ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
6-dic-2016	G R, O	Una persona había sido excarcelada en términos de libertad condicional (artículo 317, inciso 5, del CPPN). Luego fue condenada y el Tribunal Oral convirtió la excarcelación en libertad condicional. Al realizar el cómputo de pena, los jueces no tuvieron en cuenta el tiempo en que el imputado estuvo en libertad. Por esa razón, la defensa lo impugnó. El tribunal rechazó la presentación. A tal fin, entendió que la libertad obtenida en el marco de una excarcelación y la libertad condicional resultaban de imposible equiparación. En ese sentido, argumentó que sólo debía tenerse en cuenta el plazo en que el imputado estuvo detenido y el transcurrido en libertad a partir de que la sentencia adquiriera firmeza. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
9-sep-2016	Videla (reg. N° 1694 y causa N° 93001067)	Una persona cometió un delito en el año 1977 y fue condenada en 1980. Luego, por hechos ocurridos en 1976, fue condenada en 2013. Una vez vencida la pena de la primera sentencia, la defensa solicitó la unificación de las condenas. El Tribunal Oral rechazó el pedido y señaló que el agotamiento de la primera pena impedía la unificación. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, señaló que la circunstancia de que los expedientes hubieran tramitado por separado y que la pena de la primera condena se encontrara vencida no podían ser tenidos en cuenta en perjuicio de su asistido.
8-sep-2016	G, G F	En un acuerdo de juicio abreviado, el fiscal había solicitado que se le imponga a las dos imputadas la pena de cuatro años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes. Durante la audiencia de visu, la defensa solicitó que el tribunal se aparte del mínimo legal y fije una pena de tres años de prisión con ejecución en suspenso para una de ellas, madre soltera de tres niños. El fiscal consintió la petición. Sin embargo, el Tribunal Oral la condenó a la pena de cuatro años de prisión. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación.
2-sep-2016	Caballero Trinidad, Juan	En el marco de una investigación iniciada por la presunta infracción de la ley 23.737, el juzgado de primera instancia instruyó la causa sin que mediara requerimiento fiscal. Asimismo, dispuso la intervención de varios teléfonos con escasa fundamentación de las medidas y sin correr vista al acusador público. A partir de la información obtenida de las intervenciones telefónicas, el personal de Gendarmería interceptó un automóvil en un control vehicular, lo requisó y secuestró cocaína del interior del baúl. El representante del Ministerio Público sólo intervino para requerir la elevación de la causa a juicio. En el juicio oral, el fiscal solicitó la pena de siete años de prisión para uno de los imputados y seis años y seis meses de prisión para el otro por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el concurso de tres o más personas. El Tribunal Oral condenó a los dos a la pena de siete años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, sin aplicar la agravante solicitada. Para llegar esta decisión, tomó como pautas agravantes la pureza del material secuestrado y la modalidad de ocultamiento. Contra la sentencia condenatoria, la defensa interpuso recurso de casación.
17-may-2016	Quiroga, Mario Ricardo	La defensa había requerido la prisión domiciliaria de su representado por motivos asociados a su estado de salud. El fiscal se opuso a la solicitud y, sobre esa base, el juez de ejecución penal rechazó el pedido. Para resolver de ese modo, el magistrado determinó –con remisión al informe del médico de la unidad penitenciaria– que la situación del condenado no encuadraba en ninguna de las excepciones previstas en el art. 32 de la ley 24.660. Contra la denegatoria, la defensa interpuso recurso de casación.
16-may-2016	Industrias Alimenticias	La Sala IV Cámara Nacional de Apelaciones revocó el sobreseimiento y dispuso el procesamiento de tres personas. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación que fue denegado. En razón de ello, se presentó un recurso de queja. Allí, entre otras cuestiones, se alegó la afectación del derecho al recurso de los imputados.
9-may-2016	Nadal, Guillermo Francisco	La defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal coincidieron en sostener que la condena dictada por el tribunal oral aun no había adquirido firmeza. Ello, dado que no había sido notificada personalmente al imputado. Por tal razón, sostenían que el imputado revestía aun calidad de procesado y como tal, le era aplicable el art. 77 del CPPN. Sin embargo, el tribunal entendió que bastaba la notificación a la defensa técnica para considerar firme la sentencia condenatoria. La discusión fue, finalmente, resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal.
28-abr-2016	A, DAr	Una persona había sido imputada por transporte de estupefacientes. Su defensa solicitó que se realizara la audiencia de suspensión del juicio a prueba. El tribunal corrió vista al fiscal, quien se pronunció en contra de la concesión del instituto. En consecuencia, la solicitud de la defensa fue desestimada sin realizarse la audiencia prevista en el artículo 293 del CPPN. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
27-abr-2016	Romero, Diego Martín	En el presente caso, la mayoría de la Sala II de la Cámara Federal de Casación, compuesta por los jueces Slokar y Ledesma había resuelto la inaplicabilidad de la condición de reincidente al condenado. Para arribar a esa decisión, tuvieron en cuenta que ni el fiscal solicitó su declaración, ni el tribunal lo resolvió oportunamente. Sin embargo, el Tribunal Oral de Menores realizó una errónea interpretación del fallo y resolvió no hacer lugar a la excarcelación en términos de libertad condicional solicitada. Para ello, tomaron la declaración de reincidencia como factor determinante. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
28-mar-2016	T, OH	Una persona había sido imputada por poner en circulación moneda falsa y por estafa. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. A tal fin, argumentó que “resultaba necesario que el juicio cuente con todos los procesados de autos para garantizar que aquel se realice exhaustivamente y se pueda determinar la responsabilidad que le cupo a cada uno, ya que de otro modo quedaría limitado el ejercicio de la acción penal”. El representante del MPF, sin embargo, había consentido el otorgamiento de probation a otros coimputados en la causa. El tribunal rechazó la solicitud de la defensa, pues consideró que la oposición fiscal poseía carácter vinculante. La decisión fue recurrida por la defensa.