ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
11-jul-2019	Madeira (Causa Nº66957)	Una mujer otorgó un poder en favor de sus dos abogados en el marco de un juicio civil. En ese proceso, la mujer obtuvo una indemnización. Ambos abogados hicieron uso del poder y se apropiaron del dinero. La damnificada denunció el hecho y se constituyó como querellante. Los dos abogados fueron imputados por el delito de estafa. Entonces, los imputados y la damnificada realizaron un acuerdo de reparación patrimonial integral. Luego, la mujer manifestó que desistía de la querella y los imputados solicitaron la extinción de la acción penal por conciliación. A su turno, la fiscalía se opuso al planteo de la defensa.
11-jul-2019	Aguiar (causa N° 71)	La señora Aguiar convivió cuarenta y cuatro años con quien fuese su pareja, el señor J, y tuvo cuatro hijos. La relación con su pareja era mala, no existía diálogo y durante muchos años con-vivieron en el mismo lugar aunque ya separados. Durante ese tiempo, Aguiar fue víctima de violencia de género (amenazas de muerte, maltratos físicos y psicológicos). Ambos trabajaban en una chacra y vendían leche a domicilio. Sin embargo, sólo Aguiar era encargada de las tareas del hogar y crianza de sus hijos. Asimismo, la familia adquirió un terreno donde construyeron una casa y una chacra de 9 hectáreas. Con posterioridad, Aguiar denunció a J. por violencia familiar y el denunciado mudó su residencia a la chacra. Finalmente, la víctima, patrocinada por la defensa oficial, inició una demanda contra J. por restitución de dinero y reclamó el valor representativo del 50 % del valor del terreno y las mejoras con relación a los inmuebles adquiridos. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. Entre sus agravios expresó que el trabajo que aportó la actora fue simplemente colaborativo dentro del marco de lo doméstico.
11-jul-2019	Majul (Causa N° 714)	En la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos se realizaban obras para un proyecto inmobiliario “Amarras de Gualeguaychú” que se convertiría en un barrio náutico con complejos multifamiliares y un hotel. En consecuencia, un hombre que era vecino de esa zona, interpuso una acción de amparo colectivo contra la empresa, la municipalidad de General Belgrano y la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. En esa oportunidad, solicitó que cesaran los perjuicios que se producían por las obras generando un impacto negativo en el ambiente. Además, sostuvo que la empresa comenzó el proyecto sin la autorización necesaria. Asimismo, destacó que tampoco se había presentado un proyecto sanitario ni plan de manejo de residuos. El Juzgado Civil y Comercial de la provincia de Entre Ríos admitió la demanda colectiva y ordenó el cese de las obras. Por su parte, los demandados interpusieron un recurso de apelación. El Superior Tribunal de Justicia revocó la sentencia del juzgado y rechazó la acción de amparo. Contra esa decisión, el actor interpuso recurso extraordinario que fue denegado. Por ese motivo, interpuso un recurso de queja.
10-jul-2019	FMM (Causa Nº 5349)	Una joven de diecisiete años fue imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En la etapa de juicio cumplió dieciocho años y suscribió un acuerdo de juicio abreviado. La fiscalía solicitó que se declarara su responsabilidad penal por aplicación de la ley Nº 22.278 y que fuera sometida a un año de tratamiento tutelar. Además, manifestó que en caso de que el resultado del tratamiento indicara que era innecesaria la aplicación de una sanción, requeriría su absolución. El Tribunal Oral declaró su responsabilidad penal y señaló que el tratamiento no procedía ya que la joven había adquirido la mayoría de edad. En cambio, consideró que podía suplirse con un in-forme sobre su conducta y pidió que la policía provincial lo elaborara. La policía informó que la joven estaba desempleada, que se había mudado en varias oportunidades y que, según dos vecinos, continuaba con la venta de estupefacientes. En la audiencia fijada para la evaluación de la conveniencia de la aplicación de una pena, la fiscalía valoró de forma negativa el resultado del informe policial sobre la joven y solicitó que se la condenada a una pena de cuatro años de prisión. El Tribunal Oral la condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso y le impuso el cumplimiento de una serie de reglas de conductas por el mismo plazo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. La fiscalía ante la CFCP peticionó que se hiciera lugar a la impugnación por compartir los argumentos de la defensa. En particular, sostuvo que el in-forme no suplía en el caso la exigencia del tratamiento tutelar necesario para determinar la pena, de acuerdo al artículo 4 de la ley N° 22.278.
5-jul-2019	GHD (Causa Nº 81137)	Un hombre que tenía diabetes y era insulinodependiente fue detenido por la comisión de un delito. En la unidad penitenciaria sufrió una infección, fue intervenido quirúrgicamente y padeció un coma diabético. En la declaración indagatoria aportó los datos de su domicilio. Luego, su defensa solicitó su excarcelación y aportó una dirección distinta. El juzgado rechazó el pedido. Entonces, la defensa requirió que se le concediera la prisión domiciliaria. En tal sentido, tuvo en consideración la salud de su asistido y señaló que en el establecimiento penitenciario no recibía la atención médica correspondiente. El juzgado denegó el pedido por considerar que la enfermedad podía tratarse en la unidad. Por otra parte, en relación a los diferentes domicilios aportados, indicó que no resultaba claro en cuál de los dos cumpliría la detención. Finalmente, agregó que no se encontraban certificados los antecedentes. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. En su presentación, la defensa planteó que el juzgado no había tenido en cuenta los graves problemas de salud de su asistido ni había valorado la negligencia en la atención médica del establecimiento penitenciario
5-jul-2019	Benítez (causa N°3589)	A raíz de una investigación por el presunto comercio de estupefacientes en forma organizada, un juez ordenó 16 allanamientos simultáneos. Las órdenes disponían en todos los casos que los procedimientos se llevaran a cabo un día determinado a partir de las 8 horas, en su momento más propicio y hasta su finalización, con la debida habilitación de horario nocturno en caso de ser necesario por la extensión del procedimiento. Todos los allanamientos se realizaron el día ordenado después de las 23h y algunos a primeras horas del día siguiente. Como resultado, se encontraron estupefacientes y plantas de marihuana. Varias personas resultaron imputadas por el delito de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas y otras por ser integrantes de una organización delictiva conformada con el objeto de comercializar estupefacientes. Durante el juicio, la defensa solicitó la nulidad de los registros domiciliarios de las viviendas de sus defendidos y de todos los actos que fueron consecuencia. El Tribunal Oral de Paraná declaró la nulidad de los allanamientos y absolvió a los imputados. Contra esa decisión, la fiscalía presentó un recurso de casación.
2-jul-2019	Somohano (causa N° 128842)	Un hombre que se encontraba detenido solicitó visitas extraordinarias periódicas al domicilio de sus progenitores. Entre los motivos de su solicitud, destacó que ambos padecían problemas de salud. El Juzgado Nacional de Ejecución Penal rechazó el pedido y autorizó una única visita extraordinaria. En este sentido, sostuvo que las visitas establecidas en el artículo 166 de la ley N° 24.660 tienen carác-ter excepcional y destacó, en coincidencia con lo dictaminado por la representante del Ministerio Público Fiscal, que la norma invocada no aludía a un régimen sostenido en el tiempo de manera indeterminada. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
2-jul-2019	RHJ (Causa N° 21-11324964-9)	Una mujer quedó embarazada de un hombre. Luego se casaron, pero a los pocos meses decidieron separarse y con posterioridad se divorciaron. Mientras cursaba el embarazo, la mujer retomó el vínculo con una pareja anterior, con quien empezó a convivir. Algunos años después, contrajo matrimonio con el conviviente. Los tres adultos se ocupaban del cuidado y de la manutención del niño. Por ese motivo, con posterioridad el cónyuge de la madre inició una acción judicial a fin de obtener la adopción de integración del adolescente. En su presentación, solicitó que se reconociera la triple filiación a favor del joven y que se declarara la inconstitucionalidad de la parte final del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese sentido, señaló que su conformación familiar superaba lo establecido por el artículo 672 del CCCN con relación a la figura del progenitor afín. Tanto el progenitor biológico como el adolescente prestaron conformidad con lo requerido.
1-jul-2019	SIDF (reg. Nº 853 y causa Nº 64719)	Un joven se encontraba alojado en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano. Al cumplir 18 años de edad, el Tribunal Oral de Menores lo condenó a la pena de cinco años de prisión y dispuso de oficio su traslado al Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos. Para decidir de esa manera, sostuvo que el instituto donde se alojaba el joven no satisfacía los requisitos exigidos por la ley Nº 24.660, por no contar con un servicio criminológico y un consejo correccional. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ordenó el inmediato realojamiento del joven en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano. En dicho resolutorio se hizo saber al Tribunal Oral que los fundamentos se darían a conocer en el plazo de cinco días establecido en el artículo 456 bis CPPN. Por esa razón, el Tribunal dispuso su realojamiento. Sin embargo, la subdirectora del instituto de menores hizo saber que resultaba imposible dar cumplimiento a lo ordenado toda vez que la norma establecida en el marco del convenio de transferencia disponía que la edad de 18 años constituía el límite para el ingreso al Centro Socioeducativo. Finalmente, la CNCCC emitió los fundamentos de la sentencia y ordenó el inmediato cese del alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
1-jul-2019	Straatman (causa Nº 18517)	Un adulto mayor de edad se encontraba en arresto domiciliario. En un control vehicular se detectó que el hombre se encontraba manejando un vehículo. Por tal razón, personal de seguridad aeroportuaria lo detuvo y lo puso a disposición del tribunal. Allí declaró que su esposa de 82 años había tenido un infarto cerebral y la había llevado al control médico. Agregó que, debido a la urgencia, no había podido comunicarse con su defensoría a fin de notificarle la salida.