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31-jul-2018DGL (causa N° 75736)Una mujer sufría violencia de género por parte de su pareja. En una oportunidad, se encontraban con unos amigos tomando alcohol, cuando el hombre comenzó a golpear a la mujer en la cara. Luego, agarró un palo que utilizó para lesionar a su pareja. En ese momento, la mujer sacó un cuchillo de entre sus prendas y lo hirió en el lado izquierdo del tórax, causándole la muerte. Por ese hecho la mujer fue imputada por el delito de homicidio calificado. En la etapa del juicio oral, la acusada declaró que habían consumido estupefacientes y alcohol durante varios días. Al momento del hecho el hombre la celaba y la golpeó para que no mirara a otros varones. Explicó que, en un primer momento, el cuchillo lo tenía él y cuando le pegó se le cayó de la cintura por lo que ella lo tomó y lo guardó para protegerse. Entonces, comenzó a golpearla con un palo y para defenderse le clavó el cuchillo. Agregó que no quería hacerle daño, que convivía con él desde que tenía quince años y que peleaban mucho. Por otra parte, del informe psicológico surgía que la mujer tenía un tono de voz disminuido y una marcada inestabilidad emocional junto a una gran cantidad de ira acumulada originada por las situaciones de estrés y consumo de sustancias tóxicas. Asimismo, señaló que la mujer había sufrido un sometimiento físico y psicológico de su pareja. El Tribunal Oral condenó a la imputada a la pena de ocho años de prisión por el delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias de atenuación. Para decidir de esa manera, el Tribunal sostuvo que la mujer había actuado “movida por la bronca” que le tenía a su pareja debido a tantos años de maltrato. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones planteó que su asistida se encontraba en un estado de vulnerabilidad porque era adolescente cuando inició su relación de pareja y resultó ser víctima de violencia de género. En varias oportunidades la había amenazado con matar al hijo que tenían en común y la obligaba a prostituirse para solventar sus adicciones. Por esa razón explicó que el encuadre jurídico impuesto por el Tribunal se alejaba de toda perspectiva de género y que no alcanzaba con hablar de circunstancias extraordinarias de atenuación para reducir la pena.
30-jul-2018ADL (causa Nº 1251)La Sección de Controles Especiales de la Dirección General de Aduanas incautó tres sobres blancos que contenían anfetamina. En esos sobres se había consignado como destinatario a ADL. Por este motivo, se dispuso el allanamiento de su domicilio, en donde se encontraron distintas sustancias estupefacientes y una balanza. ADL fue imputado por los delitos de contrabando y tenencia de estupefacientes, ambos con fines de comercialización. Al momento de prestar declaración indagatoria, el imputado manifestó que había comprado la anfetamina –así como el resto de las sustancias encontradas en su domicilio– para su uso personal y que en ningún momento había intentado comercializarla. Sin embargo, el juez de instrucción dispuso su procesamiento por no haber acreditado la finalidad de consumo personal. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara en lo Penal Económico dispuso la falta de mérito por considerar que la explicación del imputado resultaba verosímil. Posteriormente, la defensa presentó un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos de la Defensoría General de la Nación que concluía que ADL padecía un tipo de trastorno del espectro autista llamado Síndrome de Asperger, que –en este caso– tenía directa relación con el consumo de estupefacientes. En consecuencia, solicitó el sobreseimiento de su asistido. A partir de esto, el juez ordenó al Cuerpo Médico Forense la confección de un informe psicológico y psiquiátrico que, finalmente, coincidió con las conclusiones del Cuerpo de Peritos de la DGN. Entonces, la defensa reiteró el pedido de sobreseimiento en los términos del artículo 34, inciso 1º, del Código Penal.
26-jul-2018RPJA (causa Nº 3901)Una persona extranjera se encontraba en el país en situación migratoria irregular. Luego de sustraer celulares, fue detenida. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no debía aplicarse el régimen especial de flagrancia y la acusó por el delito de hurto simple reiterado en dos oportunidades. Durante la instrucción, se dispuso su detención preventiva. El Registro Nacional de Reincidencia hizo saber que la persona había sido declarada reincidente en procesos anteriores y se encontraba registrada bajo distintas identidades. Además, informó que se había ordenado su expulsión del país. Transcurridos cuatro meses desde su detención, la defensa solicitó su excarcelación. El juzgado denegó la petición. Para decidir de esa manera, entre otras cuestiones, tuvo en cuenta los antecedentes condenatorios registrados por la persona y su falta de arraigo. Asimismo, sostuvo que la nueva pena sería de efectivo y extenso cumplimiento. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Por ese motivo, se interpuso un recurso de casación.
24-jul-2018ADA (Causa 500000071)Una joven extranjera de 17 años de edad fue declarada coautora penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo. Además, el trámite del proceso fue suspendido hasta que cumpliera la mayoría de edad. La mujer solicitó autorización para salir del país. El Tribunal Oral hizo lugar al pedido y le fijó la obligación de regresar y comparecer en sede judicial en una fecha determinada. Llegado ese día, la mujer no se presentó. Por tal razón, se decretó su rebeldía. Transcurridos nueve años, la defensa solicitó que se le concediera la exención de prisión. El tribunal rechazó el planteo, por considerar que la declaración de rebeldía y el hecho de ser extranjera permitían suponer que la imputada reiteraría sus conductas elusivas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
23-jul-2018Zalacain (causa Nº 38807)Dos hombres se agredieron con golpes. Al arribar una agente policial, uno de ellos denunció que el otro lo había amedrentando con un “fierro” con el fin de robarle. Entonces, fue detenido. Durante la investigación, se obtuvieron filmaciones que no mostraban que el agresor portara un objeto en sus manos. Además, en el lugar de los hechos no se secuestró ningún arma. Sin embargo, el imputado fue procesado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación.
20-jul-2018Masliah (causa Nº 21789)Una mujer denunció a su ex pareja por un hecho constitutivo de violencia de género. El imputado manifestó en su declaración indagatoria que en el momento al que se aludía en la denuncia había tenido un accidente vial, había sido intervenido quirúrgicamente y se encontraba en silla de ruedas. Por ese motivo, indicó que no resultaba posible haberle causado ningún tipo de lesión física a su ex pareja. De todos modos, el hombre fue procesado. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación.
20-jul-2018IMP (causa Nº 54049)La señora MPI padecía un tumor de pared toraxica- subplerural. Su médico tratante le recetó morfina y pregabina en cantidades que pasaron de 300 a 1.200 gramos diarios. En poco tiempo, dicha prescripción le provocó daños colaterales en el hígado, el riñón y el estómago. Entonces, el profesional le diagnosticó “Neurofibromatosis de Von Recklinghausen”, recomendó de manera imperativa y urgente un cambio en la medicación y le indicó que debía ingerir aceite de Cannabis medicinal en dosis estimadas de 3 cc. por día. Al momento de solicitar el medicamento a su obra social, la entidad manifestó que no se lo podía brindar y le sugirió que se dirigiera a la ANMAT para que se lo proveyera. La ANMAT, a su vez, se negó a suministrarle el aceite por considerar que la patología que padecía la requirente no lo autorizaba. En consecuencia, MPI inició una acción de amparo contra su obra social y el Estado Nacional con la finalidad de obtener el suministro de aceite de Cannabis para uso medicinal. Además, peticionó, como medida cautelar innovativa, que se oficiara a las demandadas para que arbitraran los medios necesarios para asegurar la cobertura inmediata del medicamento. El juzgado federal de primera instancia rechazó la medida cautelar. Contra dicha resolución, la actora interpuso un recurso de apelación.
13-jul-2018Gerez (reg. Nº 880 y causa Nº 56480)Gerez y su pareja, DF, fueron a la casa de CAL para entregarle documentos de su hija. Entonces, se produjo un conflicto y DF apuñaló en el brazo a CAL. El damnificado intentó defender-se de la agresión y lo arrojó al suelo. Entonces, Gerez lo tomó por detrás y DF aprovechó para propinarle otras cuatro puñaladas. La víctima escapó a su vivienda y la pareja se fue del lugar. Por ese hecho Gerez fue imputada como partícipe secundaria del delito de homicidio en grado de tentativa. Al prestar declaración indagatoria, la imputada afirmó que sólo intervino para que cesara la pelea y explicó que había sostenido a CAL para frenar la agresión. El Tribunal Oral desacreditó la versión prestada por la imputada, por considerar que no era concordante con el testimonio del damnificado. Por esa razón, condenó a Gerez a la pena de dos años de prisión en suspenso. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, consideró que el tribunal había incurrido en arbitrariedad por haber motivado la sentencia, de manera exclusiva, en el testimonio del damnificado.
13-jul-2018BDTE (causa Nº 9375)El padre de una niña con una discapacidad motriz intimó al colegio al que asistía su hija para que adaptara sus condiciones edilicias; en particular, solicitó que construyera rampas de acceso y modificara los baños. Ante la omisión de la institución, inició una acción de amparo contra el Consejo Federal de Educación de Entre Ríos con el objeto de que llevara adelante las obras requeridas.
13-jul-2018LCM (reg. N° 957 y causa N° 11180)La comunidad indígena Lof Campo Maripe contaba con personería jurídica desde octubre de 2014. El yacimiento hidrocarburífero “Loma Campana” –explotado por la empresa YPF– era uno de los territorios por los que transitaba. En mayo de 2017, el apoderado de la empresa denunció a distintos miembros de la comunidad por amenazas e intimidaciones. A partir de ese momento, sin orden judicial, personal de Gendarmería Nacional y de la policía provincial comenzó a circular por la zona. En este marco, la defensa interpuso un hábeas corpus preventivo en favor de la comunidad y sostuvo que se encontraban amenazadas su integridad personal y su libertad de circulación. El juzgado federal requirió una serie de informes y rechazó la acción sin llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 14 de la ley Nº 23.098. La defensa interpuso un recurso de apelación. El Programa sobre Diversidad Cultural aportó un dictamen a fin de cooperar con la defensa y colaboró con gestiones ante la comunidad. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó la decisión. Contra esa resolución, interpuso un recurso de casación. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, hizo lugar al recurso, anuló la decisión impugnada y remitió las actuaciones al juzgado de primera instancia.; Arribadas las actuaciones a su origen, el juez citó a las partes a la audiencia prevista por el artículo 14 de la ley N° 23.098. Luego, rechazó la acción de habeas corpus, lo que motivó una nueva apelación. Por su parte, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión. Para decidir de esa manera, sostuvo que no era la acción de habeas corpus la adecuada para proteger el derecho que se dijo vulnerado y amenazado. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal y la defensa interpusieron recursos de casación. En particular, la defensa reeditó los agravios formulados en el recurso de casación y acompañó un dictamen elaborado por el Programa sobre Diversidad Cultural de la Defensoría General de la Nación. Entre otras cuestiones, explicaba que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se sumaban a un contexto en que las comunidades veían afectados sus derechos territoriales.

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