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1-sep-2016Wenner v. AlemaniaWenner presentaba una adicción a la heroína desde el año 1973. El peticionario intentó superar su adicción a través de distintos tipos de tratamientos médicos, como la terapia de sustitución de drogas. Sin embargo, el tratamiento fue interrumpido contra su voluntad al momento de ser arrestado bajo sospecha de traficar estupefacientes. En el marco de ese proceso, fue condenado a la pena de seis años de prisión. El tribunal de primera instancia ordenó su traslado a un centro de rehabilitación luego de cumplir un período de seis meses de detención. En 2009 fue trasladado y se sometió a un tratamiento basado en la abstinencia, sin tratamiento adicional de sustitución. Al año siguiente, el tribunal ordenó su retorno a la prisión. Wenner impugnó la decisión pero su presentación fue rechazada por la Cámara de Apelaciones de Munich. En 2011, el peticionario solicitó a las autoridades de la prisión su tratamiento con sustitutivos de heroína y, alternativamente, requirió que un médico externo especialista en adicciones dictamine sobre la necesidad de este tipo de tratamiento. Las autoridades rechazaron su solicitud. Luego de ser liberado en 2014, el peticionario fue examinado por un doctor que le prescribió un tratamiento de sustitución de drogas.
1-sep-2016Herrera Espinoza y otros v. EcuadorEl 2 de agosto de 1994, cuatro hombres fueron detenidos en el marco de una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Quito, Ecuador. Al día siguiente, la policía ordenó “legalizar” dichas detenciones mediante la confección de boletas exigidas por la legislación vigente y dispuso su prolongación por 48 horas. En ese contexto, las víctimas fueron sometidas a actos de tortura y forzadas a admitir la comisión de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Posteriormente, al prestar declaración indagatoria ante sede judicial, denunciaron que sus confesiones habían sido obtenidas bajo coacción y desconocieron su contenido. No obstante, tras permanecer cuatro años en prisión preventiva, dos de los hombres fueron condenados a penas de cinco y seis años de prisión, respectivamente. Para dictar esas condenas, el tribunal consideró como prueba válida las confesiones iniciales, al entender que habían sido rendidas de forma libre y creíble, y desestimó el desconocimiento posterior. Durante su detención, una de las víctimas presentó una acción de hábeas corpus, la cual fue rechazada seis meses después por las autoridades judiciales, que consideraron que el tiempo de prisión preventiva no era excesivo. Los otros dos hombres se fugaron durante el curso de la investigación penal, lo que motivó la suspensión del proceso en su contra.
31-ago-2016Flor Freire v. EcuadorEn noviembre de 2000, el teniente Homero Flor Freire fue dado de baja del ejército por mala conducta profesional después de que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra. Se le atribuía haber mantenido relaciones sexuales con un soldado de otro rango dentro del recinto militar. Esto, dado que el Reglamento de Disciplina Militar ecuatoriano sancionaba con la separación del servicio los actos sexuales entre personas del mismo sexo.
23-ago-2016JK y otros v. SueciaDesde la década de 1990, un hombre iraquí tenía una empresa en Bagdad, Irak. Sus clientes eran exclusivamente estadounidenses. Entre los años 2004 y 2008, el hombre y su familia fueron víctimas de diversos actos de terrorismo que incluyeron amenazas, secuestros, intentos de homicidio y la destrucción de su hogar en razón de sus vínculos comerciales con estadounidenses. En el marco de uno de los ataques, una de sus hijas falleció y su negocio fue asaltado. A partir de esos hechos, la familia vivió en diversos países. En diciembre de 2010, el hombre, su esposa y una de sus hijas solicitaron asilo y permiso de residencia en Suecia. La Agencia de Migración sueca, luego de celebrar entrevistas con los nombrados, rechazó la solicitud por considerar que eran las autoridades iraquíes quienes debían proteger a la familia. Además, entendió que los ataques terroristas habían cesado y que las víctimas no habían logrado demostrar que la amenaza continuara vigente. Finalmente, la Agencia ordenó su expulsión de Suecia. La familia interpuso diversos recursos contra esa decisión, que fue confirmada por los tribunales locales.
5-ago-2016Informe provisional del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (ONU)Informe provisional del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/71/298) del 5 de agosto de 2016.
4-ago-2016TP y AT v. HungríaEl 20 de mayo de 2014 el Tribunal Europeo se pronunció en el caso “László Magyar” contra el Estado de Hungría respecto de la posibilidad de que personas condenadas a prisión perpetua accedan a una revisión de sus sentencias. A partir de esa resolución, se sancionó en ese país una nueva legislación. Esta normativa introdujo un mecanismo de revisión automática de la prisión perpetua después de cuarenta años de cumplimiento de pena (“clemency”). Los peticionarios del presente caso, TP y AT, se encontraban detenidos desde 2006 y 2010 respectivamente; ambos fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio.
11-jul-2016Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de ArgentinaObservaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina (CCPR/C/ARG/CO/5), examinadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y aprobadas el 11 de julio de 2016.
7-jul-2016Irene v. ArgentinaEl 7 de julio de 2016, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares a favor de Irene, una niña de 12 años argentina que había sufrido una parálisis cerebral que le generaba una miopía severa y una importante limitación de su autonomía y sus movimientos. La niña necesitaba un sistema de apoyos conformado, principalmente, por un acompañante terapéutico escolar y un maestro integrador. Dichos apoyos especiales debían hacerle visual y auditivamente accesible los contenidos pedagógicos de la escuela, facilitar su inclusión social, brindarle asistencia para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene y cuidados posturales, y cuidarla en caso de tener episodios convulsivos o de ahogamiento. Dichas prestaciones fueron cubiertas por la Administración Provincial de Seguro de Salud de Córdoba hasta que un fallo de la justicia provincial las restringió. Entonces, se solicitó a la CIDH que disponga medidas cautelares por configurarse una situación de gravedad y urgencia en la que se encontraba en riesgo su vida e integridad personal.
22-jun-2016Tenorio Roca y otros v. PerúEn el marco del conflicto armado en Perú y la expansión de Sendero Luminoso, el 7 de Julio de 1984, Rigoberto Tenorio Roca y su esposa, se trasladaban en ómnibus desde la ciudad de Huanta con dirección a la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga. Cuando el ómnibus se encontraba a la altura del anexo Huayhuas, fue interceptado por una patrulla militar compuesta por treinta infantes de la Marina de Guerra. Diez de ellos subieron al ómnibus y solicitaron la identificación de los pasajeros. Al llegar al lugar que ocupaba Tenorio Roca y verificar sus documentos, lo hicieron descender. Los infantes cubrieron su rostro, lo hicieron ingresar en una tanqueta y se lo llevaron detenido. Sus familiares solicitaron información sobre su paradero tanto a las autoridades militares adscritas al departamento de Ayacucho como a la fiscalía, sin obtener resultados.
21-jun-2016Yrusta v. ArgentinaLa presente comunicación fue iniciada por las hermanas de Roberto Agustín Yrusta, condenado en diciembre de 2005 a la pena de ocho años de prisión. El nombrado cumplía esa sanción en una unidad carcelaria de la provincia de Córdoba, donde fue víctima de actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes por parte de miembros del Servicio Penitenciario. En noviembre de 2012, denunció esos hechos ante los tribunales de la provincia y, temiendo por su vida, solicitó ser trasladado a Santiago del Estero, donde vivía parte de su familia. A pesar de su petición, se lo alojó en la provincia de Santa Fe. A su llegada, se lo ubicó en celdas de aislamiento y castigo donde prosiguieron los malos tratos. Sus familiares desconocían el lugar en el que se encontraba, por lo que efectuaron diversas consultas a los Servicios Penitenciarios. Estas presentaciones no obtuvieron ninguna respuesta de los organismos estatales. Cuatro meses antes de la fecha prevista para acceder a la libertad asistida y diez meses antes de su libertad definitiva, se informó que Yrusta se había ahorcado en su celda. Sin perjuicio de ello, no se identificaron evidencias de ahorcamiento. Días más tarde, sus familiares solicitaron el patrocinio del Defensor General de la provincia para que se investigue su muerte. Sin embargo, el juez rechazó el patrocinio del Defensor General por “carecer […] de legitimación activa para actuar en el carácter invocado”. Además, se le impidió a las peticionarias seguir con los procedimientos judiciales y acceder a copias del expediente judicial del caso.

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