respuesta a esa medida, el informe psicológico señaló, entre otras cuestiones, que el hombre no demostraba una autocrítica frente a su ausencia y al desconocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban sus hijos durante ese período. No obstante, tuvo en consideración que había seguido las indicaciones profesionales y que no evidenciaba señales que imposibilitaran cumplir con su rol paterno. Por último, el informe socio ambiental indicó que el progenitor contaba con condiciones personales y sociales para garantizar el acceso a la educación y a la salud de sus hijos. Valoró además que había cumplido con las indicaciones con relación al mejoramiento de las condiciones de su vivienda. |
| 6-feb-2026 | Pérez (FCT 76/2026) | Dos personas fueron acusadas por encubrimiento de contrabando por un hecho que habría sucedido el 15 de enero. Ese día fueron detenidas y luego puestas en libertad. La defensa fue notificada, luego de 15 días de la existencia de la investigación sin mayores detalles. Por esa razón, la defensa solicitó que se le permita acceder a los hechos imputados, los agentes que intervinieron, los testigos de actuación y las medidas realizadas y pendientes con el fin de poder armar su propio legajo de investigación. Además, manifestó que uno de los acusados es menor de edad y que aún no había podido mantener una entrevista porque no le informaron los datos de contacto. |