ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

Buscar

Resultados 21-30 de 114.

Anterior
1
2
3
4
5
6
...
12
Siguiente

Resultados por ítem:

Fecha	Título	Resumen
17-mar-2021	Reartes (causa N° 13580)	Dos hombres fueron imputados por delitos en contra de la hacienda pública comprendidos en el régimen penal tributario y por delitos de intermediación financiera no autorizada. Durante la etapa de instrucción, la AFIP se había constituido como parte querellante. El representante del Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio por los delitos de intermediación financiera no autorizada. En la etapa de juicio oral, la defensa solicitó que se dispusiera el apartamiento de la AFIP como querellante por falta de legitimación. En se sentido, sostuvo que sólo había consentido su intervención en relación con la supuesta comisión de delitos fiscales. Además, peticionó que se declarara la nulidad absoluta de todo lo actuado por esa parte y se prohibiera su intervención en la etapa de juicio respecto del delito de intermediación financiera no autorizada. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó que asistía razón a la defensa. Sobre este aspecto, señaló que la AFIP había sido aceptada como querellante en la etapa de instrucción debido a la supuesta comisión de delitos en contra de la hacienda pública, comprendidos en el régimen penal tributario. Luego, explicó que a los imputados se les había atribuido la comisión del delito de intermediación financiera no autorizada y que ese ilícito resultaba parte del ámbito de protección del Banco Central, entidad que no había solicitado constituirse como parte querellante. El tribunal oral rechazó el pedido de la defensa. Para decidir de esa manera, indicó que la AFIP no había efectuado un requerimiento de elevación a juicio sobre los hechos que no incumbían de forma directa a su interés procesal. En ese sentido, consideró que no se observaba una violación concreta a los derechos fundamentales de los imputados. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Por su parte, el representante fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal consideró que la AFIP no resultaba particular ofendida por el delito de intermediación financiera no autorizada en los términos del artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, solicitó que se hiciera lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa.
10-mar-2021	Cejas (reg. N° 197 y causa N° 5742)	Un hombre fue detenido y condenado por el delito de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas. El hombre pertenecía a la comunidad Wichi y tenía cuatro hijos e hijas de 10, 9, 4 y 3 años. Desde su detención, su concubina tuvo que asumir la manutención del hogar con la venta de artesanías a turistas y los niños quedaban al cuidado de su hermana mayor de diez años. En ese contexto, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria a su asistido. El Asesor de Menores indicó que la concesión del instituto sería beneficiosa para sus hijos a los fines de fortalecer el vínculo paterno-filial. Así, sostuvo que la observancia del principio del interés superior de la niñez requería particular atención debido a la situación de especial vulnerabilidad en la que se encontraban al ser integrantes de la comunidad indígena Wichi. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido. Entre otras cuestiones, consideró que los hijos del condenado no se encontraban en situación de desamparo. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
4-feb-2021	Méndez (causa nº 93306152)	Un hombre se encontraba detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario. Su defensa solicitó la concesión de medidas de coerción alternativas, previstas en el artículo 210 del CPPF. El tribunal oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. Además, presentó la recusación contra los tres jueces del tribunal de alzada debido a que, en el marco de otra causa, habían confirmado una sentencia condenatoria en contra de su asistido. Luego de la presentación, fueron reemplazados en la integración de la Sala dos de los jueces respecto de los que se había solicitado la recusación.
25-ago-2020	San Martín (reg. Nº 1500 y causa Nº 20290)	Una agente policial observó a un hombre que salía de una galería de locales comerciales que vendían celulares usados. Entonces, lo interceptó y le solicitó que acreditara su identidad y exhibiera sus pertenencias. El hombre tenía tres dispositivos de telefonía celular. Por ese hecho, fue detenido y procesado por el delito de adquisición de celulares a sabiendas de su procedencia ilegítima. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso de apelación y planteó además la nulidad de la detención y la requisa de su asistido. En ese sentido, sostuvo que no había sido una aprehensión in fraganti ni habían existido indicios vehementes de culpabilidad. El representante del Ministerio Público Fiscal de la Cámara de Apelaciones dictaminó a favor del planteo y explicó que la única conducta del imputado había sido retirarse de una galería comercial, lo que constituía un comportamiento de por sí inocuo. Además, refirió que no se le había atribuido ninguna infracción que justificara su detención y que tampoco había demostrado una actitud evasiva que permitiera inferir la presencia de algún indicio que habilitara esa medida. La Cámara de Apelaciones rechazó el planteo de nulidad por considerarlo prematuro. Para decidir de esa manera sostuvo que no se contaba con la declaración testimonial de la preventora, quien podía aportar detalles sobre el hecho. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. El representante del Ministerio Público Fiscal coincidió con la postura del fiscal de la instancia anterior y solicitó que se hiciera lugar a la impugnación de la defensa. En ese sentido, refirió que el argumento de la necesidad de procurar la declaración de la policía no se ajustaba al estándar constitucional de la garantía contra arrestos y requisas arbitrarias que exigía la existencia de una causa probable de la comisión de un delito antes de iniciarse el procedimiento. En esa dirección, enfatizó que luego de la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones, la oficial había prestado declaración y de allí surgía que sólo había podido conocerse la actividad ilícita del imputado con posterioridad a los informes de los celulares secuestrados y que ningún otro dato podría haber constituido la existencia de indicios vehementes de culpabilidad.
24-ago-2020	Bañes Sigüeñas (causa n° 1368)	Una mujer trans, portadora de HIV, se encontraba procesada y detenida con prisión preventiva en un centropenitenciario. En el marco de la pandemia por el virus Covid-19, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El tribunal oral interviniente rechazó el pedido de la defensa y, además, declaró la inconstitucionalidad de la Acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal. Esta Acordada, dictada en el marco de la emergencia sanitaria, recomendaba a los tribunales la adopción de medidas alternativas al encierro respecto de determinadas personas en prisión preventiva en situación de vulnerabilidad. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación.
8-jul-2020	Báez (reg. N° 1011 y causa N° 9630)	Un hombre había sido procesado con prisión preventiva por el delito de lavado de activos agravado por la realización de los hechos con habitualidad. En otra causa iniciada en 2016 y desarrollada en el marco de la misma investigación llevaba detenido cuatro años y dos meses. El imputado tenía 64 años, arritmia, hipertensión arterial, insuficiencia respiratoria y diabetes. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. En ese sentido sostuvo que su asistido pertenecía al grupo de riesgo frente al COVID-19 y que se habían confirmado casos positivos dentro del Servicio Penitenciario Federal. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al planteo, ponderó el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones y en que el posible entorpecimiento de la investigación no dependía del encarcelamiento. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera explicó que subsistía un grave riesgo de ocultamiento de las sumas de dinero que habrían sido expatriadas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones indicó que la inexistencia de controversia entre el pedido de la defensa y el dictamen de la fiscalía impedía al tribunal rechazar la excarcelación solicitada.
2-jul-2020	Martin (causa N° 20120)	Una persona había sido procesada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La persona sufría episodios de broncoespasmos y se encontraba detenida en el pabellón 6 de la Unidad Residencial II del Complejo Penitenciario Federal de la CABA. A su vez, había sufrido una herida de arma blanca en un pulmón. Ante la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el Servicio Penitenciario Federal realizó un listado de personas detenidas en situación de riesgo. Si bien no fue incluida en el listado, su defensa solicitó la morigeración de su detención mediante la concesión de la prisión domiciliaria. Entre sus argumentos, tuvo en cuenta que en el pabellón 8 de ese complejo cuatro personas habían dado positivo al test de COVID-19. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se pronunció a favor de lo solicitado. En su dictamen consideró que, si bien la persona tenía antecedentes penales por distintos robos, ninguno de ellos había sido agravado y podían haber tenido lugar a partir de su situación de vulnerabilidad y adicción a los estupefacientes. A su vez señaló que, pese a no estar incluido en el listado realizado por el SPF, se debía valorar su cuadro de salud y la lesión que padecía en el pulmón. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo, se remitió a los fundamentos del auto de mérito dictado por el juzgado y consideró la pena en expectativa, la eventual imposibilidad de acceder a institutos libertarios en caso de ser condenada y concluyó que existía riesgo de fuga. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
14-may-2020	Bartusiak Palacios (Causa N° 629)	En el marco de una causa por robo, un juez de primera instancia de la justicia ordinaria de La Pampa, libró una orden de allanamiento sobre la vivienda de una persona. Allí se encontraron estupefacientes en una de las habitaciones ocupadas por el hijo de la propietaria. Por esta razón, se inició una causa penal contra el hijo de la propietaria por una infracción a la ley N° 23.737. En ese expediente que tramitó en la justicia federal sólo se agregó la copia de la orden de allanamiento que había sido librada por la justicia ordinaria. Durante el debate oral su defensa solicitó la nulidad del secuestro y allanamiento. El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, resolvió declarar la invalidez del allanamiento y del secuestro y absolvió al imputado. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación.
5-dic-2019	Romero (causa nº10041)	Una mujer fue detenida e imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas. La imputada se encontraba a cargo del cuidado de sus cuatro hijos menores de edad. La defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El juzgado hizo lugar al pedido. El arresto domiciliario fue revocado por el incumplimiento de las pautas de conducta impuestas. Entonces, la defensa volvió a solicitar su concesión. La fiscalía se pronunció de forma desfavorable y el juzgado rechazó el planteo. La resolución fue dictada sin haberle dado intervención a la asesoría de menores. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó la resolución. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Por otra parte, la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 años, en representación de los hijos de la imputada, solicitó que se hiciera lugar al planteo a fin de garantizar el interés superior del niño.
2-dic-2019	Ortiz Castillo (Causa N° 996)	En horas de la madrugada, personal policial realizaba tareas de prevención en un vehículo sin identificación, y visualizaron a dos ciclistas que se pasaron una mochila en la vía pública. A poca distancia, los ciclistas se separaron y tomaron direcciones distintas. La policía optó por seguir al que tenía la mochila. La persona, una vez detenida, manifestó que tenía cocaína dentro del bolso. Cuatro horas más tarde, la secretaria del juzgado consultó, al juez lo sucedido quien ordenó el allanamiento en el domicilio de la persona detenida. Como resultado de la medida, se secuestraron semillas de marihuana y un arma de fuego. Ante esa situación, el hombre fue procesado por los delitos de guarda de semillas para producir estupefacientes, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional, en concurso real. Durante los alegatos, la defensa solicitó la absolución. El Tribunal Oral de Santa Rosa declaró nulo el allanamiento y absolvió por el delito de guarda de semillas para producir estupefacientes con fines de comercio ilegal en concurso real con tenencia ilegal de arma de uso civil. Aun así, lo condenó como autor del delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. Contra esa decisión, la fiscalía presentó un recurso de casación.