ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
28-jun-2019	Procuración Penitenciaria de la Nación (Causa Nº 8237)	La administración del Servicio Penitenciario Federal instaló camas en un gimnasio y en celdas individuales del CPF II. En consecuencia, la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación interpusieron una acción de hábeas corpus. El objeto de la presentación guardaba relación con el cupo máximo de plazas del establecimiento penitenciario. Luego, solicitaron una medida cautelar de no innovar para evitar el alojamiento de personas en los espacios señalados. El juzgado rechazó el pedido, por considerar que no guardaba relación con el objeto del habeas corpus. Además, sostuvo que la disposición de las camas se trataba de una medida transitoria y excepcional. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de apelación. La resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Entonces, la PPN y la Comisión de Cárceles de DGN interpusieron un recurso de casación.
17-may-2018	Díaz (reg. N° 466 y causa N° 113366)	Un ex policía de la provincia de Misiones fue imputado por delitos de lesa humanidad por el juzgado federal de Eldorado. Entonces, fue detenido y alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Durante su detención, su esposa y su hija de 8 años no podían visitarlo por la distancia que separaba su lugar de residencia y el establecimiento carcelario. Dicha circunstancia, además, ocasionó que la niña requiriera tratamiento psicológico. El imputado solicitó en diversas oportunidades ser trasladado a la Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal, ubicado en la ciudad de Candelaria, Misiones. De manera subsidiaria, requirió el traslado transitorio a alguna dependencia de Puerto Iguazú. Al no recibir respuesta, interpuso una acción de habeas corpus. El juzgado rechazó el planteo por considerar que la unidad referida no contaba con un pabellón donde se pudieran alojar personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó la resolución. En consecuencia, la defensa interpuso un recurso de casación. En la presentación se acompañó un certificado del que surgía que la Unidad 17 poseía un pabellón destinado a personas detenidas por delitos de lesa humanidad. Además, se señaló que la decisión impugnada constituía un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención del imputado.El juzgado rechazó el planteo por considerar que la unidad referida no contaba con un pabellón donde se pudieran alojar personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó la resolución. En consecuencia, la defensa interpuso un recurso de casación. En la presentación se acompañó un certificado del que urgía que la Unidad 17 poseía un pabellón destinado a personas detenidas por delitos de lesa humanidad. Además, se señaló que la decisión impugnada constituía un gravamiento ilegítimo de las condiciones de detención del imputado.
12-abr-2018	MPE y otras (causa Nº 52019312) (CFCP)	Tres personas habían sido imputadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. M. era el dueño del local y controlaba la actividad. Su esposa, G., ejercía la vigilancia de las mujeres y coordinaba algunas cuestiones del prostíbulo. C. era empleada del local, atendía la barra y se quedaba con un porcentaje de las “copas” y los “pases” que luego rendía a M. Las víctimas refirieron que funcionarios municipales acudían de manera frecuente al local y solicitaban la exhibición de sus libretas sanitarias. Además señalaron que, durante las inspecciones, los agentes las trataban de manera humillante. Una de las víctimas constituida en querellante reclamó daños y perjuicios por la afectación física, psíquica y moral producida por el accionar de los imputados. Asimismo, demandó a la Municipalidad de Ushuaia como responsable solidaria por la autorización de funcionamiento del local y omisión de control. El TOF de Tierra del Fuego condenó a M. como autor del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas, a la pena de 7 años de prisión. Asimismo, condenó a las imputadas como partícipes secundarias de ese delito, a la pena de 3 años de prisión en suspenso. En esa línea, declaró a M., su esposa y la Municipalidad de Ushuaia responsables solidarios por los daños civiles causados. Por último, dispuso la entrega de dinero al Programa de Asistencia a Víctimas del delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Los bienes decomisados fueron puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los términos de la acordada N° 32/2009. Contra esa sentencia, las defensas, el Ministerio Público Fiscal y la querella –representada por el Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación– interpusieron recursos de casación. En su presentación, la querella impugnó el grado de participación asignado a las imputadas. Además, cuestionó el destino de los bienes decomisados y, en tal sentido, consideró que se había realizado una errónea interpretación del artículo 23 del Código Penal.
15-jun-2017	BAH	Una persona detenida tenía obesidad mórbida, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías y problemas urológicos y endocrinológicos. El Cuerpo Médico Forense realizó un informe en el que señaló la necesidad de llevar a cabo medidas para que su salud no se vea afectada. Asimismo, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un informe médico del que se desprendía que el detenido no podía realizar actividades de la vida cotidiana y que sufría un empeoramiento progresivo en su estado general de salud. En este marco, la defensa solicitó su prisión domiciliaria. El Tribunal Oral rechazó el pedido. En su decisión, sostuvo que la situación no se encontraba prevista entre los supuestos para conceder de la prisión domiciliaria (art. 10 CP y 32 de la ley 24.660). Contra esa resolución, se interpuso un recurso de casación. El Cuerpo de Peritos y consultores Técnicos de la DGN presentó un nuevo informe en el que señaló que debían arbitrarse medidas conducentes para el tratamiento integral del paciente. En ese sentido, aconsejó que el tratamiento se cumpla en un hospital extramuros debido a que el SPF no contaba con el soporte multidisciplinario necesario.
6-abr-2017	Q, JL y otros	En un acuerdo de juicio abreviado, la fiscalía y la defensa pactaron una pena de cinco años de prisión por el delito de explotación de la prostitución e incluyeron una reparación de $200.000. El Tribunal Oral condenó al imputado a la pena acordada pero no hizo lugar al compromiso reparatorio. Sobre este punto, la fiscalía interpuso un recurso de casación. Asimismo, el Programa de Asesoramiento y Patrocinio Jurídico para Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación se presentó como amicus curiae. Sostuvo que correspondía reparar a las víctimas de explotación de acuerdo con los parámetros tanto de la ley Nº 26.842 en consonancia con los artículos 23, 29 inc.1 y 2, 30 y 31 del CP, como de la CADH, la Convención de Belém do Pará, la Convención Internacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de Palermo. Asimismo, se fundó en las consideraciones del caso “Trabajadores de la Hacienda Brasil v. Brasil” de la Corte IDH.
18-feb-2016	Álvarez, David y Da Silva, Oscar Ademar	El tribunal oral había condenado a una persona a la pena de tres años y cuatro meses de prisión por el delito de tentativa de robo en concurso real con el de tentativa de robo con arma y a otra persona a la pena de tres años de prisión como coautora de este último delito. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación alegando múltiples agravios.
29-oct-2015	PG, C	Una persona había sido imputada por el delito de defraudación por el uso de una tarjeta de crédito extraviada. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se expidió de manera favorable a su concesión. Sin embargo, el tribunal oral rechazó el pedido. Contra dicha resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
1-dic-2014	Képych, Yúriy Tibériyevich	La Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución que no había hecho lugar a una acción de habeas corpus interpuesta en representación de los internos alojados en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza que se encuentran con contrato de trabajo intra muros articulados a través del Ente Cooperador Penitenciario dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal.
24-oct-2014	B, NJ	Una persona había sido imputada por las lesiones culposas ocurridas en un accidente de tránsito. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, la fiscal se opuso a la concesión del instituto. Para llegar a esa conclusión, consideró que, para otorgar la probation, el acusado debía ofrecer el pago del mínimo de la multa y su autoinhabilitación. Por otra parte, la querella estimó que la suma ofrecida por el imputado resultaba irrisoria. En consecuencia, el juzgado rechazó la solicitud. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
2-oct-2014	Casabé, Alberto Moisés	Una persona detenida presentaba graves afectaciones a su salud. Entre otras, sufría de hiperobesidad, hipertensión, diabetes y glaucoma. A su vez, su pareja padecía una discapacidad consecuencia de un accidente cerebro vascular y se encontraba en proceso de tratamiento para el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Por estos motivos, el detenido solicitó la prisión domiciliaria. El juzgado de instrucción y la Cámara de Apelaciones rechazaron el pedido. Contra esta última decisión, la defensa interpuso recurso de casación.