ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
24-may-2016	PAG	Una persona había sido condenada en noviembre de 2013 a la pena de seis años de prisión. Una vez cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó su incorporación al régimen de libertad condicional. De acuerdo a los informes del Consejo Correccional (artículo 28 ley Nº 24.660), el detenido presentaba un pronóstico desfavorable de reinserción social. Para llegar a esa conclusión, basó su informe en las conclusiones de las distintas Divisiones dentro del penal. La División Trabajo señaló que si bien demostraba buena aplicación e interés en las tareas laborales, su puntualidad y desempeño eran regulares. A su vez, la División Educación indicó que su asistencia al ciclo de educación primaria era irregular. Por su parte, la División Seguridad Interna observó que no poseía sanciones y registraba una calificación de conducta ejemplar diez y concepto bueno cinco. El juez de ejecución no hizo lugar al pedido. Contra esta resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Consideró que el condenado cumplía con los requisitos del artículo 13 CP, y cuestionó la evaluación que el juez había realizado de los informes. En relación a la actividad laboral, argumentó que se había omitido considerar que el interés de su defendido en la realización de tareas encomendadas era buena al igual que su asistencia. Asimismo, sostuvo que, habida cuenta de que la educación es un deber del Estado o derecho del condenado, que no forma parte de los objetivos obligatorios del tratamiento penitenciario, no resultaba decisiva su irregularidad en la asistencia al ciclo primario. En este orden, afirmó que la sentencia era arbitraria.
24-may-2016	FNV c. OSDE	Los padres de un niño con discapacidad solicitaron a su empresa de medicina prepaga la cobertura completa del ciclo lectivo 2014 en una escuela. Ante la negativa de la empresa, los padres interpusieron una acción de amparo y solicitaron, como medida cautelar, la cobertura inmediata de esa prestación. El tribunal de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar. Posteriormente, los padres denunciaron como hecho nuevo que el médico tratante del niño indicó que debía asistir a otra institución de educación especial. Por esa razón, solicitarón la ampliación de la medida cautelar. El juez de primera instancia hizo lugar a la petición y estableció una caución juratoria. La demandada interpuso un recurso de apelación.
24-may-2016	PLP (Causa Nº 10322)	Una mujer procesada con prisión preventiva solicitó que se le concediera el arresto domiciliario para cuidar a su hija menor de edad (artículo 32 inciso f de la ley Nº 24.660). El Tribunal Oral rechazó la solicitud por considerar que podía cometer nuevos delitos y entorpecer la investigación del hecho que se le atribuía; esto, dado que restaba identificar a otros partícipes del hecho. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
24-may-2016	ACE (Causa Nº13234)	Una mujer que se encontraba detenida con prisión preventiva solicitó que se le concediera la prisión domiciliario a fin de hacerse cargo del cuidado de sus tres hijos, de 9, 6 y 2 años de edad. El asesor de menores consideró necesario, previo a pronunciarse, contar con una serie de informes. Una vez producida esa información, el Tribunal Oral omitió conferirle intervención y rechazó la petición. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
24-may-2016	Coria (Causa N° 62768)	Coria fue imputado penalmente por un delito por el que, finalmente, resultó absuelto. Durante ese lapso permaneció privado de su libertad. Luego, se le atribuyó un hecho delictivo comentido con posterioridad a esa sentencia. Entonces, fue condenado a la pena de dos años y ocho meses de prisión. Una vez que adquirió firmeza esa decisión, se practicó el cómputo de pena. Esa decisión fue observada por la defensa, que pretendía que se modificara el cálculo y se adicionara el tiempo de prisión que había sufrido en el proceso que culminó con una sentencia absolutoria. El planteo fue rechazado por los jueces. Por ese motivo, se interpuso un recurso de casación.
24-may-2016	PPN (causa N° 3451)	La Procuración Penitenciaria de la Nación y la Asociación por los Derechos Civiles iniciaron una acción de amparo contra la Dirección Nacional Electoral perteneciente al Ministerio del Interior del Estado Nacional en favor de todas las personas condenadas y detenidas con domicilio electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La acción presentaba como finalidad la incorporación a los padrones correspondientes a las futuras elecciones en condiciones de igualdad. En ese sentido, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3, incisos e, f y g, del Código Electoral Nacional y de los artículos 12 y 19, inciso 2, del Código Penal de la Nación que inhabilitaba la participación electoral de personas condenadas. La jueza de primera instancia no hizo lugar a la acción. Para decidir de esa manera, señaló que la restricción resultaba razonable en función de la condena impuesta por un juez natural en el marco de un proceso penal que respetó las garantías del debido proceso. Contra esa resolución, la Procuración Penitenciaria presentó un recurso de apelación.
23-may-2016	MMDE	En 2011, el Tribunal Oral suspendió el proceso a prueba respecto del imputado por dos años. Luego, en 2013 se lo condenó en otra jurisdicción por sentencia no firme por un delito que habría cometido en 2012. En 2015, el Juzgado de Ejecución declaró extinguido el plazo de control. Sin embargo, el tribunal suspendió el pronunciamiento sobre la extinción de la acción penal hasta que adquiriera firmeza la sentencia dictada en el marco de la otra causa. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
23-may-2016	Piedrabuena (reg. N° 389 y causa N° 64567)	Una persona había sido condenada en 2013 a la pena de tres años de prisión. En el marco de ese proceso se le había otorgado la libertad condicional. Luego cometió un nuevo delito y en 2015 fue condenada a la pena de tres años de prisión y a la pena única de seis años de prisión. Además, el tribunal declaró su reincidencia. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, impugnó la utilización del método aritmético para la fijación de la pena única. Por otro lado, sostuvo que no correspondía la declaración de reincidencia toda vez que la fiscalía no la había requerido ni su asistido había cumplido pena como condenado.
20-may-2016	Ocampo, Jorge Raúl	El imputado fue visto por la policía de la provincia de San Juan mientras retiraba un bolso de una vivienda y lo cargaba en un vehículo. Los agentes consideraron este accionar una “actitud sospechosa”. En consecuencia, lo siguieron y, finalmente, lo detuvieron con material estupefaciente en su poder. El nombrado fue procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En este marco, la defensa solicitó la nulidad de la requisa y de todo lo actuado con posterioridad.
20-may-2016	MJR (reg. 388 y causa N° 22028)	En julio de 2011 una persona fue condenada por un tribunal oral a la pena de veintitrés años de prisión (causa Nº 3363). En junio de 2013 otro tribunal la condenó a la pena de catorce años de prisión (causa Nº 3775). Finalmente, en junio de 2015 el Tribunal Oral (causa N° 3363), por mayoría, fijó la pena única de treinta y cinco años de prisión, comprensiva de las dos anteriores. Para decidir de esa manera sostuvo que en el caso había existido un concurso de delitos y que, para determinar el monto de la pena, correspondía utilizar el método composicional. El voto minoritario entendió que el máximo de la pena superaba el monto previsto como tope en el artículo 55 del Código Penal, por lo que resultaba adecuado imponer la pena de treinta años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.