ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
14-jun-2011	Guallar (reg. N° 15069 y causa N° 6517)	Por hechos cometidos entre 2004 y 2006 una persona fue condenada en 2007 a la pena de cuatro años de prisión. Además, por hechos cometidos en 2004, fue condenada por otro tribunal en 2006 a la pena de cinco años de prisión. La fiscalía solicitó que se unificaran las penas. Entonces, en 2008 el Tribunal Oral le impuso la pena única de ocho años y seis meses de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En el 2010 la primera pena venció.
11-jun-2011	HC deducido por Dai Jianqing, Lin Xuehui, Xie Chenguang y Zhuang Bisheng	Cuatro ciudadanos chinos que no habían podido acreditar su ingreso regular al país ni su identidad fueron puestas a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, ordenó su expulsión y los retuvo hasta que esa decisión se encontrara firme. Ante la presentación de un habeas corpus, un tribunal dispuso su libertad bajo caución juratoria y ordenó a la DNM que documentara a los actores de acuerdo con el artículo 20 de la ley Nº 25.871. Frente a esto, la DNM interpuso un recurso de apelación.
7-jun-2011	Gallo López, Javier	El tribunal oral condenó a una persona a la pena de dieciocho años de prisión por considerarlo autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente en concurso ideal con el delito de corrupción de una menor de dieciocho años de edad, agravado también por esta última circunstancia. Contra esa decisión, el defensor interpuso recurso de casación y argumentó que se vio imposibilitado de controvertir los dichos de la víctima y la denunciante. La Sala IV de la CFCP, por aplicación del precedente “Benítez” de la CSJN, anuló la sentencia condenatoria y reenvió las actuaciones a un nuevo tribunal. Esa resolución fue impugnada por el fiscal.
17-may-2011	Aráoz, Héctor José	En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de cinco años por el delito de robo agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en concurso real con la portación de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización legal. El Tribunal Oral modificó la segunda calificación asignada por la de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil sin debida autorización y condenó a la persona imputada a la misma pena. Para decidir de ese modo, sostuvo que el tipo seleccionado implicaba un menor peligro para bien jurídico tutelado. Contra esa decisión, el imputado interpuso un recurso in pauperis. La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó la impugnación. Entre sus argumentos, consideró que debido a la conformidad prestada en el marco del juicio abreviado y ante la falta de modificación de la pena impuesta, no hubo perjuicio o gravamen. Frente a esa resolución, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo, presentó un recurso de queja.
10-mar-2011	SLE (causa N° 92586)	El señor Z. fue condenado por los delitos de privación de la libertad y violencia perpetrada contra una niña de once años. Por este motivo, la señora S. inició una demanda de daños y perjuicios contra Z. y obtuvo sentencia favorable. Entonces, la señora S. intentó ejecutar un bien inmueble del demandado para percibir su indemnización, pero Z. opuso como defensa la afectación del inmueble al régimen de bien de familia. La actora solicitó la desafectación del bien. El juzgado de primera instancia rechazó la solicitud y la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la decisión. Contra esta decisión, la parte actora interpuso un recurso de nulidad y un recurso de inaplicabilidad de ley.
4-mar-2011	OPR (causa N° 42054)	Un tribunal condenó a una persona a la pena de tres años de prisión en suspenso en diciembre de 2005. Luego, fue condenada por hechos cometidos en 2006 y 2007. La sentencia fue impugnada. Cuatro años después, otro tribunal la condenó a la pena de siete años de prisión y a la pena única de nueve años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó que no correspondía unificar las penas ya que, desde la sentencia del 2005, había transcurrido el plazo cuatro años previsto en el artículo 27 del Código Penal sin que su asistido hubiera cometido un nuevo delito declarado con sentencia firme.
19-feb-2011	RMD (Causa Nº 24747)	Una mujer sufría violencia de género por parte de su pareja. Por esa razón lo denunció y se expidió una orden judicial de prohibición de acercamiento y el hombre tuvo que abandonar el hogar. Además, se había ordenado una ronda policial en el domicilio de la denunciante para proteger su integridad física y psíquica. En ese contexto, el hombre se presentó en la casa, insultó y golpeó a la mujer, quien tomó un cuchillo y le asestó tres puñaladas en el cuerpo. El hombre murió en el momento. Por ese hecho, la mujer fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. En la etapa de juicio oral, la hija menor de la mujer declaró en Cámara Gesell que el varón le estaba pegando a su madre, quien cayó al suelo y no se podía levantar, y que por esa razón agarró un cuchillo para defenderse y lo cortó sin querer. La Cámara en lo Criminal de Viedma absolvió a la imputada por haber actuado en legítima defensa. Para decidir de esa manera, consideró que había existido una agresión ilegítima por parte del varón, no provocada por la mujer, y que el medio elegido para repeler el ataque aparecía como necesario y racional. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Publico fiscal interpuso un recurso de casación, que fue denegado. Entonces interpuso un recurso de queja. Entre otras cuestiones planteó que la mujer tendría que haberse ido del lugar, como lo había hecho en otras oportunidades, en vez de matar a su marido. Agregó que la imputada no dependía de manera económica ni emocional de su pareja y que era una mujer de carácter fuerte que en algunas ocasiones iniciaba las discusiones. Por otra parte, desestimó el testimonio de la niña por no ser hija de la víctima y por no haber brindado detalles sobre el hecho. En consecuencia, sostuvo que su versión estaba sesgada a favor de su madre.
4-feb-2011	Aguilar Millán, Cristian	La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán había declarado la inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo, de la ley 23.737. En consecuencia, revocó la resolución de primera instancia y sobreseyó al imputado, a quien se le habían secuestrado en su dormitorio 0,2 gramos de cocaína. Frente a ello, el fiscal interpuso recurso de casación.
4-feb-2011	Tiraborelli (Registro Nº 7-2011)	En el año 1999 la AFIP-DGI denunció a un grupo de personas por la evasión del pago de IVA y del Impuesto a las Ganancias correspondiente a una empresa. La fiscalía requirió la instrucción del expediente y, en octubre de 2004, amplió su requerimiento. Sobre la base de dicha ampliación, en noviembre del 2004, el juzgado citó a prestar declaración indagatoria a los imputados y difirió la celebración del acto hasta tanto se recibiera la documentación original requerida a otro tribunal. En agosto de 2009 el juzgado declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a las personas imputadas. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revocó la resolución. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, sostuvo que el llamado a prestar declaración indagatoria no podía tener carácter de acto interruptivo del curso de la prescripción ya que no había fijado una fecha cierta; circunstancia que le quitaba virtualidad como acto judicial apto para dicho efecto.
28-dic-2010	Nahuelfil (causa Nº 23915)	Una mujer lesionó a su pareja en el abdomen con un cuchillo mientras dormía. El hombre falleció en el hospital luego de dos intervenciones quirúrgicas. Por ese hecho, fue imputada por el delito de homicidio. En la etapa de juicio oral, declaró que era víctima de violencia de género, que el día del hecho se encontraban en la cocina y su pareja la había agredido de manera verbal y física, por lo que ella se había defendido con un cuchillo. Por otra parte, testigos dijeron que la víctima había manifestado en el hospital que había sido atacada mientras descansaba en la cama. Además, la policía constató manchas de sangre en el dormitorio junto a la cama. La Cámara en lo Criminal de Viedma condenó a la mujer a la pena de diez años de prisión por el delito homicidio. Para decidir de esa manera sostuvo que la utilización de un cuchillo para herir a la víctima que se encontraba acostada implicaba que había tenido una intención homicida. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación que fue rechazado. Por esa razón, interpuso un recurso extraordinario federal. Entre otras cuestiones, planteó que la mujer había actuado en legítima defensa por haber sufrido violencia de género por parte de su pareja. Además, agregó que el hombre había muerto por mala praxis médica, lo que descartaba la atribución del resultado mortal a la imputada.