ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

Buscar

Resultados 1-10 de 12.

Anterior
1
2
Siguiente

Resultados por ítem:

Fecha	Título	Resumen
1-sep-2020	CPF I y otros (causa N° 15054)	Un grupo de personas se encontraba detenido en la Alcaidía N° 10 de la ciudad de Buenos Aires. Durante la situación de pandemia de Covid-19 se les practicó un hisopado y, sin esperar su resultado, fueron trasladadas al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La defensa interpuso una acción de habeas corpus y requirió la implementación de las "Pautas de procedimiento destinadas al diagnóstico diferencial del COVID19 por parte de los profesionales de la salud del Servicio Penitenciario Federal" y el "Protocolo de alojamiento de carácter preventivo destinado a la Unidad Residencial de Ingreso". El juzgado solicitó a la Dirección Nacional del SPF que evaluase la procedencia de la actualización o modificación de dichos protocolos. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la resolución y ordenó al juzgado que se expidiera respecto de la procedencia de la medida solicitada.
21-jul-2020	Habeas corpus colectivo correctivo (causa N° 30739)	Cuarenta y cinco personas se encontraban detenidas en alcaidías de la ciudad de Buenos Aires con diagnóstico positivo de Covid-19. La Procuración Penitenciaria de la Nación interpuso una acción de habeas corpus con el objeto de que se las trasladara a un lugar donde se pudiera tratar su cuadro de manera adecuada. El juzgado rechazó el planteo. Contra esa decisión, la PPN y la defensoría interpusieron recursos de apelación. Las presentaciones señalaron que las alcaidías eran lugares de tránsito que no garantizaban la salud de las personas privadas de su libertad puesto que no eran aptas para el tratamiento de patologías infectocontagiosas ni contaban con la infraestructura o el personal médico correspondiente. Por otra parte, indicaron que la permanencia de las personas infectadas ponía en riesgo al resto de la población penitenciaria y policial. En ese sentido, sostuvieron que la decisión impugnada afectaba el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas privadas de su libertad y solicitaron que se los realojase en un centro adecuado. Durante la audiencia, autoridades penitenciarias manifestaron que si bien existían plazas disponibles en la unidad 21 del SPF, mediaba una orden no escrita superior que disponía que no pudiesen ingresar detenidos con covid-19. Además se hizo saber que el 6 de julio de 2020 se había dispuesto la formación de una mesa de diálogo interdisciplinario con el objeto de confeccionar nuevos protocolos y se había establecido el plazo de sesenta días para el desalojo de personas detenidas en las alcaidías.
20-abr-2020	Boveda (causa N° 40681)	Un hombre de 36 años había sido condenado por el delito de robo a la pena de once meses de prisión, la que se encontraba próxima a su vencimiento. El hombre se alojaba en la Unidad N° 5 del Servicio Penitenciario Federal y padecía asma bronquial crónica. Frente a la situación de emergencia sanitaria, los médicos del complejo informaron que se encontraba dentro de la población de riesgo de COVID-19. Por esa razón, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliario. Por su parte, la sección Asistencia Social de la unidad expuso que el hombre contaba con un grupo familiar dispuesto a recibirlo en su domicilio.
7-abr-2020	Gonzalez (causa n°61635)	Un hombre fue condenado a la pena de seis años y nueve meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. La sentencia no se encontraba firme. El hombre tenía diabetes y se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. En su presentación planteó que su asistido se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. A su turno, la fiscalía se opuso por considerar que el CPF I cumplía con los resguardos necesarios para preservar su salud. Entonces, el tribunal le ordenó al complejo que dispusiera el aislamiento y distanciamiento obligatorio del imputado respecto del resto de la población penitenciaria. La unidad no respondió la orden judicial.
6-abr-2020	Obregón (causa N° 16000577)	Un hombre de 70 años había sido condenado a la pena de veinticinco años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados. El hombre se encontraba alojado en la Prisión Regional del Norte, Unidad N° 7 del SPF. Entre otras cuestiones, tenía artrosis de rodilla que le dificultaba caminar, una recidiva de una cirugía de ganglio en la articulación de un hombro, una enfermedad degenerativa del raquis lumbar, obesidad, una hernia de disco lumbar e hipertensión arterial. La defensa había presentado un certificado médico de un especialista en ortopedia y traumatología que recomendaba que el tratamiento y la rehabilitación se realizara en el domicilio para una mejor evolución de las patologías. Además, el informe médico realizado en la unidad penitenciaria concluía que el contexto de encierro dificultaba su recuperación. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa requirió que se le concediera la prisión domiciliaria por encontrarse dentro del grupo de riesgo frente al COVID-19. El representante del Ministerio Público solicitó la realización de informes y evaluaciones médicas para definir su situación actual y agregó que la situación de emergencia sanitaria no era motivo suficiente para otorgar el instituto requerido.
3-abr-2020	Cepeda (causa n°27531)	Un hombre había sido condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión por el delito de robo agravado y se encontraba alojado en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal. El imputado era portador de HIV y sufría, entre otras cuestiones, de insuficiencia renal e infección respiratoria. Su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria por considerar que su permanencia en un establecimiento penitenciario le impedía tratar de manera adecuada su cuadro. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, profundizó su planteo y señaló que su asistido se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. El Servicio Penitenciario Federal elaboró un listado de personas en situación de riesgo de contagio en la cual lo incluyó. A su turno, la fiscalía dictaminó de forma favorable al pedido.
31-mar-2020	Tejera (causa n°18978)	Un hombre que vivía con VIH, condenado a la pena de cuatro años de prisión, se encontraba detenido en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Su defensa solicitó que se le con-cediera la prisión domiciliaria por entender que se encontraba dentro de la población de riesgo ante un eventual contagio del COVID-19. Además, agregó que su asistido podía resi-dir en el domicilio de su madre junto a ella y sus hijos. El juzgado de ejecución solicitó a la unidad penitenciaria que confeccionase un informe en el que constara si era posible garantizarle al hombre su derecho a la salud en el estableci-miento. El informe señaló que el hombre formaba parte de la población vulnerable a con-traer el virus.
30-mar-2020	Xumek (causa N° 47215)	En virtud de la situación de emergencia sanitaria, los representantes de la Asociación para la Protección de Derechos Humanos y del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de Mendoza interpusieron una acción de habeas corpus correctiva y colectiva a favor de las personas privadas de su libertad en el servicio penitenciario, comisarías u otras dependencias de esa provincia. En la presentación señalaron que los centros de detención, por sus niveles de hacinamiento, eran ambientes propicios para la propagación del COVID-19 y constituían una amenaza para la salud de la población detenida y del personal penitenciario. Entre otras cuestiones, solicitaron que se ordenara la prisión domiciliaria de todas las personas privadas de su libertad que se encontraran en situación de riesgo de contagio. Además, requirieron que se adoptaran medidas de salubridad y que se proveyeran elementos de higiene y desinfección. Por último, peticionaron que se garantizara el contacto de las personas privadas de la libertad con sus familiares.
28-mar-2020	Holotte (causa N° 1287)	Un hombre había sido condenado a la pena de seis años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con el delito de promoción de corrupción de menores de dieciocho años, en concurso real con el delito de facilitación y divulgación de representaciones de partes genitales de menores de dieciocho años. El imputado tenía, entre otras cuestiones, cardiopatía, anemia, litiasis vesicular, insuficiencia renal y antecedentes de tabaquismo. Además, tenía colocados dos stent y se encontraba medicado en forma diaria. El Cuerpo Médico Forense elaboró un informe en el que señalaba que la privación de la libertad en un establecimiento carcelario le impediría al hombre recuperarse de sus dolencias. Por tal razón, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa reiteró el pedido. En ese sentido, sostuvo que su asistido era un paciente de riesgo frente al COVID-19. Además, argumentó que su asistido ya había sido condenado, por lo que no se encontraban vigentes los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
27-mar-2020	Ramirez (reg. N° 6 y causa N° 14833)	Una mujer se encontraba imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y detenida en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Al ser detenida, aportó un domicilio antiguo en el que no vivía hacía dos años. La mujer era diabética insulinodependiente y madre de una niñade 10 años que vivía con su hermana y sus hijas. Por tal razón, su defensa solicitó su excarcelación y, de modo subsidiario, que se le concediera la prisión domiciliaria. En diciembre de 2019 el Tribunal Oral rechazó la excarcelación y tuvo presente el pedido de prisión domiciliaria. Entre otras cuestiones, sostuvo que no se había logrado constatar que la imputada poseyera arraigo y ponderó la pena en abstracto prevista para el tipo penal imputado. Contra esa resolución, su defensa interpuso un recurso de casación. En su presentación señaló que la mujer tenía un núcleo familiar arraigado junto a su hija y aportó un domicilio en el que podía vivir junto a ella y su familia.En marzo del 2020el Coronavirus fue declarado pandemia. El Servicio Penitenciario Federal elaboró un informe sobre personas en riesgo de contagio e incluyó a la mujer en el listado.