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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 19-abr-2024 | Dente y otros (causa N° 57711) | A partir de una investigación, se identificó a una asociación mutual que, por fuera de su objeto social, ofrecía préstamos y realizaba operaciones financieras. Por estos hechos, las veinte personas que conformaban su comisión directiva fueron imputadas por el delito de intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada en calidad de coautores. En el marco del proceso, su defensa solicitó la concesión de la suspensión del juicio a prueba. En concreto, las veinte personas imputadas ofrecieron autoinhabilitarse como una de las reglas de conducta de la suspensión del proceso a prueba. Además, en concepto de reparación, se comprometieron a aportar multas y donaciones según las posibilidades económicas de cada una. Entre sus fundamentos, la defensa sostuvo que la pena de inhabilitación como pena conjunta o alternativa del delito no constituía ningún obstáculo para que se avance en la concesión del instituto solicitado. Por su parte, la fiscalía y la querella no se opusieron a la solicitud. |
| 17-abr-2024 | ACL (Causa Nº 13288) | En el marco de un expediente por aumento de cuota alimentaria a favor de una niña, se embargó el sueldo de su progenitor. Lo dispuesto fue notificado al empleador del hombre, que no cumplió con la retención correspondiente. Luego, se intimó a la empresa a depositar la cuota alimentaria en un plazo de tres días desde que retuvieran los haberes. Así, el juez determinó que –de lo contrario– le impondría una multa y obligaría al presidente de la compañía a que asistiera a un Dispositivo de Abordaje para Varones que ejercen violencia. Con posterioridad, la actora informó que el empleador seguía sin efectuar los depósitos en la cuenta judicial. En consecuencia, se le impuso a la empresa el pago de una multa equivalente a un Jus diario por cada día de incumplimiento con la retención de haberes. Asimismo, dispuso el embargo de los activos financieros de la empresa por la suma adeudada en concepto de cuota alimentaria, de acuerdo con lo previsto por el artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación. Además, ordenó que el presidente de la empresa debía concurrir a entrevistas a fin de ser admitido en un dispositivo de abordaje para varones que ejercen violencia en la ciudad de Olavarría. Estableció que, en caso que fuera admitido, debía participar de todos los encuentros previstos. Agregó que, si no cumplía el proceso de admisión en forma voluntaria, sería llevado por la fuerza pública. Por último, dio intervención a la justicia penal por el delito de desobediencia a una orden judicial. A pesar de todas las medidas impuestas, los incumplimientos por parte de la empresa continuaron. |
| 16-abr-2024 | ANF (Causa N° 22905) | Una mujer presentó ante su cobertura médica la documentación requerida para dar adherir a sus hijos menores de edad como integrantes de su grupo familiar. Sin embargo, para la obra social no fue suficiente y no afilió a los niños. A continuación, la mujer presentó nueva documentación, pero no logró cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos, dado que la cobertura de salud los modificaba de manera constante. En consecuencia, la mujer –con la asistencia letrada de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Villa María, Córdoba–, promovió una acción de amparo contra la obra social. En concreto, solicitó que se afiliara a sus hijos y, como medida cautelar, que se autorizara la cobertura integral de la leche medicamentosa que ellos necesitaban ya que se les había diagnosticado una alergia a la proteína de leche de vaca. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar por el término de seis meses. Con posterioridad, la demandada informó que los niños fueron afiliados, por lo que pidió que la cuestión se declarara abstracta. En virtud de ello, la actora requirió que la conducta de la cobertura médica fuera considerada como un reconocimiento de su pretensión. Por su parte, el juzgado no consideró la respuesta de la obra social de esa manera y declaró abstracto el objeto de la acción no impuso costas y fijó los honorarios de la defensoría por debajo del mínimo legal. Contra esa decisión, la actora interpuso un recurso de apelación. En esa oportunidad, manifestó que al declarar abstracta la cuestión el juzgado no tuvo en cuenta que no se había garantizado la cobertura de la leche medicamentosa. Sostuvo además que, de esa forma, el tribunal había incumplido la obligación estatal de protección a la niñez en situación de vulnerabilidad y el deber de adoptar medidas positivas para efectivizar el derecho a la salud de los niños. También, cuestionó la eximición de costas y que no se haya interpretado la conducta de la demandada como un reconocimiento de su pretensión. Agregó su disconformidad con el monto de los honorarios regulados a la defensoría. Al respecto, afirmó que el juzgado se había apartado de los rangos arancelarios fijados en el artículo 48 de la Ley N° 27.423, que regulaba los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la justicia. En ese sentido, expuso que la decisión podía calificarse de arbitraria. |
| 16-abr-2024 | ACIJ (Causa N° 69263) | La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició una acción de amparo contra el Estado nacional. En esa oportunidad, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la reasignación presupuestaria de las partidas asignadas al Programa 47 sobre “Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia” en la ley de presupuesto del 2018. Asimismo, solicitó la inconstitucionalidad de la decisión administrativa que delegó esas facultades legislativas en el poder ejecutivo. Entre sus argumentos, sostuvo que el programa constituía una política pública para el desarrollo y fortalecimiento de espacios de cuidado infantil que buscaba garantizar el adecuado crecimiento de niñas y niños hasta los cuatro años. En ese sentido, resaltó que la reasignación de las partidas violaba el principio de legalidad presupuestaria y atentaba contra los derechos de las niñas y los niños. Contra ese planteo, el Estado nacional solicitó el rechazo de la acción de amparo por falta de legitimación activa y de agravio concreto. El juzgado que intervino no hizo lugar a la acción de amparo. Contra esa decisión, la ACIJ presentó un recurso de apelación. Luego, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia. Por ese motivo, la ACIJ interpuso un recurso extraordinario que se denegó, lo que motivó la presentación de una queja. En esa etapa recursiva, se corrió vista al Defensor General Adjunto en representación de las niñas y los niños. En esa ocasión, expuso que se había omitido conferirle intervención al Ministerio Público en las diferentes instancias judiciales. Así, resaltó que se había privado a las niñas y niños de gozar de la representación del Ministerio Público establecida en el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como en los artículos 36 y 43 de su Ley Orgánica N° 27.149, por lo que se afectaban las garantías de defensa en juicio y el debido proceso. Asimismo, expresó que esa omisión no podía quedar subsanada con la vista que se había conferido en virtud del grado de indefensión que se había generado durante todo el proceso. En consecuencia, requirió que se decretara la nulidad de las actuaciones que se habían cumplido sin la intervención del Ministerio Público. Por último, solicitó la remisión del expediente a la instancia anterior. |
| 15-abr-2024 | WS c. Swiss Medical S.A. (Causa N°4399) | Una mujer tenía una cobertura de salud prepaga. Luego del dictado del DNU 70/23 –que modificó el marco regulatorio del sistema de salud– la cobertura realizó un fuerte incremento de las cuotas de su plan prestacional. En ese marco, la mujer interpuso una acción de amparo contra la empresa y solicitó que se dejaran sin efecto los aumentos. A su vez, solicitó una medida cautelar para limitar los aumentos durante el trámite del proceso. Luego, el juzgado se declaró incompetente y ordenó la remisión al fuero civil y comercial federal. Contra esa decisión, la mujer interpuso un recurso de apelación. Sin embargo, la jueza no lo concedió porque consideró que esa resolución no era apelable según la normativa procesal. En consecuencia, la actora interpuso un recurso de queja ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Con posterioridad, dictaminó la fiscalía general, que sostuvo que el recurso de queja debía ser admitido en base a una interpretación amplia de la normativa procesal. A su vez, consideró que correspondía la intervención del fuero comercial. En ese sentido, expuso que la competencia federal era de carácter excepcional y que la relación entre las partes estaba regida por el derecho de consumo y comercial. |
| 12-abr-2024 | Sánchez (Causa N° 680) | Una persona había sido condenada a una pena de tres años cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso por lo que se encontraba en libertad. Tiempo después, comenzó a sufrir hostigamientos diarios por parte del personal policial de su localidad. Las fuerzas de seguridad se presentaban en su domicilio y la detenían en la calle para consultarle por el hecho que había cometido. En una oportunidad, le levantaron el pantalón para observar si llevaba una tobillera electrónica. Luego, la policía comenzó a hostigar a sus hijos. En una ocasión, uno de ellos fue detenido con la excusa de averiguar sus antecedentes y le secuestraron una motocicleta, pidiéndole una suma de dinero para devolverle el vehículo. En otro momento, aprehendieron a su hijo menor de edad y le revisaron la mochila. En ese contexto, la persona interpuso una acción de habeas corpus pero el tribunal la desestimó. Entre sus argumentos, expuso que debería realizar la denuncia penal pertinente. Contra dicha resolución, su defensa planteó un recurso de apelación. |
| 11-abr-2024 | ZO (Causa N° 14124) | Una mujer de nacionalidad rusa inició un vínculo sexoafectivo con otra mujer. Luego, dio a luz a un niño en la ciudad de San Petersburgo. Sin embargo, ambas comenzaron a sufrir discriminación y persecuciones a raíz de su orientación sexual. Ante esa situación, se vieron forzadas a dejar su país de origen y viajaron a Argentina. En ese marco, solicitaron refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados y obtuvieron la documentación provisoria. Con posterioridad, las mujeres contrajeron matrimonio. Asimismo –con la asistencia de la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo Nº 3– la progenitora socioafectiva solicitó la adopción por integración del niño. En su presentación, requirió al juzgado que la otorgara con efectos plenos. Por su parte, la madre biológica prestó su conformidad con lo solicitado. En ese sentido, expuso que habían concretado un proyecto de vida familiar y resaltó el lazo afectivo que se había conformado entre su hijo y su cónyuge. |
| 11-abr-2024 | Karter v. Ucrania | Un reconocido activista de la comunidad LGBTIQ+ fue agredido cuando se encontraba junto a un amigo en la calle. Los agresores profirieron insultos homofóbicos, les propinaron golpes y les robaron algunas pertenencias. El hombre denunció esos hechos a la policía y alegó que el ataque había sido motivado por prejuicios homofóbicos. La fiscalía caratuló las actuaciones como robo en concurso con lesiones leves. En el marco de la investigación, no se indagó sobre la posible existencia de motivos discriminatorios.; Algunos meses más tarde, el hombre sufrió otro episodio de violencia física y verbal cuando se encontraba en la calle con otra persona. En esa oportunidad también los agresores realizaron comentarios homofóbicos y efectuaron golpes y patadas. Al denunciar los hechos, el hombre alegó que la agresión había tenido motivos discriminatorios. Sin embargo, la fiscalía calificó la causa como lesiones leves y dejó de lado la posible motivación homofóbica. En esa línea, desconoció la calidad de víctima del hombre por falta de pruebas de lesiones físicas. Las investigaciones fueron suspendidas en varias ocasiones y finalmente las causas fueron archivadas. |
| 11-abr-2024 | Paz (Causa N°16850) | Una mujer fue acusada por el delito de transporte de estupefacientes. En la audiencia de control de acusación, la defensa se opuso a la incorporación de las constancias documentales correspondientes a otro legajo de investigación que se encontraba en trámite contra la acusada por un hecho distinto. Además, la fiscalía se opuso a la admisión del informe sobre la caligrafìa de la acusada elaborado por un Licenciado en crimanalística convocado por la defensa. |
| 11-abr-2024 | Ramirez Llanos (causa N° 11860) | Una mujer de nacionalidad boliviana había sido condenada en el marco de una causa penal. Su hijo se encontraba bajo el cuidado de su abuela en Bolivia y no contaba con mayor contención económica ni emocional. Por ese motivo, su defensa pidió la expulsión anticipada. En ese sentido, destacó que no tenía antecedentes penales y poseía disposición migratoria firme y consentida que lo declaraba irregular en el país y ordenaba su expulsión. Más allá de que no poseía la mitad de la condena cumplida solicitó que se ordenara su inmediata expulsión por razones humanitarias. Por su parte, la representante del Ministerio Público acompañó lo solicitado por la defensa. De manera similar se pronunció el Asesor de Menores interviniente. |