ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
28-abr-2020	Reyes (causa N° 69495)	Una mujer provenía de un contexto social de extrema vulnerabilidad y había sufrido violencia por motivos de género desde muy joven. Además, tenía un consumo problemático de alcohol y estupefacientes de larga data y tenía un hijo de dos meses. El niño se encontraba institucionalizado en un hogar de guarda desde su nacimiento. En el marco de una investigación penal, la mujer fue detenida en el Complejo Penitenciario Federal N° IV. La defensa solicitó su prisión domiciliaria en los términos del inciso f) del artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal. El juzgado interviniente rechazó el pedido. Sin embargo, estableció que la imputada debía realizar un tratamiento de rehabilitación por sus adicciones y estudios psicológicos a fin de recuperarse y reestablecer el vínculo con su hijo. Tiempo después la defensa reiteró la solicitud, a la que sumó el supuesto del inciso a) del artículo 32 de la misma ley. En esa oportunidad, sostuvo que su defendida no recibía un tratamiento adecuado en su lugar de detención. Esa situación además le impedía comenzar un proceso de revinculación con su hijo. Por su parte, se presentaron informes de parte que daban cuenta de la necesidad de abordar la problemática de la mujer desde una perspectiva integral de salud mental. Asimismo, el Complejo Penitenciario Federal N° IV informó que no contaba con instalaciones ni programa activo en el área de “drogadependencia”. Del mismo modo, la defensa dejó constancia de que el Servicio Penitenciario Federal no había cumplido con los traslados dispuestos para comenzar un tratamiento extramuros. El juzgado interviniente rechazó nuevamente de nuevo el pedido. Para así decidir, sostuvo que los argumentos expuestos no tenían entidad suficiente para modificar el criterio ya sostenido. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de apelación.
27-abr-2020	Poma Choque (causa n° 6356)	Un hombre fue procesado con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes y se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. En esa oportunidad, sostuvo que la conducta imputada a su asistido encuadraba dentro de los delitos no violentos y que no había existido ningún tipo de resistencia al momento de su detención. Por otra parte, planteó que podía residir junto a su hermano y que era posible, en caso de considerarse necesario, colocarle un dispositivo de vigilancia electrónica. La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaboró un informe en el que entrevistó a su familia, detalló su contexto socio económico y señaló que se encontraban dadas las condiciones para que el imputado ingresara a su sistema. La fiscalía se opuso al pedido de la defensa por considerar, entre otras cuestiones, que no existían razones excepcionales que justificaran el arresto domiciliario ni una situación actual de riesgo para la salud para el hombre.
27-abr-2020	Burgos (causa N° 22000420)	Un hombre se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario Federal de la CABA. Frente a la situación de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. Luego requirió la aplicación urgente de la Acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal y citó una nota periodística de la que surgía que en la unidad penitenciaria existían cuatro médicos y enfermeros contagiados con COVID.A su vez, el tribunal incorporó al expediente una noticia que daba cuenta del contagio de dos personas privadas de la libertad en el complejo. En ese contexto se llevó a cabo un motín en la unidad y la defensa reiteró el pedido de prisión domiciliaria.
26-abr-2020	Altamirano (causa n° 5174)	Un hombre se encontraba detenido en la Unidad n° 17 del Servicio Penitenciario Federal en la provincia de Misiones. El imputado era portador de HIV, tenía EPOC y tuberculosis. Frente a la declaración de la emergencia sanitaria, el SPF lo incluyó en el listado de personas que se encontraban en riesgo ante un eventual contagio del Covid-19. Entonces, su defensa solicitó que se le otorgase la prisión domiciliaria. Por su parte, la fiscalía se pronunció a favor de su otorgamiento bajo vigilancia electrónica.
24-abr-2020	PPN (registro N° 242 y causa N° 10082)	Una mujer trans había sido condenada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a una pena de cuatro años de prisión. La mujer tenía 40 años, se aloja-ba en el Complejo Penitenciario Federal IV y se encontraba próxima a obtener la libertad condicional. En la unidad recibía un tratamiento médico por ser una persona que vivía con HIV. La mujer se encontraba en el listado elaborado por el SPF de personas en riesgo frente a un eventual contagio del COVID. Su defensa solicitó que se le concediera el arresto domi-ciliario. En ese sentido, explicó que su sistema inmunológico estaba debilitado por lo que se encontraba en una situación de riesgo frente a la pandemia de COVID-19. El tribunal oral interviniente rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, sostuvo que la mujer recibía el tratamiento adecuado para su cuadro dentro del complejo penitenciario. Además, señaló que el virus no había ingresado en el CPF IV. En ese sentido, argumentó que la situación de encierro no representaba riesgo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. El representante del Ministerio Publico Fiscal ante la instancia de casación se ex-pidió de manera favorable al planteo.
23-abr-2020	Acordada 5.2020	Frente a la declaración de emergencia penitenciaria y sanitaria se incrementó el riesgo generado por la relación superpoblación carcelaria y pandemia COVID-19. En ese sentido, diversos organismos nacionales e internacionales recomendaron la reducción de la población en las cárceles a fin de reducir el foco de infección probable respecto de personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad. A partir de la feria extraordinaria declarada con motivo de la emergencia sanitaria, el ingreso de expedientes a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional se duplicó. Los trámites se encuentran circunscriptos a cuestiones de excarcelaciones, exenciones de prisión, habeas corpus, arrestos domiciliarios y liberación de personas privadas de libertad en la etapa de ejecución. Por esa razón, y con la intención de proceder a un abordaje más eficiente de la situación, la Cámara efectuó una serie de recomendaciones.
22-abr-2020	Tuboeff (causa N° 12327)	Una mujer había sido condenada por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa a la pena única de cuatro años de prisión. La sentencia no había adquirido firmeza. La mujer se encontraba alojada en el Complejo Penitenciario Federal IV y había sufrido episodios de espasmos bronquiales compatibles con un cuadro asmático, por lo que recibía tratamiento médico. Sin embargo, no había podido programar una interconsulta con un neumonólogo. Frente a la situación de emergencia, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. La División de Asistencia Social de la unidad elaboró un informe en el que explicaba la conveniencia de que la mujer estuviera detenida en su domicilio. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera sostuvo que la mujer recibía cuidados médicos y medicación en su lugar de alojamiento. Además, explicó que el SPF había adoptado medidas con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en los establecimientos carcelarios. En ese sentido, agregó que no se había probado que las personas privadas de libertad estuviesen expuestas a una mayor probabilidad de contagio que el resto de la población. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación, que fue concedido. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional consideró que el tribunal no había evaluado si la mujer se encontraba comprendida dentro de la población de riesgo frente a la pandemia. Por esa razón anuló la decisión judicial y remitió las actuaciones al tribunal de origen para que dictara una nueva resolución. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió a favor de la concesión de la prisión domiciliaria.
21-abr-2020	Leyes (causa N° 3341)	Un hombre de 25 años había sido condenado a la pena de nueve años de prisión por el delito de homicidio. El hombre se alojaba en la Unidad N° 21 del Servicio Penitenciario Federal y tenía una discapacidad visual. Frente a la situación de emergencia sanitaria, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El Cuerpo Médico Forense informó que tenía miopía y astigmatismo en ambos ojos, lo que le disminuía su agudeza visual y le permitía deambular pero no leer. Además, la junta evaluadora de la Dirección de Sanidad del SPF indicó que tenía tuberculosis pleural en tratamiento y queratocono bilateral, una enfermedad ocular progresiva e irreversible que producía una pérdida de visión grave. Por último, señaló que debía concederse el instituto solicitado. La Unidad Fiscal de Ejecución Fiscal se expidió de manera favorable al pedido mientras se encontraran vigentes las medidas de prevención por el virus del COVID-19. Por su parte, la Procuración Penitenciaria de la Nación se presentó como amicus curiae para solicitar que se hiciera lugar al planteo.
20-abr-2020	Boveda (causa N° 40681)	Un hombre de 36 años había sido condenado por el delito de robo a la pena de once meses de prisión, la que se encontraba próxima a su vencimiento. El hombre se alojaba en la Unidad N° 5 del Servicio Penitenciario Federal y padecía asma bronquial crónica. Frente a la situación de emergencia sanitaria, los médicos del complejo informaron que se encontraba dentro de la población de riesgo de COVID-19. Por esa razón, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliario. Por su parte, la sección Asistencia Social de la unidad expuso que el hombre contaba con un grupo familiar dispuesto a recibirlo en su domicilio.
17-abr-2020	Nast (causa n°85000124)	Un hombre había sido condenado a la pena de veintidós años de prisión por delitos de lesa humanidad y se hallaba alojado en la Unidad N° 31 del Servicio Penitenciario Federal. El hombre tenía 66 años y, entre otras cuestiones, presentaba insuficiencia respiratoria e hipertensión arterial. Frente a la declaración de la emergencia sanitaria, el Servicio Penitenciario Federal lo incluyó en el listado de personas que se encontraban en riesgo ante un eventual contagio del Covid-19. Por ese motivo, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El tribunal rechazó el pedido sin considerar los problemas de salud del imputado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.