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20-ago-2026MOLINA Y CALERO (Causa N° 32876)Una mujer y un hombre habían sido imputados por el intento de apoderamiento de una bicicleta. En ese sentido, se les imputó el delito de robo en grado de tentativa. El hombre registraba una condena a dos meses de prisión de efectivo cumplimiento por los delitos de robo y desobediencia a la autoridad de abril de 2025. La mujer carecía de antecedentes penales, presentaba un cuadro de esquizofrenia paranoide y poseía un certificado único de discapacidad. Ambos se encontraban detenidos en una alcaidía policial y, luego de una derivación, el Servicio Penitenciario Federal no aceptó el ingreso de la mujer a la Unidad IV de Ezeiza en razón de su cuadro de salud mental. En ese marco, la defensa solicitó la excarcelación de las dos personas. El juzgado interviniente rechazó el pedido y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó esa decisión. Para decidir de ese modo, ponderó que el hombre había aportado una dirección en la que no residía y declaró su proyecto de mudarse al interior del país. Asimismo, tuvo en cuenta el antecedente condenatorio como impedimento para la concesión de una eventual condena de ejecución condicional y la posibilidad de ser declarado reincidente. Por otra parte, la excarcelación de la mujer fue rechazada en razón de un puntapié que habría aplicado a una agente policial al momento de la detención y de domicilios contradictorios aportados. Contra esa decisión, la defensa presentó recurso de casación.
19-ago-2026MGNDJ (Causa N° 4928)En junio de 2026 dos ciudadanos venezolanos ingresaron al país por el paso fronterizo Puerto Iguazú -Foz do Iguaçu el a fin de reunirse con sus familiares –madre y hermana–, quienes residían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las autoridades fronterizas les negaron el ingreso al territorio argentino. En ese momento, los hombres manifestaron su intención de solicitar protección internacional como refugiados. Expusieron que sus parientes habían abandonado Venezuela debido a persecuciones políticas por parte del gobierno. No obstante, de manera informal, las autoridades fronterizas se negaron a receptar la solicitud. Tres días después, la Comisión de Refugiados de la Defensoría General de la Nación tomó intervención en el caso. En ese marco, se presentó por correo electrónico ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). En esa oportunidad, comunicó la situación de los solicitantes y requirió que se les garantizara su derecho a solicitar asilo, que incluía el acceso al territorio nacional y al procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Sin embargo, esta solicitud no obtuvo respuesta. Dada la situación de vulnerabilidad de las personas, la Defensoría Pública Oficial de Puerto Iguazú intervino y envió oficios a la Secretaría Ejecutiva CONARE y a la Delegación Iguazú de la Dirección Nacional de Migraciones para reiterar el pedido de protección internacional. Por su parte, la Delegación Iguazú manifestó que los solicitantes habían intentado primero ingresar al país bajo la categoría migratoria de turistas y que fueron rechazados en frontera por supuesta falsedad en el motivo de ingreso. Asimismo, indicó que luego habían ingresado al territorio nacional por un paso no habilitado y que no constaba en sus registros el pedido de refugio. No obstante, ratificó su rechazo.; Por esa razón, la Defensoría Pública Oficial de Puerto Iguazú presentó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú una medida cautelar contra la Dirección Nacional de Migraciones y la CONARE. En concreto, pidió que recibieran de manera formal la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados de los asistidos y adoptaran las medidas necesarias para garantizar su acceso al procedimiento previsto por la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26265, que comprende su registro inmediato, la iniciación del expediente administrativo respectivo y la emisión de la constancia de residencia provisoria junto al acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado. En su presentación, la defensoría destacó que la actuación estatal vulneraba las normas constitucionales, convencionales y legales que regulan el derecho de solicitar asilo, el ingreso al territorio y la prohibición absoluta de devolución, expulsión o rechazo en frontera. Planteó que el rechazo frente a una persona que expresa temor o necesidad de protección es incompatible con la normativa argentina y constituye una forma grave de devolución. En este sentido, señaló que existía un deber legal de permitir el ingreso provisorio, garantizar la admisión de la solicitud, asegurar el no rechazo, identificar y oír a la persona peticionante, y notificar de inmediato a la CONARE, por lo que la omisión de estos deberes afecta directamente el derecho de petición, el debido proceso administrativo y la tutela judicial efectiva. Asimismo, invocó tanto el principio de no devolución y la prohibición de rechazo en frontera– el cual prohibía expulsar, extraditar o devolver de cualquier forma a los solicitantes de asilo– como el principio de unidad familiar.; El Juzgado Federal de primera instancia de Puerto Iguazú ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Secretaría Ejecutiva de la CONARE que, dentro de las 48 horas de notificada la resolución judicial, arbitrara las medidas necesarias para recibir formalmente la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los actores, abrir el expediente administrativo y sustanciar el procedimiento correspondiente. Para resolver de ese modo, entendió que la intervención judicial en el caso estaba orientada a garantizar que el órgano competente cumpliera con sus deberes. A su vez, destacó que el principio de no devolución y no rechazo en frontera prohíbe el retorno de una persona a un territorio donde su libertad o vida peligren. Con posterioridad, apeló la sentencia. En esa ocasión, solicitó la nulidad de la sentencia por afectar el derecho de defensa y planteó su falta de legitimación pasiva, pues remarcó que no interviene en los trámites de petición de refugio. Por último, refirió a la facultad del Estado Nacional de controlar y dirigir su política migratoria.
19-ago-2026Keilis (causa N° 53405)Un hombre había sido condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con violencia de género. En consecuencia, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus agravios, planteó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, del artículo 14 del Código Penal y del artículo 56 bis de la ley N° 24.660. En ese sentido, sostuvo que esas normas no contemplaban la libertad anticipada o salidas transitorias, lo que afectaba el fin resocializador. La cámara interviniente declaró inadmisible el planteo de inconstitucionalidad y confirmó la condena. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso extraordinario federal que fue declarado parcialmente admisible, lo que motivó la interposición de un recurso de queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la presentación directa. Sin embargo, en relación con el recurso extraordinario concedido de forma parcial, remitió a los fundamentos de la causa “Di Nunzio” y devolvió las actuaciones a la cámara de casación para que analizara el planteo de la defensa.
14-ago-2026Rosemblun (Causa N° 16969)En 2020, un hombre en motocicleta había arrebatado los celulares de dos mujeres. En consecuencia, se le imputaron los delitos de robo agravado por haberse cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no podía tenerse por acreditada y robo simple. Luego de más de seis años sin que se decidiera sobre el caso, su defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. En ese contexto, el tribunal interviniente se comunicó de manera telefónica con las víctimas, les explicó las implicancias del instituto y les informó que el imputado había ofrecido doscientos mil pesos de reparación económica para cada una. Ellas aceptaron, pero manifestaron que no se conectarían a la audiencia. En el marco de la audiencia, la defensa remarcó que el hombre no tenía antecedentes penales, que habían transcurrido más de seis años desde el requerimiento de elevación a juicio y que durante todo ese tiempo no se había visto involucrado en ningún otro proceso penal. A su vez añadió que, ante el panorama menos favorable, podría dictarse una condena que podría ser dejada en suspenso. Además, el hombre se ofreció a realizar tareas comunitarias y manifestó que no reclamaría la motocicleta secuestrada. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso por motivos de política criminal. En ese sentido, sostuvo que el instituto había sido pensado para hechos de poca transcendencia penal y que los arrebatos cometidos con el uso de vehículos y violencia no recaían dentro de esa categoría. En respuesta la defensa afirmó que, si bien la ley establecía que la fiscalía debía dar su consentimiento expreso para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, correspondía al juez la revisión de los fundamentos de su oposición. Por último, afirmó que la resolución 13/19 de la Procuración General de la Nación se encontraba dirigida a los integrantes del Ministerio Público Fiscal y no resultaba de cumplimiento obligatorio para para los jueces.
13-ago-2026Cencosud (Causa N° 7777)En 2019, el Poder Ejecutivo de la Nación dictó el DNU 274 mediante el cual estableció un nuevo régimen de lealtad comercial. Su artículo 53 preveía, además, que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal sería competente para intervenir ante los recursos de apelación contra los actos sancionatorios de la autoridad de aplicación. Con posterioridad, la Secretaría de Comercio le impuso a una empresa una multa por infracción al referido decreto. En concreto, la sanción obedeció a que se había facturado un producto en caja a un precio superior al de góndola. Contra esa resolución, la compañía interpuso un recurso directo, conforme lo dispuesto por el artículo 53 del decreto. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal declaró de oficio la inconstitucionalidad de la norma, ya que consideró que el PEN se había excedido en sus facultades. En consecuencia, ordenó la remisión de la causa al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal. No obstante, esa Cámara rechazó su intervención y no se expidió sobre la cuestión constitucional. En ese marco, la Procuradora Fiscal emitió su dictamen. En su presentación, destacó que se trataba de una contienda negativa de competencia que debía dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, expuso que el artículo 53 del decreto 274/2019 resultaba inconstitucional, por lo que la competencia le correspondía a la justicia contencioso administrativa federal.
13-ago-2026Juárez (causa N° 16410)Un hombre se había alojado en un hotel junto con una adolescente de quince años y otra mujer. En el lugar, cobró dinero a cambio de la explotación sexual de la joven. Por ese hecho, el tribunal oral interviniente lo condenó a una pena de cinco años de prisión por el delito de explotación de la prostitución ajena. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. La Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, hizo lugar a la impugnación y absolvió al hombre imputado. En su decisión, tuvo en cuenta contradicciones en la declaración de la víctima en torno a la cantidad de veces que había sido sometida, la recepción de dinero y las características del hotel en el que se alojaron. De esa manera, consideró que la prueba reunida no permitía alcanzar el grado de certeza requerido y aplicó el principio in dubio pro reo. Contra esa sentencia, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso extraordinario. Ante su denegación, presentó un recurso de queja.
13-ago-2026Valentini (Causa N° 30035)Una joven que vivía en el interior del país se encontraba en situación de vulnerabilidad. Además, presentaba un diagnóstico de estructura límite de la personalidad. En ese contexto, conoció a un hombre que residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de viajar a visitarlo, el hombre la trasladó a otra localidad y la privó de su libertad. Durante su cautiverio la obligó a consumir psicofármacos, a mantener relaciones sexuales con otros hombres y ejerció violencia física sobre ella. Un día la mujer escapó, se llevó un celular y llamó a emergencias. Sin embargo, volvió a ser retenida. En ese momento, agentes de la policía acudieron al sitio y lograron separarlos. Luego, las fuerzas de seguridad detuvieron al hombre. Por esos hechos, se lo imputó como autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El tribunal oral interviniente lo condenó. Contra esa resolución, su defensa interpuso un recurso de casación. La cámara designada hizo lugar al recurso, anuló la condena y lo absolvió. Para decidir de esa manera, consideró que existía duda razonable sobre su autoría en base a distintas actitudes de la joven con anterioridad y al momento de la denuncia. El representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso extraordinario federal que fue rechazado. Por ese motivo, presentó un recurso de queja.
12-ago-2026Pérez Urquizo (Causa N° 5505)Un hombre de nacionalidad peruana cumplía una pena privativa de la libertad con vencimiento fijado para el 18 de febrero de 2034. En octubre de 2023, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia en el país y ordenó su expulsión. Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar a un recurso de la defensa, el tribunal oral interviniente redujo en once meses los plazos del régimen de progresividad por aplicación del artículo 140 de la ley N° 24.660. En ese contexto, la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal N° 4 a cargo de la Dra. Paola Bigliani, solicitó el extrañamiento y la consecuente expulsión en base al artículo 64 de la ley N° 25.871. El tribunal oral, por mayoría, rechazó ese pedido. Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta la falta de firmeza de la sentencia condenatoria en razón de un recurso interpuesto por la defensa pendiente de resolución. En consecuencia, la defensa desistió de la vía recursiva y reiteró el pedido de extrañamiento. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable al extrañamiento: consideró que con la condena firme y cumplidos los restantes requisitos formales, correspondía restar los once meses para determinar el momento desde el que el condenado satisfacía el requisito temporal del artículo 64 de la ley N° 25.871.
11-ago-2026Duran (Causa N° 1255)Una madre de un niño de tres años se encontraba detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en una causa por la presunta infracción a la ley N° 23.737 y lavado de activos. En ese marco, informó que su hijo no quería concurrir al jardín sin su compañía y su defensa solicitó autorización para realizar salidas diarias. En su presentación, señaló que la mujer había cumplido con regularidad otras salidas autorizadas para concurrir a actividades vinculadas a un tratamiento por consumo problemático de sustancias, circunstancia que demostraba la inexistencia de riesgos procesales.; El Juzgado Federal de primera instancia consideró prematuro otorgar una nueva flexibilización de la medida cautelar, valoró la gravedad de los delitos atribuidos y la modalidad de los hechos, y rechazó el pedido. También sostuvo que no se encontraba acreditado que fuera indispensable que la madre efectuara los traslados, ya que existía una tutora designada que podía cumplir esa función. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de apelación. El Fiscal General Subrogante ante la Cámara no adhirió a la impugnación. En ese sentido, consideró que la resolución estaba fundada. Por su parte, la Defensora de Menores acompañó el planteo de la defensa y solicitó que se autorizara el acompañamiento escolar en atención al interés superior del niño.
7-ago-2026Moya (Causa N° 12771)Un hombre fue acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegal de la libertad en perjuicio de una mujer con quien había mantenido una relación. El tribunal oral lo condenó a una pena de seis años y seis meses de prisión. Para decidir de esa manera, consideró que la mujer había declarado de manera detallada, con muestras de angustia y enojo. Además, entendió que su versión estaba respaldada por una testigo que conocía los hechos de oídas y una pericia sobre el teléfono celular del hombre imputado. En particular, en base al peritaje se constató que tenía agendadas como contactos a la víctima y a la testigo. Contra la sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, sostuvo que se apoyaba en dichos de la denunciante que presentaban inconsistencias y no habían sido corroborados por otras pruebas. Además, señaló que la declaración de la testigo de oídas durante el juicio difería de la brindada con anterioridad y que, en algunos puntos, contradecía lo declarado por la denunciante.